Luis Enrique Vázquez Cedillo

Expediente 788/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
788/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
04/09/2018

Partes del expediente

  • Luis Enrique Vázquez Cedillo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, que desechó su demanda de amparo; en consecuencia, de conformidad con los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se dictó un acuerdo que sin decidir en lo principal, se dio por concluido, en el que CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ CEDILLO, por propio derecho, contra actos del Subdelegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y anótese en el Libro de Registro de Juicios de Amparo bajo el número 788/2018-IV; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En tales condiciones, examinado el escrito de demanda, se advierte la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia, lo que conlleva a desechar de plano el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ello, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la ley de la materia, preceptos que a la letra dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "ARTÍCULO 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo vigente. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; además, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. Como puede advertirse, el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley de Amparo, establece que para efectos del juicio constitucional, los particulares pueden tener la calidad de autoridad responsable, siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad; por tanto, acorde a la legislación vigente, con independencia de la denominación y naturaleza formal de quien emita el acto, si éste reúne las características de ser considerado como un acto de autoridad, debe tenerse a su emisor como autoridad responsable; sin embargo, no todos los actos de los particulares son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo, sino sólo aquellos que sean equiparables a los actos de autoridad, los que como se indicó, exigen de requisitos indispensables. Ahora bien, la nota distintiva del concepto jurídico de "autoridad responsable" consiste en el ente público que actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad, esto es, todo acto de autoridad es unilateral, imperativo y coercitivo. Así, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa motu proprio; es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. En ese orden de ideas, también conviene traer a colación lo dispuesto en el artículo 8° constitucional, cuyo texto es: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". En relación con el precepto constitucional antes transcrito el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia 42/2001, visible en la página 126, Tomo XIII, abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." De lo expuesto se colige que será procedente el juicio de amparo cuando, en ejercicio del derecho de petición previsto en el artículo 8° constitucional, se eleve una solicitud a un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad y ésta no haya sido respondida, entendiéndose como tal a aquélla que con fundamento en una norma legal se encuentra facultada para emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora bien, la quejosa reclama del Subdelegado del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), 1) la negativa de recibirle su escrito de ocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual solicita un convenio accesible para seguir pagando su crédito de vivienda; 2) la negativa de acusar recibo de dicho escrito; y 3) la omisión de darle respuesta al mismo. En tales condiciones, se advierte que la ahora quejosa, pretende elevar una solicitud al Subdelegado del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, con respecto a reestructurar sus pagos de su crédito de vivienda. Atendiendo a lo anterior, es factible concluir que en el caso las omisiones reclamadas no pueden ser consideradas como actos de autoridad, para los efectos del juicio de amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció al resolver la contradicción de tesis 348/2012, en lo que aquí interesa, estableció que la relación jurídica que une al Instituto con los trabajadores inscritos o sus beneficiarios no es la de un órgano fiscal autónomo, sino como un organismo social bajo el principio de solidaridad social, con personalidad y patrimonio propio, cuyo objeto es, entre otros, administrar los recursos del fondo; establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener créditos baratos y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones. Sobre esa base, la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la República, precisó que cuando el trabajador solicita al Instituto un crédito o la información relativa al mismo, dicho instituto se encuentra en la relación Jurídica como ente administrador, dado que al resolver cualquier petición sobre ese tópico, sólo cumple con su obligación de garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores de forma distinta al papel que asume como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados. Contradicción de tesis de la que derivo la jurisprudencia 2a./J. 9/2013 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1283, registro 2003063, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, Y NO SE APLIQUE ALGÚN PRECEPTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. El referido Instituto, como organismo descentralizado, tiene la atribución de administrar el Fondo Nacional de la Vivienda, integrado con las aportaciones realizadas por los patrones en favor de sus trabajadores y que forman parte del patrimonio de éstos, quienes para disponer de esos recursos deben sujetarse a las modalidades establecidas en las leyes. Por ello, cuando un trabajador le solicita un crédito o la información prevista en la ley, dicho Instituto se encuentra en la relación jurídica de ente administrador, en cuanto no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores, de forma distinta al papel que asume como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados. Por tanto, la circunstancia de que tal institución niegue la entrega de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda respecto de los que figura como su administrador, por considerar que aún no se cumplen los supuestos en que esté obligado a su entrega, involucra una relación de coordinación propia de su calidad de administrador de fondos, porque la respuesta emitida no vincula por sí y ante sí la situación jurídica dla quejosa, modificando o extinguiendo el derecho a disponer de tales fondos, es decir, no está de por medio el despliegue de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable y pública, ya que no es quien decide con imperio sobre el destino de los recursos de vivienda, sino que ello compete a los órganos de justicia laboral, como es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo previsto por el artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Así, las relaciones jurídicas entre el trabajador o sus beneficiarios frente al mencionado Instituto, tratándose del derecho a disponer de los recursos de la subcuenta de vivienda acumulados, se dan bajo un plano de coordinación, a diferencia de cuando aplica el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la referida ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, caso en el que actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que unilateralmente, con fundamento en el mencionado artículo transitorio, transfiere los fondos citados al Gobierno Federal, lo que presupone el ejercicio de una facultad inexcusable prevista en ley, situándolo en una relación de supra a subordinación con el particular, sin que para ello requiera acudir a los órganos jurisdiccionales." Precisado lo anterior, en el particular, la relación jurídica entablada con motivo de los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, únicamente se ubican dentro de las denominadas de coordinación, ya que el Instituto de referencia se encuentra en una relación jurídica como administrador del fondo de vivienda frente al quejoso, por ende, excluye la idea de un "acto de autoridad" que es la que impera en las relaciones de supra a subordinación, dado que se le solicita pronuncie su postura sobre la restructuración del crédito de vivienda del aquí quejoso. En esa tesitura, se reitera, los actos que reclama la quejosa, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino actos entre particulares al encontrarse en un mismo plano de coordinación, pues la responsable, no obra con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad. Sustenta el sentido de la presente determinación, la jurisprudencia 2a./J. 9/2013 (10a.), antes transcrita. Asimismo, la jurisprudencia PC.XVI.T. J/1L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo II, página 1140, registro 2014233, del siguiente contenido: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA LA OMISIÓN EN QUE INCURRE AL NO RESPONDER LAS SOLICITUDES FORMULADAS POR EL TRABAJADOR, RELACIONADAS CON EL CRÉDITO QUE LE HAYA OTORGADO, NI CUANDO SE RECLAMA LA CONTESTACIÓN RELATIVA. Conforme a los artículos 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 2o., 3o., 34 y 43, párrafo primero, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el citado organismo es un ente de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda y establecer y operar un sistema de financiamiento para que los trabajadores puedan obtener un crédito de vivienda, respecto del que los acreditados pueden solicitarle y obtener información relativa al monto de los descuentos, con inclusión de las aportaciones aplicadas y el saldo pendiente de cubrir, supuesto en el que el instituto referido se encuentra en la relación jurídica como administrador, de forma distinta a la función que desempeña como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y demás sujetos obligados. Ahora bien, ante la omisión en que incurre, al no responder la solicitud de información respectiva formulada por un trabajador acreditado, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, la contestación mediante la que atiende esa petición respecto del crédito otorgado al trabajador tampoco tiene la calidad de acto de autoridad, por lo que no es jurídicamente factible reclamar su inconstitucionalidad en el juicio de amparo, toda vez que la respuesta emitida no vincula por sí y ante sí la situación jurídica del peticionario, modificando o extinguiendo algún derecho relacionado o derivado del otorgamiento del crédito, ya que el instituto no decide de manera terminal ni definitiva sobre lo pedido, además, porque la determinación correspondiente puede impugnarse mediante el recurso de inconformidad que se tramite y resuelva por el propio organismo o, en su caso, a través del juicio laboral del conocimiento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o los Tribunales competentes, como lo disponen los artículos 52 y 53 de la Ley mencionada." En consecuencia, tomando en consideración que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia en comentó, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de trato por notoriamente improcedente. No escapa para la anterior determinación, la jurisprudencia 54/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.". Sin embargo, dicho criterio no es aplicable al caso concreto, pues como lo precisó la propia Segunda Sala, al resolver la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, la citada jurisprudencia no transmite una regla general, sino que dicho criterio versó específicamente sobre los juicios de amparo en los que se reclamó "el Acuerdo que autoriza la modificación restructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas de diecinueve de enero de dos mil nueve, atribuido al Secretario de Hacienda y Crédito Público". De tal suerte, que en la mencionada solicitud de contradicción de tesis, la Segunda Sala del Más Alto Tribunal aclaró el rubro de la citada jurisprudencia, para quedar de la siguiente manera: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA."

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