Luis Felipe Almazan Sotelo
Expediente 459/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Luis Felipe Almazan Sotelo
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el oficio 2254 del Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, por medio del cual cumple el requerimiento que le fue formulado en auto de quince junio del año en curso, pues remite copia certificada de la resolución pronunciada el veintiocho de junio pasado, en el incidente no especificado de revisión y revocación de la medida cautelar de prisión preventiva, promovido por la defensa del aquí quejoso Luis Felipe Almazán Sotelo en el proceso 453/2016 de su índice. En tales condiciones, con base en las constancias de mérito y en el estado que guarda el expediente en que se actúa, esta autoridad Federal decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, al advertir de oficio que en la especie se actualiza una causal de improcedencia notoria y manifiesta. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso Luis Felipe Almazán Sotelo, señaló como autoridad responsable y actos reclamados, los siguientes: "(.) III. Autoridad Responsable.- Ciudadano Juez Segundo de lo Penal de Puebla. IV. Acto reclamado.- La omisión de señalar fecha para la audiencia incidental y resolver el incidente de Modificación y Sustitución de la medida cautelar de Prisión Preventiva, tramitado en la causa penal 453/2016 de su índice." En ese sentido, la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado y refirió que por auto de ocho de junio de dos mil dieciocho, señaló las doce horas con treinta minutos del veintisiete de los referidos mes y año, para el desahogo de la audiencia relativa al incidente no especificado de revisión y revocación de la medida cautelar de prisión preventiva, promovido por la defensa del aquí quejoso Luis Felipe Almazán Sotelo (foja 16). Ahora bien, de la documental que anexó el juez responsable a su oficio de cuenta, a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintiocho de junio pasado, resolvió la incidencia planteada, declarando improcedente la solicitud de revocación de la medida cautelar de prisión preventiva a la cual se encuentra sujeto el aquí quejoso dentro del proceso 453/2016 de su índice. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tales condiciones, como ya se adelantó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de señalar fecha para celebrar la audiencia relativa a el incidente no especificado de revisión y revocación de la medida cautelar de prisión preventiva, promovido por la defensa del aquí quejoso Luis Felipe Almazán Sotelo en el proceso 453/2016 del índice de la responsable, y resolverlo; al haberse señalado para tal efecto las doce horas con treinta minutos del veintisiete de junio del año en curso, y haberse dictado la resolución correspondiente el veintiocho de los referidos mes y año. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales transgredidas. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo, aun celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con cuarenta minutos del trece de julio de dos mil dieciocho; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No pasa inadvertido para la suscrita jueza Federal, que a la fecha no se ha logrado el emplazamiento del tercero interesado; sin embargo, tomando en consideración el sentido de esta determinación, no resulta necesario que obre en el expediente la mencionada constancia de emplazamiento, por no irrogarle algún perjuicio a dicha parte procesal; además, de esperar su llamamiento a juicio, en nada cambiaría el sentido de este auto, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita, garantía consignada en el artículo 17 Constitucional. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos rubro y texto, son los siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en acuerdo de quince de junio pasado (fojas 17 a 22), informa que el último domicilio que tiene del aquí tercero interesado *** es el ubicado en **** y al efecto acompaña fotocopia certificada de la diligencia de treinta y uno de marzo de dos mil quince, en la que dicha parte procesal compareció ante el Agente del Ministerio Público Especializado en el Sistema Tradicional Unidad de Robo de Vehículos, Mesa Dos, para los efectos legales a que haya lugar. Sin embargo, la autoridad responsable oficiante también acompañó a la comunicación de cuenta dos razones asentadas por la diligenciaría adscrita al Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el veinticuatro de agosto y diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, las que obran en autos de los exhortos *** y *** de su índice, de las que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a **** los acuerdos de veinte de julio y cinco de octubre de esa anualidad, dictado en el incidente no especificado derivado del proceso penal *** del índice del Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla. Lo anterior, pues por un lado hizo constar que no localizó el inmueble de que se trata, atendiendo a que no todas las casas cuentan con numeración oficial, y por el otro, hizo saber que después de un recorrido en la vialidad denominada **** **** procedió a tocar en el inmueble identificado con el número **** que es el contiguo al buscado **** donde fue atendida por una persona del sexo femenino, quien le hizo saber que no conoce al tercero interesado **** además preguntó con otros vecinos del lugar, quienes también le dijeron que no conocen al buscado, pero le informaron que hace tiempo un vecino se llamaba **** sin embargo, desconocen sus apellidos. Además, de las constancias que integran el anexo I, formado con motivo del duplicado del incidente no especificado derivado del proceso penal *** del índice del Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, que acompañó a su informe justificado, se advierte que el siete de junio del actual (fojas 20 vuelta y 21), ante las imposibilidades antes descritas para notificar a **** la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla ordenó notificar al aquí tercero interesado **** por medio de estrados. En tales condiciones, con la finalidad de evitar dilaciones procesales innecesarias y de asegurar la debida intervención de la parte agraviada en el expediente de origen, quien tiene el carácter de tercero interesado en este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley General de Víctimas, se solicita atentamente al Delegado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Puebla, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, proporcione a este juzgado un Asesor Jurídico en la ciudad de Puebla o San Andrés Cholula, Puebla para que represente los intereses del tercero interesado *** y por su conducto sea emplazado al presente juicio de amparo. En la inteligencia de que el mencionado Asesor Jurídico deberá apersonarse a este juzgado federal, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, a aceptar y protestar el cargo conferido en el término anteriormente señalado (tres días), contados a partir de su legal notificación. Hecho lo antes señalado, se le dará vista con las constancias de autos, para que obtenga todos los datos necesarios para representar adecuadamente los derechos de los terceros interesados en mención, pues los mismos son víctimas del delito de robo de vehículo de motor agravado. Cabe señalar que se ordena el emplazamiento de la parte tercero interesada, por conducto del Delegado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Puebla, dado lo narrado en párrafos precedentes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, con el que da cuenta el secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable de mérito, la documental que anexa al oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarla al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Además, en razón al cuantioso número de fojas que conforman las constancias que remitió la autoridad responsable de mérito, y que se dificulta su manejo y consulta al integrarlos al expediente en que se actúa, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmese el ANEXO I respetando el folio original, a fin de que el día que tenga verificativo la audiencia constitucional puedan ser apreciadas debidamente. Ahora, del informe justificado de cuenta se advierte que la autoridad responsable señaló las doce horas con treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia incidental en autos del incidente no especificado derivado del proceso penal 453/2016 de su índice - del que emanan los actos reclamados-. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, con la finalidad de que este juzgado cuente con los elementos necesarios para resolver el juicio de amparo en que se actúa, requiérase a la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, para que dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de la celebración de la audiencia indicada en el párrafo que antecede, haga saber a esta autoridad lo determinado, y en su caso, remita fotocopia certificada de la resolución correspondiente. Haciendo de su conocimiento la subsistencia del apercibimiento con el que fue conminada en acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho (fojas 5 a 8). Por otro lado, en términos del artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de tercero interesado a Raúl Ortega Orias; en tales condiciones, a efecto de llevar a cabo su emplazamiento al presente juicio, se provee: Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, a efecto de que dentro del término antes indicado, informe el último domicilio que tenga del aquí tercero interesado Raúl Ortega Orias, debiendo remitir las constancias conducentes. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior, requiérase a la parte quejosa en el presente asunto para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione el domicilio actual y correcto del tercero interesado Raúl Ortega Orias con el fin de emplazarlo a juicio y no dejarla en estado de indefensión, o bien, manifieste bajo protesta de decir verdad, si tiene algún impedimento legal para ello. Apercíbase al quejoso, que en caso de no cumplir con lo ordenado por esta autoridad federal, se procederá a realizar la investigación correspondiente y, de no obtener resultados favorables, se ordenará el emplazamiento de la referida tercera interesada por edictos, los cuales serán publicados enteramente a su costa con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, segundo párrafo del inciso b) de la Ley de Amparo vigente. En ese contexto, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la parte quejosa el derecho que tiene de manifestar alguna circunstancia que le impida cumplir con el requerimiento de pagar el costo de los edictos, que en su caso se ordenen, esto es, su insolvencia económica, o la afectación grave a su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para realizar dicho pago o bien una situación similar que haga procedente, que se le exima del pago de los edictos y que en consecuencia se realicen a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido, que de realizar la manifestación anterior, deberá también informar a este órgano de control constitucional: 1) el estado que guarda su situación económica, 2) la actividad a la que se dedica, 3) los ingresos que percibe tanto él como 4) su núcleo familiar y si cuenta con dependientes económicos; así como toda aquella información tendiente a demostrar que se haga procedente el gasto a costa del Consejo de la Judicatura Federal, lo que deberá acreditar con todos los elementos de convicción que estén a su alcance que arrojen dichos datos, lo anterior, como una de sus obligaciones procesales como parte en esta instancia constitucional. Una vez hecho lo anterior, este juzgado atendiendo a las particulares del caso, analizará el material probatorio ofrecido por el promovente, en conjunto con el existente en el presente sumario constitucional y determinara lo que en derecho corresponda, sin perjuicio que en casos excepcionales se dicte las providencias que se estimen necesarias. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis aislada: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. SI EL JUEZ DE DISTRITO SOBRESEYÓ EN EL JUICIO PORQUE EL QUEJOSO NO LLEVÓ A CABO LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA, PERO EN EL AUTO POR EL QUE SE ORDENÓ AQUÉL OMITIÓ HACERLE SABER SU DERECHO A MANIFESTAR ALGUNA CIRCUNSTANCIA QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON ESE REQUERIMIENTO, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN QUE AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 84/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", consideró que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo, empero, que en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso, que le impidan cumplir el requerimiento para que se realice el emplazamiento a través de ese medio (como podría ser la falta de recursos económicos para cubrir su costo, derivada de la privación de su libertad personal), basta con la expresión de esa insolvencia económica, a fin de que en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Juez ordene la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, si dicho juzgador sobreseyó en el juicio de garantías porque el quejoso no llevó a cabo la publicación respectiva, pero en el auto que ordenó que el emplazamiento se llevara a cabo por dicho medio, omitió hacerle saber el derecho que tenía de manifestar alguna circunstancia que le impidiera cumplir con ese requerimiento, ello se traduce en una violación que provocó indefensión al impetrante del amparo, la cual, en términos del artículo 91, fracción IV, de la invocada ley de la materia, hace procedente la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez Federal comunique al quejoso el derecho de referencia y con base en lo manifestado en torno al punto, y tomando en consideración los elementos que consten en autos, determine si procede o no que tal publicación se realice a costa del Consejo de la Judicatura Federal." Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se sobreseerá en el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 63, fracción II y 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, ambos de la ley de la materia. Lo anterior, de conformidad con lo ordenado por el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla el derecho humano al debido proceso legal; así como con lo dispuesto por el artículo 17 de tal Ordenamiento Supremo, que consagra el derecho a que se administre justicia pronta, expedita, gratuita, completa, imparcial y en los términos que fijen las leyes, dado que el incumplimiento del justiciable, impide cumplir con un presupuesto procesal que constituye una formalidad del procedimiento que hace imposible que se resuelva la litis constitucional y que hace procedente el sobreseimiento de referencia. Ya que de ninguna forma es constitucionalmente válido que el juicio de amparo quede paralizado, pues ello atenta contra la administración de justicia, precisamente por retardarse la solución de un conflicto, sin que ello sea atribuible al órgano de amparo, dado que el interés de la parte quejosa no puede sobreponerse al salvaguardado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que a la sociedad atañe que los juicios se resuelvan en los términos establecidos en la ley, sin que pueda quedar al arbitrio de las partes que se constituya válidamente la relación jurídico procesal y se emita la resolución respectiva pues, se insiste, con ello se contraviene el interés común de la sociedad. Cobra aplicabilidad la Jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." Es aplicable la tesis II.2o.C.101 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 1339, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Diciembre de 2004, Materia(s): Común, Novena Época que dice: "EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERO PERJUDICADA POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO. NO CONTRAVIENE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN CUANTO MANDA QUE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ES GRATUITA. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo dispone que el emplazamiento al tercero o terceros perjudicados por medio de edictos se hará a costa del quejoso, es decir, impone al promovente del juicio constitucional la carga de pagar lo conducente para que se emplace y notifique al tercero perjudicado por edictos y se imponga así de la demanda de garantías radicada en un Juzgado de Distrito, lo cual tiene su teleología o fin primordial en la razón de que como al gestionante del amparo corresponde la carga tanto de impulsar el procedimiento como de participar en su desarrollo a efecto de que se integre debidamente la litis respectiva, sin duda ese aspecto procesal no contraviene lo dispuesto por el numeral 17 de la Constitución Fundamental de la República en cuanto estatuye que la impartición de justicia debe ser gratuita, ya que son los tribunales encargados de esa misión quienes están impedidos para cobrar retribución a las partes por su actividad, máxime que resulta inexacto que se hubiese negado el impartir Justicia Federal a la inconforme pues, ante la imposibilidad reseñada de integrarse debidamente la litis constitucional, al no llamarse al juicio a uno de los terceros perjudicados, es indiscutible que no puede dictarse sentencia formal y legalmente, ya que de hacerlo se dejaría en total estado de indefensión a quien no resulte emplazado al juicio de garantías, porque además de no otorgársele el derecho de audiencia para que alegue y aporte las pruebas pertinentes al respecto, no tendría conocimiento de éste ni oportunidad para interponer el medio de defensa relativo". A fin de dar margen a lo anterior, es decir, que transcurra el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el quejoso se imponga del contenido del informe justificado de cuenta y se emplace al tercero interesado, procede diferir anticipadamente la audiencia señalada para las nueve horas con veinte minutos del veinte de junio próximo (foja 5 vuelta), y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. FORMACIÓN Y ADMISIÓN. Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese con el número 459/2018-E, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado; con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Luis Felipe Almazán Sotelo, contra actos del Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 19 Constitucionales. VISTA MINISTERIAL. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable informe con justificación, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; enviándole para tal efecto copia de la demanda de amparo. En dicho informe justificado deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y remitirá, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En el entendido, que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envió se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad responsable que ante la falta del informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la autoridad responsable que al rendir su informe no podrá variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias o del índice cronológico del desarrollo de la audiencia relativa, para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de que se niegue a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicita y no se está en los supuestos en que éste deba abrirse de oficio. DE LA NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD. Se hace saber a la autoridad responsable y a aquéllas que tengan el carácter de terceros interesados, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". TERCERO INTERESADO. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, notifíquese la presentación de la demanda al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, quien interviene en el procedimiento penal del que deriva el acto reclamado, y quien podrá intervenir a su vez por escrito en este juicio de amparo. Por otra parte, resérvese el emplazamiento de la persona a quien surja el carácter de tercero interesado, hasta en tanto se reciba el informe justificado respectivo y se advierta la certeza del acto reclamado. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el lugar en donde se encuentra recluido, esto es, en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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