Luis Fernando Fonseca Bárcenas
Expediente 1013/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1013/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/08/2023
Partes del expediente
- Luis Fernando Fonseca Bárcenas
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés.****************************************Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el comunicado de cuenta; a través del cual, el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, acusa recibo del diverso por el que se le remitieron las constancias relativas a fin de substanciar el recurso de queja hecho valer por el quejoso ********************, contra el acuerdo de tres de julio de dos mil veintitrés, mismo que admitió y registró como recurso de queja********************, circunstancia de la cual este Juzgado de Distrito toma conocimiento.****************************************Cúmplase.****************************************Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Luis Alfonso Cruz González, secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta; a través del cual, el secretario de acuerdos del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Lerma, con residencia en Xonacatlán, devuelve sin diligenciar el despacho 247/2023 de su índice, formado con motivo del exhorto 297/2023-II (número de orden 297/2023) de la estadística de este órgano jurisdiccional, por el que se encomendó notificar al quejoso ********************, la determinación de tres de julio del año en curso. Atento a lo anterior, téngase a la autoridad oficiante devolviendo la citada comunicación sin diligenciar; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, vista las constancias que integran la comunicación oficial que se recibe, se advierte la imposibilidad que tuvo la notificadora adscrita a la autoridad exhortada para notificar al quejoso ********************, por los motivos ahí expuestos. En ese sentido toda vez que se desconoce diverso domicilio donde pueda ser notificada la parte quejosa, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción lII, inciso a) de la Ley de Amparo, realícese la notificación de la determinación de tres de julio del año en curso, por medio de lista, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que en auto de catorce de julio de esta anualidad, se tuvo por interpuesto el recurso de queja hecho valer por el quejoso ********************, contra el proveído de tres de julio del año en curso, por el que se desechó su demanda de amparo. En ese sentido, con el fin de resolver dicho medio de defensa legal interpuesto, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción, a efecto de que remita el oficio que derive de la presente determinación, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el escrito original de interposición del recurso, y copia del mismo para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, a fin de que sea turnado al Tribunal Colegiado correspondiente para substanciar el medio de impugnación. En atención a lo anterior, y al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada, se instruye a la oficial judicial "A" de la adscripción, a efecto de que vincule el presente expediente en su versión electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a fin de que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, esté en aptitud de consultar las constancias respectivas en dicho sistema, a efecto de resolver el recurso de queja que hace valer la parte quejosa, contra del acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese. ASIMISMO EN CUMPLIMIENTO AL AUTO QUE ANTECEDE SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 3 DE JULIO DE 2023 Toluca, Estado de México, tres de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Fernando Fonseca Bárcenas, contra actos de la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1013/2023-II. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa son: El auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictado por la autoridad responsable en el expediente administrativo 66/2023 de su índice. Auto respecto del cual la parte quejosa refiere, que la autoridad responsable se negó a resolver el fondo del asunto, realizó una deficiente fijación de la litis, y desechó pruebas ilegalmente. Sentado lo anterior, se obtiene que, per se, el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, este Juzgado de Distrito estima se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carta Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, pues con el auto reclamado en la especie, el demandante en el juicio de origen -aquí quejoso-, pretende atacar un acto de índole procesal, materializado en el acuerdo de catorce de junio del año en curso, mediante el cual la responsable, entre otras cuestiones, admite la demanda, se pronuncia sobre las pruebas ofrecidas y señala fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley en la que se dictara la sentencia respectiva, en términos del artículo 269 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; por lo tanto, se colige que dicho reclamo no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que las posibles consecuencias del acto reclamado, en su caso, ocasionaran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá el resultado del procedimiento que se tramita ante la responsable. Además, tal acto no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que éste únicamente produce efectos intraprocesales y puede ser reparado si la impetrante obtiene sentencia favorable; de tal manera, la determinación reclamada constituye una violación procesal reclamable hasta que se dicte la sentencia de fondo si fuere desfavorable para el quejoso, a través de los recursos ordinarios o extraordinarios legalmente establecidos, por ello, se afirma que no lesiona sus derechos sustantivos y menos aún en forma irreparable. De considerar lo contrario, sería actuar en menoscabo de los recursos materiales, económicos, de logística y estrategias de litigación que implica tanto para el Estado como para las partes; aunado a que se propiciaría el abuso del juicio constitucional, con el consecuente retardo en la solución de los procedimientos. Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Luis Fernando Fonseca Bárcenas, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Por otra parte, toda vez que el domicilio de la parte quejosa, se encuentra ubicado en calle Morelos, número 268, localidad de Santa María Zolotepec, Xonacatlán, Estado de México; el cual se encuentran fuera del lugar de residencia de este Juzgado de Distrito; con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c), 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia y 138 de la Ley Orgánica Poder Judicial de la Federación, remítase atento exhorto al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, con residencia en Xonacatlán, en turno, para que en auxilio a las labores de este Juzgado, aún en días y horas inhábiles, en términos del numeral 21 de la Ley de Amparo, ordene a quien corresponda, se constituya en el referido domicilio a fin de notificar al quejoso Luis Fernando Fonseca Bárcenas, o a su autorizado (Alejandro Flores Avelino), la presente determinación y lo requiera para que en el momento de la notificación o dentro de los tres días siguientes, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las siguientes notificaciones aun las de carácter personal se practicaran por medio de lista, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, se tienen por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Flores Avelino, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante exhorto.
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual, el quejoso Luis Fernando Fonseca Bárcenas interpone recurso de queja en contra del acuerdo de tres de julio de dos mil veintitrés por el que se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación referido, y de conformidad con el numeral 101 de la legislación invocada, ríndase el informe respectivo. Ahora bien, toda vez que se encuentra pendiente la devolución del exhorto que fue remitido a efecto de notificar el auto aquí recurrido a la parte quejosa, resérvese la remisión del recurso de que se trata al Tribunal de Alzada, hasta en tanto, sea devuelta la comunicación oficial en cita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de José Miguel Castillo Pérez, secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Fernando Fonseca Bárcenas, contra actos de la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1013/2023-II. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa son: El auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictado por la autoridad responsable en el expediente administrativo 66/2023 de su índice. Auto respecto del cual la parte quejosa refiere, que la autoridad responsable se negó a resolver el fondo del asunto, realizó una deficiente fijación de la litis, y desechó pruebas ilegalmente. Sentado lo anterior, se obtiene que, per se, el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, este Juzgado de Distrito estima se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carta Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, pues con el auto reclamado en la especie, el demandante en el juicio de origen -aquí quejoso-, pretende atacar un acto de índole procesal, materializado en el acuerdo de catorce de junio del año en curso, mediante el cual la responsable, entre otras cuestiones, admite la demanda, se pronuncia sobre las pruebas ofrecidas y señala fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley en la que se dictara la sentencia respectiva, en términos del artículo 269 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; por lo tanto, se colige que dicho reclamo no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que las posibles consecuencias del acto reclamado, en su caso, ocasionaran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá el resultado del procedimiento que se tramita ante la responsable. Además, tal acto no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que éste únicamente produce efectos intraprocesales y puede ser reparado si la impetrante obtiene sentencia favorable; de tal manera, la determinación reclamada constituye una violación procesal reclamable hasta que se dicte la sentencia de fondo si fuere desfavorable para el quejoso, a través de los recursos ordinarios o extraordinarios legalmente establecidos, por ello, se afirma que no lesiona sus derechos sustantivos y menos aún en forma irreparable. De considerar lo contrario, sería actuar en menoscabo de los recursos materiales, económicos, de logística y estrategias de litigación que implica tanto para el Estado como para las partes; aunado a que se propiciaría el abuso del juicio constitucional, con el consecuente retardo en la solución de los procedimientos. Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Luis Fernando Fonseca Bárcenas, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Por otra parte, toda vez que el domicilio de la parte quejosa, se encuentra ubicado en calle Morelos, número 268, localidad de Santa María Zolotepec, Xonacatlán, Estado de México; el cual se encuentran fuera del lugar de residencia de este Juzgado de Distrito; con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c), 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia y 138 de la Ley Orgánica Poder Judicial de la Federación, remítase atento exhorto al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, con residencia en Xonacatlán, en turno, para que en auxilio a las labores de este Juzgado, aún en días y horas inhábiles, en términos del numeral 21 de la Ley de Amparo, ordene a quien corresponda, se constituya en el referido domicilio a fin de notificar al quejoso Luis Fernando Fonseca Bárcenas, o a su autorizado (Alejandro Flores Avelino), la presente determinación y lo requiera para que en el momento de la notificación o dentro de los tres días siguientes, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las siguientes notificaciones aun las de carácter personal se practicaran por medio de lista, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, se tienen por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Flores Avelino, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante exhorto.
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