Luis Enrique Manzano Chávez

Expediente 1246/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1246/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • Luis Enrique Manzano Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, y en atención a lo que solicita su contenido, dígasele que el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, fue recibido el oficio 6711 y sus anexos; asimismo, infórmese que mediante proveído de veintidós siguiente, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto y desechó la demanda de derechos, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el precepto 104, fracción IV, de la Ley de Amparo; en tanto que el diez de los actuales se ordenó el archivo del presente juicio. Notifíquese por oficio a la autoridad oficiante. Así lo acordó y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexos enviado por la autoridad responsable, encargado de Despacho de la Subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado de Sonora, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Atento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la presente notificación, exprese lo que a su interés legal convenga, transcurrido ese plazo, este juzgado se pronunciará sobre tal cumplimiento, con base en los elementos existentes en autos y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Se interpone recurso de queja. Agréguese a los autos el recurso de queja que hace valer Luis Enrique Manzano Chávez, apoderado legal de los quejosos Ana Cristina Gallegos Aguilar y Óscar Trujillo Bayón, contra el acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo dicho medio de impugnación. En su oportunidad, remítase copia certificada del presente asunto al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original y copia del escrito de expresión de agravios. Información de contacto y autorizados. En cuanto al señalamiento de correos electrónicos y números telefónicos para cuestiones no procesales; dígasele que deberá de estarse a lo acordado en proveído de veintidós de octubre actual. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado; al igual que las personas que menciona para ese único efecto. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "LUISMANZANO", el acceso al expediente electrónico para su consulta, así como para recibir notificaciones vía electrónica. Ilustra lo anterior el criterio I.1o.P.34 K (10a.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." En este apartado, debe precisarse que no se soslaya el señalamiento que realiza la parte promovente, en el sentido de proporcionar domicilio para oír y recibir notificaciones; sin embargo, dígasele que no es jurídicamente factible establecer dos vías para que le notifiquen las determinaciones dictadas en el presente sumario, a saber, a) las que pueden hacerse personalmente en el domicilio señalado para tal fin; y, b) la vía electrónica, al haber señalado el usuario de referencia, pues ello generaría incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del presente juicio de derechos, ya que precisar las dos vías para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" -electrónica- surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley de la materia. Además, atendiendo a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 subsiste como un peligro para la salud de todas y todos, se toman en cuenta las diversas medidas de sana distancia establecidas en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender dicha emergencia sanitaria, emitido por la Secretaria de Salud y publicado por el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, razón por la cual debe privilegiarse la actuación vía electrónica, a fin de evitar el contacto persona-persona, lo que implica, entre otras cuestiones, la sana distancia entre los intervinientes, con el fin de mitigar el brote y propagación del virus. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta firmado por la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, mediante el cual informa que dicho órgano colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver la demanda de amparo promovida por Luis Enrique Manzano Chávez, apoderado de legar de los quejosos Ana Cristina Gallegos Aguilar y Óscar Trujillo Bayón. Acúsese de recibo el oficio de cuenta y provéase lo siguiente: 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito y anexos de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo a "Registro de Juicios de Amparo". 2. Se desecha demanda de derechos. Del análisis de la demanda se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de diez de agosto de dos mil veintiuno, dictada por la Segunda Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, en el toca civil 2/2020, de su índice, mediante la cual se confirmó el auto aprobatorio de remate de siete de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio hipotecario 412/2015, del índice del juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, lo que se corrobora con los autos del toca civil que fueron remitidos por el tribunal colegiado, por lo que se advierte que el juicio está en etapa de ejecución, concretamente la de remate. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. En el juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El juicio de amparo procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." De los preceptos legales transcritos se observa con claridad, que uno de los supuestos de procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta es contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o laborales que se emitan fuera de juicio o después de concluido. Luego, si por regla general un juicio comienza con la presentación de la demanda y culmina con el dictado de la sentencia, las determinaciones emitidas antes de dicha presentación o después de la emisión del fallo podrán reclamarse en la vía indirecta, siempre y cuando se cumpla con los requisitos adicionales que la legislación de amparo establece. Sin embargo, tratándose de la etapa de ejecución de sentencia o de remate de los bienes embargados en la controversia de origen, la Ley de Amparo menciona requisitos adicionales para la procedencia del juicio constitucional. En efecto, por "última resolución dictada en el procedimiento de respectivo" deberá entenderse como la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a dicho fallo, o bien, las que ordenan el archivo definitivo del expediente; es entonces cuando se deberán reclamar las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución. En consecuencia, las tres resoluciones que pueden constituir tal supuesto: a) la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; b) la que declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a lo sentenciado; y, c) la que ordena el archivo definitivo del expediente. En ese sentido, es claro que en cada caso habrá que determinar si se está o no frente a la última resolución de alguno de esos procedimientos a fin de decidir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Por otra parte, tratándose de actos dentro del procedimiento de remate opera una regla similar, pues se establece que únicamente podrá reclamarse la última resolución emitida en esa etapa, en el entendido que será la que, de manera definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En este caso también podrán invocarse las violaciones procesales respectivas. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, que conforme al artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate -hipótesis que acontece en particular-, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Sin embargo, destacó que se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Por tanto, sostuvo que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado, es decir, mencionó que la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate. Asimismo, al resolver la diversa contradicción de tesis 29/2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio en el sentido de que la interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquélla que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. Señaló que en la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Circunstancia que refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Así, el Alto Tribunal destacó que en lo que ve al procedimiento de remate la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura, momento en el cual el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo. En el caso, si bien la resolución reclamada contiene la confirmación del auto dictado por el referido juez, en el que aprueba el remate realizado en el juicio de origen, lo cierto es que, dada la dinámica de los procedimientos de remate, debe distinguirse cuál es la última resolución dictada en la etapa en mención, por lo que la aprobación del remate practicado en el toca civil de origen no constituye el mandamiento definitivo que haga procedente la acción constitucional. En esa tesitura, es evidente que el juicio de amparo que nos ocupa resulta notoriamente improcedente, al actualizarse la causa a que se refieren los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos, de la Ley de Amparo y, por tanto, en términos del artículo 113 del ordenamiento en cita, procede desechar la demanda de amparo. 3. Información de contacto. Se hace la acotación que la parte quejosa señaló para cuestiones no procesales los correos electrónicos y los números telefónicos indicados en el ocurso que se atiende. 4. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta 5. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado; al igual que las personas que menciona para ese único efecto. 6. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 9. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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