Luis Felipe Vázquez Moguel

Expediente 539/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
539/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Luis Felipe Vázquez Moguel
  • Secretario de Seguridad Pública del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Visto lo informado por el Secretario en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la resolución dictada por este Juzgado Federal el veintiséis de abril mil veintitrés, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado estado para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio, en funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Atento a lo informado en la cuenta que antecede, en el sentido que por auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con el auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito; con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 196 de la invocada Ley de la Materia, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Toda vez que en el presente juicio, se concedió el amparo; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando asimismo la fecha en que se ordenó el archivo, para que el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proceda a su depuración. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; esto es, los acuerdos que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que aún no ha sido notificada a la parte quejosa la sentencia dictada en el presente juicio, no obstante que obra constancia de notificación realizada vía electrónica, sin embargo no se advierte que se haya insertado la transcripción de la sentencia de mérito; por tanto, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, notifíquese el presente acurdo acuerdo, así la aludida sentencia emitida en este asunto, con transcripción de la misma, para los efectos legales que correspondan. "En Iguala de la Independencia, Guerrero, trece de febrero de dos mil veintitrés. V I S T O S para resolver los autos del amparo auxiliar 82/2022-II, relativo al juicio constitucional 968/2022 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, promovido por Miguel Ángel Hilerio López; y, R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el siete de abril de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y recibido al día siguiente en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, Miguel Ángel Hilerio López promovió juicio de amparo contra las siguientes autoridades y actos: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- A) el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del estado, y, B) Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán; IV. ACTOS RECLAMADOS.- el señalado en el inciso A) reclamo la resolución de fecha 07 de marzo del año en curso, publicado en el diario oficial de Yucatán el día dieciséis de marzo de los corrientes; así como, la falta o indebida fundamentación y motivación en la emisión del acto que se reclama; mientras que de las señaladas en los incisos "B reclamo la ejecución de la resolución que se combate mediante esta instancia de control constitucional". II. Mediante proveído del once de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la demanda de amparo en el juzgado del conocimiento, se ordenó registrarla con el número de expediente 968/2022, se realizó prevención, a fin de requerir al impetrante manifestara si había promovido algún medio de impugnación contra el acuerdo del siete de marzo de dos mil veintidós emitido por el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y después de haber sido desahogada, en diverso auto del veintiuno de abril de ese año, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano jurisdiccional. Posteriormente, se designó representante especial al menor identificado con las iniciales J.A.H.C, al que se le tuvo aceptando y protestando el cargo por acuerdo del veintiocho de abril de dos mil veintidós; y se emplazó a juicio a la parte tercero interesada. III. Mediante oficio SECNO/STCCNO/1296/2022 del dos de diciembre de dos mil veintidós, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la aludida Comisión determinó que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, apoyara en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida. Con motivo de ello, el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, este órgano de control integró el cuaderno auxiliar 82/2022 al que vinculó el juicio de amparo 968/2022 del juzgado de origen mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el dictado de la sentencia correspondiente. Se hace constar que no obra constancia en el sentido de que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, sino por el contrario, pues por auto del veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo a la tercero interesada oponiéndose a la publicación de sus datos; y, por ende, procede dictar sentencia, bajo los siguientes puntos: C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo de conformidad con la sesión celebrada el dos de diciembre de dos mil veintidós, comunicada mediante circular SECNO/STCCNO/1296/2022 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos órganos, al aprobar el punto de acuerdo 1974/2022 relativo al envío de remesas para el auxilio en el dictado de sentencias entre los Juzgados de Distrito a nivel nacional, así como la cantidad y temporalidad de los expedientes que las integrarán, modalidad de resolución y reenvío en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. También debe tomarse en cuenta que se reclama un acto de naturaleza civil atribuible a una autoridad jurisdiccional con residencia en el Estado de Yucatán; de ahí que, por razón de materia y territorio, se surte competencia a favor del Juzgado de Distrito de origen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en concordancia con el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Ahora, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que, por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, son enviados para ese efecto; de ahí que este asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente y conforme lo integró el Juzgado de Distrito auxiliado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia publicada en la página 440, tomo XXXII, agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 163998, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA". Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda, así como de la revisión a las constancias que obran en autos se advierte que los actos reclamados consisten en:  Acuerdo del siete de marzo de dos mil veintidós, emitido en los autos de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria con Tramitación Especial de Alimentos, con número de expediente 554/2019 del índice del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Valladolid, promovido por Loyda Lidia Cruz Aquino, en contra de Miguel Ángel Hilerio López, mediante el cual no se acordó de conformidad su escrito recibido el diecisiete de febrero de ese año, esto es, que el cálculo de la pensión alimenticia del treinta por ciento fijada por el juez es erróneo y que se corrigiera en los términos que propuso, sino que se convalidó por parte de la autoridad ordenadora el cálculo y el monto de descuento de dicha pensión computados por la ejecutora; y su ejecución. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 181810, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Una vez que se ha establecido la fijación clara y precisa de los actos que se reclaman, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada. Tercero. El Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Valladolid y la Encargada del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, al rendir su informe justificado manifestaron que el acto que se les atribuye es cierto. Cobra aplicación, lo señalado en la jurisprudencia 278, publicada en página 231, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, con registro digital 1002815, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas del expediente 554/2019, las cuales tienen valor probatorio de acuerdo a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; toda vez que las mismas fueron emitidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones y porque entre éstas se encuentra el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, con registro 394182, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, deben tenerse por ciertos los actos reclamados a tales autoridades. Cuarto. Previo al estudio de los conceptos de violación, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, debe verificarse la procedencia de este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya que de resultar acreditada alguna causa de improcedencia, advertida por el juzgador o mencionada por las partes, habría imposibilidad para examinar la constitucionalidad del acto reclamado. Así, después de realizar un examen pormenorizado de las constancias que integran este sumario constitucional, se determina por parte de este juzgador que en el particular se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas (...)". (lo resaltado es propio). Al respecto, la causa de improcedencia invocada prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios de impugnación o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. Los elementos con los que se integra esa causa de improcedencia son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé' dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que, por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y solo se contemplan como casos de excepción, según la propia fracción XVIII, del numeral 61 en cita, los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Así en el caso, en torno al acto reclamado, la parte quejosa debió promover el medio de defensa que establecen los artículos 712 y 713 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, que rige al acto impugnado, el cual resulta procedente cuando existe controversia en el monto del pago de alimentos establecidos por el juez. Efectivamente, debido a que tales dispositivos establecen: "Controversia por el aumento o disminución de alimentos Artículo 712. Cuando exista controversia por el monto del pago de alimentos que establezca el juez, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, el asunto se debe resolver en la vía contenciosa. Incidente de aumento o reducción de pensión alimenticia Artículo 713. El procedimiento referido en el artículo anterior, debe ser promovido con el anexo del registro de la audiencia en donde se haya tramitado el procedimiento de jurisdicción voluntaria, con las pruebas conducentes y mediante el ofrecimiento de las que requieran perfeccionarse, para lo cual el juez debe tramitar y resolver en términos de lo establecido en el Libro Segundo de este Código." *Lo resaltado es nuestro. En tales circunstancias, si en la especie, el peticionario del amparo se duele del proveído en el que no se acordó de conformidad que el cálculo de la pensión alimenticia del treinta por ciento fijada por el juez es erróneo y que se corrigiera en los términos que propuso, sino que se convalidó por parte de la autoridad ordenadora el cálculo y el monto de descuento de dicha pensión computados por la ejecutora; y el quejoso es parte en el procedimiento natural, en el que se cuenta con un medio de defensa ordinario, en este caso, la vía contenciosa establecida en los artículos 712 y 713 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, que prevén un medio de impugnación cuando existe controversia por el monto del pago de alimentos establecidos por el juez, como en el caso; luego, es irrefutable que sí estaba en aptitud de interponer en forma oportuna dicho medio de defensa ordinario. Además, no se está en ningún caso de excepción a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, aunado a que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, lo que implica la ineludible obligación del afectado de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado, cuando como en el caso, los tiene a su alcance, aparte de que así lo dispone la ley aplicable; lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia invocada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 187016, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así como la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 37, Volumen 12, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro digital 257209, de título: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO". Y por identidad de razón, la diversa jurisprudencia, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 51, Núm. 67, julio de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro digital 215770, titulada: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO". Sin que sea obstáculo para la actualización de la causa de improcedencia analizada, la circunstancia de que en el acto reclamado se encuentre vinculado un menor de edad, pues tal aspecto no constituye en sí mismo una excepción al principio de definitividad, el cual se refiere al alcance de los recursos o medios de defensa legales y no a la naturaleza de los actos impugnados. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, Libro 55, junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2017117, de título: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Así como la jurisprudencia de la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal, visible en la página 350, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2005039, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD". El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Asimismo, no representa obstáculo a la determinación arribada, lo alegado por el quejoso al momento de desahogar la prevención que le hizo el juzgado auxiliado en torno a que no tramitó recurso ordinario alguno contra el acto reclamado, en virtud de que si bien el artículo 414 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, establece que contra las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no se admite recurso, como ya ha quedado asentado, para el caso de que exista alguna controversia por el monto del pago de alimentos fijados por el juez, como en el caso, se debe promover el incidente previsto por los artículos 712 y 713 de la codificación citada. Ahora, no es óbice a lo considerado, el contenido de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 990, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro digital 2004677, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO", pues de su lectura se advierte que no es absoluta, sino que es aplicable cuando de las constancias que obran en autos se advierta que el acto reclamado tiene un principio de ejecución en perjuicio de menores que los deje en estado de vulnerabilidad, como en el caso de violencia intrafamiliar, la comisión de algún delito, etcétera, lo cuál en la especie no acontece. En tales condiciones, resulta irrefutable que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, por tanto, lo que procede es sobreseer en este juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la citada legislación. Finalmente, al dejarse de analizar los argumentos realizados por la parte quejosa en relación con los actos reclamados que han quedado precisados, no se transgrede disposición alguna de la Ley de Amparo, ya que se actualizó de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, lo que impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Cobra aplicación, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Núm. 70, octubre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro digital 214593, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sobreseimiento que se hace extensivo respecto a los actos de ejecución reclamados a la Encargada del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, en razón de que no se impugnaron por vicios propios. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sin número, registro digital 253622, integrada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, del tomo 91-96 Sexta Parte, página 286, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, titulada: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA". Finalmente, por lo que hace a los alegatos formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita, la tercero interesada Loyda Lidia Cruz Aquino y el representante del menor identificado con las iniciales J.A.H.C., resulta innecesario contestarlos, toda vez que el artículo 74 de la Ley de Amparo, no establece la obligación de analizarlos en sentencia, dado que los mismos no forman parte de la litis, pues si bien constituyen opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, lo cierto es que no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda, a la ampliación de ésta y al informe con justificación, por lo que se insiste, el que aquí decide no está constreñido a realizar el estudio de los razonamientos expresados en esos términos, máxime que en ellos no se hace valer causa de improcedencia alguna, y como se ha dicho, esta resolución no contraría el interés superior del niño. Consideración que encuentra sustento jurídico en la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 14, Libro 80, agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro digital 205449, cuyo rubro es: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, realícense las anotaciones pertinentes y regístrese esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; hágase del conocimiento al órgano jurisdiccional auxiliado para los efectos legales conducentes; y finalmente, archívese este sumario digital como asunto concluido. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Hilerio López, contra los actos reclamados al Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Valladolid y a la Encargada del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese en términos de ley; por conducto del Juzgado auxiliado. Lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Laura Ariadna Flores Pacheco, quien certifica que esta resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe". Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.

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