Luis Fernando de la Cruz Hernández
Expediente 156/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 156/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 05/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Luis Fernando de la Cruz Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta precedente, constituye un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que dentro del juicio de amparo 133/2021 del índice de este juzgado, se tuvo al aquí quejoso Luis Fernando de la Cruz Hernández, a través de su defensor particular Humberto Segovia García, promoviendo juicio de amparo en contra de la audiencia de seis de febrero de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 921/2020, del índice de la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco; actuación que converge el desarrollo de la audiencia inicial, dado que entre ésta y el acto que aquí se reclama (continuación de la audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso), existe una estrecha relación. Pues, la calificación de la detención, posibilita analizar los datos de prueba resultantes de ésta y, en su caso, nulificarlos, si se declara ilegal, lo que trasciende en la valoración probatoria que realice el Juez de control en la emisión del auto de vinculación a proceso; ello es así, dado que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 161/2017, señaló que al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedan en la misma audiencia y exista una relación jurídica entre ambos actos, en la medida que los datos de la investigación obtenidos al momento en que se realizó la detención indudablemente impactarán para el dictado del auto de vinculación. Así entonces, dado que existe conexidad entre el sumario 133/2021 y el juicio de amparo en que se actúa 156/2021, promovidos por Luis Fernando de la Cruz Hernández, a través de su defensor particular Humberto Segovia García, ya que ambos derivan de la causa penal 921/2020, del índice del Juzgado de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, además de que reclaman la resolución de seis de febrero de dos mil veintiuno y el auto de vinculación a proceso de diez de febrero de dos mil veintiuno, en las que existe conexidad jurídica; en tal virtud, atentos a la naturaleza de la conexidad se vuelve necesario tramitar como un solo asunto los mencionados juicios. Lo anterior, no obstante que la Ley de Amparo no prevé procedimiento específico para la acumulación de autos, atendiendo al principio de economía procesal que establece el artículo 17 Constitucional, a fin de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias y a lo establecido en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ley de la materia, que dispone en lo que interesa, que dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Por tanto, de oficio, se decreta la acumulación del juicio de amparo 156/2021, al diverso 133/2021, por ser el que fue recibido en primer término, por lo que deberá integrarse en un sólo expediente. En otro contexto, resulta innecesario requerir el informe justificado a las autoridades responsables, en virtud de que los mismos ya fueron solicitados y rendidos dentro de los juicios de amparo. En tal virtud, resulta innecesario fijar hora y fecha para audiencia constitucional, pues la acumulación se decreta de oficio por tratarse de asuntos tramitados en este juzgado, lo cual constituye una facultad que se ejerce unilateralmente por el juzgador, con potestad plena y sin tramitación alguna, lo cual implica que al decretarse de plano no requiere de substanciar un incidente de acumulación. Máxime que la acumulación no afecta los derechos procesales de las partes, por el contrario, cumple con el principio de economía procesal y persigue evitar el dictado de sentencias contradictorias. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 24/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia común, de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Asimismo, resulta aplicable al caso en lo conducente, la jurisprudencia 51/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Tomo XX, Agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva." Atento lo anterior, se ordena continuar con el trámite del juicio de amparo 156/2021, en el juicio 133/2021, contra actos de la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco. Finalmente, en atención a lo relatado en las líneas que anteceden, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas con cinco minutos del seis de abril de dos mil veintiuno, que habría de tener verificativo en el juicio de amparo 156/2021. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; el oficio signado por el Juez de Control de la Región Judicial Dos, con sede en Cunduacán, Tabasco, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 41/2021-3 (orden 54/2021), que se envió para emplazar a la tercero interesada Marbella Rivera Oliva, representante del occiso Misael de Dios Rivera; en consecuencia, dése de baja a la aludida comunicación en el libro de gobierno respectivo, previas anotaciones de rigor. Ahora, como de la revisión practicada a las constancias que remite la autoridad oficiante, se advierte que no fue posible el emplazamiento de la tercero interesada, ya que el fedatario de su adscripción fue informado por el delegado de la comunidad a la que se constituyó para desahogar dicha diligencia, que la precitada tercero interesada ya no vive en esa localidad desde hace varios meses; en consecuencia, requiérase al quejoso Luis Fernando de la Cruz Hernández, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, proporcione el domicilio actual y correcto de la parte tercero interesada, a fin de que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de realizar el emplazamiento respectivo. En el entendido que de no hacerlo en el plazo concedido, este órgano jurisdiccional procederá a la investigación del domicilio de dicha parte y una vez agotado este recurso, y de no lograrse su localización, de conformidad con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordenará su emplazamiento por medio de edictos que correrá a su costa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 538, Tomo XIV, julio de 2004, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados". Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en la ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento que se le hizo en proveído de veinticinco de febrero del año en curso, remite disco DVD-R que contiene copia certificada del audio y video de la audiencia inicial por orden cumplida de seis de febrero y de la audiencia de continuación inicial en su fase de vinculación a proceso de diez de febrero ambas del año dos mil veintiuno, celebradas en la causa penal 921/2020, de su índice. En consecuencia, resguárdese la constancia en disco compacto en la mesa de trámite de este órgano jurisdiccional, a fin de evitar el daño de éste por manejo del expediente; quedando a disposición de las partes para su consulta, en el entendido de que, si es su deseo imponerse del mismo, su reproducción se realizará en las instalaciones de este Juzgado de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 455/2012 entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito) (actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito), pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental publica de actuaciones al tratarse de una simple fijación o registro, por los medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y publica contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental publica lato sensu, tendiente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embrago, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que se, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Notifíquese.
- Incidental
MESA En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las nueve horas con treinta y cuatro minutos del uno de marzo de dos mil veintiuno, día y hora señalados por este Juzgado de Distrito para que tenga verificativo la presente audiencia incidental; encontrándose presente Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido de la Secretaria Guadalupe Mayorga Solis, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia de las partes. A continuación, se declara abierta la audiencia a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo. La Secretaria procede a hacer relación de las constancias de autos y da cuenta al Juez con la copia simple de la demanda de amparo y con los proveídos de dieciocho, veintitrés y veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en los que se aperturó el presente incidente, se fijó fecha y hora para la presente audiencia y se dio vista con el informe previo rendido por el Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, respectivamente. A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de cuenta, y por rendido el informe previo de la precitada autoridad responsable, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa en su escrito de demanda. El Juez acuerda: En términos del artículo 144 de la Ley de la materia, se tienen como pruebas las documentales exhibidas por la parte quejosa y se declara cerrada dicha fase. Finalmente, la Secretaria certifica que las partes no formularon alegatos y que no existe promoción pendiente de acordar, dirigida al presente expediente. El Juez acuerda: se tiene por practicada la certificación secretarial, y se procede a dictar la siguiente resolución. Doy fe. Vistos; para resolver los autos del presente incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 156/2021-3; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO: Por proveído de dieciocho de febrero del año en curso, este Juzgado admitió la demanda interpuesta por el quejoso Luis Fernando de la Cruz Hernández, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional del acto reclamado al Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, el cual hizo consistir en: ACTOS RECLAMADOS El auto de vinculación a proceso de diez de febrero de dos mil veintiuno, emitido dentro de la causa penal 921/2020, por el Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 125, 128, 140, 144 y 146 de la Ley de AUTORIDAD RESPONSABLE Sentido del Informe previo Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco. Aceptó el acto reclamado???? Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, autoridad señalada como responsable, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso de diez de febrero de dos mil veintiuno, emitido dentro de la causa penal 921/2020, de su índice. TERCERO. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. En el caso, se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso, dictado el diez de febrero de dos mil veintiuno, en la causa penal 921/2020; considerando que dicho acto ya se emitió y por ende, se trata de un acto consumado, no susceptible de suspenderse, pues determinar lo contrario implicaría darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio del que deriva este incidente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 910, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1029, del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte SCJN Novena Sección- Suspensión del acto reclamado Subsección 1 - Reglas generales, Materia Común, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." CUARTO. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Por lo que ve a la medida cautelar solicitada respecto de la ejecución del acto que reclama, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva al quejoso Luis Fernando de la Cruz Hernández, únicamente para el efecto de que quede a disposición de este órgano de control constitucional por cuanto hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentra recluido y a disposición del Juez del proceso, por lo que concierne a la continuación del procedimiento penal seguido en contra del quejoso de referencia, hasta en tanto la autoridad responsable reciba notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el juicio del que deriva este incidente. En la inteligencia de que la seguridad, custodia y guarda del impetrante en el lugar en que se encuentra recluido, queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentra, quien deberá tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. Lo anterior se estima así, toda vez que se dejarían irreparablemente consumadas las violaciones alegadas, siendo que el objetivo primordial del incidente de suspensión es precisamente la conservación de la materia del amparo; lo anterior, de conformidad con la parte in fine, del párrafo primero del artículo 139 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.2o.P.283 P (9a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro IV, enero de 2012, tomo 5, página 4299, materia común, con número de registro 160453, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:????? "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ES SUSCEPTIBLE DE PRODUCIR, POR SÍ MISMO, UN ESTADO DE PERTURBACIÓN FORMAL E INDIRECTA A LA LIBERTAD PERSONAL DEL IMPUTADO QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA EFECTOS DEL AMPARO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 292 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, que se refiere a los efectos de la formulación de la imputación, señala: 'La formulación de la imputación producirá los siguientes efectos: I. Suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal; II. Comenzará a correr el plazo para el cierre de la investigación; y III. El Ministerio Público perderá la facultad de archivar provisionalmente la investigación. Por su parte, el artículo 294 del mismo ordenamiento prevé que de no reunirse alguno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso, se dictará auto de 'no vinculación' y 'se dejará sin efecto las medidas cautelares personales y reales que hubiere decretado', de donde se sigue que los efectos de la imputación con las eventuales medidas cautelares se formalizan y convalidan para la continuidad de la siguiente etapa de investigación formalizada, precisamente como consecuencia del auto de vinculación, lo que significa, entre otras cosas, la formalización y continuidad de la suspensión del curso de la prescripción de la acción penal y la confirmación de la pérdida de la facultad de archivo provisional de la investigación por parte del Ministerio Público. Como se ve, el auto de vinculación a proceso genera la determinación o fijación obligada del plazo para el cierre de la investigación formal, lo que significa el establecimiento o precisión de un lapso durante el cual el inculpado queda constreñido a los efectos y fines de dicha investigación, con todas las consecuencias que pueda acarrear incluso de tipo social y mediático. Ahora bien, del análisis integral e interrelacionado de los mencionados preceptos 292, 294 y 298 del citado código se revela que el auto de 'no vinculación a proceso' implica dar a la fiscalía la posibilidad de volver a formular imputación (o de no hacerlo), así como establecer un plazo o límite para ello (seis meses). También se advierte de manera implícita el efecto de reanudación del curso de la prescripción posible de la acción penal, todo lo cual, sin duda, incide en un posible beneficio de la situación jurídica del imputado; así, por razones obvias, el dictado de 'vinculación a proceso' repercute negativamente en dichos aspectos que se traducen, en tal caso, en la producción de un estado de perturbación formal e indirecta a la libertad del imputado que debe tomarse en cuenta para efectos del amparo". Se hace del conocimiento del A quo responsable, que con fundamento en el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, una vez concluida la etapa intermedia deberá suspender el correspondiente procedimiento penal hasta que sea notificado del proveído en el que se declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el juicio de amparo del que deriva este incidente; sin perjuicio de que la autoridad judicial en uso de las facultades que le confiere la Ley, pueda conceder alguna forma de solución alterna del procedimiento o de terminación anticipada del proceso que se contemplan en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que deba confundirse el término auto de apertura a juicio oral, con el de apertura de la audiencia de juicio oral, ya que ésta se verifica en la etapa de juicio, la que una vez iniciada, de conformidad con los artículos 8, 391, 397, 400 y 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo el principio de concentración, recae en una sentencia, la cual ocasionaría un perjuicio irreparable a la parte quejosa. Apoya lo anterior, la tesis I.1o.P.62 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1987, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Materias Común, Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AUNQUE LAS ETAPAS COMPLEMENTARIA E INTERMEDIA NO SON SUSCEPTIBLES DE SUSPENDER, EN CASO DE QUE SE LLEGUE A ESTA ÚLTIMA, DEBE CONCEDERSE DICHA MEDIDA CAUTELAR PARA EL EFECTO DE QUE EL JUEZ DE CONTROL, UNA VEZ CONCLUIDA ÉSTA, NO ORDENE LA APERTURA A LA ETAPA DE JUICIO, HASTA EN TANTO NO SE RESUELVA EL JUICIO BIINSTANCIAL EN LO PRINCIPAL. En materia penal sólo puede suspenderse el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia (que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio), como puede advertirse del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; por ende, dicha etapa no puede paralizarse. En el mismo sentido resulta la petición que haga el quejoso en cuanto a que se paralice la etapa complementaria (que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación), pues el artículo 150 de la misma ley, en su primera parte, dispone: "En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él;..."; de ahí que dichas etapas del sistema penal acusatorio no son susceptibles de suspenderse. No obstante, este último precepto, en su parte final, establece que si la continuación del procedimiento puede dejar irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso, la suspensión podrá concederse para el efecto de paralizar el procedimiento y evitar dicha circunstancia; máxime que el primer párrafo del artículo 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que interesa, señala: "El tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este código.", por lo que, a efecto de evitar un daño o perjuicio de manera irreparable al quejoso en etapas previas al juicio, debe concederse la medida cautelar para el efecto de que, en caso de que se llegue a la etapa intermedia, el Juez de control, una vez concluida ésta, no ordene la apertura a la etapa de juicio, hasta en tanto no se resuelva el juicio biinstancial en lo principal." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además en los artículos 140, 144, 146 y 147, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA a Luis Fernando de la Cruz Hernández, la suspensión definitiva que solicitó del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable en el resultando único; y por las razones y argumentaciones jurídicas que quedaron especificadas en el considerando tercero de la presente interlocutoria. SEGUNDO. SE CONCEDE a Luis Fernando de la Cruz Hernández, la suspensión definitiva que solicitó del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable en el resultando único; y por las razones y argumentaciones jurídicas que quedaron especificadas en el considerando cuarto de la presente interlocutoria. Notifíquese.
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