Luis Felipe Ortega Flores
Expediente 572/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 01/08/2023
Partes del expediente
- Luis Felipe Ortega Flores
- Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, uno de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta; a través del cual, el Jefe del Departamento de la Subdirección General Jurídica de la Comisión Nacional del Agua, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la Ciudad de México, devuelve la misiva 18933/2023 de la estadística de este Juzgado de Distrito, dirigida a la "Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios", por los motivos que ahí expone. Atento a lo anterior, a efecto de que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios se imponga de su contenido, comisiónese a cualesquiera de los actuarios de la adscripción para que reenvíen dicho comunicado vía mensajería acelerada o correo electrónico al domicilio correcto, para su conocimiento y efectos procedentes. Cúmplase.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintiocho de junio del año en curso, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos de los artículos 14, fracción II y, 17 del referido acuerdo el cuaderno principal es conservable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción III, inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se otorgó la protección constitucional. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es conservable, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva. d) El duplicado del incidente de suspensión, es destruible, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo. e) A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en el supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el primer párrafo, del artículo 17, del Acuerdo en comento, el presente expediente y el original del incidente de suspensión serán transferidos una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Mientras que, el duplicado del incidente de suspensión será destruido una vez que cumpla seis meses de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Finalmente, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos de este juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en auto de dieciséis de junio del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector; previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Dieciséis de junio de dos mil veintitrés (por ministerio de ley). Veintiséis de mayo de dos mil veintidós (Última fecha de vacunación). Veintiséis de agosto de dos mil veintidós (recibido en el cuaderno incidental que deriva de este expediente). Diecinueve de junio de dos mil veintitrés (parte quejosa). En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La negativa de aplicar la vacuna contra el virus Sars-Cov2, para la prevención de la COVID-19 en México a la menor edad de iniciales ******************** Previa substanciación del juicio de amparo, el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se dictó la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la menor de identidad reservada de iniciales ******************** para los siguientes efectos: "1. Dentro del plazo de tres días, computados legalmente, después de que cause ejecutoria la presente sentencia, los Secretarios de Salud del Gobierno Federal y del Estado de México, por sí o por conducto del Instituto de Salud del Estado de México; acrediten que ya aplicaron la segunda dosis de la referida vacuna, a la menor de edad quejosa de identidad reservada de iniciales ********************, y en caso de no haberlo hecho lleven a cabo la aplicación correspondiente, y, una vez hecho lo anterior remitan las constancias que acrediten dicha circunstancia." Inconforme con ello, el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud, interpuso recurso de revisión, en la que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en los autos del amparo en revisión 468/2022 de su índice, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a la menor quejosa de iniciales ******************** por conducto de su representante, en contra del acto y autoridades precisadas en el resultando primero, por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria." En ese sentido, mediante auto de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se determinó que resultaba innecesario requerir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a las autoridades responsables, toda vez que resultaba un hecho notorio que en el auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se tuvo por recibido el oficio sin número, mediante el cual, el apoderado legal del Director General del Instituto de Salud del Estado de México, informó que el veintisiete de abril y veintiséis de mayo, ambos de dos mil veintidós, la menor de edad quejosa de iniciales ******************** fue inoculada con la primera y segunda dosis de la vacuna PfizerBioNTech, respectivamente, y para acreditar su dicho remitió copia certificada del comprobante de vacunación de la primera dosis del citado biológico contra el virus Sars-Cov2, de veintisiete de abril del año próximo pasado, y de la carta de consentimiento informado para la aplicación de la segunda dosis, misma que fue signada por ******************** (padre de la menor quejosa) de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que las autoridades responsables no incurrieron en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitaron de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual, el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, remite testimonio de la ejecutoria dictada en los autos del amparo en revisión 468/2022 de su índice, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a la menor quejosa de iniciales S.O.O.P. por conducto de su representante, en contra del acto y autoridades precisadas en el resultando primero, por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria." Asimismo, devuelve las constancias del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de dieciocho de mayo de dos mi veintidós, ha causado ejecutoria por ministerio de ley; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y acúsese el recibo correspondiente. Luego, resulta innecesario requerir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a las autoridades responsables, toda vez que, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, resulta un hecho notorio el auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, en el que se tuvo por recibido el oficio sin número, mediante el cual, el apoderado legal del Director General del Instituto de Salud del Estado de México, informó que el veintisiete de abril y veintiséis de mayo, ambos de dos mil veintidós, la menor de edad quejosa de iniciales S.O.O.P. fue inoculada con la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, respectivamente, y para acreditar su dicho remitió copia certificada del comprobante de vacunación de la primera dosis del citado biológico contra el virus Sars-Cov2, de veintisiete de abril del año próximo pasado, y de la carta de consentimiento informado para la aplicación de la segunda dosis, misma que fue signada por Luis Felipe Ortega Robles (padre de la menor quejosa) de veintiséis de mayo de dos mil veintidós; documentales a las que, dada su naturaleza de documentales públicas, por ser emitidas por servidor público en uso de sus facultades, se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, por tratarse de actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos recibidos mediante auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el incidente de suspensión derivado de este expediente, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese personalmente.
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