Luis Fernando García Pantoja
Expediente 1008/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1008/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis Fernando García Pantoja
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
Resolución Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda inicial. Mediante escrito presentado el treinta de octubre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta Ciudad, turnado a este juzgado ese mismo día, ********************demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Distrito Judicial Bravos, en esta Ciudad, de quien reclamó: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. La imposición al suscrito de la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada en la audiencia de fecha nueve de octubre del dos mil veintitrés en la causa penal ********************, por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos de Ciudad Juárez, Chihuahua." SEGUNDO. Tramitación del incidente del acto reclamado en el escrito inicial de la demanda. En proveído treinta y uno de octubre del año en curso, se dio apertura al incidente de suspensión, se negó la suspensión provisional, se solicitó su respectivo informe previo a la autoridad responsable, y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual fue desahogada al tenor de la audiencia que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. La Jueza de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Distrito Judicial Bravos, en esta Ciudad, en su informe previo, manifestó que es cierto el acto reclamado, pues en audiencia de nueve de octubre de dos mil veintitrés, previo debate, diverso Juez de Control impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues estimó fundada la solicitud de la Fiscalía en ese sentido; esto, dentro de la causa penal ********************. Para corroborarlo, en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, dicha autoridad responsable remitió el disco en formato DVD, debidamente certificado, que contiene la audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva justificada llevada a cabo el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************, instruida en contra del quejoso. TERCERO. Suspensión definitiva. Para efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que le impuso el Juez de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Distrito Judicial Bravos, en esta Ciudad, prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto, en audiencia llevada a cabo el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************, pues estimó fundada la solicitud de la Fiscalía en ese sentido. Indicado lo anterior, se precisa que esta suspensión definitiva se resolverá conforme a la jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.), emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materias Común y Penal, Undécima Época, con registro digital 2026999, del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron en forma divergente al analizar si procede la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando éste ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo el análisis de la inconvencionalidad del párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Justificación: El párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo es convencional, toda vez que no prohíbe de forma tajante la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada; por tanto, bajo una interpretación conforme del citado artículo, acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación con el 107, fracción X, constitucional, no debe limitarse al efecto señalado, porque ello no representa ningún beneficio y no protege el derecho humano a la libertad personal. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de 6 de julio de 2017, estableció que hay excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida; por lo que el órgano de amparo, basado en dicha interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, y al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho analizará si efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) cumple con los siguientes requisitos: a) que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) que resulte estrictamente proporcional; y e) que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado." Es decir, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, a la luz de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138 y 147 de la Ley de Amparo y conforme a la metodología indicada expresamente en la ejecutoria relativa; la suspensión definitiva que, de ser el caso, podrá tener efectos restitutorios, precisamente conforme a la jurisprudencia recién citada. En efecto, dicha jurisprudencia, deriva de la Contradicción de Criterios 36/2023, resuelta por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, que en su parte conducente, consideró que el estudio relativo a la suspensión, en este caso, definitiva, de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, debe realizarse en los siguientes términos: 193. De ahí que, en pleno acatamiento al deber de salvaguardar la tutela de Derechos Humanos bajo un principio de progresividad, que consagra el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ante la probabilidad de que el acto reclamado pueda declararse inconstitucional al momento en que se resuelva lo principal del juicio de amparo, la suspensión provisional concedida también podría tener efectos restitutorios, es decir, que el quejoso sea puesto en libertad, siempre y cuando el órgano de amparo al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho (juicio valorativo de probabilidad) advierta que efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) no cumple con los siguientes requisitos:(38) - Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas), (39) y - La relación del quejoso con ese hecho. 194. En el entendido de que dicha determinación no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, dado que ello será decidido por un Juez diverso al de amparo, esto es, al que en su momento resuelva el fondo del asunto. Así como: - Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. - Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. - Que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. - Que resulte estrictamente proporcional. - Que dicha medida está lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. 195. En caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley de Amparo, estará condicionada a satisfacer las garantías que aseguren la comparecencia de éste en el juicio. (41) 196. Siendo enunciativas las siguientes: - Presentarse ante la autoridad responsable, para la continuación del proceso. - Comparecer a registrar firma semanal ante el órgano de amparo. - Exhibir garantía económica; (42) - Y aquellas que considere necesarias según el caso, para regir la libertad del peticionario de amparo, en tanto se resuelve la suspensión definitiva, o en su caso, hasta el dictado de la sentencia ejecutoriada del juicio principal. 197. Precisando que los anteriores requisitos atienden a la apariencia del buen derecho que, como instrumento de preservación de derechos humanos se encomienda a todo juzgador, en uso de su discrecionalidad, por lo que le corresponde adoptar la decisión que se considere más óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto para maximizar ese fin. 198. De ahí que, al resolver sobre cada situación, deberá exponer premisas valorativas que lleven a considerar que la decisión adoptada es la mejor disponible para en su caso, otorgar o no, la suspensión con efectos restitutorios, que se traducirá en la libertad del quejoso; es decir, la apariencia del buen derecho no sólo supone un juicio valorativo de probabilidad, sino también de verosimilitud en relación con el derecho del solicitante. 199. En ese orden de ideas, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. Conforme a tales consideraciones y a los numerales citados, el Juez de amparo debe realizar una ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta a la parte quejosa, de manera que se verifique que el Juez de proceso haya cumplido con los siguientes aspectos: 1.- Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas). 2.- La relación del quejoso con ese hecho (esto, en el entendido de que la verificación de dicha relación, por parte del Juez de amparo, no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, pues ello será decidido por el Juez de proceso correspondiente, en el momento en que se resuelva sobre el fondo del asunto -causa penal-). Asimismo, deberá realizarse test de proporcionalidad respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, pues deberá verificarse lo siguiente: 3.- Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. 4.- Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. 5.- Que sea necesaria, en la medida en que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. 6.- Que resulte estrictamente proporcional. 7.- Además, desde luego, dicha medida cautelar, deberá estar suficientemente motivada, de manera que el Juzgador de amparo pueda evaluar si se ajusta a todo lo anterior (apartados 1 al 6). A efecto de realizar dicho análisis, es necesario indicar los argumentos de cada una de las partes, esgrimidos en la audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva justificada lleva a cabo el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************: En principio, el Juez de Control responsable, expresó lo siguiente: En cumplimiento a la ejecutoria dictada en juicio de amparo indirecto 615/2023, del índice de este Juzgado Séptimo de Distrito, levantó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Enseguida, de conformidad con el artículo 154, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, abrió debate y cuestionó a la Fiscal del estado si tenía alguna petición. Luego, la agente del Ministerio Público del estado, solicitó, con fundamento en el artículo 19 Constitucional, 155, fracción XIV, por resultar proporcional con base en el artículo 156, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, en atención a los siguientes argumentos: Que conforme al artículo 168, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe una alta probabilidad de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, puesto que se conoce de los antecedentes que obran en la carpeta de investigación, que el imputado es originario de una comunidad del estado de Oaxaca, lo que hace evidente que puede alejarse de esta ciudad y con ello la obstaculización del proceso. De los datos que obran en la carpeta de investigación, se conoce que tanto la víctima como la ofendida son originarios del mismo poblado del Estado de Oaxaca del que es originario el acusado, lo que genera la posibilidad de que el acusado trate de intimidar o de influir en el ánimo de dichas personas a efecto de que no declaren en el juicio. Existe alta probabilidad de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, puesto que sin prejuzgar, se conoce que la pena que pudiera llegar a imponerse al acusado ********************por el delito de homicidio calificado, es de las más altas que contempla nuestra legislación. Asimismo, de los hechos motivo de la formulación de imputación, que vienen insertos en el escrito de acusación, se tiene que para la privación de la vida de la víctima, se utilizó un arma de fuego, lo cual hace evidente el peligro para la ofendida y testigos de los hechos. Por lo anterior, la representación social consideró oportuno que el tribunal imponga la prisión preventiva de manera justificada para ***. Enseguida, el defensor, expresó lo siguiente: El defensor particular manifestó que respecto a la sustracción del imputado, la representante social se basó en datos subjetivos pues no indicó a cuales datos prueba que obran en la carpeta de investigación se refiere, por lo que no justificó el peligro de sustracción. Con respecto al peligro para la ofendida, de igual manera señaló que ambos son originarios de la misma comunidad, pero tampoco señaló de manera objetiva algún dato de prueba que lo sustente, se limitó a hacer una mera suposición. Respecto a la alta probabilidad de sustracción de la justicia, en los mismos términos, no señaló que datos justifican esa pretensión para que imponga la prisión preventiva de manera justificada. Por lo que hace a la existencia del arma de fuego, coincidió con la Fiscalía de la existencia de la misma, sin embargo, tampoco refiere dato de prueba alguno al respecto, además de que no se puede prejuzgar al imputado por la existencia de un carpeta de investigación en su contra, pues se necesita de datos objetivos para imponer la medida cautelar solicitada, pues si bien existe al carpeta de investigación, el acusado no ha sido sentenciado. La representación social no justificó por que razón todas las demás fracciones del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no cumplen con el mismo fin de la prisión preventiva justificada. En cuanto al quantum de la pena, dicho criterio se encuentra superado por diversas tesis, en cuanto a que no es válido ya para establecer la medida cautelar a imponer al acusado. Por lo anterior, consideró la defensa que no está acorde con la petición de la representación socia en cuanto a la imposición de la medida cautelar solicitada, en esencia pues no justificó por qué razón las contenidas en las demás fracciones del artículo 155, no cumplen con tal fin. Por lo anterior solicitó la imposición de la medida contemplada en la fracción I, del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, el juez le concedió el uso de la voz a la representante social, quien manifestó lo siguiente: A manera de reiterar su solicitud y ante el señalamiento realizado por la defensa, en cuanto a que no se señaló los datos en los que basó su solicitud de medida cautelar, precisa que existe un conocimiento por parte del acusado de quienes son la víctima, el ofendido, y el testigo presencial, se refiere a lo informado en sede ministerial por la señora ********************así como la analista táctico licenciada********************, quienes informaron el lugar de origen de la persona fallecida víctima así como del imputado, lugar que resulta ser una comunidad del Estado de Oaxaca. Respecto del dato de prueba que refiere a la existencia del arma de fuego, lo es consistente en el informe en materia de criminalística de campo signado por el licenciada ********************, así como el estudio de los elementos balísticos emitido por licenciado ********************. Por lo anterior insiste la representación social, en la idoneidad de la medida cautelar solicitada, por la proporcionalidad de la misma, pues lo que se quiere evitar es la obstaculización del proceso y evitar la evasión de la justicia por parte del acusado hoy quejoso. Luego, el juez le concedió el uso de la voz a la defensa, quien manifestó que a pesar de que la agente del Ministerio Público enderezó su solicitud al señalar los datos de prueba de que fue omisa en su solicitud, no cumplió con el extremo de aportar los suficientes datos con los cuales justificara la necesidad de la prisión preventiva justificada que solicitó, pues imponerla resultaría violatorio de derechos humanos. Con lo anterior, el Juez de Control responsable cerró el debate y emitió la siguiente determinación: El juzgador de origen consideró que de acuerdo con lo manifestado por la agente del Ministerio Público, existe una alta necesidad de cautela y por tanto, peligro de sustracción del imputado al proceso, en términos del artículo 168, en su fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que si bien la representante social no encuadró su petición en el citado artículo, dicho juzgador es conocedor del derecho, y basta analizar la exposición de dicha funcionaria para arribar a tal conclusión, al decir que es originario de otro estado. De igual manera, se surte la hipótesis prevista en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues considera que efectivamente existe riesgo para la víctimas indirectas y los testigos, pues las circunstancias del hecho y las condiciones particulares en que se encuentra el hoy acusado, consistentes en que se pertenece a la misma comunidad dentro del Estado de Oaxaca, por lo que conocía a la víctima, testigos y víctimas indirectas, y la forma y mecánica en que sucedieron los hechos delictivos, aumente la necesidad de cautela derivado del peligro serio en que se encuentran las victimas indirectas así como los testigos, pues el acusado los conoce lo que trae como consecuencia un riesgo en su integridad personal e incluso riesgo en su vida. Dichas circunstancias pueden de manera valida adminicularse con las posibles penas a imponer, lo anterior no obstante la posición del defensor en cuanto a que existen pronunciamientos por parte de los órganos de control constitucional, en el sentido de que el quantum de la pena no debe de tomarse en consideración para ese efecto, ese juzgador difiere, pues dichos pronunciamientos se refieren a que se tome dicho quantum como "único elemento" para tal imposición, sin embargo, si resulta válido constitucional y convencionalmente hablando, tomar en consideración el quantum de la pena, en el caso particular por el delito de homicidio calificado, cuya penalidad contempla de los veinticinco a los cincuenta años de prisión, lo cual efectivamente, hace alta la probabilidad de la intención de sustracción de la acción de la justicia en caso de encontrarse en libertad. Por tales consideraciones, el Juez de Control estimó que ninguna otra medida cautelar de las contenidas en el catálogo de las medidas contempladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta suficientes, adecuadas e idóneas para evitar que en caso de imponérselas no se diera la sustracción a la acción de la justicia del acusado, y que no corrieran riesgos la víctima indirecta y testigos. Por lo tanto, dicho juzgador consideró la idoneidad, necesidad, proporcionalidad y suficiencia de la medida cautelar para que no se sustraiga de la acción de la justicia el acusado y que además evitar que corran riesgo la víctima indirecta y testigos. Determinó que la agente del Ministerio Público, si bien no fue explicita en dar a conocer los datos en los cuales sustentó su solicitud en su primera intervención, si los preciso en su segunda intervención. Por lo anterior resolvió lo siguiente: Se impone a ********************la medida cautelar de prisión preventiva justificada, prevista en el artículo 155, fracción XIV, por todo el tiempo que dure el proceso, que no podrá exceder de doce meses, la cual estará en vigor hasta el día nueve de octubre de dos mil veinticuatro. Pues bien, una vez referido el debate, así como la decisión del Juez de Control responsable, se procede a revisar la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al aquí quejoso, conforme a la metodología indicada líneas arriba. En principio, se cumple con lo señalado en los numerales 1 y 2, pues en la audiencia de nueve de octubre de dos mil veintitrés, se refirió que en la causa penal ********************, de la que deriva el acto reclamado, se ventilan hechos considerados por la ley como delito (homicidio calificado); además, se estableció la relación que el aquí quejoso, tiene con esos hechos (desde luego en grado de probabilidad), pues precisamente por los mismos, se le dictó auto de vinculación a proceso. Continuando con el test de proporcionalidad, de la argumentación expuesta por el Juez de Control responsable, sí se desprende que la finalidad de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, es la de asegurar la presencia del imputado en el proceso (debido a las razones que más delante se indicarán), lo que es acorde con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero además, es acorde con el artículo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto prevé que nadie puede ser privado de la libertad personal, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, lo cual, a su vez, es acorde con el citado artículo 19, segundo párrafo, primera parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el citado artículo 155, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, la medida cautelar de prisión preventiva justificada que impuso el Juez de Control responsable al aquí quejoso, es la medida cautelar idónea para el fin que se persigue (asegurar su presencia en el procedimiento y que no impida su desarrollo, así como que no evada la acción de la Justicia) y además, en estrecha relación con su idoneidad, resulta necesaria; en efecto, tal como lo adujo el Juez responsable, sin pre juzgar y sin vulnerar en perjuicio del imputado el principio de presunción de inocencia, principio que le asiste durante todo el procedimiento hasta su culminación, sino como elemento para demostrar la idoneidad y la necesidad de la medida cautelar impuesta, la eventual pena que pudiera imponerse al aquí quejoso, es evidentemente muy elevada, ya que los hechos que se le imputan (desde luego, en este momento procesal, en grado de probabilidad), consisten en el de homicidio calificado. Esto es, por una parte, los hechos que se ventilan en la causa penal, efectivamente son de tal gravedad que, en su caso, implicarían una pena muy gravosa para el aquí quejoso. Pero además, como lo expuso el Juez de Control responsable, el hecho de que el imputado sea originario de una comunidad localizada en el Estado de Oaxaca, hace mayormente probable la intención de sustraerse de la acción de la justicia, pues su arraigo se encuentra en aquella localidad, pues así lo prevé la ley, en el artículo 168, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ante esa falta de arraigo en el lugar donde se sigue su causa penal, implica la facilidad que tendría, en su caso, para extraerse de la acción de la Justicia; por lo que, efectivamente, es la privación de su libertad justificada, esto es, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, precisamente la medida cautelar que va a garantizar la obtención de los fines legítimos que se persiguen, a saber, que siga presente en el procedimiento y no impida su desarrollo, así como que no eluda la acción de la Justicia. Ahora bien, también se estima que la medida cautelar de prisión preventiva que el Juez de Control responsable impuso al aquí quejoso, es estrictamente proporcional con los hechos que se ventilan en la causa penal que se le sigue, pues como hace ver el Juez responsable, son hechos de gravedad evidentemente relevante. Al respecto esta Juzgadora de amparo, estima necesario indicar que si bien el quejoso, como cualquier persona imputada, en principio, tiene derecho a llevar el procedimiento en libertad, también lo es que ese derecho debe ponderarse en relación con la posible afectación al interés social; sin embargo, como se evidenció, el imputado al tener su arraigo en una localidad sumamente distante a la en que se llevará su proceso, permite apreciar una alta probabilidad de que intente sustraerse del mismo. Aunado a lo anterior, el Juez de Control responsable consideró que de igual manera, se surte la hipótesis prevista en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues consideró que en el caso particular, existe riesgo para la víctimas indirectas y los testigos, pues las circunstancias del hecho y las condiciones particulares en que se encuentra el hoy acusado, consistentes en que se pertenece a la misma comunidad dentro del Estado de Oaxaca, por lo que conocía a la víctima, testigos y víctimas indirectas, y la forma y mecánica en que sucedieron los hechos delictivos, esto es la utilización de arma de fuego para llevar a cabo el mismo, aumenta la necesidad de cautela derivado del peligro serio en que se encuentran las victimas indirectas así como los testigos, pues el acusado los conoce, lo que trae como consecuencia un riesgo en su integridad personal e incluso riesgo en su vida. Por lo tanto, al resultar constitucional y convencional, la medida de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, así como al ser la idónea para obtener la finalidad que se persigue, necesaria y proporcional, además de que, en un análisis preliminar de la decisión del Juez de Control en el sentido de imponer al quejoso dicha medida cautelar, se advierte que tal decisión está fundada y motivada, pero además, al ponderar la apariencia del buen derecho y el interés social, resultando de mayor relevancia éste último, lo procedente es negar la suspensión definitiva. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva al quejoso ********************respecto del acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando tercero. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Agréguese a los autos el oficio que remite la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con el numeral 144 de la legislación en cita. Vista con discos Asimismo, se ordena dar vista a las partes con los discos compactos remitidos por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el escrito que remite el autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, téngasele haciendo diversas manifestaciones en relación al informe previo que remite la autoridad responsable, las que serán tomados en cuenta en la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el informe justificado signado por la , residente en esta ciudad; tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Vista con discos Asimismo, se ordena dar vista a las partes con los discos compactos remitidos por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Visto el estado de autos, específicamente del contenido del disco que en vía de informe justificado, remite la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, se advierte que la Licenciada Silvia Ivonne Pérez Galindo, agente del Ministerio Público que interviene en la causa penal 2106/2023, de su índice, de la cual deriva el acto reclamado, le asiste el carácter de tercero interesado en este juicio de amparo, y se le reconoce de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo. Se ordena emplazamiento Por lo tanto, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que emplace a este juicio de amparo, al agente del Ministerio Público de referencia, haciéndole entrega de copia simple de la demanda, impresión con firmas criptográficas del auto de admisión, de este proveído e informándole que en este asunto, están señaladas las diez horas con cincuenta minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese en lista electrónica, por oficio al Juez responsable y a la agente del Ministerio Público en su carácter de tercero interesado. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Luis Fernando Chávez Carmona370/2017
- Luis Fernando Chavez Carmona522/2023
- Luis Fernando Chávez Carmona971/2017
- Luis Fernando Chávez Santiago976/2017
- Luis Fernando Díaz Carranza535/2021
- Luis Fernando Garcia Pantoja615/2023
- Luis Fernando García Tarín630/2015
- Luis Fernando Irigoyen Chávez y Otros.454/2019
- Luis Fernando Limas Escapita401/2015
- Luis Fernando Limas Escapita775/2015
- Luis Fernando Limas Escapita858/2015
- Luis Fernando Ornelas Delgado1072/2016