Luis Enrique Rivera Valdez

Expediente 1360/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1360/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/09/2023

Partes del expediente

  • Luis Enrique Rivera Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio signado por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual informa que no cuenta con la solicitud de suficiencia presupuestal emitida por la Dirección General de Recursos Humanos, para estar en aptitud de cumplir el fallo protector; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos el oficio de cuenta, tomando conocimiento de su contenido, debiendo estarse a lo ordenado en auto de diecinueve de los corrientes, en el que se otorgó, una prórroga a la citada Directora General de Recursos Humanos, para cumplir con la ejecutoria de amparo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa

  2. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual informa que no cuenta con suficiencia presupuestal del año que transcurre, por lo que se encuentra imposibilitado a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que hace a las manifestaciones relativas a que no cuenta con los recursos para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, para dar cumplimiento al fallo protector, dígasele que a la obligación de pago no es oponible excusa, pretexto o dilación alguna, pues el cumplimiento de los mandatos de amparo no está sujeto a la voluntad de las autoridades responsables, sino al imperio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que todas las autoridades que intervengan en los trámites necesarios para hacer cumplir y lograr el pago correspondiente, están, como ya se dijo, constreñidas al cumplimiento de ésta resolución. 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ Por su aplicación, es de citarse la tesis P. XIX/2002, que literalmente refiere: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, COMO CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE AQUÉLLAS, NO ESTÁ CONDICIONADO A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE GESTIONE Y OBTENGA LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE. La resolución incidental de daños y perjuicios, como cumplimiento sustituto de una sentencia de amparo, que establece la condena al pago de una cantidad líquida, cierta y determinada, derivada de un procedimiento en el cual se le respetó a la autoridad responsable el derecho procesal de audiencia, constituye una obligación lisa y llana, cuyo cumplimiento y eficacia no se encuentran condicionados a que la autoridad responsable gestione y obtenga la partida presupuestal destinada específicamente para su pago. Lo anterior es así, en virtud de que existe una responsabilidad del Estado en la satisfacción de los deberes esenciales para restituir al gobernado en el goce de sus garantías individuales violadas, entendida ésta como la obligación ineludible de un órgano del poder público de restituir el perjuicio patrimonial o económico ocasionado a uno de sus gobernados con motivo del indebido ejercicio de la actividad que desempeña, responsabilidad que va más allá de los trámites efectuados para obtener una asignación presupuestaria específica a fin de asumir el pago del débito, pues el cumplimiento de los mandatos de amparo no está sujeto a la voluntad de las autoridades responsables, sino al imperio de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de no ser así, bastaría con que las autoridades obligadas gestionaran debidamente ante las autoridades competentes el otorgamiento de la partida presupuestal correspondiente, para quedar exoneradas de la aplicación de las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 de la propia Constitución Federal, aunque aquélla no se otorgara, lo cual permitiría tanto a la autoridad obligada al pago como a aquella que debe autorizar el presupuesto o gasto público de una oficina gubernamental, encontrar un mecanismo para evadir el cumplimiento de una resolución de pago de daños y perjuicios, hasta el grado de que ésta quedara permanentemente incumplida, con mengua del riguroso sistema dispuesto en la Norma Fundamental para el cumplimiento de los mandatos de amparo y de la garantía de administración de justicia pronta y expedita prevista en su artículo 17, a favor del gobernado, quien a través del procedimiento de inejecución de sentencia de amparo debe ser restituido en el pleno goce de sus garantías individuales violadas." (Registro No. 187084, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Abril de 2002, Página: 11). No obstante, no se desconoce que existe un procedimiento interno que se sigue dentro de dicha 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE 3 JUICIO DE AMPARO P.-198/2021- VI dependencia para realizar un pago, tratándose del cumplimiento de una sentencia de amparo que implica la entrega de recursos monetarios, las autoridades se encuentran obligadas a desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de sus atribuciones, para acatar la obligación constitucional que deriva de la sentencia, por lo que deberá atender la ejecutoria de amparo de forma pronta y completa, en los términos fijados por este Juzgado de Distrito. Apoya lo anterior la jurisprudencia que establece: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." (Época: Novena Época, Registro: 162469, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 5/2011, Página: 10.) Así, el objetivo de la Ley de Amparo, es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido. Máxime que, el cumplimiento de una ejecutoria de amparo se trata de una situación extraordinaria, por lo que la autoridad responsable no debe darle, a las conductas exigidas, un tratamiento en condiciones ordinarias, esto es, no debe condicionar el cumplimiento a trámites burocráticos, administrativos, comunicaciones internas, ni pretender justificarlo con las cargas de trabajo pues, se insiste, se trata del cumplimiento de una ejecutoria dictada en un juicio de amparo, la cual constriñe a la responsable a la restitución de los derechos afectados por un acto declarado inconstitucional de manera inmediata para que el quejoso que ya obtuvo una sentencia favorable no tenga que estar soportando más la actuación de la autoridad declarada inconstitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, tercer párrafo y 197, de la Ley de Amparo, se REQUIERE a Paulino Rodríguez López, Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del término de diez días, contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, realice lo siguiente: ? Acreditar que cuenta con la suficiencia presupuestal y haber elaborado la planilla de 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE 5 JUICIO DE AMPARO P.-198/2021- VI liquidación actualizada al presente ejercicio fiscal, por concepto de aguinaldo correspondiente al año dos mil veinte, determinadas a favor de Angélica Cano González, por la cantidad $18,136.00 (dieciocho mil ciento treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional). Hecho lo anterior, deberá exhibir ante este Juzgado de Distrito copia certificada de las constancias con las que así lo acredite. Asimismo, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 297, fracción I del citado código, REQUIÉRASE a Laura Ángeles Gómez, Coordinadora General de Administración para que en su calidad de superior jerárquico de Paulino Rodríguez López, Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la citada dependencia, lo conmine a cumplir con el fallo protector y dentro del término de diez días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, remita a este órgano jurisdiccional, las constancias con las que acredite haber ordenado a la responsable al cumplimiento del presente requerimiento, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 57/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ 2007, visible en la página: 144, de rubro siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.". Apercibidas que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada ley, se impondrá a las personas físicas que ostenten los cargos de las citadas autoridades, una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese

  3. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta en que el Director de Área, adscrito a la Dirección General de Amparos y Contencioso, en atención al requerimiento formulado al Director General de Recursos Humanos de la Guardia Nacional, en auto de veintiséis de julio pasado, informa su imposibilidad para remitir las constancias solicitadas, argumentando que el hoy quejoso no causó alta en dicha corporación, por lo que no localizó la información solicitada; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obre como corresponda. No es el caso de tener por atendido el requerimiento de mérito, toda vez que, contrario a lo señalado por la oficiante, las constancias le fueron requeridas, en atención al señalamiento del Titular de Administración y Finanzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el oficio SSPC/UGAJT/DGCPC/07749/2023 (promoción 18630), en el sentido de señalar textualmente que ".es la Guardia Nacional quien ostenta el debido resguardo de los archivos históricos, físicos y electrónicos de la extinta Policía Federal de los elementos que no transitaron, así como de aquellos que transitaron a esa Institución Policial y quien debe cumplir con lo requerido.". Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a Octavio Martínez Velázquez, Director General de Recursos Humanos de la 18/01/24 10:23:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.02 VICTOR AGUIRRE MONTOYA TRÁMITE Guardia Nacional, para que dentro del plazo de TRES DÍAS contado a partir de su legal notificación realice lo siguiente: ? Remita copia certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias que sirvieron como base para decretar la "CONCLUSIÓN DEL SERVICIO", del hoy quejoso, reflejado con el "estatus" de Inactivo, visible en la impresión del Kardex, exhibido en autos con el oficio GN/UAJT/DGAC/8689/2023, Apercíbase a la citada autoridad requerida que en caso de ser omisa, se le impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de cuenta vigente para la Ciudad de México, y de reiterar su conducta omisiva al respecto se duplicará dicha multa, hasta llegar a las mil unidades de cuenta vigente para la Ciudad de México, con base en lo dispuesto en el numeral 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese

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