Luis Fernando Camacho Silos
Expediente 980/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 980/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Luis Fernando Camacho Silos
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Luis Fernando Camacho Silos, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda, así como a su escrito aclaratorio, documentos susceptibles de devolución, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tales documentos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el escrito signado por el quejoso Luis Fernando Camacho Silos; se tiene al promovente dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecinueve de septiembre del año en curso. En consecuencia, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda y escrito aclaratorio, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral del escrito de demanda y escrito aclaratorio, ponen de manifiesto que el aquí quejoso reclama la respuesta verbal otorgada el once de septiembre del año en curso, por la Dirección General del Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, en contestación a su escrito presentado el diez de septiembre del mismo año, mediante la cual se negó determinar su libertad inmediata en virtud que no es autoridad competente para hacerlo. En ese contexto y por las razones que enseguida se expondrán, el suscrito considera que en el presente juicio constitucional, se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1, párrafo tercero, 17, séptimo párrafo, 18, segundo párrafo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. [.] Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. [.]". "Artículo 17. [.] Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. [.]". "Artículo 18. [.] El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto". "Artículo 21. [.] La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. [.]". De la transcripción del artículo y fracción de la Ley de Amparo que contiene la causa de improcedencia invocada, se advierte que esta se actualiza en los casos en que la improcedencia resulta de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, los artículos constitucionales reproducidos, disponen que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, además que todo lo relacionado con la modificación y duración de las penas, son propias y exclusivas de la autoridad judicial, respecto a lo cual el sistema penitenciario organizará sobre la base al respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte del sentenciado como medios para lograr su reinserción a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Y que en las leyes federales y locales se establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Al respecto, los artículos 1, 2 y 3, fracciones III, XI, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevén que dicho ordenamiento tiene como objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, fijando los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regulando los medios para lograr la reinserción social. Dicho ordenamiento es de orden público y de observancia general para la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local. Debiéndose entender como Juez de Ejecución a la autoridad judicial especializada del fuero federal o local, competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal, así como aquellas atribuciones que prevé dicho ordenamiento; persona privada de su libertad a la persona procesada (sujeto a proceso penal sometido a prisión preventiva) o sentenciada (sujeto que se encuentra cumpliendo una sanción penal en virtud de una sentencia condenatoria) que se encuentre en un Centro Penitenciario. Por otra parte, los artículos 24, y 25, fracciones I, II, IV y X, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen que el Poder Judicial de la Federación y Órganos Jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán Jueces de Ejecución que serán competentes para resolver las controversias con motivo de la aplicación de dicha Ley, así como para conocer del procedimiento de ejecución de penas en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad. Entre las facultades que le confiere dicho ordenamiento legal al Juez de Ejecución, se encuentra el de garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y esa Ley; garantizar que la sentencia condenatoria se ejecute en sus términos, salvaguardando la invariabilidad de la cosa juzgada con los ajustes que la presente legislación permita; sustanciar y resolver los incidentes que se promuevan con motivo de la ejecución de sanciones penales; y las demás que la Ley y otros ordenamientos le confieran. Al respecto, los artículos 116, fracción IV, 118, fracciones I, II, VI y VII, 122, 124, 126, 127 y 129, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con la duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, en específico la de prelación, acumulación y cumplimiento simultáneo de penas, así como el cómputo del tiempo de prisión preventiva para efecto del cumplimiento de la pena, encontrándose facultados para promoverlas la persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Ejecución, con el objeto de resolver las controversias sobre los tópicos referidos, entre los que se encuentra la persona privada de la libertad. La controversia judicial mencionada se presentará por escrito ante el Juez de Ejecución, y atendiendo a la naturaleza de la pretensión de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente (sin exigir requisito de efectividad alguno ni mayor trámite o condición para su substanciación), así como el desahogo de pruebas que estime conducentes. Una vez admitida la controversia y rendido el informe y contestación de la acción se fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia, la cual se realizará al menos tres días después de la notificación, sin exceder de diez días. Celebrada la audiencia oral en sus etapas, el Juez de Ejecución declarará cerrado el debate y emitirá su resolución, previendo el ordenamiento legal en cita un procedimiento de ejecución a fin de cumplir con dicha resolución, así como la revisión por parte del juez para analizar si la actuación de la actualidad cumple los efectos de la concesión otorgada. Por otra parte, los numerales 111 y 114, de la ley citada, prevén que toda autoridad penitenciaria cuando reciba por escrito una petición, deberá admitirla dentro de las veinticuatro horas siguientes, e iniciará el trámite del procedimiento correspondiente, o bien prevendrá al promovente en caso de que ésta resulte confusa, y cumplida la prevención se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se desechará la petición formulada. Ante la falta de respuesta por escrito a una petición como la que se refiere el párrafo que precede dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley, y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de ésta. De lo hasta aquí expuesto deviene claro que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé una jurisdicción especializada en materia de ejecución de penas que está reglamentada en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los términos ya indicados para conocer sobre todo lo relativo al respeto, protección y garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad (ya sea en prisión preventiva o punitiva), con facultades expresar para conocer del controvertido que derive de la prelación, acumulación y cumplimiento simultáneo de penas, el cómputo del tiempo de prisión preventiva para efecto del cumplimiento de la pena, así como de las diversas en las que se haga valer la omisión de una autoridad penitenciaria de dar respuesta a una petición formulada por escrito. De ahí que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos de autoridades administrativas relativos a la duración, modificación y extinción de la pena y sus efectos, ya que por mandato constitución el Juez de Ejecución es la autoridad competente para resolver las controversias relacionadas con dicho tópico. En suma, de los artículos 1, párrafo tercero, 17, párrafo séptimo, 18 y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley Nacional de Ejecución Penal que recoge el sentido de los derechos que subyacen en aquellos y los regula e incluso pormenoriza, se advierte que tanto el Órgano Reformador de la Constitución como el legislador ordinario establecieron un sistema integral de justicia en materia de ejecución penal que comprende todo lo concerniente a la vida de las personas privadas de su libertad, a fin de contar con los mecanismos necesarios para que las leyes y actos en esa materia estuvieran sujetos a control constitucional, haciendo una distribución de competencias constitucionales y legales en sede de jurisdicción ordinaria (entre jueces de ejecución penal y los jueces de proceso penal sea tradicional o acusatorio) que deben conocer en primera instancia de todo lo relativo a la duración de la pena impuesta, así como por la falta de acuerdo a una petición formulada por escrito. Así, conforme a la Constitución Federal y la Ley Nacional, existe un sistema de justicia en esa materia que permite, por un lado, impugnar vía acción tanto el actuar como las omisiones de las autoridades penitenciarias y, por otro, obtener medidas cautelares (suspensión), ya sea por vicios de legalidad o por violación directa a derechos fundamentales como son derechos sustantivos cuya ejecución sea de imposible reparación (cuyas consecuencias resultaran irreversibles o fatales al encontrarse en riesgo, por ejemplo, la libertad, vida, salud o integridad física de los internos), pues precisamente por ello es que se dotó de facultades expresas al juez de ejecución para suspender, incluso oficiosamente el acto u omisión controvertidos, sin necesidad de requisito alguno de sustanciación o de efectividad, atendiendo solamente a la naturaleza del acto u abstención, tal como lo prevé el numeral 122 e incluso el dispositivo 115 tratándose de casos urgentes: "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria". Luego, dicho medio debe armonizarse con el juicio de amparo previsto en los numerales 103, fracción I, y 107 constitucionales, cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales frente a leyes o actos de autoridad que aún después de aquél control (previsto en los párrafos que anteceden) aún pudiesen vulnerar algún derecho humano reconocido por la Constitución o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte o las garantías que aquélla otorga para su protección, debiendo comprenderse en la materia de estudio sólo ese aspecto. Es decir, con la promoción del amparo no pueden tratarse de primera mano aquellos aspectos que atañan estrictamente a la materia de ejecución penal, pues de acuerdo con el mencionado sistema constitucional y legal, dicho examen corresponde realizarlo a la jurisdicción especializada en ejecución de penas a través de los medios expresamente indicados en la Ley para tal efecto. Ahora, si en el caso se reclama la negativa de decretar la libertad inmediata del aquí quejoso por haber compurgado la pena privativa de libertad a la cual fue sentenciado, resulta manifiesta e indudable la improcedencia del juicio constitucional, pues en su contra se prevé el controvertido previsto en los artículos 116, fracción IV, y 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Resulta ilustrativa en lo conducente la tesis 2a. CLVII/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, página 1221, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS DURANTE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y EN LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS. CORRESPONDE AL ÓRGANO ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL. Para fijar la competencia por materia en un juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que todos los actos relacionados con la ejecución de las penas, tales como la aplicación de penas alternativas a la prisión, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde deba cumplirse una pena, así como todos los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los reclusos y situaciones conexas son de naturaleza penal; asimismo, la Primera Sala del Alto Tribunal ha sostenido que cualquier acto relacionado con las condiciones en las que se lleva la prisión preventiva (como serían los aspectos relacionados con la visita íntima y familiar) debe ser autorizado por el Juez de proceso o de la causa penal, en tanto que dicho periodo se resta de la pena impuesta en sentencia definitiva. En ese sentido, se concluye que no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad ni de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de Ejecución en Materia Penal, quienes deben asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que pueden acontecer, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria, por lo que, tanto el acto reclamado consistente en la negativa a otorgar más tiempo (horas) en la visita familiar e íntima y acortar los días entre visita y visita, como en la desposesión de los documentos jurídicos del sentenciado, cartas de familiares y la falta de entrega de códigos, leyes y pactos internacionales para su defensa legal, por parte de las autoridades penitenciarias, están estrechamente relacionados con la ejecución de la pena que cumplen dentro del centro preventivo donde están internos y, además, representan un problema relacionado con el trato que reciben cotidianamente conforme al nuevo modelo penitenciario de reinserción social; de ahí que corresponde conocer del asunto a un Juez especializado en materia penal y, por ende a un Tribunal Colegiado de Circuito especializado en esa materia". No es inadvertido para el que resuelve, que el quejoso fue juzgado con la normatividad del sistema que rige al sistema tradicional, toda vez que el artículo Tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, obliga a aplicar incluso a los procedimientos (como es el de ejecución penal) en trámite con anterioridad a la entrada en vigor de dicho ordenamiento, los mecanismos de control jurisdiccional previstos en dicha ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1, párrafo tercero, 17, séptimo párrafo, 18, segundo párrafo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Luis Fernando Camacho Silos, por su propio derecho, contra el acto del Director General de Prevención y Reinserción Social, y otra autoridad; fórmese expediente de amparo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 980/2018-VI. Por otra parte, no ha lugar a decretar la suspensión de plano que solicita, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la privación de la libertad del quejoso se sitúa en el contexto del proceso penal 167/2014, tramitado ante el Juez Segundo de lo Penal en el Estado, en el cual se le impuso sentencia condenatoria con sanción privativa de libertad y, por ende, no fuera de procedimiento; en cuyo caso no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, fracciones III y V, 110 y 114, fracción I, de la Ley de la Materia, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias del ocurso respectivo, se sirva aclarar su escrito de demanda de amparo en los siguientes términos: Precise la fecha de la resolución o acuerdo en que se contiene la negativa a la solicitud de que se decrete su libertad inmediata por haber compurgado la pena privativa de libertad a la cual fue sentenciado, y de ser posible exhiba copia simple o la transcriba bajo protesta de decir verdad. Bajo protesta de decir verdad informe la fecha en que se le notificó ésta. Bajo protesta de decir verdad exhiba copia de su escrito a través del cual solicitó que se decretara su libertad inmediata por haber compurgado la pena privativa de libertad a la cual fue sentenciado, y al que hace referencia en la diversa misiva recibida el once de septiembre de dos mil dieciocho, por la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Hágase de su conocimiento que las exigencias que le son requeridas en este acuerdo, deberán sujetarse a la veracidad, pues las mismas, en su momento serán confrontadas con los datos que se adviertan de las constancias que se aporten a los autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que investigue sobre la posible comisión de delitos, lo anterior, conforme lo prevé el artículo 261 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible a fojas 54, tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." Así como, la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, del tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." En la misma tesitura, es de aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, página 1079, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado". Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo anterior en el término indicado, de conformidad con lo preceptuado en el penúltimo párrafo, del citado artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda; y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo Oscar David Pérez Vázquez, toda vez que no proporciona los datos relativos a que se encuentre legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral; así como a las personas que menciona expresamente para tal efecto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese; y personalmente al promovente.
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