Luis Felipe Cantú Robles
Expediente 418/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Luis Felipe Cantú Robles
Actuaciones
- Principal
Se notifica auto al quejoso. Torreón, Coahuila, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre en autos como corresponda el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, al cual acompaña copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada por dicha superioridad, con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso, en contra de la sentencia dictada por la Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila y los autos originales del presente expediente; hágase del conocimiento de las partes que al substanciar dicho recurso, el tribunal de alzada resolvió: "Primero. Se revoca la sentencia que se revisa. Segundo. En los términos y para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta resolución, se decreta la reposición del procedimiento en los autos del juicio de amparo indirecto 561/2017, del índice del Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, promovido por Hiram Urbina del Rivero, por su propio derecho, contra actos del recaudador de Rentas de Gómez Palacio, Durango". Acúsese recibo de estilo; agréguense las constancias que en original constan en el cuaderno de antecedentes que derivó de este asunto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Así, conforme a la ejecutoria en cita la reposición del procedimiento que se ordena es: ".a partir del auto admisorio de la demanda a fin de que la juez federal requiera al quejoso para que aclare su demanda y manifieste si es su deseo o no señalar como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 52, fracciones I y IV, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango y si solicita que se llame a las autoridades encargadas de su creación en el proceso legislativo y continúe con el procedimiento por sus trámites legales y se resuelva en su oportunidad lo que proceda". En consecuencia, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se repone el procedimiento y se deja sin efectos todo lo actuado, incluyendo el auto admisorio de veinte de abril de dos mil diecisiete, por ende, lo procedente es, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, en relación con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, requerir al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, aclare su escrito de demanda en los términos siguientes: Precise si es su deseo o no señalar como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 52, fracciones I y IV, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango; así como también llamar a juicio a las autoridades encargadas de su creación en el proceso legislativo. Asimismo, se le requiere a fin de que acompañe las copias suficientes de su escrito de aclaración para su distribución entre las partes a que se refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo. Prevención que es necesaria para dar cabal cumplimiento a los requisitos que imponen al promovente los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo en vigor. Bajo el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento hecho con antelación, dentro del término que para tal efecto se le otorga, se admitirá únicamente por la autoridad señalada en su escrito inicial de demanda. Apercibido también, que de declarar falsamente ante esta autoridad lo solicitado por la misma, se tendrá a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales(.)". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordenan los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 la Ley de Amparo, para el caso de que en el juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a las partes que intervienen, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, párrafo segundo, última parte, a Erik Gerardo Salazar Torres, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes que las resoluciones y la sentencia que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la propia ley. Notifíquese personalmente al quejoso; mediante oficio al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Así lo acordó y firma la licenciada Marta Elena Barrios Solís, Juez Primero de Distrito en la Laguna, asistida del secretario licenciado Francisco Javier Ibarra Rivera, que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.
- Principal
Se notifica auto a promovente. Agréguese a sus antecedentes el oficio de cuenta, signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Octavo Circuito con residencia en esta ciudad, del que se advierte que mediante proveído de veintisiete de marzo del dos mil dieciocho, dicha Superioridad determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver en la vía directa conocer de la demanda de amparo promovida por... en contra de los actos que reclama del Juez Tercero del Ramo Familiar del Distrito de Viesca, con residencia en esta ciudad y declinó dicha competencia al Juzgado de Distrito en la Laguna, en turno. Al efecto, acúsese recibo de estilo y, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante que este juzgado acepta la competencia declinada; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 418/2018-VIII, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgado y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De la interpretación de los preceptos transcritos se advierte que contra actos de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo el juicio de amparo, sólo procede contra las sentencias, laudos o resoluciones definitivas que pongan fin al juicio, salvo en los casos expresamente previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo; esto es, cuando se reclamen actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como tales, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, cuando de modo directo e inmediato se trasgredan derechos sustantivos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales en los que México sea parte no puedan ser reparados en la sentencia que se dicte en el juicio respectivo. Así, los únicos actos emitidos dentro de un juicio que pueden ser materia del juicio de amparo son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, siendo el caso cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos o las garantías constitucionales establecidas para la protección de éstos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable. Para determinar si existe tal afectación debe atenderse a los efectos que produce objetiva y jurídicamente el acto reclamado, y no a las argumentaciones que constituyen los conceptos de violación, dado que la consideración de los efectos del acto son un presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, el cual debe estudiarse previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería el método del proceso de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción V, del artículo 107 de la propia ley. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Por otro lado, en relación a la suspensión del acto reclamado, concedida por la Juez Tercero del Ramo Familiar del Distrito de Viesca, con residencia en esta ciudad, el veinte de marzo del dos mil dieciocho, y en atención a lo determinado por la superioridad en auto de veintisiete de marzo del dos mil dieciocho, debe decirse que la medida cautelar decretada por la autoridad responsable, en auxilio de la Justicia de la Unión, ha dejado de surtir efectos, a partir de que este órgano jurisdiccional asume el conocimiento del asunto, toda vez que tal determinación la realizó dentro del trámite del amparo promovido en la vía directa, por lo que a partir de este momento, se deberá de estar a las reglas que rigen la vía indirecta para la tramitación del mismo; aunado a que la autoridad responsable no se encuentra facultada para proveer sobre la suspensión del acto reclamado en los juicio de amparo competencia de los jueces de distrito. De ahí que la medida cautelar decretada por la responsable ha dejado de surtir sus efectos, con este auto inicial. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada Thalía Cansino de la Peña; asimismo, por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que se refiere en la demanda. Finalmente, en cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase al promovente que las resoluciones que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la misma ley. Notifíquese personalmente al promovente y mediante oficio al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Octavo Circuito y Juez Tercero del Ramo Familiar del Distrito de Viesca, ambas con residencia en esta ciudad.
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