Luis Fernando Esquerra Ibarra

Expediente 720/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
720/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Luis Fernando Esquerra Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Visto el oficio presentado por el Director General de Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, en representación de la Directora del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 27; por medio del cual informa que sobrevino causal de improcedencia, en tal virtud, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, únicamente agréguese a los autos, en virtud de que por auto de dieciocho de agosto del año en curso, se sobreseyó el presente asunto fuera de la audiencia constitucional. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Recepción de escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ***, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de ley de Amparo, mediante el cual, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, informa a este órgano de control constitucional la posible actualización de una causa de improcedencia, pues al efecto refiere que el quince de agosto del año en curso, el quejoso recibió su certificado de terminación de estudios de preparatoria abierta, por lo que estima que han cesado los efectos del acto reclamado. A fin de evidenciar lo anterior, acompaña impresión del certificado de terminación de estudios expedido a favor del quejoso ***. Sobreseimiento fuera de audiencia. De lo expuesto con antelación, la suscrita advierte que respecto de los actos reclamados en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, la quejosa comparece a la presente instancia constitucional a reclamar de la Directora del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 27 (CECATI 27), los actos que precisó de la siguiente manera: "A.- Se reclama la omisión y/o negativa de admitir y dar trámite a la solicitud de certificación de estudios de nivel preparatoria, a favor del suscrito ***, presentada el día 18 de febrero de 2022. B.- La negativa de enviar a la Dirección General de Bachilleres de la Subsecretaría de Educación media superior, de la Secretaria de Educación Pública, la solicitud del certificado de estudios de nivel preparatoria, a fin de que expida el certificado de estudios a favor del suscrito ****. C.- La violación a mi derecho humano al libre desarrollo de mi personalidad y la obstrucción de mi inclusión plena y efectiva en la sociedad, al no entregarme el certificado de estudios del preparatoria abierta con validez oficial; omisión que impide que el suscrito continúe con la carrera de Licenciatura de Turismo Alternativo, ciclo escolar enero-abril 2022 en la Universidad Digital del Estado de Hidalgo." Como antecedentes de dichos actos, refiere bajo protesta de decir verdad, que el dieciocho de febrero del año en curso, entregó al auxiliar del área "CAED del CECATI 27", la solicitud de certificación de estudios, sin embargo, a la fecha en que presentó su ocurso de demanda, no le han entregado su certificado respectivo. Refiere que lo anterior le causa agravio, pues la autoridad responsable se abstiene de (i) dar trámite a la solicitud presentada y a (ii) entregarle el certificado de estudios de preparatoria abierta, con lo cual se le priva del derecho a continuar con su educación superior. Motivo de ello, es que acude a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal. Asimismo, mediante proveído de cinco de agosto del año en curso, se tuvo al quejoso ampliando su demanda de amparo respecto de la autoridad denominada Encargada del Departamento de Procesos de Información de la Dirección de Sistemas Abiertos/Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública con sede en la Ciudad de México, lo anterior, toda vez que del informe justificado rendido por el Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, en representación de la Directora del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, se advirtió que para la emisión del certificado de terminación de estudios de preparatoria abierta, le fueron remitidos a aquella autoridad los documentos del aquí inconforme. Ahora, en el caso, de las manifestaciones formuladas en el escrito de cuenta por la autorizada del quejoso en términos amplios del artículo 12 de ley de Amparo, así como del anexo que acompaña al mismo, se advierte que el quince de agosto del presente año, le fue entregado al aquí inconforme su certificado de terminación de estudios de preparatoria abierta. Documental que adquiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de constancias expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo anterior, se colige que los actos reclamados han cesado en sus efectos, toda vez que a la fecha le fue entregado al quejoso su certificado de terminación de estudios de preparatoria abierta, cuya omisión se reclamada en el presente juicio constitucional; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto en estudio ya fue subsanado por las citadas responsables, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas del veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Recepción de pedimento Con fundamento en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento que suscribe el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Se expide copia. Asimismo, como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere. Notifíquese por medio de lista

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de agosto de dos mil veintidós. Recepción de escrito. Agréguese a los presentes el escrito de cuenta signado por Ana Karina Reyna Rodríguez, autorizada de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de veintinueve de julio del año en curso y exhibe una copia del ocurso inicial de demanda, en ese tenor, se provee: Se admite ampliación de demanda. Con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 111, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda respecto del acto reclamado a la Encargada del Departamento de Procesos de Información de la Dirección de Sistemas Abiertos/Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública con sede en la Ciudad de México. Incidente de suspensión. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad responsable respecto de la cual se amplió la demanda, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le solicita; de igual forma, requiérasele para que en caso de ser cierto el acto reclamado, al rendir su informe con justificación remita en copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de todas y cada una de las actuaciones que haya tenido a la vista para la emisión del acto reclamado, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Comunicaciones electrónicas. Indíquese a la autoridad responsable, que en la medida de lo posible las comunicaciones que les sean requeridas en este asunto, deberá enviarlas a través de medios electrónicos; para tal efecto, se hace de su conocimiento que podrá remitir tal información al correo electrónico 6jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. En el supuesto de que sea necesaria la remisión de constancias voluminosas, deberán ser digitalizadas y asentarse la certificación correspondiente por el funcionario que así corresponda. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II de la ley en cita, le será impuesta una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigentes. Asimismo, con fundamento en el artículo 28, fracción I, en relación con el 245 de la Ley de Amparo, dígase a la responsable que, si se negare a recibir dicho oficio, se tendrá por hecha la notificación, y se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigentes. En el entendido de que el actuario correspondiente deberá hacer del conocimiento del encargado de la oficina relativa que, no obstante, se niegue a recibir el oficio, se tendrá por hecha la notificación respectiva. Intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito. Dese al agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5° fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de que le asiste el carácter de parte en el presente juicio de amparo, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Notificación al agente del Ministerio Público Federal adscrito por correo electrónico. Toda vez que en el cuaderno diversos del índice de este órgano jurisdiccional, por auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo autorizado el correo electrónico omar.rivera@fgr.gob.mx, a efecto de notificar al Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, y como número telefónico para confirmar su recepción el 444-834-09-00 extensión 220810, por consiguiente: En aplicación analógica del artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, al requerirlo el orden público derivado de las medidas de contingencia sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), en observancia al acuerdo del Secretario de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, notifíquese por dicho medio electrónico a la parte procesal referida, debiendo el actuario respectivo levantar la razón correspondiente en la que haga constar su envío, así como la confirmación de su recepción. Notificación por lista a las partes de posibles diferimientos. Por otra parte, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público Federal adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Diego Alonso Ávila Veyna, Secretaria que autoriza y da fe.

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