Luis Enrique Ramírez Ríos

Expediente 1497/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1497/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Luis Enrique Ramírez Ríos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto al quejoso, ya que fue a éste a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; una vez que transcurran tres años de archivado el presente expediente, es susceptible de ser destruible, ya que se sobreseyó en el juicio en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en la misma temporalidad, toda vez que se negó y se quedó sin materia la suspensión definitiva, sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Sentencia Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo número 1497/2023-II-B; promovido por +++++, por propio derecho, y, Resultando Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el cinco de julio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco; +++++ solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades siguientes: II. AUTORIDADES RESPONSABLES: Se señala con ese carácter la siguiente: Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea en el Estado de México. Titular de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de México. Titular del Departamento de Policía de Investigación del Estado de Tlaxcala. IV.- ACTOS DE LA AUTORIDAD QUE SE RECLAMAN: A) De la autoridad responsable señalada con el número uno, reclamo que se giró orden de aprehensión en mi contra, manifestando bajo protesta de decir verdad que no he cometido algún hecho con apariencia de delito, por lo que se genera dicho acto de molestia, manifestando que ignoro si existe número de causa penal y/o carpeta de investigación, así mismo manifiesto bajo protesta de decir verdad que en ningún momento el quejoso ha promovido algún amparo, toda vez que se podría tratar de un homónimo B) De las autoridades señaladas como responsables con el número dos y tres, reclamo la inminente ejecución de la orden de aprehensión en contra del quejoso, toda vez que no he cometido delito alguno por el cual se debe ejecutar la orden de aprehensión en mi contra y con el fin de privar de mi libertad personal. Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 del Pacto Federal. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por cuestión de turno, correspondió del conocimiento del asunto al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, que por auto de siete de julio de dos mil veintitrés, lo radicó con el número 924/2023, y admitió a trámite el juicio de amparo, se señaló fecha de audiencia, se requirió el informe de ley y se ordenó dar vista al Ministerio público adscrito. TERCERO. Audiencia constitucional. Seguido el trámite del asunto el ocho de septiembre de dos mil veintitrés se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia, en la que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, determinó carecer de competencia legal para resolver el juicio de amparo, por lo que declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en turno, al estimar que los actos reclamados tiene ejecución en el territorio donde ejerce competencia. CUARTO. Segunda radicación e incompetencia. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, que lo radicó con el número 1477/2023 y en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 1477/2023-VII, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, se declaró legalmente incompetente por conocimiento previo y declinó el asunto a este órgano jurisdiccional, al estimar que se actualiza el conocimiento previo, en virtud de que previamente se conoció del juicio de amparo 914/2023-II-A del propio índice. QUINTO. Aceptación de conocimiento previo. Mediante auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, este juzgado se avocó al conocimiento del asunto, que lo registró bajo el número 1497/2023-II-B, se dio vista al Agente del Ministerio Público adscrito, se convalidaron las actuaciones del homólogo federal y se ordenó notificar la radicación del asunto a las partes. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una determinación emitida por una autoridad del orden penal que puede tener ejecución en el ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, página 255, con número de registro 181810, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" Así, del análisis integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos, se concluye que lo que se reclama de la Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Estado de México, del titular de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de México y del Titular del Departamento de Policía de Investigación del Estado de Tlaxcala, es: La orden de aprehensión especializada ++++, derivada de la carpeta administrativa +++++y su ejecución. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez responsable, pues al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama. Al respecto, resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, tomo XIII, página 775 y registro digital 811057, que a la letra se integra de la siguiente forma: "INFORME JUSTIFICADO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado." Por su parte, el Titular del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuyó conforme a sus facultades; sin embargo, toda vez que la Juez ordenadora aceptó la emisión de la orden de aprehensión, debe hacerse extensiva y tenerse por ciertos los actos de ejecución. A lo antes expuesto, tiene aplicación por analogía la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, con registro electrónico 227890, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo III, segunda parte-1, enero-junio de 1989, materia común, página 56, que a la letra señala: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." Y respecto al Titular de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de México, no rindió su informe justificado, no obstante de estar debidamente notificado para ello; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se le tiene por cierto el acto que se le atribuye. Certeza que, además, se corrobora con las constancias que la Juez responsable envió como complemento a su informe justificado, particularmente con la solicitud y con la resolución de orden de aprehensión, extraídas del Sistema de Gestión Judicial Penal (SIGEJUPE) del Poder Judicial del Estado de México; constancias que tienen el carácter de documentos públicos; motivo por el que adquieren valor pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, párrafo segundo, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, Tomo VI, página 153 y registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia alegadas por las partes o advertidas de oficio por este Juzgador en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)" Lo anterior es así, pues el acto reclamado en esta vía constitucional, ya fue motivo de análisis en diverso juicio de garantías, por lo que es inconcuso que aquél está revestido de la autoridad de cosa juzgada formal y, por ende, son irrecurribles e inmodificables, en tanto que lo ya resuelto es indiscutible, de tal manera que ni este Juzgado, ni alguna otra autoridad jurisdiccional puede pronunciarse nuevamente acerca de lo decidido de manera jurisdiccional en definitiva. Ello, en razón del principio non bis in idem (nadie puede ser juzgado o condenado por los mismos hechos en dos juicios), emanado de esa cosa juzgada. Para demostrar lo anterior, en el caso se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 1285/2022-I-A, del índice de este Juzgado, el cual resulta hecho notorio para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Juicio de amparo 1285/2022-I-A Juicio de amparo 1497/2023-II-B Parte quejosa: +++++ Parte quejosa: +++++ Autoridad responsable: Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Estado de México. Autoridades responsables: Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Estado de México. Titular de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de México. Titular del Departamento de Policía de Investigación del Estado de Tlaxcala. Acto reclamado: La orden de aprehensión especializada +++++, librada en su contra relacionada con la carpeta administrativa +++++. Acto reclamado: La orden de aprehensión especializada +++++, librada en su contra relacionada con la carpeta administrativa +++++. Del cuadro que antecede, se concluye que el acto que por esta vía se reclama fue materia de estudio en el juicio de amparo 1285/2022-I-A, del propio índice; por tanto, no pueden ser objeto de análisis en nuevo juicio de amparo. De ahí que, este juzgado de Distrito se encuentra imposibilitado legalmente para abordar el estudio de un acto cuya legalidad se analizó con anterioridad y que constituye cosa juzgada. Esto es así, porque no se debe soslayar que la finalidad que se busca en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evitar la emisión de sentencias contradictorias y, especialmente, obtener el respeto de la cosa juzgada, que podrían vulnerarse si se promovieran tantos juicios de amparo al libre arbitrio del quejoso, en contra de un mismo acto, contrario a lo consagrado en la garantía constitucional de seguridad jurídica, lo cual conduce a sobreseer en el juicio de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la legislación invocada. Máxime que, el principio de cosa juzgada impide analizar nuevamente los actos reclamados y evitar sentencias contradictorias; en efecto, en términos generales, evitar la duplicidad de procedimientos cuando en el primero de ellos se resuelve una cuestión jurídica, y para que surta efectos en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto y aquel en que ésta sea invocada, concurran identidad de cosas, causas y personas de los litigantes, así como la calidad con que contendieron; aunado a que en el caso concreto, existe identidad de causa y no puede negarse la influencia que ejerce la cosa juzgada del pleito anterior sobre el presente. Al respecto, resulta aplicable la tesis de la otrora Cuarta Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 181-186, Quinta Parte, página 11, registro 242749, de rubro y texto siguientes: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE SON CONSECUENCIAS LEGALES DE LO RECLAMADO EN UN JUICIO DE GARANTIAS ANTERIOR. Si los actos que se reclaman en el amparo son los derivados o consecuencias legales de los combatidos en un juicio de garantías anterior, que ya ha sido resuelto, el caso se halla comprendido en la causal de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo que determina el sobreseimiento, de acuerdo con la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento legal, y dicha improcedencia comprende tanto a los interesados en el juicio del que deriva el acto reclamado como a los extraños al mismo." En ese orden, al quedar demostrado que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por tratarse de actos que han sido materia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso en contra de la misma autoridad responsable ordenadora y por el propio acto reclamado, que además ya ha sido materia de ejecutoria; en consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo. El sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios. Atento a los razonamientos vertidos en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa. Es aplicable a lo antes vertido, la tesis II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 70, Octubre de 1993, Página: 57, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En similares términos se resolvió el diverso juicio de amparo 914/2023, del índice de este juzgado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 74, 75, 76, 78, 79, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por L+++++, contra los actos que reclamó del Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Estado de México y otras autoridades, consistente en la orden de aprehensión especializada +++++, relacionada con la carpeta administrativa +++++, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Actuario judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual acusa recibo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto que desechó la demanda de amparo, el cual se registró con el número ********************, de su índice, asimismo, solicita se vinculen las constancias de notificación al expediente electrónico del auto de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. De la radicación del recurso de queja antes referido, este Juzgado toma conocimiento; asimismo, se instruye al actuario adscrito a este juzgado federal, para que verifique la integración de las notificaciones al expediente electrónico particularmente la del auto recurrido, para los efectos legales que haya lugar. Finalmente, se hace del conocimiento que el suscrito es consciente que el paro de labores de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación generó un impacto en la administración de justicia; por lo que, atento a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género, que rigen la carrera judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 100, en relación con el 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tomarán las medidas correspondientes, a fin de subsanar el retraso ocasionado. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, once de octubre de dos mil veintitrés. Intégrese el oficio enviado por la Secretaria del Juzgado tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, mediante el cual, en atención a la solicitud de cuatro de octubre de este año, informa que el expediente 924/2023-VII de su índice, se encuentra disponible para relacionarlo con el juicio de amparo en que se actúa, circunstancia de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, envía los acuses de recibo de la resolución interlocutoria solicitados, por tanto, glósense al cuaderno incidental.

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