Luis Felipe Vidal Hernández
Expediente 704/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 704/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 04/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Luis Felipe Vidal Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
En cuatro de junio de dos mil veintiuno, doy cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Luis Felipe Vidal Hernández; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.
- Principal
MESA 8 En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con veinte minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 704/2020-8, promovido por Luis Felipe Vidal Hernández RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el juez de distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda de amparo, consistentes en las siguientes: Copia simple de la Credencial SIIU con número 851957, a nombre del quejoso, expedida por PEMEX. Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre del quejoso. Copia simple del contrato individual del trabajo con folio 20142874. Copia simple de la Constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), con número de clave VIHL670519HTCDRS08, a nombre del quejoso. Asimismo, con las ofrecidas por la autoridad responsable Subdirector de Producción Región Sur y Jefe de Departamento de Personal Villahermosa dependiente de la Gerencia de Relaciones Laborales y Servicios al Personal Sureste, residentes en esta ciudad, consistentes en las siguientes: La documental consistente en el oficio DCAS-SCH-CRLRH-GRRLRHSE4-MA-COL-2373-2020, de veintiuno de agosto de dos mil veinte. La instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Al respecto el juez de distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que las partes no hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el juez de distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 704/2020-8, promovido por Luis Felipe Vidal Hernández, contra actos de la Secretaría de Salud y otras autoridades, por estimarlo violatorios del artículo 1º, 5º, 14,16, 75, 102 apartado B, 123 apartado B, fracción IV, apartado A y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito recibido el veinte de agosto de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional en esa misma fecha, Luis Felipe Vidal Hernández solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan AUTORIDADES RESPONSABLES Presidente de la República, con sede en la Ciudad de México. Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México. Director General de Petróleos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México. Director General de Petróleos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México. Subdirección de Pemex Exploración y Producción Región Sur, con sede en esta ciudad. Jefe de Departamento de personal Villahermosa de la Gerencia de Relaciones Laborales y Servicios al Personal Sureste de Petróleos Mexicanos, con residencia en esta ciudad A C T O R E C L A M A D O La falta de cumplimiento a lo establecido en los oficios DCAS-65-2020 y DCAS-1158-2020 signados por el Director Corporativo de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos, específicamente, determinar el resguardo domiciliario del quejoso para evitar el riesgo de contagio del virus SARS-COV2 (COVID 19) al ser trabajador de Petróleos Mexicanos con número de ficha 85957 con la categoría de Especialista Técnico "D" con nivel 33 adscrito a la Zona Industrial en la Coordinación de Mantenimiento de Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción en Ciudad Pemex Macuspana, Tabasco, al contar con cincuenta y tres años de edad y pertenecer a la población de riesgo por padecer hipertensión arterial, lo cual se encuentra establecido en su expediente clínico número 851957. SEGUNDO. ADMISIÓN Y SUSPENSIÓN DE PLANO. En proveído de veinte de agosto de dos mil veinte, se registró la demanda bajo el expediente 704/2020-8, se admitió la demanda de que se trata, se otorgó la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado para los efectos de que las autoridades responsables eximieran al quejoso Luis Felipe Vidal Hernández a acudir a su centro de trabajo y se le pagara de manera íntegra su sueldo, siempre y cuando, como adujo en su demanda de amparo se encontrara justificada la condición de salud que refirió en la misma y continuara vigente la relación laboral con Petróleos Mexicanos, lo anterior, para salvaguardar su salud; se pidió informe con justificación a las autoridades responsables; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO. En acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la reanudación del trámite del presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, la cual previos diferimientos tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y III, 3 y 12 del Acuerdo 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La falta de cumplimiento a lo establecido en los oficios DCAS-65-2020 y DCAS-1158-2020 signados por el Director Corporativo de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos, específicamente, determinar el resguardo domiciliario del quejoso para evitar el riesgo de contagio del virus SARS-COV2 (COVID 19) al ser trabajador de Petróleos Mexicanos con número de ficha 85957 con la categoría de Especialista Técnico "D" con nivel 33 adscrito a la Zona Industrial en la Coordinación de Mantenimiento de Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción en Ciudad Pemex Macuspana, Tabasco, al contar con cincuenta y tres años de edad y pertenecer a la población de riesgo por padecer hipertensión arterial, lo cual se encuentra establecido en su expediente clínico número 851957. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Subdirector de Producción Región Sur, con residencia en esta ciudad, la Suplente por Ausencia del Gerente Jurídico Contencioso Administrativo de Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción con sede en la Ciudad de México, la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud, residente en la Ciudad de México y Jefa de Departamento adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del acto que se les reclama consistente en la falta de cumplimiento a lo establecido en los oficios DCAS-65-2020 y DCAS-1158-2020 signados por el Director Corporativo de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos, específicamente, determinar el resguardo domiciliario del quejoso para evitar el riesgo de contagio del virus SARS-COV2 (COVID 19), toda vez que señala que no estaban obligadas a actuar en la forma en que el quejoso indica al carecer de facultades para hacerlo; lo cual no fue desvirtuado por éste aun cuando se le dio vista en proveídos de cuatro y veintiocho de septiembre, veintisiete de noviembre, todos de dos mil veinte y trece de abril de dos mil veintiuno. En virtud de lo anterior, se considera que el acto atribuido a las referidas autoridades responsables son inexistentes, toda vez que la parte quejosa no desvirtúa la negativa de las referidas autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo Sin que pase inadvertido para el suscrito quien resuelve que el quejoso en su escrito de demanda de amparo haya anexado copia simple las siguientes documentales: Copia simple de la Credencial SIIU con número 851957, a nombre del quejoso, expedida por PEMEX. Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre del quejoso. Copia simple del contrato individual del trabajo con folio 20142874. Copia simple de la Constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), con número de clave VIHL670519HTCDRS08, a nombre del quejoso. Sin embargo, al ser copias simples, su valor probatorio se reducen a un indicio, que no arrojan certeza jurídica de que sus contenidos sean verdaderos, aunque no haya sido objetada por alguna de las partes, y el valor indiciario referido sólo podría robustecerse si se adminiculara con alguna otra probanza, para que así el suscrito juzgador estuviera en aptitud de determinar el alcance probatorio que se les pudiera otorgar, lo cual en la especie no ocurrió; por ello, las referidas documentales son insuficientes para demostrar la existencia del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia I.3o.C.J/37 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 1759, tomo XXV, mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO del referido acto reclamado a las autoridades responsables anteriormente señaladas. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe:SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Jefe de Departamento de Personal Villahermosa dependiente de la Gerencia de Relaciones Laborales y Servicios al Personal Sureste, con sede en esta ciudad, al rendir informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama, sin embargo, la certeza del acto se advierte de la documental que adjuntó a su informe de suspensión de plano y a su respectivo informe justificado. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedido por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable al encontrarse corroborado con la documental precitada. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En el caso, se considera materializada la causa de improcedencia derivada de la interpretación, a contrario sensu, de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, mismas que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De la interpretación conjunta de los artículos citados, se advierte que el juicio constitucional es procedente contra leyes o actos de autoridad que violen los derechos fundamentales de un gobernado; por lo que el amparo será improcedente cuando los actos no deriven de una potestad que los dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló las notas distintivas de los actos de autoridad para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo, mismas que son: 1.- La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2.- Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3.- Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4.- Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de voluntad del afectado. Lo anterior, lo estableció en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y textos siguientes: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, para establecer el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras, corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir las controversias que surgen de ellas, se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; las partes están en el mismo nivel. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Sirve de referencia la tesis XXXVI/99 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la República, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, página 307, de texto y rubro: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. En ese orden de ideas, es necesario que en el juicio de amparo se atienda la naturaleza del acto que se le imputa a una autoridad, para verificar si es autoridad para efectos del amparo, esto es, para estar en posibilidad de estimar la procedencia del amparo, se debe apreciar los actos y la calidad en que los realizó la autoridad a la que se señala como responsable. Ahora bien, en el presente asunto la parte quejosa señala como acto impugnado la falta de cumplimiento a lo establecido en los oficios DCAS-65-2020 y DCAS-1158-2020 signados por el Director Corporativo de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos, específicamente, determinar el resguardo domiciliario del quejoso para evitar el riesgo de contagio del virus SARS-COV2 (COVID 19) al ser trabajador de Petróleos Mexicanos con número de ficha 85957 con la categoría de Especialista Técnico "D" con nivel 33 adscrito a la Zona Industrial en la Coordinación de Mantenimiento de Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción en Ciudad Pemex Macuspana, Tabasco, al contar con cincuenta y tres años de edad y pertenecer a la población de riesgo por padecer hipertensión arterial, lo cual se encuentra establecido en su expediente clínico número 851957. De lo anterior se obtiene que las autoridades señaladas como responsables ejecutan el acto reclamado como consecuencia de una relación laboral que sostienen con la parte quejosa en su carácter de trabajador de confianza en el puesto de Especialista Técnico "D", Nivel 33, en el Área Grupo Multidisciplinario de Mantenimiento de Pemex, Exploración y Producción, al reclamarse cuestiones derivadas de un contrato de individual de trabajo. En ese sentido, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que, en todo caso, genera un conflicto de índole laboral entre el impetrante de amparo y la autoridad responsable. De ahí que la negativa de otorgarle los beneficios establecidos en los oficios DCAS-65-2020 y DCAS-1158-2020 signados por el Director Corporativo de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos al negarle el beneficio de realizar su trabajo desde su domicilio para evitar el riesgo de contagio del virus SARS-COV2 (COVID 19), pues en este caso no existe una relación de supra a subordinación con un particular, sino que la relación es de coordinación entre las partes, pues se encuentran en un plano de igualdad. Por tanto, la relación del aquí quejoso con las autoridades responsables es de coordinación, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y no de subordinación, al tratarse de una cuestión laboral. Sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página 1639, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Materia Común, Laboral, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera autoridad a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. Se dice lo anterior, toda vez que dicho acto no puede considerarse dentro de una relación jurídica, de supra a subordinación, sino como derivado de una relación de coordinación entre el impetrante y las autoridades señaladas como responsables; así que, indudablemente escapa al concepto de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo; considerándose éste, como el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, como aquel que emite un servidor público de manera unilateral, con fundamento en una norma legal, a través del cual crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, y que pueden exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Sin embargo, el hecho de que Petróleos Mexicanos sea un organismo público, no es razón suficiente para que deba considerarse la falta de cumplimiento a lo establecido en los oficios DCAS-65-2020 y DCAS-1158-2020 signados por el Director Corporativo de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos, esto es, le eximan de asistir a laborar presencialmente a su centro de trabajo (Oficinas de la Zona Industrial en la Coordinación de Mantenimiento en el Activo de Producción Macuspana-Muspac de Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción en Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco) como trabajador de confianza en el puesto de Especialista Técnico "D" con nivel 33, sin hacerle descuento alguno en su salario, como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por no gozar de las características de coercitividad, unilateralidad e imperatividad necesarias para ese efecto; es decir, tal acto no es generado con fundamento en una norma legal que le otorgue a la citada responsable la facultad de conducirse de tal o cual manera y que mediante este cree una situación jurídica concreta que afecte la esfera legal del quejoso como gobernado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de su voluntad. Lo anterior es así, ya que, como se desprende del libelo de amparo específicamente en los conceptos de violación, deja de manifiesto que la relación que existe entre el impetrante de amparo y la autoridad señalada como responsable interactúan en un plano de transacción e igualdad, y no de supra a subordinación autoridad-gobernado, de tal manera que la negativa de la que se duele el impetrante, no proviene de un acto atribuible a una autoridad sino de cuestiones derivadas de un contrato de trabajo. En ese orden de ideas, en el presente asunto la autoridad responsable no actúa de manera unilateral ni con imperio en un plano de supra a subordinación frente al solicitante; al contrario, actúan en un plano de coordinación, por lo que en esa hipótesis el juicio de amparo es improcedente. Es aplicable a la anterior consideración, la jurisprudencia VII.2o.T. J/71 L (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 2596, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, Materia Común, Laboral, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Hechos: Diversos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que prestan sus servicios en unidades médicas de dichos organismos, reclamaron mediante juicio de amparo indirecto la negativa a otorgarles medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, siendo admitidas las demandas por los Jueces de Distrito; proceder que fue controvertido a través del recurso de queja por el patrón a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, por lo que procede desechar la demanda por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación: Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, sin que sea obstáculo el hecho de que, si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución General, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender, excepcionalmente, la tutela del derecho en el amparo; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo, en tanto esa jurisdicción está restablecida." En las narradas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 relacionada con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de dicha legislación, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin rsolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinte de agosto de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luis Felipe Vidal Hernández, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes con el contenido del informe justificado rendido por la Jefa de Departamento, adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, con sede en la ciudad de México, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, cuyo plazo transcurre del dieciséis al veintisiete de abril de dos mil veintiuno, con excepción de los días inhábiles en términos del artículo 19 del citado ordenamiento legal. Por tanto, para dar margen a lo anterior, y no violar las formalidades esenciales del procedimiento, difiérase la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, señalándose como nueva fecha y hora para su celebración, las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
- Principal
MESA 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: agréguese el telegrama remitido por la Consultora Jurídica General, en ausencia del Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso, residente en la Ciudad de México, comunicando que se recibió el oficio 8332/2021 con anexos, y que mediante diverso comunicado nos informó que se otorgó la representación presidencial a la Secretaría de Salud, por lo que las subsecuentes notificaciones se deberán de realizar en el domicilio oficial de la citada dependencia, lo que se toma para conocimiento. Asimismo, intégrese el oficio recibido vía correo institucional signado por la Jefa de Departamento, adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, con sede en la ciudad de México, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, autoridad señalada como responsable, mediante el cual rinde su informe respecto a la suspensión de plano decretada en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. De igual manera, la propia autoridad oficiante, remite por la misma vía el informe justificado del mencionado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a quien representa, y con el contenido de éste, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes
- Luis Felipe Jiménez Domínguez1575/2018
- Luis Felipe Jiménez Domínguez1573/2018
- Luis Felipe López Hernández373/2016
- Luis Felipe Magaña Bautista545/2022
- Luis Felipe Morenos Pérez1828/2018
- Luis Felipe Sánchez Flores1329/2014
- Luis Félix Hernández1166/2015
- Luis Fernando Alejandro Ávalos1223/2023
- Luis Fernándo Aquino Hernández168/2015
- Luis Fernando Aquino Hernández1540/2018
- Luis Fernando de la Cruz Hernández133/2021
- Luis Fernando de la Cruz Hernández156/2021