Luis Enrique Ceniceros Alvarado

Expediente 826/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
826/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Luis Enrique Ceniceros Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    Desechamiento del juicio de amparo causa estado y se ordena su archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el escrito de la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en auto de ocho de este mes y año. Decisión sobre la instancia constitucional. Vista nuevamente la demanda promovida por **** , por derecho propio, contra actos del Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta en Cuencamé, Durango, y otra autoridad. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad"1 Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En el caso, el suscrito juzgador advierte de oficio que en la especie se concreta la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVIII, del ordenamiento acabado de referir. Es pertinente advertir que los principios o normas fundamentales que estructuran al juicio de amparo se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. El principio de definitividad establece que el juicio es procedente únicamente contra actos definitivos; es decir, obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, ya que como se precisó, el juicio de amparo se forjó como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En este sentido, la propia Constitución y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole el carácter de instancia extraordinaria; es decir, de un medio de reparación de la violación de garantías al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado las medidas ordinarias de defensa. El principio constitucional en mención es acogido por el artículo 61, fracción XVIII, de referencia, que expresamente dispone lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Así, el principio de definitividad rector del juicio de amparo y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, el cual consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que ella establezca. Precisado lo anterior, la parte quejosa reclama lo siguiente: "4.- ACTOS RECLAMADOS.- (...)" En su escrito inicial, manifiesta el quejoso que fue demandado en el mencionado procedimiento mercantil y que el dos de marzo de este año, se presentó en su domicilio el actuario responsable, y procedió a llevar a cabo diligencia de emplazamiento, que dice que es violatoria de derechos fundamentales porque no se realizó conforme a la ley. Por otro lado, en el escrito de cuenta presentado en cumplimiento a la prevención realizada por este juzgado, señala el quejoso que el veintinueve de junio de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de desahogo de pruebas y desconoce si ya se dictó la sentencia; indica asimismo, que compareció al procedimiento a contestar la demanda y a objetar pruebas de la actora; que por desconocimiento y bajos recursos, acudió ante el defensor público para contestar la demanda y posteriormente se dio cuenta de deficiencias en la contestación. Manifestaciones que tienen valor en su contra en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por tanto, al tener conocimiento del juicio instaurado en su contra antes de que se emita sentencia definitiva, adquiriere con ello cargas, derechos y obligaciones, como son vigilar la secuela del procedimiento para estar en aptitud de hacer valer los recursos o medios de impugnación procedentes, contra las resoluciones o actuaciones judiciales que estimara violatorias de sus garantías. De ahí que no puede considerarse al peticionario de amparo como tercero extraño a juicio, dado que no se ubica en el supuesto de que tenga desconocimiento del juicio de origen. Es aplicable al caso, el criterio siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA.- Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo" Por su parte, los artículos 1349, 1350, 1351, 1353 y 1414 todos del Código de Comercio, disponen lo siguiente: "Art. 1,349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano" "Art. 1,350. Los incidentes se substanciarán en la misma pieza de autos, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal" "Art. 1,351. Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos" "Art. 1,414. Cualquier incidente o cuestión que se suscite en los Juicios Ejecutivos Mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en las disposiciones respectivas de este Título; y en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los Juicios Ordinarios Mercantiles; y a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles, o en su defecto la ley procesal de la Entidad Federativa correspondiente, procurando la mayor equidad entre las partes sin perjuicio para ninguna de ellas" De la interpretación sistemática de estos preceptos se obtiene que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales del procedimiento y la manera en que se deberá de combatir dichas actuaciones. Establecido lo anterior, se concluye que el acto reclamado por el promovente del amparo, consistente en el emplazamiento que se le practicó en el juicio de origen, resulta impugnable mediante el incidente de nulidad de notificaciones, habida cuenta que a través de este incidente puede hacer valer argumentos tendentes a dejar sin efectos dicho acto que por esta vía combate, por lo que resulta incuestionable que, previamente debió intentar el aludido incidente, respecto de tal acto, antes de instar el juicio constitucional. En este orden de ideas, si se constriñe a los gobernados la obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar los actos reclamados y no agotó el promovente el incidente de nulidad de notificaciones, previo al ejercicio de la acción de amparo, es evidente que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, en términos del artículo 113 del aludido ordenamiento legal, procede desechar la demanda de garantías de que se trata, por ser notoriamente improcedente al carecer de definitividad el acto reclamado. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de rubro siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGUN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA" "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD" "NULIDAD DE ACTUACIONES EN PROCEDIMIENTOS MERCANTILES. DEBE INTERPONERSE EN LA ACTUACION SUBSECUENTE EN QUE INTERVENGA EL INCONFORME (APLICACION SUPLETORIA DE LA LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO Y CODIFICACIONES SIMILARES". Cabe precisar que este juzgador no inobservó los criterios sostenidos en las jurisprudencias que al rubro dicen: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS" Sin embargo, en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, las jurisprudencias antes citadas resultan inaplicables, ya que para que proceda el amparo indirecto, las violaciones procesales deben producir una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado y no por el hecho de que se califiquen de grado predominante o superior, como lo establecían dichas jurisprudencias. En consecuencia, es indudable y manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia antes analizada, dado que el acto reclamado no es susceptible de ser impugnado en la vía constitucional del amparo indirecto, al no emanar de una autoridad con carácter de responsable para efectos del juicio de amparo. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta notaria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, transcrito, se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta en Cuencamé de Ceniceros, Durango y otra autoridad. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número ***. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Prevención. El artículo 114 de la ley de la materia dispone que se mande aclarar la demanda de amparo si contiene alguna de las deficiencias, omisiones o irregularidades que precisa. Del análisis de la demanda de garantías y anexos, se advierte que tiene que ser prevenida; por ello, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o su desechamiento, se requiere a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, con las copias necesarias del escrito aclaratorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del mismo cuerpo legal, aclare su demanda en los siguientes términos: a. Antecedentes Bajo protesta de decir verdad, manifieste los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, señalando para ello: 1.- Cuál es el estado procesal que guarda el juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta en Cuencamé, Durango; esto es, en qué fase del procedimiento se encuentra el mismo. 2.- Explique si compareció al indicado procedimiento mercantil a contestar la demanda y a oponer excepciones; así como si hizo valer algún medio de defensa dentro de ese juicio, contra el emplazamiento que reclama. Lo anterior debe explicarse, dado que en los antecedentes del acto, el inconforme señala que fue demandado en el juicio de origen; que el dos de marzo de este año, se presentó en su domicilio el actuario responsable y procedió a llevar acabo la diligencia de emplazamiento, la cual, dice, no se llevó a cabo conforme a la ley, ello sin precisar los aspectos cuya aclaración le fueron solicitados. Toda vez que dicha cuestión es necesaria se aclare, en términos de lo dispuesto en la fracción II, del artículo 114, en relación con la fracción IV, del arábigo 108, todos de la ley de la materia, para estar en oportunidad de precisar la litis y en su caso las autoridades señaladas como responsables rindan los informes de ley. Además, al ser un requisito formal previsto en la fracción V, del artículo 108 de la ley invocada, ya que es menester que el impetrante de garantías narre de forma completa sus antecedentes del acto reclamado, haciendo una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público, ya que de esa manera se fijaría la litis constitucional, las autoridades responsables estarían en aptitud de justificar los actos que se les reclama y el suscrito podrá realizar un correcto estudio del acto impugnado en la sentencia que en su momento se dicte. Hágase del conocimiento del promovente que la falsedad de declaraciones en el juicio de garantías constituye un delito en términos del artículo 261, fracción I, de la norma en consulta, por lo que este juzgador daría vista al agente del Ministerio Público de la Federación de acuerdo con el diverso 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior las siguientes tesis: (.) (.) 2. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con los requerimientos hechos con anterioridad, dentro del lapso señalado, con las copias del escrito aclaratorio, acorde con lo que establece el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. 3. Intervención de las partes. 1. Quejoso: *** a. Domicilio. *** b. Autorizados. *** 4. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. 5. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. 6. Esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y requerimiento de correo electrónico y número de teléfono móvil. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la tramitación de asuntos promovidos físicamente y desahogo de actuaciones presenciales, a fin de mejorar la comunicación con la parte quejosa. 7. Firma electrónica de actuaciones. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    CITATORIO: PROMOVENTE. ACUERDO 08-07-2022 I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta en Cuencamé de Ceniceros, Durango y otra autoridad. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número ***. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Prevención. El artículo 114 de la ley de la materia dispone que se mande aclarar la demanda de amparo si contiene alguna de las deficiencias, omisiones o irregularidades que precisa. Del análisis de la demanda de garantías y anexos, se advierte que tiene que ser prevenida; por ello, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o su desechamiento, se requiere a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, con las copias necesarias del escrito aclaratorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del mismo cuerpo legal, aclare su demanda en los siguientes términos: a. Antecedentes Bajo protesta de decir verdad, manifieste los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, señalando para ello: 1.- Cuál es el estado procesal que guarda el juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta en Cuencamé, Durango; esto es, en qué fase del procedimiento se encuentra el mismo. 2.- Explique si compareció al indicado procedimiento mercantil a contestar la demanda y a oponer excepciones; así como si hizo valer algún medio de defensa dentro de ese juicio, contra el emplazamiento que reclama. Lo anterior debe explicarse, dado que en los antecedentes del acto, el inconforme señala que fue demandado en el juicio de origen; que el dos de marzo de este año, se presentó en su domicilio el actuario responsable y procedió a llevar acabo la diligencia de emplazamiento, la cual, dice, no se llevó a cabo conforme a la ley, ello sin precisar los aspectos cuya aclaración le fueron solicitados. Toda vez que dicha cuestión es necesaria se aclare, en términos de lo dispuesto en la fracción II, del artículo 114, en relación con la fracción IV, del arábigo 108, todos de la ley de la materia, para estar en oportunidad de precisar la litis y en su caso las autoridades señaladas como responsables rindan los informes de ley. Además, al ser un requisito formal previsto en la fracción V, del artículo 108 de la ley invocada, ya que es menester que el impetrante de garantías narre de forma completa sus antecedentes del acto reclamado, haciendo una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público, ya que de esa manera se fijaría la litis constitucional, las autoridades responsables estarían en aptitud de justificar los actos que se les reclama y el suscrito podrá realizar un correcto estudio del acto impugnado en la sentencia que en su momento se dicte. Hágase del conocimiento del promovente que la falsedad de declaraciones en el juicio de garantías constituye un delito en términos del artículo 261, fracción I, de la norma en consulta, por lo que este juzgador daría vista al agente del Ministerio Público de la Federación de acuerdo con el diverso 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior las siguientes tesis: (.) (.) 2. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con los requerimientos hechos con anterioridad, dentro del lapso señalado, con las copias del escrito aclaratorio, acorde con lo que establece el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. 3. Intervención de las partes. 1. Quejoso: *** a. Domicilio. *** b. Autorizados. *** 4. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. 5. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. 6. Esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y requerimiento de correo electrónico y número de teléfono móvil. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la tramitación de asuntos promovidos físicamente y desahogo de actuaciones presenciales, a fin de mejorar la comunicación con la parte quejosa. 7. Firma electrónica de actuaciones. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente.

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