Luis Felipe Gongora López
Expediente 1754/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1754/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luis Felipe Gongora López
Actuaciones
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que no obra en autos constancia que acredite que se hayan notificado los oficios número 29465/2019 y 29468/2019 de veinte de diciembre del año en curso, dirigidos al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y al Actuario de su adscripción, respectivamente, con los que se les solicitó su informe previo, en virtud de que dichas autoridades responsables suspendieron sus labores por que se encuentran gozando de su periodo vacacional, por lo que no es posible celebrar la audiencia incidental señalada para el día de hoy, por tanto, difiérase la misma, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las diez horas con quince minutos del tres de enero de dos mil veinte. En virtud de lo anterior, se instruye al Actuario de la adscripción a efecto de que una vez que reanuden labores las citadas autoridades, les notifique los oficios dirigidos a las mismas. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil diecinueve Agréguese a estos autos para que obre como legalmente el oficio signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, mediante el cual remite el escrito signado por David Emmanuel Uicab Pacheco autorizado de la parte quejosa en el presente asunto y el ocurso signado por José Domingo Palomo Collí, autorizado de la parte quejosa en el presente asunto, ambos escritos recibidos con los cuales la parte quejosa pretende dar cumplimiento a la prevención que le hizo este juzgado en auto de once de los cursantes y exhiben siete copias del escrito de demanda cada uno y sus anexos. En tal virtud, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I°, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, reiterándose, como se indicó en proveído de once de los actuales, que en el presente juicio de amparo se conocerá de los actos reclamados derivados del juicio 969/2018, del registro del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Tramítese por duplicado el incidente de suspensión solicitado. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda, pídase el informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita; asimismo, en el término señalado, deberán acompañar la totalidad de las constancias que estimen pertinentes, para apoyar su informe, o las que sean necesarias para probar las manifestaciones que se viertan en el mismo; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirán cierto los actos reclamados y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la citada ley, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Con motivo de que las autoridades responsables se encuentran gozando de su segundo período vacacional y con la finalidad de evitar dilaciones procesales, toda vez que aún debe transcurrir el término dado para que rindan su informe respectivo, así como poner a la vista los mismos, se señalan las nueve horas con diez minutos del doce de febrero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas la pruebas documentales, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humano que la parte quejosa refirió en su demanda de amparo, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional relativa. Respecto a las pruebas ofrecidas en su escrito de demanda marcada como IX.3 y IX.4 se reserva acordar hasta en tanto las autoridades responsables rindan sus informes correspondientes. Tomando en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, respecto del documento exhibido con la demanda, procédase al cotejo y compulsa con las copias simples exhibidas, a fin de que obre debidamente autorizada en los autos incidentales que derivan del presente juicio de amparo. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia P./J. 71/2010, de rubro "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97).", sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, con apoyo en el numeral 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que informen a este Juzgado si tienen conocimiento que la parte quejosa ha promovido otra demanda de amparo contra los actos que reclama en este juicio. Por otro lado, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se previene a las partes de este juicio de amparo, a efecto de que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia, lo hagan del conocimiento de este Órgano de Control Constitucional y de ser posible exhiban las constancias que así lo acrediten; con el apercibimiento que no acatar lo anterior, con fundamento en el artículo 251 del invocado ordenamiento legal, se les impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Con copia autorizada de la demanda de amparo y del presente acuerdo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 110 de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones. Por otra parte, respecto de la solicitud de la parte quejosa, en el sentido que se ordene la anotación preventiva sobre la tramitación del presente juicio de amparo, al folio electrónico 649729 del índice del Registro Público de la Propiedad del Estado, correspondiente al predio ubicado en el tablaje catastral número 25483 de la localidad de Chablekal, municipio de Mérida, Yucatán, de la parte quejosa, a fin de que no se sigan inscribiendo gravámenes sobre dicho predio; hágase del conocimiento de la parte quejosa que ha lugar a lo solicitado, previa garantía que deberá exhibir ante este juzgado por la cantidad de $156,000.00 (ciento cincuenta y seis mil pesos, sin centavos, moneda nacional), en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., (BANSEFI), o en cualquier otra forma prevista por la ley; que se fija de manera discrecional atendiendo el veinte por ciento del valor del bien inmueble al que se refiere el acto reclamado en este juicio, que en términos de la copia certificada del testimonio de la escritura pública de compraventa número trescientos cuarenta y ocho, de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del notario público ochenta y nueve del Estado, que exhibió con su demanda de amparo, tiene un valor de $780,000.00 (setecientos ochenta mil pesos, sin centavos, moneda nacional); para resarcir de los posibles daños o perjuicios que se ocasionaren a la parte tercero interesada con motivo de la anotación solicitada, ya que si bien ésta no limita la potestad del o los propietarios para enajenar o disponer del inmueble de mérito, lo cierto es que sí coloca al inmueble de referencia en una posición de desventaja en el mercado inmobiliario, al quedar sometida la eficacia y el alcance de los derechos que se adquieran sobre el mismo, al resultado de un juicio que está en trámite, por lo que tal medida es susceptible de ocasionar daños y perjuicios al propietario registral. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia número 2ª./J.88/2015 (10ª), consultable en la página 730, del Tomo I, de julio de 2015, Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU AUTO ADMISORIO. REQUIERE DE PREVIA GARANTÍA BASTANTE PARA REPARAR EL DAÑO E INDEMNIZAR EL PERJUICIO QUE, EN SU CASO, SE CAUSE A TERCEROS. De acuerdo con la ejecutoria derivada de la contradicción de tesis 53/2006-SS (*), que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 67/2006 (**), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley de Amparo, así como 384 y 387 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ésta, debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar el perjuicio que, en su caso, se cause a terceros, previo a la anotación registral preventiva de la demanda de amparo indirecto y de su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad del lugar en el que se encuentre el inmueble materia de la controversia, ya que tal medida, además de sus efectos publicitarios, en atención a los fines de la propia anotación preventiva, esto es, que se conozca que el inmueble materia de la controversia está sujeto a litigio, podría causar daños y perjuicios a la contraparte de la solicitante de la medida, en tanto tal conocimiento podría inhibir a los interesados de realizar alguna transacción respecto del inmueble de que se trata." También sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.67/2006, consultable en la página 278, del Tomo XXIII, de mayo de 2006, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO Y SU AUTO ADMISORIO. ES POSIBLE DECRETAR ESA MEDIDA CAUTELAR EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN LA VÍA INDIRECTA, A PETICIÓN DEL INTERESADO. De la interpretación conforme de los artículos 124, último párrafo, y 130, primer párrafo, de la Ley de Amparo, con la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, prevista en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se infiere que la ley otorga al Juez de Distrito facultades amplias para adoptar las medidas que estime pertinentes a fin de preservar la materia del amparo, así como para evitar que se defrauden derechos de tercero y se causen perjuicios a los interesados, sin que las normas mencionadas puedan entenderse como preceptos aislados y discordantes del sistema al que pertenecen, sino como disposiciones establecidas con el propósito de contribuir a la eficacia del control constitucional, lo que implica, además de privar de efectos a los actos de autoridad cuando se demuestre su inconstitucionalidad, asegurar la posible restitución de las garantías vulneradas, para el caso de que llegue a concederse la protección constitucional, y evitar que se defrauden derechos de tercero durante la secuela procesal de amparo. Ahora bien, para la consecución de tales objetivos, el Juez de Distrito, también en el expediente principal, puede adoptar las medidas que estime pertinentes. En ese sentido, con la anotación preventiva de la demanda de amparo y su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad del lugar en que se ubique el inmueble, respecto del que se cuestione algún derecho real en el procedimiento de origen, el juzgador federal puede impedir que se defrauden derechos de tercero o que se ocasionen perjuicios a las partes; de ahí que en función de los principios que rigen a las medidas precautorias, cuando quien tenga interés legítimo para solicitar aquella medida formule la petición atinente, el juzgador federal, en un examen preliminar sobre la existencia -aun presuntiva- del derecho alegado y el peligro en la demora, conforme a las circunstancias que rodeen el caso específico, debe ponderar si la anotación preventiva, como medio tendente a dar publicidad al juicio principal cuyo resultado puede influir sobre la situación jurídica del bien inmueble de que se trate, es apta o no para evitar que se defrauden derechos de tercero o se realicen actos que puedan dificultar la ejecución de la sentencia que llegue a conceder la protección constitucional. De proceder la medida, el pago de los derechos que conforme a la legislación correspondiente deban cubrirse (por la anotación preventiva y su cancelación posterior) estará a cargo del solicitante; finalmente, aquella medida tendrá vigencia hasta que quede firme la resolución que ponga fin al juicio; en tal hipótesis el juzgador federal deberá ordenar, de inmediato y oficiosamente, la cancelación del asiento registral preventivo." En términos de lo dispuesto en el artículo 873 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, dígase a la parte quejosa que en caso de que decida exhibir la garantía fijada a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita, que haga constar que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante. Asimismo, como lo establece el numeral 883 del Acuerdo General del Pleno antes invocado, la parte quejosa deberá indicar a la institución crediticia, que incluya en el referido instrumento de depósito, la leyenda en el sentido de que el depositante otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria, la información que le permita el control de dicho depósito. Lo anterior, en el entendido de que además la parte quejosa deberá pagar ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, los derechos correspondientes para la realización de la referida anotación. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese y personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil diecinueve Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente, promovido por Luis Felipe Góngora López, contra actos que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y otras autoridades, con fundamento en los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada y por duplicado el incidente de suspensión. Pídanse los informes previos a las autoridades señaladas como responsables, los que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en el diverso 260, fracción I, del mismo ordenamiento legal, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las once horas con quince minutos del veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, con fundamento en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, se niega a la parte quejosa Luis Felipe Góngora López, la suspensión provisional que solicita respecto de los actos reclamados consistentes en el auto de toma de razón de embargo, dictado en el expediente 969/2018 del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, respecto del predio marcado con el número de tablaje catastral veinticinco mil cuatrocientos ochenta y tres, de la localidad de Chablekal, municipio de Mérida, Yucatán y orden de inscripción, en virtud de que dichos actos tienen la naturaleza de consumados en relación con los mismos no procede conceder la mencionada medida cautelar, ya que esto equivaldría a darles efectos restitutorios los cuales son propios de la sentencia que se pronuncie en el juicio principal de donde derivan estos autos, en términos de la tesis jurisprudencial número 12, visible a foja 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". Ahora bien, ponderando la apariencia del buen derecho y no afectación al interés social, con fundamento en los artículos 128, 138 y 150 de la Ley de la Materia, se concede a la parte quejosa Luis Felipe Góngora López, la suspensión provisional respecto de las consecuencias de los actos que reclaman, para el efecto de que sin suspender el procedimiento que son de orden público, no se escriture o entregue (ni en su caso el remate) a favor de terceros el bien inmueble antes mencionado, hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución que se dicte en la audiencia incidental respectiva; lo anterior, tomando en cuenta que la parte quejosa acredita de manera indiciaria su interés suspensional con la copia certificada del testimonio de la escritura pública de compraventa número trescientos cuarenta y ocho, de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del notario público ochenta y nueve del Estado, que exhibió con su demanda de amparo. De conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo, la medida cautelar otorgada surte sus efectos, desde luego, pero dejará de hacerlo, si la parte quejosa no otorga dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, a satisfacción de este Juzgado Federal, caución por la cantidad de 15,411.00 (quince mil cuatrocientos once pesos sin centavos, moneda nacional), en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., (BANSEFI), o en cualquier otra forma prevista por la ley; garantía que se fija de forma discrecional para resarcir de posibles daños o perjuicios que se ocasionaren con motivo de la aludida suspensión, que equivale a seis meses de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $2,568.50 (dos mil quinientos sesenta y ocho pesos con cincuenta centavos, moneda nacional) mensual, que es el plazo que aproximadamente dura la tramitación del presente asunto; atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y el carácter con el que el quejoso promueve el presente juicio de amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 46/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 1, página 363, con registro 2001334, de epígrafe y rubro: "GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN. Atento a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto está condicionada a que la quejosa otorgue una garantía bastante para reparar la posible afectación patrimonial que con dicha figura jurídica se pudiera causar al tercero perjudicado en el caso de que no se obtenga una sentencia protectora, y para ello puede resultar necesario calcular, en cada caso, un plazo probable para la tramitación y resolución del juicio, ello ante la imposibilidad de previsión legal y jurisprudencial de fijar un plazo fijo, pues no todos los asuntos revisten el mismo grado de dificultad y no todos los órganos jurisdiccionales se encuentran en iguales condiciones de operatividad. Sin embargo, tal imposibilidad no implica que no pueda establecerse un plazo tentativo que derive de un parámetro objetivo, constituido éste por los resultados de operatividad de los órganos jurisdiccionales, pues con tales resultados puede calcularse el tiempo promedio de resolución de los amparos indirectos en una época y en un Circuito determinados. En ese entendido, debe atenderse a los datos estadísticos que maneja la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del tiempo promedio de resolución de los juicios de amparo indirecto en ambas instancias, y a fin de fijar el plazo en meses calendario, por ser ésta la costumbre en la práctica judicial en este tema, procede dividir esa cantidad entre treinta, que son los días promedio que tienen los meses del año, lo que dará un total calculado en meses, que serán los que deben considerarse como plazo tentativo para la conclusión del juicio, y la estimación de si ese plazo es adecuado, insuficiente o excesivo para cada caso particular, es parte de la facultad de quien decida sobre la suspensión, facultad que deberá ejercerse de manera adecuada, racional y lógica, con base en una apreciación de las circunstancias propias del caso concreto, atendiendo -entre otros- a la naturaleza de la violación y a las características intrínsecas del asunto, como lo son la dificultad jurídica y la complejidad de los temas que involucra; si han sido abordados previamente o si son novedosos" En apoyo de lo anterior, por identidad de razón, cabe citar la tesis número XX.335 C, consultable en la página 497, del Tomo XIII, marzo de 1994, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES E HIPOTECARIOS, RESULTA CORRECTO QUE FIJE GARANTÍA EL JUEZ A QUO PARA QUE SURTA EFECTOS LA. Tratándose de juicios ejecutivos mercantiles e hipotecarios, la paralización del procedimiento con motivo a la concesión de la suspensión provisional decretada, sí puede causar daño o perjuicio al tercero perjudicado en caso de que el quejoso no obtenga sentencia favorable, en el juicio de amparo; por tanto, la garantía fijada por el a quo para que surta efectos la suspensión concedida es correcta por ser acorde a lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de Amparo, supuesto que con el embargo e hipoteca se encuentran garantizadas las prestaciones reclamadas, pero no los daños y perjuicios que pueda causarse con motivo de la suspensión que son diferentes a los créditos." Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 873 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, dígase a la parte quejosa que en caso de que decida garantizar la efectividad de la medida cautelar concedida a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita, que haga constar que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante. Asimismo, como lo establece el numeral 883 del Acuerdo General del Pleno antes invocado, la parte quejosa deberá indicar a la institución crediticia, que incluya en el referido instrumento de depósito, la leyenda en el sentido de que el depositante otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria, la información que le permita el control de dicho depósito. Con fundamento el artículo 143 de la Ley de Amparo, solicítese al juez responsable, que al rendir su informe previo, en caso de ser cierto el acto reclamado, proporcione los datos relacionados con las cantidades y conceptos materia del juicio de origen, o en su caso de la condena, a efecto de contar con elementos para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada. Por otra parte, en razón de lo ordenado en el cuaderno principal del cual derivan los presentes cuadernos, glósese copia certificada del documento que anexó la parte quejosa a su demanda de amparo. Respecto a las pruebas ofrecidas en su escrito de demanda marcada como VIII.3 y VIII.4 se reserva acordar hasta en tanto las autoridades responsables rindan su informe correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del once de diciembre de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la secretaria licenciado Karen Azalia Mendoza Sánchez, con quien actúa legalmente, procede a celebrar la audiencia incidental en los presentes cuadernos, sin la asistencia de las partes. Abierta dicha audiencia, la Secretaria da lectura al escrito de demanda y a las demás constancias de autos; de igual manera se informa que la autoridad responsable denominada Agentes Migratorios del instituto Nacional de Migración Delegación Monterrey, Nuevo León adscritos al aeropuerto de Nuevo León; no presentó su informe previo, mismo que le fue requerido mediante oficio 23397 de siete de octubre del año en curso, el cual fue recibido el veintinueve de octubre del año en curso, según se constata con el acuse de recibo que obra en autos en la foja 286. Por otro lado, le comunico que diversa autoridad señalada como responsable con residencia fuera de la jurisdicción de este juzgado federal no ha rendido su informe previo, ni obra glosado en autos el acuse de recibo relativo al oficio con el que se le solicitó el mismo. En atención a lo anterior, el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Celébrese la presente audiencia incidental por lo que corresponde a la autoridad señalada como responsable que no rindió su informe previo y de la que obra en autos el acuse de recibo correspondiente. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con la documental que la parte quejosa acompañó a su demanda de amparo en copia simple. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la ley de amparo, se tiene por ofrecida y admitida la documental que obra en autos y que corresponde a la diversa que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda en copia simple; con lo anterior se concluye la referida fase. Abierto el período de alegatos, la secretaria certifica que las partes no los formularon, por lo que se cierra dicho periodo. A continuación, no habiendo pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a que hacer mención y encontrándose debidamente integrado este expediente se dicta la siguiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 804/2019-VIII, promovido por Carlos Manuel Ramírez Castellanos, contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades, por violación a los artículos 1, párrafo primero, 11 y 33 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Único. En la correspondiente demanda de amparo Carlos Manuel Ramírez Castellanos solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades, que para efecto de este incidente se hicieron consistir en la detención, retención y aseguramiento del citado quejoso. C o n s i d e r a n d o: Primero. La autoridad responsable denominada Agentes Migratorios del del Instituto Nacional de Migración de la Delegación Monterrey, Nuevo León adscritos al aeropuerto de Nuevo León, no presentó su informe previo mismo que le fue requerido mediante oficio 23397 de siete de octubre del año en curso, el cual fue recibido el veintinueve de octubre del año en curso, según se constata con el acuse de recibo que obra en autos en la foja 286; por lo que con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. Así, respecto a los actos reclamados que se hicieron consistir en la detención, retención y aseguramiento que se pretende ejecutar en la persona del quejoso Carlos Manuel Ramírez Castellanos, por parte de la referida autoridad señalada como responsable, con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que el quejoso no sea detenido o privado de su libertad, quedando a disposición de este juzgado de distrito en cuanto a su libertad personal y sujeto al procedimiento administrativo que, en su caso, se siga ante la autoridad responsable, lo anterior hasta en tanto la autoridad responsable reciba la notificación sobre el acuerdo que declare la firmeza de la sentencia constitucional que se dicte en el Juicio de Amparo del que deriva este incidente de suspensión. Lo anterior, tomando en consideración que, de las manifestaciones expresadas bajo potestad de decir verdad por el quejoso, la detención, retención y aseguramiento que se pretende ejecutar deriva de la falta de regularización de su situación migratoria en el país, y no así a la comisión de un delito. Por lo que, con la concesión de la suspensión definitiva no se ocasiona perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y, en cambio, de no hacerlo se vulnerarían sus derechos humanos en calidad de migrante. Lo anterior, pues si bien la Ley de Migración prevé el supuesto de privar de la libertad a un extranjero, sin embargo, esa privación debe ser un recurso "excepcional", conforme al principio de proporcionalidad y de persecución de un fin legítimo e idóneo, así como asegurar que sea realizada durante el menor tiempo posible y acorde a lo establecido por el derecho internacional de los derechos humanos, que recomienda, en casos similares, adoptar medidas alternativas a la privación de la libertad. Efectivamente, es trascendente tomar en cuenta que de acuerdo con estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, las personas migrantes, solicitantes de asilo, sujetas de protección internacional, refugiadas y apátridas, son titulares de derechos, este reconocimiento implica la obligación de los Estados de respetar y garantizar sus derechos humanos, independientemente de su situación migratoria. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.9o.P.3 K (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro 2008688, que a la letra dice: "MIGRANTES. SI EN AMPARO RECLAMAN SU DETENCIÓN POR ORDEN DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA, ES LEGAL QUE EL JUEZ DE DISTRITO, AL CONOCER DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN CORRESPONDIENTE, LES CONCEDA LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE LA MATERIA Y EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A PERSONAS MIGRANTES Y SUJETAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL. Cuando el acto reclamado consiste en la detención de un migrante por orden de la autoridad migratoria, es legal que el Juez de Distrito, al conocer del incidente de suspensión correspondiente, le conceda la libertad provisional bajo caución, de conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo abrogada, en relación con el diverso décimo transitorio de la ley de la materia vigente y el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, pues aunque éste no es vinculante ni tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, constituye una herramienta que guía a los juzgadores en la tarea de impartir justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, porque se adecua a los criterios nacionales e internacionales, a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos y establece prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia para este grupo vulnerable; además, hace referencia a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido jurisprudencia confirmando la procedencia de la suspensión de oficio, cuando el acto reclamado es la deportación, así como que los Tribunales Colegiados de Circuito reconocen que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional, quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal, mediante las medidas de aseguramiento correspondientes; en congruencia con lo anterior, la Ley de Migración señala, como primer principio de la política migratoria, el respeto irrestricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. Así, los avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten en el sentido de maximizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad". Atento a lo expuesto, se reitera que es procedente conceder la medida cautelar, empero dicha suspensión no surtirá efecto alguno si: La detención que se pretende ejecutar en contra del quejoso es en cumplimiento de una orden de detención y aprehensión librada en su contra por autoridad judicial; O si se le sorprende en la comisión de flagrante delito. Aunado a que dicha suspensión en los términos ya precisados, surtirá sus efectos siempre y cuando el quejoso cumpla con las medidas de aseguramiento que a continuación se precisan: a) Proporcionar, dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, un domicilio en el que permanecerá, ubicado en esta ciudad, del cual no podrá ausentarse sin previa autorización de la autoridad migratoria. b) Presentarse ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces sea requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración; y, c) Exhibir ante este juzgado, dentro del término de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, la cantidad de cinco mil pesos moneda nacional, la cual se le fija de manera discrecional como medida de aseguramiento, cuyo otorgamiento deberá comunicarse oportunamente a la autoridad responsable. En el entendido de que, esta medida cautelar surte efectos de inmediato, pero dejará de hacerlo en caso de no cumplir con cualquiera de los requisitos anteriores, además de que se podrá hacer efectiva a favor de la Tesorería de la Federación la garantía exhibida, quedando las autoridades en libertad de ejecutar el acto reclamado. Lo anterior, tiene sustento por similitud de razón, en la tesis jurisprudencial 66/2001 relativa a la contradicción de tesis 52/2000-PS, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AÚN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA". Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 873 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, dígase a la parte quejosa que en caso de que decida garantizar la efectividad de la medida cautelar concedida a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita, que haga constar que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante. Y como lo establece el numeral 883 del Acuerdo General del Pleno antes invocado, el quejoso deberá indicar a la institución crediticia, que incluya en el referido instrumento de depósito, la leyenda en el sentido de que la depositante otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria, la información que le permita el control de dicho depósito. Segundo. Por lo que se refiere a la autoridad señalada como responsable con residencia fuera de esta ciudad de Mérida, Yucatán, en virtud de que no obra en autos su informe previo, ni el acuse de recibo del oficio con el que se le solicitó el mismo; a efecto de evitar reiterados diferimientos, con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia incidental y se fija como nueva fecha y hora para su celebración las nueve horas con treinta y cinco minutos del ocho de enero de dos mil veinte. Sin que la presente resolución deba notificarse por oficio a la autoridad responsable por la que se difiere la audiencia, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se concede a la parte quejosa Carlos Manuel Ramírez Castellanos, la suspensión definitiva de los actos que reclama a la autoridad responsable que se precisó en el considerando primero, por la razón expuesta en el mismo. Segundo. Se difiere la audiencia incidental y se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del ocho de enero de dos mil veinte, para su celebración, por lo que respecta a la autoridad señalada como responsable que aún no ha rendido su correspondiente informe previo y no obra en autos el acuse de recibo o relativo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, secretaria que autoriza y da fe.
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