Luis Felipe Almazan Sotelo

Expediente 177/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 28 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
177/2017
Año
2017
Actuaciones
28
Última actuación
02/08/2018

Partes del expediente

  • Luis Felipe Almazan Sotelo
  • Juez Segundo de lo Penal de la Ciudad de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra del acuerdo dictado el trece de junio de dos mil dieciocho (fojas 580 a 583), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del doce de julio al primero de agosto de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concede la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la pruebas documentales que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe respectivo, devuélvasele al Juez Segundo de lo Penal de la Ciudad de Puebla, el anexo I que se formó con el duplicado del proceso 453/2016 de su índice; se requiere a la autoridad responsable citada para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar su recibo. Se apercibe a la autoridad responsable aludida que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá, multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Luis Felipe Almazán Sotelo con el que desahoga la vista concedida en acuerdo de cuatro de junio de dos mil dieciocho (foja 575), pues al efecto, realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, las que serán consideradas en el momento oportuno. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de cuatro de junio de dos mil dieciocho (foja 575), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual desahogó mediante el escrito de cuenta. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el cuatro de octubre de dos mil diecisiete (fojas 330 a 348), se concedió el amparo y protección para el efecto de que el Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla realizara lo siguiente: "(.) NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente de la Ley de Amparo, y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder a Luis Felipe Almazán Sotelo, el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el 1. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veinte de enero de dos mil diecisiete, en el proceso penal 453/2016, del índice del Juzgado, que emitió en contra de Luis Felipe Almazán Sotelo. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra resolución de término constitucional, debidamente fundada y motivada, la que podrá ser en el mismo sentido o, en sentido contrario, pero purgando los vicios formales que la afectan, y que han quedado precisados en esta sentencia, esto es: a) Citará las disposiciones de carácter general que le conceden competencia para emitir el auto reclamado (fundamentación), así como las razones por las que se consideró actualizado este aspecto (motivación), en virtud de lo expuesto en esta resolución (punto I del considerando que antecede). b) Motivará debidamente la acreditación de los elementos constitutivos del delito de robo de vehículo agravado en estudio, cuya corporeidad estimó acreditada, así como numerar y motivar las calificativas que agravan la penalidad del mismo, en virtud de lo expuesto en esta resolución (punto II del considerando que antecede). c) Fundará debidamente la calificativa (circunstancia) consistente en que sean los ladrones dos o más que agrava la penalidad relativa al delito que nos ocupa, en virtud de lo expuesto en esta resolución (punto III del considerando que antecede). d) Motivará debidamente la circunstancia consistente en que el delito se cometa en lugar cerrado o bien en casa, edificio, vivienda, aposento o cuarto que estén habitados, en virtud de lo expuesto en esta resolución (punto IV del considerando que antecede), y, e) Motivará, en el apartado de la probable responsabilidad, en qué consistió la participación del quejoso en virtud de lo expuesto en esta resolución (punto V del considerando que antecede), y, Así también, dicha autoridad responsable deberá considerar, de acuerdo a su facultad, si procede alguna reclasificación del delito si fuera el caso, atendiendo a la jurisprudencia 1a./J. 3/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Penal, registro 170391, página 151, del rubro siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL.". No ha lugar a solicitar el cumplimiento inmediato de la presente determinación en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, ya que el delito de robo de vehículo agravado es considerado grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, y el estudio no involucró un análisis de fondo, sino se concedió por vicios formales. La concesión del amparo no implica dejar en libertad al probable responsable ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, toda vez que el efecto de aquél, es para que la autoridad responsable purgue las irregularidades formales del acto reclamado; por consiguiente, al no estar afectado el fondo del acto reclamado, debe de producir los efectos y consecuencias jurídicas a que está destinado. (...) La presente concesión se hace extensiva al acto reclamado al 2. Director del Centro del Reinserción Social de Puebla, consistente en la ejecución del auto de formal prisión emitido por el 1. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, el veinte de enero de dos mil diecisiete, en el proceso penal 453/2016, seguido en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo de vehículo de motor agravado, consistente en mantenerlo recluido, por ser una consecuencia del auto de formal prisión, ya que al ser violatorio de garantías, su ejecución también lo es, y no atribuirle vicios propios." Inconforme con tal resolución, tanto el quejoso como el tercero interesado Raúl Ortega Orias, interpusieron recurso de revisión contra la sentencia aludida (fojas 365 y 376), medios de impugnación que fueron radicados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito con el número 315/2017 de su índice (foja 458); y, por ejecutoria de diecinueve de abril de dos mil dieciocho (fojas 461 a 488), confirmó la sentencia sujeta a revisión. Por lo anterior, en acuerdo de siete de mayo de la presente anualidad, se requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo (fojas 490 a 492). Así, mediante oficio 1737 de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho (foja 509), el Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución dictada en la misma fecha en la causa penal 453/2016 de su índice (fojas 510 a 533), con la que pretendió cumplir con la sentencia de amparo; sin embargo, como tal resolución no se ajustó a los lineamientos contenidos en la sentencia protectora, en acuerdo de veintiocho de mayo de la presente anualidad, se requirió al citado juez responsable para que cumpliera cabalmente con los efectos del fallo protector (foja 536 a 538). En cumplimiento a tal requerimiento, mediante oficio 1904 de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (foja 545), remitió copia certificada de la resolución emitida en esa misma data en la causa penal causa penal 453/2016 de su índice (fojas 547 a 574). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, el juez responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión de veinte de enero de dos mil diecisiete, en el proceso penal 453/2016 de su índice, así como la diversa resolución de dieciocho de mayo de la presente anualidad, con la que pretendió cumplir con la sentencia de amparo (foja 547). 2. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, con libertad de jurisdicción que le fue concedida, emitió otra en el mismo sentido que la reclamada, ya que dictó auto de formal prisión contra Luis Felipe Almazán Sotelo, como probable responsable en la comisión del delito de robo de vehículo de motor agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción VI y 380 fracciones I, X y XI, en la que, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo: a) Citó las disposiciones de carácter general que le conceden competencia para emitir tal resolución, así como las razones por las que se consideró actualizado ese aspecto (foja 548) b) Motivó los elementos constitutivos del delito de robo de vehículo agravado, cuya corporeidad estimó acreditada, ya que describió cuáles son los elementos que lo conforman y numeró las calificativas que lo agravan (fojas 551 vuelta, 552 y 553). Así mismo, señaló los medios de convicción que consideró eficaces para su demostración, pues analizó y valoró las declaraciones del agraviado Raúl Ortega Orias (fojas 553 a 557 vuelta), con las que tuvo por demostrada la mecánica de los hechos; así como los testimonios de Raúl Ortega Ordóñez y Luis Alfonso Ortega Orias (fojas 557 vuelta a 560), con las que tuvo por demostrado el desapoderamiento del vehículo automotor afecto a la causa penal de origen y la mecánica de los hechos delictivos (fojas 560 vuelta a 561 vuelta); con la declaración de José Luis Martínez Sánchez, tuvo por acreditada la propiedad de dicho automotor (562 y 563); así mismo, con ésta última declaración, con el reporte de robo y con la copia certificada de la averiguación previa 180/2015/ERVT C-S-TLAX-38, así como con el dicho de los atestes citados y la diligencia ministerial de identificación vehicular, tuvo por demostrado que el objeto materia de desapoderamiento fue un vehículo automotor (fojas 563 y 564) De la misma forma motivó las calificativas que agravan el delito y señaló las pruebas con las cuales tuvo por acreditado tales extremos (fojas 566 y 567). c) Fundó debidamente la calificativa (circunstancia) consistente en que sean los ladrones dos o más que agrava la penalidad relativa al delito que nos ocupa, pues señaló que tal calificativa se encuentra contemplada en el artículo 380, fracción XI del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla (foja 566 y 567). d) Determinó que la agravante consistente en que el delito se cometa en lugar cerrado o bien en casa, edificio, vivienda, aposento o cuarto que estén habitados, no se encuentra acreditada (fojas 566 vuelta y 567). e) En el apartado de la probable responsabilidad, motivó en qué consistió la participación del quejoso y las pruebas con las que la tuvo por acreditada, pues señaló que en contra de Luis Felipe Almazán Sotelo obra un señalamiento claro, directo y preciso de Luis Alfonso Ortega Orias, lo que consideró corroborado con las declaraciones de los testigos Raúl Ortega Ordóñez y Luis Alfonso Ortega Orias (fojas 569 y 570); así mismo, señaló con claridad cuál es la conducta específica que desplegó el peticionario de amparo en la comisión del injusto que se le atribuye, pues estableció que fue Luis Felipe Almazán Sotelo fue a quien le fue entregada la llave del automotor por parte del agraviado (debido a la amenaza de Felipe Almazán Castorena), quien salió del centro penitenciario y se ubicó en el lado del piloto, accionó el motor de la unidad vehicular para desplazarse con rumbo desconocido (fojas 570 a 571 vuelta). También señaló que el grado de participación que se atribuye al aquí quejoso es el de coautoría por dominio funcional del hecho (foja 571). Por otra parte, en relación con las manifestaciones del quejoso en torno al cumplimiento de la sentencia de amparo, contenidas en el escrito de cuenta, en el que, en esencia, argumentó que la sentencia de amparo no fue cumplida debido a que la autoridad responsable no relacionó adecuadamente los medios de prueba, ya que considera que en los autos de la causa penal de origen no existe prueba que demuestre la propiedad del vehículo por parte del agraviado y señala que la autoridad responsable no motivó el apoderamiento de un bien ajeno; así mismo, afirmó que el delito que se le atribuye no se materializa en virtud de que la propiedad del vehículo se transmitió antes del apoderamiento del automotor. Tales afirmaciones devienen infundadas en virtud de están orientadas a combatir las consideraciones de fondo de la resolución emitida en el cumplimiento de la sentencia protectora, lo que no es susceptible de ser vigilado en este juicio de amparo, en virtud de que la protección constitucional se concedió para efecto de que la autoridad responsable subsanara las deficiencias formales destacadas en la sentencia, pero no se realizó análisis ni pronunciamiento alguno sobre las cuestiones de fondo; además, como se dijo, se concedió libertad de jurisdicción al juez responsable para que resolviera la situación jurídica del quejoso en la causa penal de origen. Así mismo, por cuanto hace a la manifestación en el sentido de que el juez responsable no motivó la circunstancia de que el apoderamiento se haya dado en un lugar cerrado, también resulta infundada en virtud de que, como se indicó, el juez responsable consideró que tal agravante no se demostró. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber cumplido con la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de mayo de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Luis Felipe Almazán Sotelo; y, en atención a su contenido, expídanse a su costa las copias certificadas a que hace referencia en su ocurso de mérito, autorizando para recibirlas a la persona que menciona en el escrito que se provee, previa razón que de su recibo otorgue en autos, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; indicándole que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de diez de la mañana a doce del día. Por otra parte, por cuanto hace a la petición del ocursante en el sentido de que el término de tres días concedido en proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho (foja 534), se compute a partir de que sean entregadas las constancias solicitadas en el escrito que se provee; al respecto hágase saber al aquí quejoso que mediante acuerdo de veintiocho de mayo pasado (fojas 536 a 538), se requirió nuevamente al Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, para que diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo que una vez que ello acontezca, se le dará vista nuevamente con las constancias que al efecto remita la citada autoridad.

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