Luis Enrique Lio Llamas

Expediente 258/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
258/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Luis Enrique Lio Llamas
  • Alberto Chavarín Macías
  • Luis Enrique Lio Llamas y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Auto. En Hermosillo, Sonora, ocho de junio de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, de donde se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negó la medida cautelar definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, ocho de junio de dos mil veintidós.********************Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio.********************En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria.********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años.********************Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente.********************Incidente de suspensión. Acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión, en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales.********************Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.********************Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del veinte de mayo de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da cuenta al juez con el estado de autos, de los que se advierte que el plazo otorgado a la parte quejosa mediante acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, relativo a la inexistencia de la señalada como responsable, denominada "Comandante de la Policía Estatal Investigadora", transcurrió del diecinueve al veintiuno de abril del año en curso, sin que se hiciera manifestación alguna al respecto. El juez acuerda: Se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de referencia y se deja de tener como responsable en el presente juicio a la señalada como tal, mencionada con antelación, por lo que se ordena suspender en lo sucesivo cualquier comunicación con la misma. Acto seguido, el secretario realiza una relación de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la lectura de la demanda y las constancias de notificación del auto inicial de la totalidad de las partes -quejosa, autoridades responsables y fiscal federal adscrito-, así como con los informes justificados rendidos por el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, encargado del Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora, Dirección General de Transportes y secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora, todos con residencia en esta ciudad. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para imponerse de los citados informes justificados y ofrecer pruebas de su interés. El juez acuerda: téngase por realizada la relación de constancias y certificación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto seguido, se apertura la etapa de pruebas, y el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por el quejoso con su demanda. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Al no haber más pruebas que desahogar, se cierra esta etapa. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para formular los alegatos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución: Vistos; para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 258/2022-A-I, promovido por Luis Enrique Lío Llamas y otros, contra los actos atribuidos al secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y otras autoridades; y, R e s u l t a n d o: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en el buzón oficial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta Ciudad, y remitido a este juzgado de Distrito, por razón de turno, el día siguiente hábil, Luis Enrique Lio Llamas, Rubén Díaz Lugo, Alberto Chavarín Macías, Enrique López Vázquez, José Gilberto Rascón Roque, Martín Flores Núñez, Oscar Alberto Díaz Lugo, Claudia Sánchez González, Eréndira Mercedes Chavarín Macías, Francisco Javier Gil Apodaca, Luis Carmona Mendoza, César Valenzuela Salas, Alicia Nápoles Padilla, Juan José Sarabia Ojeda y Carlos Ernesto Moreno Gonzalez, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de actos que se precisarán con posterioridad, reclamados a las siguientes autoridades señaladas como responsables: Autoridad ordenadora: Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. Autoridades ejecutoras: Encargado del Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora. Dirección General de Transportes; y, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora. Todos con residencia en esta ciudad Mediante acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós, este juzgado radicó la demanda con el número de juicio 258/2022-A-I, y en ese propio acuerdo requirió a la parte quejosa para que dentro de un plazo de cinco días, exhibiera tres copias más de los anexos adjuntos a la demanda, para correr traslado a las partes; a lo cual dieron cumplimiento los quejosos mediante escrito presentado el nueve de marzo de este año. De esa manera, la demanda se admitió a trámite mediante acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós; se pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio al representante social de la federación adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento alguno y, habiéndose señalado fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, dio inicio en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia, al tenor de los siguientes: C o n s i d e r a n d o s: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugnan actos de autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados a las autoridades responsables: A). De la autoridad ordenadora, el decreto firmado y acordado por el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, de dos de febrero de dos mil veintidós, publicado el día tres de ese mes y año, en el Boletín Oficial del Estado (Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Sonora, Secretaría de Gobierno Boletín Oficial y Archivo del Estado); en el cual se determinan los lineamientos para la emisión de permisos eventuales del Servicio Público de Transporte en el Estado de Sonora; y, De las ejecutoras: la publicación del decreto y la orden de detención de los vehículos de los quejosos, que les impide el desempeño de su actividad de transporte público de alquiler a particulares, por lo ordenado en el decreto reclamado. Lo anterior, lo reclaman los quejosos bajo el argumento de que se dedican a la explotación del servicio público de transportes de alquiler, en el municipio de Guaymas, Sonora y acuden al amparo con motivo de que refieren la existencia de órdenes de detención de sus vehículos. III. Inexistencia de actos combatidos La autoridad responsable secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora, quien rindió informe justificado por conducto del coordinador General Jurídico de dicha secretaría, negó categóricamente la existencia del acto que le reclaman los quejosos (fojas 137 y 138). Con el contenido del informe justificado de que se trata, se dio vista durante el trámite del sumario a la parte quejosa, con la oportunidad suficiente a efecto de que tuviera conocimiento de su contenido y pudiera estar en aptitud de desvirtuar tal negativa, conforme lo establece el numeral 117 de la Ley de Amparo, sin que ofreciera prueba alguna en contrario que contradijera la respectiva negativa de la autoridad responsable. Se afirma lo anterior dado que, si bien, el quejoso exhibió con su demanda diversas documentales; y no obstante que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°, no son aptas para desacreditar la negativa expuesta de las responsables, dado que del contenido de dichas constancias no se prueba ni aún indiciariamente la existencia de una orden de detención y/o su ejecución en contra de los quejosos o de sus vehículos, por parte de la autoridad responsable que nos ocupa. Es así, pues a lo sumo con las documentales exhibidas, solo pudiera derivarse características y datos de permisos eventuales para la prestación de la actividad que realizan los peticionarios, así como datos y características de algunos vehículos y sus pólizas de seguro respectivas, empero, de ninguno de esos documentos se desprende la existencia por parte de la responsable que nos ocupa, de los actos que se le reclaman. En consecuencia, lo procedente en el caso es sobreseer al respecto en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Certeza de diverso reclamo constitucional Resulto cierto el reclamo que los quejosos le hacen a las autoridades responsables secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, al encargado del Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora y a la Dirección General de Transportes, con residencia en esta ciudad. Lo anterior, no obstante que la mencionada en último término lo niegue, dado que tal negativa se desvirtúa al efectuar la lectura íntegra de su informe justificado, pues la responsable hace referencia a la aplicación de la ley de la materia en relación con los permisos de los quejosos, de los cuales dice, no se encuentran vigentes; de ahí, que es dable desvirtuar la negativa y tenerle por cierto lo reclamado por los quejosos. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391 del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". De igual forma, se cita la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, localizable en la página 15 del Volumen 181-186 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACIÓN SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equipararse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido." Análisis de causal de improcedencia Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados deben examinarse las causas de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el particular, la directora General de Transporte del Estado de Sonora, hace manifestaciones relativa a que los quejosos carecen de interés jurídico para instar el juicio de amparo en la forma que lo realizan, lo que implica la expresión de una causal de improcedencia, que este juzgador considera fundada. En efecto, los quejosos acuden a esta instancia constitucional aduciendo que son permisionarios que se dedican a la explotación del servicio público de transportes de alquiler en el municipio de Guaymas, oponiendo como reclamo el decreto que determina los lineamientos para la emisión de permisos eventuales del Servicio Público para otorgar Permisos Eventuales del Servicio Público de Transporte en el Estado de Sonora; decreto que fue firmado y acordado por el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, argumentando al respecto los quejosos, que con motivo del mismo, los agentes de policía y tránsito municipal, impiden la libre circulación de sus vehículos como servicio de alquiler, pues al no mostrarles el permiso para conducir se han emitido órdenes tendentes a la detención de los vehículos, y se les apercibe con levantamiento de infracciones y de recogerles los vehículos para su encierro en el corralón de depósito, más el cobro del derecho de piso, arrastre, ejecución y embargo. Por tanto, si los quejosos comparecen al presente juicio de garantías reclamando el decreto que contiene los lineamientos para la emisión de permisos eventuales del servicio público de transporte y lo reclaman con motivo de la detención de vehículos de la que dicen ser objeto, entonces, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, deben previamente acreditar los derechos vigentes para ejercer la actividad del servicio público de transporte al momento de la emisión del decreto, esto es, al tres de febrero de dos mil veintidós, lo que otorgará certeza a esta autoridad de que efectivamente les fueron afectados derechos al ejercer su actividad, con violación de sus garantías constitucionales. Sin embargo, al respecto este juzgador considera que la parte quejosa no cumple con lo anterior, por lo que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, sobre el particular, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" En tanto, que el diverso artículo 5, dice: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" Conviene también referir que del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emana lo relativo al interés (jurídico y legítimo), que debe acreditar la parte solicitante de la tutela constitucional para hacer procedente la acción de amparo intentada. Dicho precepto señala lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Según lo dispuesto en la disposición constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho; asimismo, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, es un requisito de procedibilidad que el quejoso ostente un derecho subjetivo. Tales requisitos guardan íntima relación con el principio de afectación personal y directa que rige en el juicio de amparo, y que vistos en su conjunto, permiten afirmar, en lo que aquí interesa, que cuando se reclama un acto o resolución emitida en un procedimiento seguido ante una autoridad distinta a la judicial o jurisdiccional, su procedencia está sujeta a que se cause un agravio personal y directo a la parte que solicita la protección constitucional, por estimar que es titular de un derecho. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el interés jurídico es la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho y se refiere a la titularidad de los derechos afectados por el acto reclamado, de manera que el sujeto afectado solamente en sus derechos puede acudir al juicio de amparo, tal como consta en la tesis del Pleno del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 64, Primera Parte, página 68, del rubro y texto siguiente: "INTERES JURIDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." Esto es, el interés jurídico está en relación directa con el derecho subjetivo afectado y la parte promovente del juicio de amparo es quien debe ser el titular de tal derecho. Además, tal institución jurídica debe acreditarse fehacientemente para efectos del juicio de amparo, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad; ello conforme a los criterios emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de la anterior Tercera Sala del mismo Máximo Tribunal, en la jurisprudencia 2a./J. 16/94 y la tesis aislada XXV/89, ambas de la Octava Época, de los siguientes rubros: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." "INTERÉS JURÍDICO. DEBE ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Al establecer los artículos 4o, 76 y 80 de la ley de Amparo, respectivamente, el principio de instancia de parte agraviada, el de particularidad de la sentencia de amparo que prohíbe hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existe la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que, en principio, no les causen ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos de la Ley de Amparo." Ahora, en lo que interesa, por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; es decir, la afectación a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Conforme a lo anterior, tiene interés jurídico únicamente la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, entendiéndose como el perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, pues eso es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Lo anterior significa, que el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente en sus derechos un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado en la esfera del particular, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación, de lo que se deriva fundamentalmente que: El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo vigente derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse necesariamente con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y, Ese interés debe estar plenamente probado en el juicio de amparo para así estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. En ese tenor, la comprobación del interés jurídico debe estar vinculada directamente con el bien o derecho que se dice afectado, y con el carácter con que acude la parte quejosa al juicio de amparo. Ahora bien, en el caso particular, los quejosos, aducen ser permisionarios eventuales para explotar el servicio público de transportes de alquiler en el municipio de Guaymas, Sonora, por lo que impugnan el decreto publicado el tres de febrero de dos mil veintidós, que determina los lineamientos para la la Emisión de Permisos Eventuales del Servicio Público de Transporte en el Estado de Sonora; firmado y acordado por el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. Pues bien, siendo los quejosos unas personas que se ostentan como permisionarios con permiso eventual para explotar el servicio público de transportes de alquiler, quienes reclaman el decreto mencionado, con motivo de las órdenes de detención, e infracciones de los vehículos de los quejosos; por tanto, es necesario que los solicitantes acrediten la titularidad vigente de los permisos para explotar el servicio público de transportes de alquiler en el municipio de Guaymas, Sonora, para defender el derecho que exigen les sea respetado mediante el presente juicio de amparo, a fin de que puedan realizar la actividad que refieren relativa a la explotación del servicio público de transportes de alquiler; esto es, deben demostrar fehacientemente que al menos a la fecha de publicación del decreto que impugnan, contaban con un permiso vigente para explotar el servicio público de transportes que genere a su favor el derecho que defienden; lo cual no acontece en el presente caso. Es aplicable al anterior razonamiento y en lo conducente la jurisprudencia 1/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de Febrero de 2002, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Para demostrar el derecho que les asiste para impugnar los actos que oponen en su demanda los quejosos exhibieron los siguientes documentos, en copias fotostáticas, relativos a permisos eventuales, expedidos por la Dirección General de Transporte del Gobierno del Estado: Nombre del quejoso Fecha de expedición del permiso (en el año 2021) Fecha de vigencia Luis Enrique Lio Llamas 07 de septiembre 06 de noviembre de 2021 Rubén Díaz Lugo 16 de junio 15 de agosto de 2021 Alberto Chavarín Macías 07 de septiembre 06 de noviembre de 2021 Enrique López Vázquez 15 de junio 14 de agosto de 2021 Carlos Enrique Verdugo López 07 de septiembre 06 de noviembre de 2021 José Gilberto Razcón Roque 15 de junio 14 de agosto de 2021 Martín Flores Núñez 16 de junio 15 de agosto de 2021 Óscar Alberto Díaz Lugo 25 de agosto 24 de octubre de 2021 Claudia Sánchez González 07 de septiembre 06 de noviembre de 2021 Eréndira Mercedes Chavarín Macías 07 de septiembre 06 de noviembre de 2021 César Valenzuela Salas 07 de septiembre 06 de noviembre de 2021 Juan José Sarabia Ojeda 25 de agosto 24 de octubre de 2021 Luis Carmona Mendoza 07 de diciembre de 2020 5 de febrero de 2021 Francisco Javier Gil Apodaca 18 de junio 17 de agosto de 2021 Alicia Nápoles Padilla 07 de septiembre 06 de noviembre Asimismo, los quejosos exhibieron diversas documentales (en copias fotostáticas) relativas a los pagos de dichos permisos eventuales y carátulas de pólizas de los vehículos en los que prestan el servicio público de alquiler. Las anteriores probanzas se valoran en términos de lo dispuesto en los arábigos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º. No obstante, como se adelantó, en el particular se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, relacionado con el diverso 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, pues con tales probanzas los quejosos no acreditan el interés jurídico para controvertir los actos que reclaman, pues no se prueba que a la fecha de publicación del decreto impugnado tuvieran permisos vigentes para explotar el servicio público de transportes de alquiler. Es así, pues como se observa en el contenido de los documentos exhibidos y, especialmente, los que se relacionaron en el cuadro ilustrativo plasmado con antelación, las vigencias de los permisos con los que acudieron a esta instancia constitucional los peticionarios, vencieron con anterioridad a la fecha de publicación del decreto controvertido -tres de febrero del año en curso-, por lo cual, al promover la demanda de amparo -veinticinco de febrero pasado-, los quejosos no contaban con interés jurídico para impugnar los actos que aquí reclaman. Así se considera y, más aún, que a la fecha en la que se resuelve este asunto, la parte quejosa no acreditó siquiera que hubiere realizado trámites para mantener la vigencia de los permisos eventuales, pues no acompañó constancia fehaciente de que dichos permisos hubieran sido renovados por autoridad competente a la fecha del vencimiento de su vigencia. De ahí que, las pruebas valoradas, son insuficientes e ineficaces para demostrar que la parte disidente se ubica en el supuesto normativo que el decreto reclamado regula. Ello, toda vez que únicamente pudiera deducirse con esos documentos, relacionándolos con las restantes constancias, los datos y características de los vehículos que los quejosos refieren dedicar al servicio público de alquiler y que se les otorgó un permiso temporal de transporte de alquiler en la modalidad de pasaje, que actualmente no tiene vigencia, y respecto de los cuales no se acreditó que hubieren realizado trámites para mantener tal vigencia a la data de su conclusión. Por lo que, al no quedar demostrado con medio probatorio alguno que la parte quejosa a la fecha siga teniendo permisos vigentes del servicio de transporte de pasajeros, o en su caso, que se hubiere autorizado el trámite de prórroga de dichos permisos, el decreto reclamado no afecta su interés jurídico ni legítimo, pues no cuentan con un derecho subjetivo que pueda verse transgredido. En esa medida, a efecto de ejercer válidamente la acción de amparo en los términos planteados, era requisito sine quan non, que en principio, los quejosos acreditaran ubicarse en la hipótesis de ser permisionarios eventuales con permisos vigentes, o probaran haber tramitado una prórroga de los permisos vencidos con los que acuden, para así ubicarse en el supuesto de contar con interés jurídico y controvertir los actos que reclaman y el decreto así como su expedición de manera autoaplicativa. Por tanto, atendiendo a las documentales exhibidas como pruebas de los permisos para la prestación del servicio de transporte público que aducen tener los quejosos, se considera tal material probatorio insuficiente para acreditar que subsiste su interés jurídico o legítimo, pues no acreditan en este juicio de amparo que cuentan con concesión o permiso vigente a la fecha en la que se emite esta sentencia para la explotación del servicio público de transporte en el Estado de Sonora; de ahí que se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Apoya a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXIII, febrero de 2011, página 1113, del literal siguiente: "SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. LA SOLA POSESIÓN DE LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN PARA PRESTARLO NO GENERA PRESUNCIÓN DE TITULARIDAD DE UNA CONCESIÓN NI PUEDE SER DEMOSTRATIVA DE LA EXISTENCIA DEL TÍTULO RELATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El artículo 15 de la Ley de Transporte para el Estado de Nuevo León, vigente hasta el 29 de noviembre de 2006, al prever que las placas de circulación expedidas por la autoridad competente para brindar el servicio público de transporte constituyen una consecuencia de la concesión otorgada en los términos de esa Ley, no establece presunción legal alguna acerca de la titularidad de una concesión para explotar ese servicio cuando sólo se demuestra la posesión de las placas vehiculares para circular, ya que tal enunciado solamente permite interpretación en el sentido de que las placas deben estar respaldadas por la expedición de la concesión respectiva, pues la función de aquéllas se limita a servir como identificación numérica, a la vista del público y de las autoridades. En efecto, la calidad de concesionario se adquiere mediante un acto administrativo expreso por parte del Estado, que debe materializarse en el correspondiente título de concesión. Consecuentemente, si el propietario o poseedor de las placas está desprovisto o no demuestra fehacientemente la existencia de ese título concesión como fuente de expedición de aquéllas, tal circunstancia puede producir la declaración de nulidad mediante la instauración del juicio de lesividad". Igualmente, por las razones que la informan, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXII, agosto de 2005, materia administrativa, página 1635, del tenor siguiente "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA ACREDITARLO, EN TRATÁNDOSE DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LAS MODALIDADES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE TRANSPORTES PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, CON MOTIVO DE LA DETENCIÓN DE UN VEHÍCULO, DEBE EXHIBIRSE LA CONCESIÓN OTORGADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y NO OTRO DOCUMENTO. De la recta interpretación del artículo 26 de la Ley de Transportes para el Estado de Chiapas y 18 de su reglamento, se advierte que para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en las modalidades de urbano, suburbano, foráneo, de alquiler o taxi, se requiere del documento en el que conste la concesión otorgada por autoridad competente para ello; de donde se sigue que cuando el peticionario de amparo, con motivo de la detención de su vehículo con el que presta el servicio de transporte de pasajeros en alguna de las modalidades a que se refieren las fracciones I, II y III del citado precepto 26 de la Ley de Transportes, no exhibe la concesión que exige el citado precepto legal, es evidente que no acredita el interés jurídico con el que comparece a instar el juicio de garantías, ya que cualquier otro documento carece de idoneidad para demostrar la titularidad del derecho cuestionado". Aunado a lo anterior, las documentales que exhiben los quejosos relativas a los permisos eventuales tratados con antelación, así como los restantes documentos que corresponden a recibos de pago ante la Secretaría de Hacienda del Estado y credenciales o identificaciones de los quejosos, no son prueba idónea para el efecto pretendido, pues corresponden a simples copias fotostáticas a las que no se les otorga valor probatorio pleno. Ciertamente, en relación con las copias fotostáticas, son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, por tanto, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado o manipulado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Cobra relevancia la Jurisprudencia 3ª. 18, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, en el tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, página 379, del tenor: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." También se cita como apoyo, por cuanto al tema de la valorización de las copias fotostáticas simples, la jurisprudencia 1a./J. 71/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Enero de 2003, página 33, Novena Época, con registro de localización 185215, que de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste". Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que los medios de convicción ofrecidos por los peticionarios de amparo, ni aun adminiculados entre sí, resultan aptos ni suficientes para acreditar su interés jurídico, toda vez que las pruebas documentales en que fundan su acción de amparo no permiten demostrar plenamente que los quejosos cuenten con permisos vigentes, ni que hayan tramitado a la fecha prórroga para controvertir los actos que reclaman; de ahí que resulte lógico concluir que carecen de interés jurídico para promover el juicio de protección de derechos fundamentales. En consecuencia, se estima innecesario realizar pronunciamiento respecto de los conceptos de violación, debido a que la improcedencia de la acción constitucional impide el estudio de fondo del asunto. Se cita como apoyo la tesis jurisprudencial VI. 1o. J/23, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, página 252, Octava Época, con registro digital: 226555, de texto y rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por último, en relación con el sobreseimiento en el juicio de amparo, cabe indicar que el establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), no constituye en sí mismo una violación al derecho humano a un recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a./J. 22/2014 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, Décima Época, con registro de localización digital 2005917, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." D e c i s i ó n : En ese contexto, al resultar inexistente el acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora y actualizarse la causa de improcedencia que deriva del artículo 61, Fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados a las restantes autoridades responsables; por tanto, con apoyo en el numeral 63, fracciones IV y V, de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VII. R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos, promovido por Luis Enrique Lio Llamas, Rubén Díaz Lugo, Alberto Chavarín Macías, Enrique López Vázquez, José Gilberto Rascón Roque, Martín Flores Núñez, Oscar Alberto Díaz Lugo, Claudia Sánchez González, Eréndira Mercedes Chavarín Macías, Francisco Javier Gil Apodaca, Luis Carmona Mendoza, César Valenzuela Salas, Alicia Nápoles Padilla, Juan José Sarabia Ojeda y Carlos Ernesto Moreno Gonzalez, respecto de los actos precisados en el considerando II, por las razones y fundamentos expuestos en los diversos apartados III y V, de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Admite recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio remitido por la actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto contra el auto de dieciocho de marzo del año en curso, dictado en el presente incidente; asimismo, que dicho medio de impugnación fue radicado con el toca 178/2022. Se recibe testimonio queja. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el secretario del Tribunal mencionado con antelación, al que acompaña el testimonio de ejecutoria dictada en el referido recurso de queja administrativa, de la que se desprende que los magistrados integrantes de dicho órgano colegiado declararon sin materia el recurso de queja en comento. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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