Luis Felipe Cantú Robles
Expediente 1762/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1762/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Luis Felipe Cantú Robles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso y a los terceros interesados Jesús Contreras Arizmendis y Rigoberto Mena Abraham, en su carácter de Administrador Único de Desarrollos Urbanos RIME, Sociedad Anónima de Capital Variable. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, deriva que la parte quejosa y terceros interesados no desahogaron la vista relativa al cumplimiento del fallo protector, por tanto, es procedente examinar y determinar si las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo, lo cual se realiza en los términos siguientes. En principio, conviene citar el contenido del artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el cual a continuación se transcribe: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". El precitado numeral señala que, para determinar si en el caso las autoridades responsables cumplieron o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones básicas y complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Es aplicable la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, visible en el la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, cuyo texto es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". De autos, se advierte los datos y constancias que a continuación se relacionan: 1. LUIS FELIPE CANTÚ ROBLES, promovió juicio de amparo para solicitar la protección constitucional, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Gómez Palacio, Durango y otras autoridades, que hizo consistir en: IV.- ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades que señalo como ordenadoras reclamo: a) El proveído o los proveídos cuyas fechas se ignoran, que contienen la orden de embargar bienes de mi exclusiva propiedad dentro del juicio laboral, radicado bajo el expediente número 3/391/2005, promovido por JESÚS CONTRERAS ARISMENDIS, en contra de DESARROLLOS URBANOS RIME, S.A. DE C.V., sin ser parte en dicho juicio. b) También reclamo la diligencia de remate celebrada, al parecer el día 23 de octubre de 2014 en dicho juicio, por la cual ilegalmente se tuvo por adjudicándose a favor de JESÚS CONTRERAS ARISMENDIS el siguiente inmueble de mi exclusiva propiedad: FINCA URBANA Y CONSTRUCCIÓN UBICADA EN FRACCIONAMIENTO CERRADAS MIRAVALLE MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO, EDIFICADA SOBRE EL LOTE DE TERRENO NÚMERO 16 DE LA MANZANA 01 CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: SUPERFICIE 234.70 METROS CUADRADOS; AL NORTE CON 16.50 METROS CON LOTE 15; AL SUR CON 23.34 METROS CON LOTE 17; AL ORIENTE CON 6.0 METROS CON CALLE CASTAÑOS; PONIENTE CON 22.5 METROS CON PROLONGACIÓN FUNDADORES. Dicho inmueble deriva de los siguientes antecedentes registrales: LIBRO I, SECCIÓN AUXILIAR DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2001, TOMO 10 A NOMBRE DE DESARROLLOS URBANOS RIME, inmueble del cual soy su legítimo propietario, siendo que no ostento el carácter de parte en dicho proceso jurisdiccional, ya que nunca he sido formalmente llamado a dicho procedimiento por la autoridad en comento. También le reclamo la ilegal orden emitida para desposeerme del referido inmueble, cuya fecha se desconoce, sin ser parte en dicho juicio, y sin darme la oportunidad de ser oído y vencido en dicho juicio. De la autoridad señalada como ejecutora en el inciso a) reclamo la ejecución dada a las resoluciones dictadas por la autoridad ordenadora, incluido el embargo sobre el bien inmueble antes descrito, así como la frustrada privación de la posesión sobre tal inmueble, y todos los actos tendientes a privarme de la posesión y propiedad que tengo sobre el referido inmueble. De la autoridad señalada como ejecutora en el inciso b) reclamo la ejecución dada a las resoluciones dictadas por la autoridad ordenadora, incluida la inscripción del embargo sobre el inmueble antes descrito y la ulterior inscripción de la adjudicación sobre el referido bien a favor del ejecutante". 2. Substanciado en cada una de sus etapas procesales el amparo indirecto, el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 280 a 294), el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en la ciudad de Saltillo, estimó sobreseer y negar el amparo y la protección constitucional al quejoso. 3. Resolución que fue impugnada mediante recurso de revisión interpuesto por el quejoso Luis Felipe Cantú Robles, misma que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, revocó y concedió el amparo al citado quejoso para los efectos siguientes: a) El Presidente de Junta responsable deje sin efectos la orden de embargo, remate y adjudicación, respecto de la finca urbana y construcción ubicada en fraccionamiento Cerradas Miravalle, municipio de Gómez Palacio, Durango, Lote 16, manzana 01, con superficie de 234.70, metros cuadrados; que mide y colinda: 16.50 metros con lote 15; al sur 23.34 metros con lote 17; al oriente 6.0 metros con calle Castaños; y al poniente 22.5 metros con prolongación fundadores, dictados dentro del expediente 3/391/2005 de su índice; b) Al actuario adscrito a la Junta responsable deje sin efectos las diligencias de embargo y desposeimiento del bien señalado en el numeral anterior; c) Al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en Gómez Palacio, Durango, la inscripción del embargo y adjudicación del citado inmueble". Mediante acuerdo de dos de julio de dos mil dieciocho se requirió a las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Presidente de la misma y actuario de su adscripción y Director del Registro Público de la Propiedad, todos con sede en Gómez Palacio, Durango, informaran sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. 4. Posteriormente, mediante oficios signados por las autoridades responsables Oficial del Registro Público de la Propiedad y el Comercio y Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ambos con sede en Gómez Palacio, Durango, comunican la forma en que dieron cumplimiento a la sentencia de amparo (fojas 425 y 429). 5. Así las cosas, mediante proveídos de diez y once de julio de dos mil dieciocho, se dio vista al quejoso y terceros interesados, con los oficios de cumplimento para que dentro de un término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera sus efectos legales la notificación de dicho proveído, manifestaran lo que a su derecho conviniera, los cuales fueron debidamente notificados por este juzgado de distrito el dieciséis y diecisiete de julio del año en curso. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por las autoridades responsables, Oficial del Registro Público de la Propiedad y el Comercio y Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ambos con sede en Gómez Palacio, Durango, las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que se canceló la inscripción número 2133 Tomo Legajo-2015, Sección Escrituras Públicas de fecha veintitrés de junio de dos mil quince, en la cual se adjudicó a Jesús Contreras Arismendis el bien inmueble ubicado en Calle Castaños, Cerrada Villas San Fermín, Lote 16, Manzana 16 del Fraccionamiento Cerradas Miravalle, Municipio de Gómez Palacio, Durango, registrándose dicha cancelación bajo el número 948, Tomo 31, Sección Cancelaciones, de fecha cinco de julio del año en curso; asimismo, se dejó sin efectos la orden de embargo remate y adjudicación del día trece de agosto del dos mil quince, así como la diligencia de veintidós de septiembre de ese mismo año, relativo al precitado bien inmueble (fojas 426 y 427 y 429 a 432). Lo anterior, sin que haya inconformidad con el cumplimiento decretado por las precitadas autoridades responsables, pese a que se le dio vista del mismo a la parte quejosa y terceros interesados. Consecuentemente, al quedar acreditado que el agravio sufrido por el solicitante del amparo fue reparado conforme al fallo protector en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo, ha quedado cumplida. Sin que este juzgado advierta que las autoridades señaladas como responsables hayan incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplieron con la obligación a que se les constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Por tales motivos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado, este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, otorgó la protección constitucional y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado.
- Principal
Se notifica auto al quejoso, y terceros interesados Rigoberto Mena Abraham en su carácter de Administrador Único de Desarrollos Urbanos Rime, Sociedad Anónima de Capital Variable y Jesús Contreras Arizmendis: Agréguese a los presentes autos el oficio de la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Gómez Palacio, Durango, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio; al efecto, con el oficio precisado, dése vista a las partes por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidos que en caso de no hacerlo, este juzgado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y al oficio de cumplimiento a que se refiere el presente proveído. Notifíquese personalmente al quejoso... terceros interesados...
- Principal
se notifica por lista a los terceros interesados Rigoberto Mena Abraham en su caracter de Administrador Único de Desarrollos Urbanos Rime, Sociedad Anónima de Capital variable y Jesús Contreras Arizmendis y quejoso: Agréguese a los presentes autos el oficio del Oficial del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, con residencia en Gómez Palacio, Durango, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio; al efecto, con el oficio precisado, dése vista a las partes por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidos que en caso de no hacerlo, este juzgado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y al oficio de cumplimiento a que se refiere el presente proveído. Notifíquese personalmente al quejoso... terceros interesados...
- Principal
se notifica por lista a los terceros interesados Jesús Contreras Arizmendis y Rigoberto Mena Abraham, en su carácter de administrador único de Desarrollos Urbanos Rime, sociedad anónima de capital variable: Torreón, Coahuila, dos de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus antecedentes, el oficio II-196/2018, del secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso Luis Felipe Cantú Robles, en contra de la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete y remite los autos originales del mismo; acúsese recibo; hágase del conocimiento de las partes que al substanciar dicho recurso, el indicado tribunal resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Luis Felipe Cantú Robles, contra las autoridades y actos precisados en el resultando primero, para los efectos expuestos en el considerando séptimo, ambos de esta ejecutoria". En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Presidente de la misma y actuario de su adscripción y Director del Registro Público de la Propiedad, todos con sede en Gómez Palacio, Durango, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que queden debidamente notificados del presente proveído, informen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento de que de ser omisos sobre el particular, en el tiempo concedido para tal efecto o de no contestar la causa legal o material que se los impida, se harán cada uno acreedores a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por los artículo 258 en relación con el 192 y 193 de la Ley de Amparo, y en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualizado el diez de enero de este año en el Diario Oficial de la Federación.
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