Luis Enrique Burgos Beltran
Expediente 1600/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1600/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Luis Enrique Burgos Beltran
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por la Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, por medio del cual remite copia certificada de las cédulas de notificación realizadas al quejoso, respecto de la sentencia de veintidós y el auto de veintitrés, ambos de enero de dos mil dieciocho; agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Por otra parte, visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1600/2017-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintidós de enero de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el primer resolutivo determinó sobreseer y en el segundo negar el amparo y protección a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Con independencia de lo anterior, toda vez que la Directora General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a las autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en razón de que el aquí quejoso se encuentra recluido, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo al quejoso********************, quien está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, y dentro de los tres días siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que el presente juicio de garantías se resolvió el veintidós de enero de dos mil dieciocho; en consecuencia, en razón de que el aquí quejoso se encuentra recluido, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo, así como la sentencia de veintidós de enero de dos mil dieciocho, al quejoso Luis Enrique Burgos Beltrán, quien está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, y dentro de los tres días siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE...
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1600/2017-III, promovido por Luis Enrique Burgos Beltrán, contra actos de la Directora del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con residencia en Ayala, Morelos y otras autoridades, y RESULTADO: [1] PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el seis de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 8 a 16), ante la Oficial de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado el mismo día al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, donde se tiene al impetrante de amparo Luis Enrique Burgos Beltrán y otras, solicitando el amparo de la justicia federal contra los actos de la Directora General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con residencia en Ayala, Morelos, y otras autoridades. [2] SEGUNDO. Trámite. Por auto de siete de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 17 a 22), el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, registro el juicio de amparo con el número 1460/2017, y previno a los promoventes a efecto de que precisaran con exactitud los actos que les reclaman a cada autoridad; por lo que, una vez desahogado la prevención por parte del impetrante de amparo Luis Enrique Burgos Beltrán, mediante auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete (fojas 3 a 6), el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ordenó la separación de juicio, por lo que mediante oficio OCC/C18/JDM/1209/2017, de fecha nueve de octubre de la presente anualidad (foja 1), el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitió copia certificada de los autos del juicio de amparo 1460/2017, del índice del Juzgado Primero de Distrito, a efecto de que se avoque del conocimiento solo respecto del quejoso Luis Enrique Burgos Beltrán, turnado ese mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. [3] Por lo anterior, mediante auto de nueve de octubre de dos mil diecisiete (foja 31 a 36), este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, se avoco al conocimiento del presente juicio de amparo, admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. [4] Finalmente, por auto de ocho de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 73 y 74), se fijaron las once horas con cincuenta y tres minutos del cinco de diciembre de dos mil diecisiete, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: [5] PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. [6] SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa los actos reclamados. [7] El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención de la promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. [8] Se tiene a la parte quejosa reclamado de las autoridades responsables lo siguiente: Autoridades Responsables: 1.- Directora General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), con residencia en Ayala, Morelos; 2.- Comité Técnico del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), con residencia en Ayala, Morelos; 3.- Directora Técnica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), con residencia en Ayala, Morelos; 4.- Subdirectora Técnica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), con residencia en Ayala, Morelos; 5.- Encargada del Departamento de Actividades Laborales del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), con residencia en Ayala, Morelos; 6.- Jefe del Departamento de Actividades Educativas, Recreativas y Deportivas del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), con residencia en Ayala, Morelos; 7.- Director de Seguridad del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), con residencia en Ayala, Morelos; 8.- Subdirector de Seguridad del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), con residencia en Ayala, Morelos; y, 9.- Comandante de la Primera, Segunda y Tercera Compañía de la Dirección de Seguridad del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), con residencia en Ayala, Morelos. Acto Reclamado: 1. EL Aislamiento, y 2.- La restricción para realizar actividades en grupo. [9] TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados consistentes en el aislamiento que reclama a las autoridades responsables DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS, en su carácter de PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CITADO CENTRO Y SUPERIOR JERÁRQUICO de las diversas autoridades señaladas como responsables: DIRECTORA TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. SUBDIRECTORA TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES LABORALES DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. DIRECTOR DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS; y, COMANDANTE DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA COMPAÑÍA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS, en virtud de que así lo manifestaron en sus informes justificados (fojas 77 a 86 y anexo I),así lo manifestaron, incluso para demostrar la inexistencia del acto reclamado allegaron copias certificadas, entre otras, de los siguientes documentos: 1.- Programación de actividades de enero a octubre de dos mil diecisiete, de los que se advierte que el quejoso de forma regular tiene actividades educativas, laborales, deportivas, culturales, recreativas (fojas 2 a 11 del anexo I). 2.-Constancias en las que consta la evaluación de los planes de actividades de la persona privada de su libertad, de los que se desprende la participación del quejoso y la evaluación de diversas actividades (fojas 27 a 43 del anexo I). 3.- Constancias relativas al procedimiento, planeado y sistemático y organizado que se utiliza para la capacitación para el trabajo de las personas privadas de su libertad (metodología, horario, secuencia y medidas preventivas de ingreso y seguridad), donde se advierte la partición del aquí quejoso en cada una de las actividades (fojas 50 a 80 del anexo I). Las documentales relatadas con anterioridad tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de documentos públicos ya que fueron certificadas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Las referidas pruebas, acreditan que el quejoso no se encuentra aislado, pues ha asistido a diversas actividades manuales, físicas, educativas, recreativas, culturales que se desarrollan en el centro de reclusión donde se encuentra interno y por tanto, el impetrante no se encuentra aislado. Por otra parte, el quejoso no ofreció ninguna prueba destinada a desvirtuar las pruebas aportadas por la autoridad para demostrar su negativa, es decir, no aportó dato alguno relativo a que se encuentra aislado. En las relatadas condiciones, de las constancias de autos analizadas con anterioridad se desprende claramente demostrado que no existen el acto reclamado consistente en el aislamiento; por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con residencia en Ayala, Morelos, rendido por la Directora General, por si misma y en su carácter de superior jerárquica de todas las autoridades de dicho centro penitenciario (hojas 83 a 86); ello a pesar de que al momento rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclaman, y al efecto exhibieron diversas constancias para acreditar que el quejoso no se encuentra restringido de las actividades que realizan en dicho Centro Federal. [10] En efecto, en el caso no es factible tener como inexistentes dichos actos, pues se debe determinar mediante un estudio de fondo si se ha respetado o no el derecho fundamental a la debida reinserción social, al ser este precisamente los actos reclamados, partiendo de la base de que el quejoso, al estar privado de su libertad, se encuentra bajo un estricto control del Estado y, por ende, en condición de vulnerabilidad; estimar lo contrario implicaría dejarlo en estado de indefensión, al no poder decidirse sobre el tema planteado, a saber, si se le ha permitido realizar actividades encaminadas a su debida reinserción social. [11] CUARTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causales de improcedencia deberán ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio. [12] En consecuencia, cabe destacar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional (foja 69 a 71), aduce que debe sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con la causa prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de la Materia; sin embargo tal alegación resulta inatendible en atención a las razones expuestas en el considerando anterior; además de que está estrechamente relaciona con el fondo del asunto. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis: P./J. 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, página 5, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.". Por otra parte, la autoridad responsable DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS, en su carácter de PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CITADO CENTRO Y SUPERIOR JERÁRQUICO de las diversas autoridades señaladas como responsables: DIRECTORA TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. SUBDIRECTORA TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES LABORALES DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. DIRECTOR DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS; y, COMANDANTE DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA COMPAÑÍA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS, invocó la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, la cual establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" La autoridad responsable sostiene que el quejoso debió agotar el recurso de impugnación previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a promover el juicio de amparo; de ahí que en la especie no se haya cumplido con el principio de definitividad y por tanto el juicio de amparo se torne improcedente. En torno al tema que nos ocupa, debe precisarse que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece en sus artículo 107 y 116 lo siguiente: "Artículo 107. Peticiones Administrativas Las persona privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones admsinistrativas ante la Autoridad Penitenicaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; De los preceptos legales transcritos se advierte que las personas privadas de su libertada pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria contra hechos, actos u omisiones, en lo concerniente a las condiciones de su internamiento De igual forma establece que, los jueces de ejecución conocerán de las cuestiones relacionados con los condiciones de internamiento y del plan de actividades que violen derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad. Sin embargo, en la especie se estima que existe una excepción al principio de definitividad y por tanto, el quejoso no tiene la obligación de agotar los medios de defensa ordinarios. Esto es así, porque el acto reclamado consistente en la restricción de actividades para salir en grupo, lo cual constituye una restricción a la libertad de aquél dentro del contexto inherente a su condición de interno en un centro de reclusión, que atenta contra su libertad personal, pues al encontrarse en esas condiciones se reduce la que, aun dentro de su encierro, podría tener. Por lo tanto, el juicio de amparo por la vía indirecta resulta procedente contra dicho acto, sin necesidad de agotar los medios ordinarios de defensa, precisamente porque el agraviado se ve afectado aún más en su libertad personal, en ese caso, opera una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Las anteriores consideraciones se robustecen con el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 4/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2479, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2000039, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTA ADMINISTRATIVA DE IMPOSICIÓN DE CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS EMITIDA POR SUS CONSEJOS TÉCNICOS INTERDISCIPLINARIOS. El acta administrativa de imposición de correctivos disciplinarios, como la suspensión parcial o total de estímulos; la suspensión de las visitas familiar e íntima; y la restricción de tránsito a los límites de la estancia del reo, emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación Social implica, independientemente de los motivos que se hayan considerado para ello, una restricción a la libertad de aquél dentro del contexto inherente a su condición de interno en un centro de reclusión, que atenta contra su libertad personal, pues al encontrarse en esas condiciones se reduce la que, aun dentro de su encierro, podría tener; de ahí que el juicio de amparo promovido contra el acta relativa no está sujeto al término genérico, sino al caso de excepción previsto en la fracción II del numeral 22 de la Ley de Amparo, por lo que puede interponerse en cualquier tiempo, sin que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la citada Ley. Contradicción de tesis 345/2011. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el entonces Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. Tesis de jurisprudencia 4/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once." (lo subrayado es propio) Como puede apreciarse, si bien la jurisprudencia hace referencia a la oportunidad de la demanda de amparo promovida en contra del acta administrativa en la que se imponen correctivos disciplinarios, emitida por una Consejo Técnico Interdisciplinario, lo cierto es que de la ejecutoria que le dio origen se desprenden elementos vinculados con el tema concreto, en la forma siguiente: "[.] Los criterios que han sido invocados revelan que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Primera Sala de este Alto Tribunal han considerado que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Lo anterior se ve reflejado, además, en la parte conducente, en el criterio de jurisprudencia por contradicción de tesis, que se invoca a continuación: Núm. registro: 179889.--- Jurisprudencia.--- Materia(s): Penal.--- Novena Época.--- Instancia: Primera Sala.--- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.--- Tomo: XX, diciembre de 2004.--- Tesis: 1a./J. 74/2004.--- Página: 137.--- "INCIDENTE DE TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL, PUEDE PRESENTARSE LA DEMANDA DE AMPARO EN CUALQUIER TIEMPO, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO" (se transcribe). Por último, debe señalarse también que el derecho que a la libertad personal tiene el hombre, le es propio, viene de su naturaleza, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos, por lo que los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el sentenciado se encuentre en posibilidad, cumpliendo con ciertos requisitos, de recuperar su libertad personal antes del tiempo de pena fijado en sentencia definitiva, por lo que la resolución que reconozca a los sentenciados alguno de los beneficios mencionados, aun cuando distinta de la sentencia condenatoria, por no ser una exteriorización de la función jurisdiccional, puede considerarse como un agregado de la misma al constituir una especialización de la pena que favorece al reo. Tiene aplicación la siguiente tesis aislada: --- Quinta Época.--- Instancia: Pleno.--- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.--- Tomo: XIII.--- Página: 317.--- "LIBERTAD PERSONAL" (se transcribe). Ahora bien, para efecto de resolver el presente asunto, conviene reiterar que conforme al criterio jurisprudencial transcrito en párrafos precedentes de la voz: "INCIDENTE DE TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL, PUEDE PRESENTARSE LA DEMANDA DE AMPARO EN CUALQUIER TIEMPO, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO.", el Tribunal en Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sostenido que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privarlos de la que disfrutan en ese momento, sino también mediante actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en dicha situación o que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. En las anotadas condiciones, el acta administrativa mediante la cual el Consejo Técnico Interdisciplinario de determinado Centro Federal de Readaptación Social impone al interno infractor sanciones como: suspensión parcial o total de estímulos tales como la visita familiar o íntima; y restricción de tránsito a los límites de su estancia; constituye un acto que afecta la libertad de aquél. Efectivamente, ese acto implica cierto grado de restricción de la libertad del reo dentro del contexto inherente a su condición de interno en un centro de reclusión, por ende, interesa un acto atentatorio de ésta, puesto que en virtud de las sanciones impuestas, el recluso tendrá que sufrir un confinamiento, al estar restringido su tránsito dentro del centro de readaptación, únicamente a los límites de su estancia; de igual modo sufrirá en cierta medida, incomunicación, al prohibírsele recibir en su estancia la visita de familiares así como la visita íntima (consideradas dichas visitas como un estímulo, de acuerdo con el reglamento que fundamenta el acto reclamado). Actos que ciertamente modifican, si bien de manera temporal, las condiciones en que la privación de la libertad del reo quejoso deba ejecutarse; y con los cuales, efectivamente se reduce esa libertad personal que, aun dentro de su encierro, podría tener el interno infractor. Y es que aun cuando el afectado se encuentre privado de su libertad en un centro de reclusión por efectos de una sentencia condenatoria del orden penal, eso no significa que aun en ese contexto no pueda existir todavía una restricción superior al concepto de libertad personal. En efecto, aun tratándose de personas que se hallan en estado de reclusión -donde existe una importante restricción a la libertad personal- pueden sobrevenir, todavía en ese contexto, nuevas y diferentes restricciones a la libertad personal, tal como en el caso ocurre con las sanciones impuestas a los quejosos en el acta administrativa impugnada. [.]" (lo subrayado es propio) En dicha ejecutoria, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país determinó que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad o que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Por lo tanto, sanciones como la restricción de actividades para salir en grupo, reclamado por el quejoso en el presente juicio de amparo, constituyen actos que afectan la libertad del reo, pues implican cierto grado de restricción de ésta, dentro del contexto inherente a su condición de interno en un centro de reclusión. Asimismo, en la referida ejecutoria se determinó que aun cuando el afectado se encuentre privado de su libertad en un centro de reclusión por efectos de una sentencia condenatoria del orden penal, eso no significa que aun en ese contexto no pueda existir todavía una restricción superior al concepto de libertad personal, dado que pueden sobrevenir nuevas y diferentes restricciones a la libertad personal, como la sanción que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. En ese orden de ideas, en la especie no se actualiza la causa de improcedencia invocada por las autoridades responsables. En razón de lo antes narrado, y toda vez que el suscrito juzgador no advierte diversa causal de improcedencia que de oficio se actualice, se procede al estudio de fondo del acto reclamado. [13] QUINTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOILACIÓN. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación que formula la quejosa en su demanda de amparo, en obvio de transcripciones innecesarias, habida cuenta que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo su transcripción resulta innecesaria. [14] De conformidad con la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, pues es suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que la quejosa estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que deba estudiarse. [15] El concepto de violación consistente en la restricción de actividades para salir en grupo, es infundado por los motivos que enseguida se expresan. [16] En efecto contrario a lo sustentado por el peticionario de amparo, durante su estadía dentro del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con residencia en Ayala, Morelos, las autoridades responsables no han restringido al impetrante de amparo, ya que de las constancias que fueron enviadas por dichas autoridades como prueba se advierte que el quejoso ha participado en diversas actividades. [17] Lo anterior, a manera de ejemplo respecto de la tarjeta informativa de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, signado por la Directora Técnica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, donde desglosa ocho puntos relacionados a las actividades que realiza el quejoso Luis Enrique Burgos Beltrán. [18] Anexo I (fojas 2 a 1 anexo).- Programación de actividades del quejoso a partir del mes de enero al día de la fecha, donde se desglosa las actividades que realiza el impetrante de amparo por día, entre las cuales se encuentran Televisión, Gimnasio, Patio, Biblioteca, Académicas, Carpintería, Atención Psicológica en Modulo, Asistencia Social en Modulo, y Actividades Lúdicas; [19] Anexo II (fojas 13 a 18 anexo).- El cual contiene el plan de actividades del impetrante de amparo implementado en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, consistente en actividades educativas, laborales, deportivas, culturales de deshabituamiento de adicciones y programas implementados por el departamento de psicología del centro, desglosando los servicios considerados de Salud, Educación, Cultura, Deporte, Social, Psicología, Capacitación para el Trabajo, y Trabajo; [20] Anexo III (fojas 20 a 24 anexo).- La nota informativa de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, signada por la Jefa del Departamento de Diagnóstico y Determinación de Tratamiento del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, a través de la cual, informa respecto de las actividades y/o servicios que el Departamento de Diagnóstico proporciona a la parte quejosa, la cual incluye 1.- La oficina de psicología proporciona atención individualizada y de manera grupal, así mismo esta área cuenta con un espacio para atención a personas que presentan adicción el cual es denominado Clínica de Tratamiento para Adictos en Recuperación; 2.- La oficina de trabajo social quien brinda asistencia individualizada sobre las necesidades respecto a las redes de apoyo, y se encarga de establecer el vínculo con el exterior vía telefónica; [21] Anexo IV y V (fojas 26 a 50 anexo).- Las cuales consisten en las constancias de participación del quejoso en el diseño del plan de actividades y la constancia de los planes de actividades, las cuales constan con evaluación de los especialistas en el ámbito de su competencia realizó para plantear las actividades para el impetrante de amparo y la aceptación del mismo, así como una evaluación semestral por parte de las áreas que brindan las actividades, asimismo fue anexada el informe de evolución psicológico de fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, donde se le diagnosticó al quejoso Características antisociales de la personalidad. [22] Anexo VI (fojas 45 y 46 anexo).- donde se advierte que le fue entregado al impetrante de amparo un folleto respecto del Instituto Nacional de Educación para Adultos, en la cual se le da acceso para acreditar y certificar los niveles de educación básica (primaria y secundaria); [23] Anexo VII (fojas 54 y 55 anexo).- De la que se advierte la evaluación inicial del estudio confirmatorio, lo anterior, con la intención de saber acerca de los conocimientos y habilidades que posee la parte quejosa, llegando a la conclusión de Persona privada de su libertad participa en las actividades rehabilitadoras de Terapia Ocupacional Laboral; ingresó el 26 de octubre de 2010; a partir del 05 de noviembre de 2010 se incluye en el Primer Nivel de Intervención, programado de manera frecuente; en sesiones dirigidas, con asistencia individualizada del personal técnico; para dar seguimiento a su proceso de reinserción social; mediante actividades manuales que permitan reforzar hábitos positivos para el trabajo; ha realizado artesanías como; juguetería de peluche lijando de llaveros, atrapa sueños, origami, madera country,, figuras con fomy e iluminado de dibujos previamente diseñados, repujado en aluminio; calado de madera. [24] Anexo VIII (foja 50 a 79 anexo).- Se viene desglosándose las actividades que ha realizado el quejoso, tal y como se advierte del control de asistencia del programa de segunda parte de primaria, del mes de Enero asistió ocho veces, Febrero no asistió, Marzo asistió dos veces, Abril asistió trece veces, Mayo asistió veinte veces, Junio asistió doce veces, Julio asistió dos veces, Agosto asistió dieciséis veces, Septiembre asistió nueve veces, y en Octubre asistió cinco veces; asimismo, de la tarjeta informativa de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, referente a las actividades de cultura, recreación y deportes, Área Física: Asistencia constante, complexión mediana, marcha normal, adecuada higiene postural, no se integra a la práctica deportiva o física, realizada caminata por el área de gimnasio de 20 a 25 minutos, ocasionalmente realiza rutina de ejercicios de baja intensidad con apoyo, guía, supervisión y la utilización de un balón medicinal y polainas, el término de la misma permanece sentado observando el juego de sus compañeros, sus desplazamientos son lentos se enfoca en sus articulaciones, con el fin de mejorar su desempeño básico el cual es considerado limitado; la amplitud en arcos de movimiento en extremidades superiores e inferiores se mantienen de manera parcial. Sus capacidades físicas se encuentran en las siguientes condiciones en rubro deficiente: la velocidad, flexibilidad en nivel medio: la fuerza, resistencia; y coordinativas en rubro regular: el equilibrio, ritmo, sincronización adaptación, orientación, reacción y diferenciación. Área Social: Su asistencia es regular a sus sesiones programadas, sin cambios relevantes, es mínimo colaborador y aún a pesar de reiterada inducción y motivación sólo llega a participar de manera esporádica, realizando labores sencillas por periodos cortos de tiempo. Se presenta al aula de trabajo con aliño e higiene personal adecuados. Generalmente se mantiene apartado del resto de sus compañeros observando revistas y escuchando música. Aunque logre en ocasiones participar, no muestra interés por las tareas lúdicas observando una actitud apática y renuente manteniéndose sentado. Recurrentemente se observa somnoliento, manifestando malestar o exhibe efectos del medicamento. Su desempeño en general, ha sido de manera limitada mostrando destreza y técnica disminuidas. Sus relaciones interpersonales continúan siendo regulares y ocasionalmente selectivas, manteniéndose sin conflictos con sus iguales. Responde al estímulo social de manera verbal con ocasional sonrisa social y contacto visual. Cuando logra realizar alguna actividad, utiliza adecuadamente los materiales lúdicos, dejándolos posteriormente en su lugar. Ha respetado las reglas y normas dentro del especio de trabajo, de igual manera se ha mantenido respetuoso con la figura de autoridad. [25] Documentos a los cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. [26] En ese sentido, y contrario lo que aduce la impetrante de amparo, de las constancias que obran en autos, se advierte que las autoridades responsables del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con residencia en Ayala, Morelos, ha cumplido con su obligación de otorgar las facilidades al quejoso de realizar actividades que faciliten su debida integración a la sociedad. [27] En tales condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Enrique Burgos Beltrán, en contra de los actos que reclamó de las autoridades responsables DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS, en su carácter de PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CITADO CENTRO Y SUPERIOR JERÁRQUICO de las diversas autoridades señaladas como responsables: DIRECTORA TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. SUBDIRECTORA TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES LABORALES DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. DIRECTOR DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS; y, COMANDANTE DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA COMPAÑÍA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. [28] SEXTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímase en la versión pública la información legalmente considerada como reservada y confidencial, y de conformidad con el artículo segundo transitorio de ese ordenamiento, suprímanse los datos personales, en términos del artículo 8 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en virtud de que se estima que sigue vigente la porción normativa del artículo 8 de la ley abrogada así como el precepto del reglamento en tanto que no existe normatividad en materia de datos personales, lo anterior, a efecto de que estén a disposición del público para su consulta en la página oficial de internet del Poder Judicial de la Federación, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luis Enrique Burgos Beltrán, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con residencia en Ayala, Morelos, consistente en el aislamiento, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Enrique Burgos Beltrán, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con residencia en Ayala, Morelos, consistente en la restricción a realizar actividades en grupo, por los motivos expuestos y para los efectos precisados en el considerando quinto. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jorge Manuel Díaz Carranza, Secretario de Juzgado que autoriza, hasta el día de hoy veintidós de enero de dos mil dieciocho que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1600/2017-III y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de este año, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, compareció LUIS ENRIQUE BURGOS BELTRAN, por su propio derecho, demandando el amparo y protección de la Justicia Federal, asimismo, mediante auto de nueve de octubre de dos mil diecisiete, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo este Juzgado ordenó de oficio tramitar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión respecto del acto reclamado consistente en aislamiento. II.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 1600/2017-III, se desprende que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno. III.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Las autoridades responsables DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS, en su carácter de PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CITADO CENTRO Y SUPERIOR JERÁRQUICO de las diversas autoridades señaladas como responsables: DIRECTORA TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. SUBDIRECTORA TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES LABORALES DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. DIRECTOR DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS; y, COMANDANTE DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA COMPAÑÍA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. Al rendir su informe previo negaron el acto reclamado, no obstante a dicha negativa se provee lo siguiente: ACTOS RECLAMADOS. Se precisa que el acto reclamado materia de la presente incidencia es la orden de segregación o aislamiento ordenada en contra del quejoso y como consecuencia a ella, la restricción de actividades encaminadas a su reinserción social. MEDIDA CAUTELAR. Ahora bien, de acorde con la naturaleza jurídica del acto reclamado, deben ser conceptualizados como la acción de separar a un interno de la población general y asignarla a una unidad de segregación administrativa, o supervisión intensiva cuando su presencia en la población general podría crear cualquiera de las conductas siguientes: Una amenaza seria para la seguridad personal, visitantes u otros internos. Una amenaza seria para el interno mismo. La posibilidad de que se fugue el interno de dicho centro penitenciario. Una amenaza seria al funcionamiento del orden y seguridad de la institución. Asimismo, tales actos reclamados tienen la naturaleza jurídica de una sanción de carácter administrativo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41 y 42, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a la letra dice: "Artículo 41. Sanciones Disciplinarias La persona privada de la libertad no podrá ser sancionada dos veces por los mismos hechos. Sólo podrán ser aplicadas las sanciones disciplinarias siguientes: I. Amonestación en privado o en público; II. Reubicación temporal a otro dormitorio o dentro de espacios en el mismo Centro; III. Aislamiento temporal. Esta sanción sólo se permitirá como una medida estrictamente limitada en el tiempo y como último recurso, cuando se demuestre que sea necesaria para proteger derechos fundamentales, como la vida e integridad de las personas privadas de libertad, salvaguardar intereses legítimos relativos a la seguridad interna del Centro Penitenciario o del personal de dichas instituciones; IV. Restricción temporal del tránsito en el interior del Centro Penitenciario; V. Prohibición temporal del uso de aparatos electrónicos públicos; VI. Restricción temporal de las horas de visita semanales. No se permitirá que las personas privadas de libertad tengan bajo su responsabilidad la ejecución de medidas disciplinarias, o la realización de actividades de custodia y vigilancia. Las restricciones temporales a las que hace referencia este párrafo, deberán atender a criterios de proporcionalidad, racionalidad y necesidad. La imposición de medidas disciplinarias deberá ser comunicada al organismo público de protección de los derechos humanos competente. Artículo 42. Restricciones a las medidas disciplinarias queda prohibido imponer medidas disciplinarias que impliquen tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el encierro en celda oscura o sin ventilación y el aislamiento indefinido o por más de quince días continuos. Durante el aislamiento, la Autoridad Penitenciaria estará obligada a garantizar un mínimo de contacto humano apreciable por lo menos cada veintidós horas durante el tiempo que dure la medida." Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará cuando la solicite el agraviado; cuando con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conforme al artículo invocado, tenemos que una de las exigencias legales que debe colmarse para el otorgamiento de la suspensión, es que su otorgamiento no contravenga disposiciones de orden público o perjudique el interés social. El orden público y el interés social son nociones vinculadas, en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno. Así, el concepto de disposiciones de orden público comprende las normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo, tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación, que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. Con base en los citados razonamientos, tenemos que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Lo anterior encuentra apoyo en las siguientes tesis: Tesis: I.4o.A.11 K (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2002421 5 de 19 Tribunales Colegiados de Circuito Libro XV, Diciembre de 2012 Tomo 2 Pág. 1575 Tesis Aislada(Común) "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD. El artículo 124 de la Ley de Amparo contiene los requisitos que deben satisfacerse a efecto de que pueda decretarse la suspensión del acto reclamado, entre los que se encuentra, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. De lo anterior puede afirmarse que el orden público constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga." Tesis: 8 Informes Séptima Época 805484 1 de 1 Segunda Sala Informe 1973, Parte II Pág. 44 Jurisprudencia(Común) "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." En este caso, otorgar la suspensión no privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o le causaría perjuicio alguno. Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de la Materia uno de los efectos de la suspensión definitiva será el de conservar la materia del juicio, hasta en tanto cause ejecutoria el juicio de amparo de donde deriva la presente cuerda incidental. Sentado lo anterior, toda vez que concurren los requisitos para la suspensión a instancia de parte previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo con fundamento en ese artículo y, además, en términos del diverso 138 de esa ley, se concede la suspensión definitiva en estos términos: Para que no se ejecute la sanción impuesta al impetrante consistente en segregación y aislamiento ordenada en su contra y si está siendo ejecutada cese de inmediato; asimismo, se le permita desarrollar las actividades encaminadas a su reinserción social de acuerdo a la reglamentación que rige al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. Toda vez, que el impetrante aduce desconocer el motivo de la orden reclamada, y de no suspender dicho acto, traería como consecuencia un acto de difícil reparación; por tanto, a fin de preservar la materia del juicio y de garantizar los derechos del quejoso se concede la suspensión definitiva en la forma en que se hace, sin perjuicio de que se sobresea o se niegue el amparo la sanción podrá ser ejecutada entonces. Los efectos de esta suspensión deben prevalecer hasta que se resuelva el juicio de amparo de donde deriva la presente cuerda incidental. Se indica a las autoridades responsables que esta suspensión provisional no veda sus facultades para sancionar las conductas del promovente, que atenten o infrinjan las medidas de seguridad, orden, disciplina y demás que imperen en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos. SALVEDADES. La medida cautelar se concede, sin perjuicio de que se sobresea o se niegue el amparo, pues entonces la sanción podrá ser ejecutada. Se aclara que la presente medida cautelar no surtirá efectos si dicha sanción emana de diversas autoridades de las señaladas como responsables, o fue impuesta en cumplimiento a una ejecutoria de amparo. De igual forma, se hace la precisión a la autoridad responsable que esta medida suspensiva sólo tiene efectos jurídicos respecto a aquellos actos que hayan sido emitidos al día de presentación de la demanda de amparo (seis de septiembre de dos mil diecisiete), y no respecto a actos que se emitan con posterioridad, quedando expedito el derecho de las autoridades penitenciarias para verificar y aplicar las medidas disciplinarias que la normatividad les exige, con la finalidad de preservar el orden y la seguridad del centro de reclusión en el que se encuentra el directo quejoso. DESPACHO. Toda vez que el aquí quejoso se encuentra recluido, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo, al quejoso Luis Enrique Burgos Beltrán, quien está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, y dentro de los tres días siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por LUIS ENRIQUE BURGOS BELTRAN, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en la presente resolución interlocutoria. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
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