Luis Enrique Salgado Castillo
Expediente 1405/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1405/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/01/2017
Partes del expediente
- Luis Enrique Salgado Castillo
Actuaciones
- Principal
...Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en cuyos puntos resolutivos se determinó: "Primero. Se tiene por desistido del recurso de queja interpuesto por el recurrente ***** Segundo. Se declara firme el auto recurrido." Acúsese el recibo correspondiente; glósense sólo las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes motivo del recurso de queja. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental...
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se agrega a los autos el oficio y anexo de cuenta, por medio del cual el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de México, informa el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de amparo y adjunta copia del oficio SP/VMHO/0870/2016, con el que refiere lo acredita. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, a efecto de que manifiesten lo que a su interés legal convenga, en lo atinente al cumplimiento dado al fallo protector, por parte de las autoridades responsables. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se agrega a los autos el escrito de cuenta, a través del cual **** autorizado de la parte quejosa, solicita copia certificada de la sentencia de treinta de octubre de dos mil quince en el presente juicio, así como del oficio por el cual se informó la interposición del recurso de revisión del tercero interesado por adhesión y de la sentencia dictada en el amparo en revisión 65/2016. Atento a lo anterior, con apoyo en los dispuesto en los numerales 278 y 279 del código procedimental civil invocado, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídanse a costa del promovente las copias certificadas solicitadas, previa razón que por su recibo obre en autos y una vez que las labores del juzgado lo permitan.
- Principal
ESTUDIO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Luis Enrique Salgado Castillo, por propio derecho, contra actos del: a). Autoridad responsable: Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México. b). Acto reclamado: la omisión a emitir o dar respuesta al recurso de revisión promovido por el quejoso el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dentro del expediente 504/2013, de la estadística de la responsable. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En ese orden de ideas, se advierte que se está frente a una deficiencia procesal. Acotado lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 17, 61, fracción XXIII, con relación en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. Esto es así, porque el artículo 113, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Lo anterior, pues el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que alleguen las partes. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". DESECHAMIENTO. El juicio de amparo que se intenta resulta improcedente, en atención a que se actualiza la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 170, fracción I, de la ley de la materia. En efecto, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b), interpretada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas arriba. Lo anterior, toda vez que el amparo indirecto, en tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra actos de imposible reparación. Ahora, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, aun obteniendo sentencia favorable, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante las llamadas garantías individuales o ahora, derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos. Son los que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En este sentido el Pleno y la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han emitido las jurisprudencias 189 y 175, visibles en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con los rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), 'CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Sentado lo anterior, cabe recordar que el quejoso reclama la omisión a emitir o dar respuesta al recurso de revisión promovido por el quejoso el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dentro del expediente 504/2013, de la estadística de la responsable. Sin embargo, conforme a los criterios establecidos por el máximo Tribunal del País, el concepto de acto de ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto, debe entenderse como aquel que tiene consecuencias que afectan directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías y, ahora por los instrumentos internacionales respecto de los cuales el estado mexicano sea parte; nunca en casos en que la afectación se adjetiva o procesal, toda vez que esa afectación o sus efectos no podrían ser destruidos con el solo hecho de que quien la resienta obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Así se desprende de la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Así como la sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P. LVIII/2004, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio". Por tanto, es evidente que el acto reclamado no es del que irrogan perjuicio de imposible reparación al amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. Toda vez que le corresponde a las partes dentro del proceso jurisdiccional realizar las gestiones tendientes a ejecutor lo aquí reclamado, al tener el derecho fundamental de exigir a efecto de que no se presenten dilaciones injustificadas por parte de los funcionarios judiciales. Lo anterior, se robustece con los criterios establecidos por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que más adelante se reproduce, en la que sostuvo entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación ?sostuvo el Pleno? el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. En el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones al artículo 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Ahora, el acto reclamado en la especie se considera como un acto negativo, pues se pretende demostrar la inconstitucionalidad, por parte del tribunal responsable de omitir emitir o dar respuesta al recurso de revisión promovido por el quejos el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dentro del expediente 504/2013, de la estadística de la responsable, y por ende, que no fueron respetados los términos procesales que para tal efecto consagra la Ley Federal del Trabajo. Así es, aduce la parte quejosa que la responsable ". PRESENTADO EN FECHA VEINTICUATRO DE AGOSTO DE 2016, MISMO QUE ANEXO CON EL ACUSE DE RECIBO CON SELLO ORIGINAL A LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS." Acotado lo anterior, se concluye que no obstante la data en que se depositó el escrito relativo al recurso de revisión antes referido, se estima que a la fecha no es excesivo el tiempo transcurrido sin que se dicte el acuerdo legal correspondiente, pues apenas el veinticuatro de agosto del año en curso se ingresó la misiva relativa al medio de impugnación antes mencionado, de modo que no se está ante una dilación directa y excesiva que conduzca a considerar que se trata de una vulneración franca al derecho de acceso a la justicia a favor de la parte quejosa, sino que en todo caso dicha parte procesal puede realizar gestiones ante la responsable para que cumpla su cometido e incluso esta dilación, por ahora, no es de imposible reparación porque puede sobrevenir el dictado del acuerdo legal conducente. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Estas consideraciones, encuentran apoyo en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. (10a. Época; 2a. Sala; Semanario Judicial de la Federación; 2a./J. 48/2016 (10a.))" En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 113, 170, fracción I, del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1086, cuyo contenido estatuye: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Asimismo, como referencia orientadora se debe tener en cuenta lo establecido por la Ley de Amparo, en su artículo 92, por el que hace a alusión al término para emitir la resolución respectiva de noventa días, plazo que se debe tomar como referencia del tiempo que debe transcurrir para la emisión de una sentencia, de ahí que atendiendo a las cargas de trabajo del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, para el dictado de su determinación, es que se estima que aún no ha transcurrido en exceso un plazo para que dicte la resolución respectiva. De igual manera, robustece el criterio jurídico asentado en los párrafos precedentes, el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, dentro del recurso de queja Q.T. 65/2016, de su estadística, en el que refiere lo siguiente: "(.)Sin embargo, no asiste razón jurídica al quejoso porque en los términos que lo expresa, no puede considerarse que exista una abierta dilación; es decir, de carácter clara, patente, indudable y; por tanto, excesiva, ya que al tomar como referencia o criterio de valoración el lapso de cuarenta y ocho horas con que cuenta legalmente la autoridad para emitir el acuerdo correspondiente, la inactividad de la responsable habría excedido tal lapso sólo en un rango de siete días hábiles; lo que es insuficiente para sostener preliminarmente que la violación de la que el quejoso se dice afectado se ubica en el caso de excepción a la regla general para la procedencia del amparo indirecto, determinada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.). Lo anterior es así, tomando en consideración que como se señaló, el escrito que aún no había sido acordado, fue presentado ante la oficialía de partes de la autoridad señalada como responsable, el diez de mayo de dos mil dieciséis, por lo que atendiendo a las cuarenta y ocho horas con que cuenta legalmente la responsable para emitir el acuerdo correspondiente, resulta que ese plazo feneció el trece de mayo del año en curso; de ahí que si la demanda de amparo fue presentada el veintiséis de mayo del mismo año, únicamente habían transcurrido siete días hábiles de posible dilación en la emisión del acuerdo correspondiente, tomando en consideración que los días catorce y quince de mayo de dos mil dieciséis son considerados inhábiles por ser sábados y domingos, atendiendo a lo establecido en los artículos 23 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el diverso 715 de la Ley Federal del Trabajo; razón por la que se considera en el plano de posible procedencia de la petición de derechos humanos que no existe una potencial y abierta dilación del procedimiento, ni tampoco una paralización total que genere la procedencia del juicio de amparo contra esa omisión. En efecto, a juicio de este Órgano Colegiado, el plazo de siete días hábiles a que se ha hecho referencia de una posible demora, no es excesivo por constituir una fecha cercana entre la presentación del escrito del que no se tiene noticia que se haya emitido pronunciamiento alguno y la promoción del juicio de amparo ante el Juez de Distrito, de modo que se estima prudente por no ser un caso en el que se evidencie una abierta dilación que en su caso pudiera determinar la admisión del juicio de amparo por una posible vulneración de derechos humanos. Asimismo, resulta necesario precisar que no es factible considerar el tiempo que transcurrió hasta la fecha en que los disconformes interpusieron el recurso que se resuelve, pues la existencia del acto reclamado debe apreciarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Libro Núm. 79, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que establece: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". No es obstáculo para pronunciarse así, lo que alega el recurrente en el sentido de que presentó promoción el diez de mayo de dos mil dieciséis, solicitando a la responsable dictara auto de requerimiento de pago y es el caso que hasta la fecha de la presentación de la demanda de garantías, ocurrida el veintiséis de mayo, también de dos mil dieciséis, había transcurrido con exceso el término legal que para tal efecto establece el Código Burocrático y Ley aplicada supletoriamente, por lo que lo señalado por el juzgador es incorrecto. Esto es así, porque el sentido y alcance de la afectación que se genera con motivo de una violación como la que se analiza, debe valorarse y delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, del Libro 1, correspondiente a diciembre de 2013, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto que en seguida se transcribe: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Asimismo, resulta necesario precisar que la omisión que impugna el recurrente, tampoco resulta un acto que se considere de imposible reparación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, ya que la propia Ley Federal del Trabajo prevé un mecanismo para regularizar las deficiencias que se adviertan durante la substanciación del juicio laboral, específicamente en el artículo 618, fracciones VII y IX, Ley Federal del Trabajo, que establece: "Artículo 618. Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y facultades siguientes: (.) VII. Informar al Presidente de la Junta de las deficiencias que observen en su funcionamiento y sugerir las medidas que convenga dictar para corregirlas; y (.) IX. Las demás que les confieran las Leyes.". Es decir, del artículo trascrito se concluye que si durante el desarrollo del proceso acontece alguna irregularidad, existe la posibilidad legal de que la propia autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la deficiencia que le es sometida a su conocimiento, por lo que si en el caso concreto, no se advierte que la parte recurrentes haya agotado el citado mecanismo, la omisión de acordar el escrito referido, no constituye un acto de imposible reparación que haga procedente el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 732 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por otra parte, el recurrente argumenta que le agravia el desechamiento de la demanda, pues la Garantía de Acceso a la Impartición de Justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece diversos principios que la integran, a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, como lo es el acordar en el caso concreto el auto de requerimiento de pago y embargo; en el mismo sentido la "garantía a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la constitución política de los estados unidos mexicanos", prevé el derecho público subjetivo que toda persona tiene, para que dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, pueda acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Este agravio resulta infundado, pues como se señaló, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, y que concluyó con la emisión de la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.); en esencia determinó que las violaciones acaecidas dentro del procedimiento, respecto de las que se alega la transgresión a los artículos 8º, 14 y 17 constitucionales, como son, la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, por sí mismas, por lo general, no se consideran como de ejecución irreparable, y por tanto no afectan materialmente derechos sustantivos; salvo que se traduzcan en una abierta dilación del procedimiento o en su paralización total. Por lo que, como se precisó en párrafos precedentes, en el plano de posible procedencia de la petición de derechos humanos, la omisión que constituye el acto reclamado, no constituye una potencial y abierta dilación del procedimiento, ni tampoco una paralización total que genere la procedencia del juicio de amparo contra esa omisión; de ahí que contrario a lo alegado por el recurrente, la omisión reclamada no vulnera derechos sustantivos al no constituir una abierta dilación del procedimiento o en su paralización total." DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción II, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. De acuerdo a la reforma del artículo 12 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio del año en curso, se tiene por autorizados en términos amplios a las personas respecto de las cuales se haya cumplido con los extremos previstos en su segundo párrafo; es decir, aquellas que acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y se hayan proporcionado los datos correspondientes. De igual forma, se autoriza en términos restringidos a las mencionadas si no se cumplió con dichos requisitos, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectúen dichas acotaciones SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. PROTECCIÓN DE DATOS. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda su solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testaran las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. SISTEMA ELECTRÓNICO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. Finalmente, se ordena comunicar a las autoridades responsables que las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente juicio se les practicarán por medio de lista, que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, acorde con el criterio jurisprudencial que enseguida se cita, salvo aquéllas que, por su trascendencia, se les deban notificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la ley en cita, a saber, mediante oficio. Sustenta por su contenido la anterior determinación, la jurisprudencia 176/2012, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."
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