Luis Enrique García Ramos
Expediente 922/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 922/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México
- Luis Enrique García Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión por alguna de las partes a quien pudiera perjudicar la sentencia pronunciada el veinte de enero de dos mil veintiuno, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. No es óbice para lo anterior, la circunstancia de que no existan en autos constancias de notificación del oficio 1282/2021, dirigido al Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, mediante el cual se le comunica la sentencia dictada en este asunto, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, al no surtirse los extremos del artículo 87 de la ley de la materia, que establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión, contra la sentencia que afecte directamente el acto reclamado de cada una de ellas, por lo que se estima que tal autoridad no se encuentra en ese supuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número XX.J/74, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tribunales Colegiado del Circuito, Tomo 83, noviembre de 1994, página 84, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente". Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Notifíquese.
- Principal
Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guarda el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el quejoso acudió al juicio de amparo el cuatro de noviembre de dos mil veinte y reclamó del Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, la omisión de resolver en tiempo prudente el incidente de beneficio de libertad condicionada. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable indicó que: En proveído de nueve de julio de dos mil veinte se recibió un escrito de la defensa pública federal del sentenciado ***, con el cual promovió el beneficio de libertad condicionada. Dicha petición fue radicada con el consecutivo SD 167/2020 Previas actuaciones, recabadas oficiosamente para resolver la petición de beneficio de solicitada por la defensa pública, el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se corrió traslado a las partes con los informes de la autoridad penitenciaria, a efecto de que manifestaran si tenían oposición a que se otorgara al justiciable un beneficio preliberacional Al no existir oposición, el uno de diciembre de dos mil veinte, se le otorgó a Luis Enrique García Ramos el beneficio de libertad condicionada, con motivo de la sanción privativa de libertad impuesta en la causa penal 51/2015 del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua. La determinación de mérito, fue acompañada, en copia certificada, como parte del informe justificado rendido por las responsables. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que como se estableció, la omisión de la que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, dejó de tener efectos, puesto que el impetrante del amparo se le concedió libertad condicional, por lo que el cuatro de diciembre de dos mil veinte fue puesto en libertad, lo que se corrobora con el oficio número SSPC/PRS/CGCF/CFRS7/DG/6381/2020 signado por la encargada del despacho de la Dirección General del CEFERESO Número Siete "NOR-NOROESTE", con sede en Guadalupe Victoria, Durango, mediante el cual informa que Luis Enrique García Ramos egresó de ese centro federal el referido cuatro de diciembre de dos mil veinte. De ahí que, la omisión reclamada consistente en la omisión de resolver el beneficio de libertad condicionada, ya no existe. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del tres de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la autoridad responsable; con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia. Con el mismo fundamento, para que surta sus efectos legales, agréguese la copia del oficio 12 signado por el Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta de Guadalupe Victoria, Durango, mediante el cual devuelve sin diligenciar la requisitoria 344/2020, que se envió el seis de noviembre de dos mil veinte, a fin de notificar personalmente al quejoso ****, toda vez que en el oficio inserto informa que egresó de ese centro federal el pasado cuatro de diciembre de dos mil veinte, por remisión parcial de la pena.
- Principal
De autos se advierte que mediante proveído de veintidós de septiembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio, se ordenó archivar el expediente como concluido y se valoró su destino en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito. En atención a lo expuesto, toda vez que el presente amparo se valoró con el mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, debiendo ser lo correcto con el diverso citado en párrafos que anteceden, al haberse ordenado su archivo con posterioridad a su entrada en vigor, con fundamento en lo establecido por el precepto 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se regulariza el procedimiento, a efecto de evaluarse de la siguiente manera. IV. Valoración del expediente De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del referido Manual, en razón de que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva, no obstante que se haya concedido la provisional, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del dicho Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del nombrado Manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. En el entendido que la referida regularización sólo comprende la valoración de este expediente; de ahí que el plazo para su destrucción empezó a transcurrir a partir de la fecha en que se ordenó archivar.
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