Luis Enrique Vázquez García
Expediente 1275/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1275/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 29/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luis Enrique Vázquez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Ciudad de México, a veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a efecto de impugnar el pronunciamiento de quince de febrero de dos mil veintidós, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a quince de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que venció el término de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables; en consecuencia, se procede a resolver el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la aludida autoridad responsable. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los aportados por la autoridad. (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243). Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de amparo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por este juzgado de distrito y confirmada por el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 12/2020, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: ".procede conceder la protección constitucional, para el único efecto de que, dentro del término de tres días, que comenzarán a correr a partir de la notificación de la resolución por la que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables dejen insubsistente la boleta que contiene el arresto por veinticuatro horas que como correctivo disciplinario se impuso al quejoso." (énfasis añadido) Por lo que, para tener por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, las autoridades responsables de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México deberán dejar sin efectos la resolución reclamada de veinticuatro horas por medio de la cual, se impuso el arresto administrativo por veinticuatro horas impuesto a la parte quejosa. Ahora bien, por acuerdo de siete de julio de dos mil veintiuno, se dio vista al quejoso por el término de tres días para que manifestara lo que a derecho e interés conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable mediante el oficio signado por la Apoderada General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por medio del cual, remitió la copia certificada del memorándum número mil cuarenta y uno (1041) de treinta de junio de dos mil veintiuno, en la que el Director de la Unidad de Protección Ciudadana "Ángel-Zona Rosa" de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, notificó al quejoso haber dejado insubsistente la boleta de veintiocho de febrero de dos mil veinte, en donde se le impuso el arresto administrativo, por un periodo de veinticuatro horas, como medida de corrección disciplinaria a la quejoso, sin que formulara pronunciamiento alguno al respecto, a pesar de estar debidamente notificado el catorce de julio de dos mil veintiuno. Ante las relatadas consideraciones, tomando en cuenta los elementos que obran en el expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, en virtud de que no existe exceso ni defecto y se cumplió con la totalidad de los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia número 2ª./J. 1/2001, que a la letra dice: INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia. (No. de Registro: 190356, página doscientos tres (203), Novena Época, Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Se hace del conocimiento lo anterior a la parte quejosa, para los efectos del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para notificar personalmente el presente proveído. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a siete de julio de dos mil veintiuno. Visto el oficio suscrito por la Apoderada General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través del cual, exhibe copia certificada del memorándum 1041, de treinta de junio de dos mil veintiuno, con el que aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexo, se da vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; apercibido que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. JUICIO DE AMPARO P- 1275/2019-V OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c 22/01/24 10:04:15 Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.) Notifíquese personalmente a la parte quejosa Luis Enrique Vázquez García, en el domicilio ubicado en Ponciano Arriaga número seis (6), Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, en esta ciudad. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe. El Juez
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vistos los oficios de cuenta signados por la apoderada general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante los cuales, con el primero, remite copia certificada del memorándum 0989 y 0995, mediante los cuales notificó la medida otorgada al quejoso y la insubsistencia de la boleta de arresto impuesta en su contra, y con el segundo informa que con el primero desahogó el requerimiento formulado; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el oficio de cuenta tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales conducentes. Ahora bien, toda vez que del contenido de las constancias que se adjuntan al primer oficio de cuenta, se advierte de ambos memorandos lo siguiente: En esas condiciones, toda vez que de las citadas constancias se advierte que se hace alusión al cumplimiento de una ejecutoria emitida por un diverso Órgano Jurisdiccional (Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en la Ciudad de México ), y que del contenido del mismo no se advierte algún pronunciamiento en el cual las responsables haya dejado insubsistente la boleta de arresto combatida en el presente asunto; y considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional. Asimismo, tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar que los artículos 192, 193, 194, 197, 238 y 258 de la Ley de Amparo, disponen respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el citado artículo 192, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 citado que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de amparo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se concedió la Protección Constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: "[.] procede conceder la protección constitucional, para el único efecto de que, dentro del término de tres días, que comenzarán a correr a partir de la notificación de la resolución por la que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables dejen insubsistente la boleta que contiene el arresto por veinticuatro horas que como correctivo disciplinario se impuso al quejoso. Cabe decir que aun cuando el efecto de la sentencia consiste únicamente en dejar insubsistente la boleta de arresto combatida con lo que quedaría cumplida la sentencia, no impide a las autoridades emitir otra boleta de arresto debidamente fundada y motivada, de considerarlo necesario, sólo sin agravar la situación jurídica del quejoso. [.]" En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, SE REQUIERE NUEVAMENTE al Encargado del Despacho de la Dirección Ángel Ramírez Mondragón y al Jefe de Departamento del Grupo Uno Nicolás Hernández Juárez, ambos de la Unidad de Protección Ciudadana "Ángel Zona Rosa", para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, dada la naturaleza de los actos a realizar, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; esto es, "dejen insubsistente la boleta que contiene el arresto por veinticuatro horas que como correctivo disciplinario se impuso al quejoso." Lo anterior, toda vez que de las constancias que adjunta a su oficio de cuenta se advierte que se hace alusión al cumplimiento de una ejecutoria emitida por un diverso Órgano Jurisdiccional (Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en la Ciudad de México ), y que del contenido del mismo no se advierte algún pronunciamiento en el cual las responsables haya dejado insubsistente la boleta de arresto combatida en el presente asunto; sino que únicamente quedaron enteradas de la medida otorgada al quejoso y de la insubsistencia de la boleta de arresto que le fue impuesta. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del código citado, así como el artículo 3, numeral 1, fracción I, inciso B) y numeral 7, fracción I, inciso c) del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, REQUIÉRASE al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico del Encargado del Despacho de la Dirección Ángel Ramírez Mondragón y del Jefe de Departamento del Grupo Uno Nicolás Hernández Juárez, ambos de la Unidad de Protección Ciudadana "Ángel Zona Rosa", los conmine a cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con las que acredite haber ordenado a las directas responsables el cumplimiento al presente requerimiento, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejercen sobre ellas poder o mando para obligarlas a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismos. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se impondrá a cada una de las personas físicas que ostentan los cargos referidos, una multa por cien veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
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