Luis Ernesto Palacios Guardado

Expediente 1337/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1337/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
25/05/2023

Partes del expediente

  • Luis Ernesto Palacios Guardado
  • Luis Ernesto Palacios Guardado y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés.****************************************Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio INM/ORTAM/ORLREY/DAJ/1490/2022, signado por la responsable Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en autos, remite copias certificadas de los oficios de salida de la estación migratoria otorgados a los quejosos Sandra Carolina Morales de Granadeño y Luis Ernesto Palacios Guardado, mismas que, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas documentales.****************************************Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad responsable, este órgano de control constitucional estima que con las mismas, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia; por tanto, en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa, por actualizarse la causal en comento.****************************************En efecto, el artículo y fracción en cita, textualmente establecen:****************************************"61. El juicio de amparo es improcedente:********************.********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;********************."****************************************Sentado lo anterior, tenemos que las partes quejosas reclaman primordialmente la detención que como personas extranjeras ejecutan en su contra la responsable y como consecuencia, diversos actos relacionados con dicha detención.****************************************Dentro de ese contexto, tenemos que la responsable anexó a su informe de cuenta, copias certificadas de los oficios de salida de la estación migratoria otorgados a los quejosos Sandra Carolina Morales de Granadeño y Luis Ernesto Palacios Guardado, a los cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que el dos de mayo de dos mil veintitrés, el Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración de Reynosa, Tamaulipas, dio salida de la estación migratoria a los referidos quejosos.****************************************De lo antes expuesto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraban los quejosos hasta antes de la presentación de la demanda ha desaparecido, ya que como se dijo, quedaron en libertad y, por ende, la detención que reclaman en este juicio como acto primordial, ha cesado, habida cuenta que ello ocurrió con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo.****************************************En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado como principal (detención).****************************************En consecuencia, se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. ****************************************En mérito de lo anterior y en cumplimento a lo ordenado en auto inicial, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la firmeza del presente proveído.****************************************Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario.****************************************Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido.****************************************En consecuencia, de conformidad con el punto 7.4, del capítulo 7, del Manual relativo al Acuerdo indicado en el párrafo anterior, el presente asunto es susceptible de depuración, dado que se concedió la suspensión de oficio y de plano; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo.****************************************Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente.****************************************Háganse las anotaciones respectivas en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes.****************************************Finalmente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, ya que la directa quejosa no proporcionó domicilio; por tanto, se ordena que la notificación del presente auto se haga mediante lista de acuerdos.*

  2. Principal

    VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 834/2022-II, promovido por ******************** contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. En términos de lo dispuesto por el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en el presente incidente de suspensión. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa, se hacen consistir en: Lo actuado en el juicio de origen, incluyendo el emplazamiento, la sentencia, su ejecución. SEGUNDO. Las autoridades responsables Jueces Primero, Segundo y Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, Jueces Primero, Segundo y Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, residentes en esta ciudad; Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, Jueces Primero, Segundo y Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, residentes en Matamoros, Tamaulipas, al rendir sus informes previos negaron categóricamente la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; por lo tanto, se niega la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia VI.2o.J/19, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, donde aparecen como datos de publicación la página 133, del tomo II, relativo a Julio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, que dice: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERO. La autoridad responsable Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con sede en Miguel Alemán, Tamaulipas, al rendir su informe previo expresamente admitió la existencia del acto que se le reclama, por lo que el mismo se tiene como legalmente cierto. Por su parte, las autoridades responsables Central de Actuarios adscrita al Quinto Distrito Judicial en el Estado, y Encargado del Despacho de la Delegación Regional de la Policía Estatal Acreditable, residentes en esta ciudad; y, Encargado del Despacho de la Coordinación Municipal de la Policía Estatal Acreditable, con sede en Miguel Alemán, Tamaulipas, al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos que se les reclaman; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa tomando en consideración que del contenido de los informes se desprende que realizan manifestaciones que permiten concluir que efectivamente existen los actos reclamados, en esa virtud, deben tenerse como ciertos los mismos. Por otro lado, las autoridades responsables Central de Actuarios adscrita al Cuarto Distrito Judicial y Policía Estatal, residentes en Matamoros, Tamaulipas; y, Central de Actuarios adscrita al Sexto Distrito Judicial, con sede en Miguel Alemán, Tamaulipas, fueron omisas en rendir sus informes previos; por lo que con fundamento en el artículo 142, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente cierto el acto que se le reclama. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 151 de la Ley de Amparo, y toda vez que se reúnen los requisitos que se señalan en el primer numeral citado, pues como lo solicita la parte quejosa, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y de ejecutarse los actos reclamados se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación, se concede la suspensión definitiva, solicitada por la parte quejosa, para el efecto de que sin paralizar el procedimiento, las responsables no lleven a cabo actos tendentes a la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen; lo anterior, hasta en tanto se emita la ejecutoria de la sentencia que en su momento se emita dentro del juicio de amparo del que deriva este incidente La presente medida suspensiva surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si la parte quejosa no exhibe a disposición de este juzgado de Distrito, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente resolución, garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez ********************por los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir la parte tercero interesada, en caso de que no obtenga sentencia favorable en el juicio principal, lo que deberá exhibir en cualquiera de las formas establecidas en la ley, cantidad que se fija de forma discrecional de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley de Amparo, y que está sujeta a cambio, tomando en consideración los informes previos que en su momento rindan las autoridades responsables, toda vez que de la demanda de amparo, no se advierte cantidad alguna que sirva como base. Es aplicable al tema precedente, la tesis III.3o.C.J/3, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, FIJACIÓN DEL MONTO DE LA GARANTÍA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. El artículo 125, párrafo primero de la Ley de Amparo, establece la obligación de señalar a todo quejoso una garantía en caso de otorgársele la suspensión provisional siempre que haya tercero perjudicado, y que con la concesión de la medida se le pudieran causar daños y perjuicios en caso de que dicho agraviado no obtuviera sentencia favorable. Aunque el precepto citado no señala los motivos que deben tomarse en cuenta en la fijación de la garantía, se considera que la misma debe hacerse teniendo presentes los datos que se desprendan de las propias actuaciones de acuerdo a lo siguiente: no existe algún precepto de la ley citada que disponga lo contrario a lo que se afirma (o sea, que fije la garantía basándose el Juez de Distrito en los hechos o pruebas que existen en el amparo); por el contrario, el mismo ordenamiento faculta al juzgador para hacer la fijación "discrecionalmente" cuando con la suspensión pudieran afectarse derechos no estimables en dinero, lo que significa que dicho señalamiento debe hacerse atendiendo a las circunstancias del caso y sin tener que allegarse pruebas distintas de las que ya existen en el expediente; toda vez que la vigencia de la suspensión provisional únicamente perdura por setenta y dos horas (ese es el término máximo en que, por regla general, debe celebrarse la audiencia incidental y sabido es que en ella se decide sobre la suspensión definitiva que de inmediato hace cesar la provisional), es ilógico que para determinar la garantía que debiera exhibirse para que surtiera efectos dicha medida provisional, tuviera que recabarse un avalúo bancario, pues, atendiendo al referido plazo mínimo de vigencia de la suspensión de que se viene hablando, el quejoso no tendría oportunidad siquiera de recabarlo, podría objetarse y ofrecerse otro, no habría razón para dejar inaudito al tercero perjudicado al no brindársele la opción de poder exhibir él a su vez otro avalúo, etcétera." Así como la diversa tesis II.2o.C.J/19, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. LA DISCRECIONALIDAD PARA FIJAR EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBE SUSTENTARSE EN LOS ASPECTOS OBJETIVOS QUE CONSTEN EN AUTOS. De una debida interpretación de lo que establece el artículo 125 de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo, se sigue que cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Ahora bien, en uso de esa facultad discrecional que se otorga al juzgador, deben tomarse en cuenta todos aquellos elementos que obren en el sumario a efecto de que el monto de dicha garantía asegure, en lo posible, los daños y perjuicios que podría resentir el tercero perjudicado con motivo de la suspensión decretada, en caso de negarse el amparo, por lo que si se trata de un inmueble, existe la posibilidad de considerar su ubicación y superficie, si está destinado a casa habitación o comercio, o cualquier otro dato objetivo que influya al respecto."Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a ******************** respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables indicadas en el considerando segundo, por los motivos legales ahí citados. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a ******************** por lo que hace a los actos reclamados a las autoridades responsables indicadas en el considerando tercero de la presente interlocutoria, por los motivos legales y para los efectos jurídicos ahí expresados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria quien autoriza y da fe.WAFA

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dos de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende la imposibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que no ha sido emplazado a juicio el tercero interesado José del Carmen Prieto Valenzuela. Ahora bien, toda vez que de autos de se advierte que veintiséis de enero del presente año, se ordenó su emplazamiento a juicio, sin que el mismo se haya realizado; por tanto, con fundamento en los numerales 26, fracción I, inciso b), 27, fracción I, y 115, de la ley de la materia, se comisiona al Actuario de la adscripción a efecto de que se constituya en el domicilio ubicado en calle Chihuahua, número 555 Altos, colonia Rodríguez, en esta ciudad, y emplace a juicio al citado tercero interesado, debiéndole correr traslado con copia simple de la demanda de amparo, del escrito de desahogo, del auto admisorio, y del presente acuerdo, debiéndole hacer de su conocimiento la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. En la inteligencia que deberá requerirle para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio en esta localidad para oír y recibir notificaciones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, y por lista en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal; sin que para ello se tenga que realizar mayor trámite. Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de desahogo signado por ***, en representación de ********************, mediante el cual da cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido en auto de veintiocho de abril del año en curso, informando que se encuentran los quejosos privados de la libertad en el Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, tomando en consideración que la detención de las personas migrantes es de carácter excepcional, por lo que en su caso debe existir proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la privación de la libertad, y dado que el artículo 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, prevé que tratándose de detención efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tengan relación con la comisión de un delito, el efecto de la suspensión será la libertad; consecuentemente, procede conceder la suspensión de plano de los actos reclamados para los siguientes efectos: I. Se otorgue la inmediata libertad a la parte quejosa sin garantía económica alguna, dada su calidad migratoria. II. Cesen de inmediato los actos de detención, incomunicación, deportación, aseguramiento y alojamiento, generados por las autoridades responsables, así como cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional y que refiere el 15 de la Ley de Amparo; de igual forma para que no se le cambie o traslade a diversa estación migratoria. III. Permita que la parte quejosa pueda comunicarse de inmediato con quien estime conveniente y además de ello se le permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. IV. Se le brinde la atención médica que, en su caso, requiera respecto de algún problema de salud que presente, para lo cual, las autoridades responsables deberán remitir copia certificada de las constancias con las que acrediten haberla otorgado. EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSIÓN - La presente medida cautelar no surtirá ningún efecto si diversa autoridad de amparo se pronunció sobre tales actos. - La parte quejosa puede circular libremente en esta localidad, pero no podrá hacerlo por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el citado artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, establecerá domicilio o lugar en el que permanecerá momentáneamente. - La suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si la autoridad migratoria informa que la parte quejosa no inició el trámite para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrá ser detenida por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA Se faculta al Actuario y/o Actuaria Judicial de este juzgado para que se constituya en las instalaciones que refiere la parte promovente se encuentra retenida la parte quejosa, y dé fe de las condiciones físicas en que se encuentra; asimismo, en el acto de la notificación del presente auto, la requiera para que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada en su favor, o lo haga por escrito en el término de tres días, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Ahora, SE REQUIERE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES para efecto de que PROPORCIONEN AL ACTUARIO Y/O ACTUARIA JUDICIAL DE LA ADSCRIPCIÓN, TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA QUE LLEVE A CABO EL DESAHOGO DE LAS DILIGENCIAS ENCOMENDADAS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE; dicho en otras palabras, dada la naturaleza de los actos reclamados, ello deberá ser de MANERA INMEDIATA, para que se entreviste con la parte directa quejosa en el menor tiempo posible, con el fin de que desahogue la diligencia que tiene encomendada, y si lo estima necesario, según sea el caso, deberá darle el acceso al inmueble para que busque y vocee a dicha parte. Se reserva fijar hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y pedir informe justificado a las autoridades responsables hasta que la demanda de mérito sea ratificada. Por otro lado, se hace innecesaria la presencia de quien promueve para que esté presente en el acto de la notificación a la parte quejosa, toda vez que el Actuario y/o Actuaria de la adscripción tiene fe pública, y la presencia de aquella persona puede retrasar el desahogo de la diligencia encomendada. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, debe señalarse que la experiencia en los asuntos de migración lleva a prever que el acto reclamado probablemente cesará en sus efectos o incluso será inexistente, lo que propiciaría la improcedencia y eventual sobreseimiento del juicio de amparo; determinación que usualmente no es recurrida. Además, en la práctica ha ocurrido que la parte quejosa en ocasiones no ratifica la demanda, o bien, no se le localiza, por lo que al efectuar el requerimiento al promovente respecto de la ubicación de la parte quejosa, este usualmente no desahoga dicha prevención. En tales condiciones, de manera excepcional y temporal y como una medida de política judicial para disminuir la carga laboral, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, solicítese a la parte quejosa informe a este juzgado dentro del término de tres días, legalmente computado, si estaría conforme o no con cualquiera de las siguientes determinaciones: - El sobreseimiento que se decrete fuera de audiencia una vez recibido el informe respectivo del que se advierta la cesación del acto reclamado o su inexistencia, en su caso, - El auto que tenga por no presentada la demanda si la parte quejosa no ratifica la demanda de amparo, y - El proveído en que se tenga por no presentada la demanda de amparo, por no encontrarse a la parte quejosa. En el entendido que de no realizar manifestación alguna, con fundamento en el artículo 288 de la citada codificación federal, se le tendrá conforme con cualquiera de dichas determinaciones y se procederá a declarar la firmeza de las mismas, ordenándose el archivo definitivo del juicio en el propio acuerdo. Instrúyase al actuario y/o actuaria que lo antes expuesto sea contenido en la lista de acuerdos para conocimiento completo de la parte quejosa. [...] Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Nora Hilda Luna Lugo, Secretaria que autoriza y da fe.

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