Luis Eduardo Flores Barrios

Expediente 893/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
893/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
17/10/2018

Partes del expediente

  • Luis Eduardo Flores Barrios

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite testimonio de la ejecutoria dictada el once de octubre de dos mil dieciocho, en el Recurso de Queja 197/2018, interpuesta por Luis Eduardo Flores Barrios, concluyendo con el punto resolutivo que es del tenor siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo de la ejecutoria dictada en el Recurso de Queja 197/2018, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto décimo primero, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, al ubicarse en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja hecho valer por el quejoso en el presente juicio de amparo, el cual quedó registrado con el número 197/2018; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el escrito signado por Luis Eduardo Flores Barrios, en su carácter de Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Morelos, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de siete de junio de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por dicha parte; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da trámite al recurso de queja respectivo. Por consiguiente, en vía de informe con relación a la materia de la queja, comuníquese a la Superioridad que es cierto el acto, toda vez que mediante acuerdo de siete de junio de dos mil dieciocho, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, en virtud de que advertían motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones que ahí se expusieron. Cabe hacer mención, que la parte recurrente no señaló las copias certificadas que deberán remitirse al Tribunal de Alzada que conocerá del citado recurso, de conformidad con lo establecido por el artículo 100, párrafo segundo de la Ley de Amparo, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Establecido lo anterior se ordena enviar la totalidad de las copias inherentes del presente juicio para la resolución de la queja, así como el escrito original de agravios y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en turno del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso interpuesto. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de siete de junio de dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: ... Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil dieciocho Vista la demanda de garantías que promueve LUIS EDUARDO FLORES BARRIOS, en su carácter de Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Morelos, contra actos del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 893/2018-II que por orden le corresponde. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13º.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En ese sentido, este Juzgado Federal considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por cuanto hace a la resolución de quince de mayo de dos mil dieciocho, emitida en audiencia diversa de la causa penal JCC/671/2017, del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla Morelos, mediante el cual levanta el aseguramiento del bien inmueble ubicado en Andador Santos Degollado, unidad Habitacional Benito Juárez II, Edificio 11, departamento 501, cuarto piso, Delegación Iztapalapa, ciudad de México; toda vez que no le causa afectación en su esfera jurídica. En principio, debe tenerse en cuenta lo que disponen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Asimismo, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Los artículos antes transcritos, de manera concatenada prevén que por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; esto es, la afectación a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2ª. LXXX/2013 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente aún de publicarse, cuyo rubro y texto señalan: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ." Es así, como se desprende que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto o ley que reclama, definiendo como perjuicio, para efectos del juicio de amparo, la afectación a los derechos o intereses de una persona derivada de la actuación de una autoridad, lo cual constituye el interés jurídico para instar la protección federal. Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre los intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad; y, del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por tanto, de acuerdo con el sistema consagrado por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Apoya a la consideración anterior, la tesis número I.13º.A.23 K, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, correspondiente al mes de enero del año dos mil tres, publicada en la página mil ochocientos tres, cuyo rubro y texto indican: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4º. DE LA LEY DE AMPARO." Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos ya que de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de amparo, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto o grupo de individuos, y no afectarse la esfera jurídica. Lo anterior a la luz de la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo 205-216 Sexta Parte, página doscientos setenta y uno, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr la defensa. Así las cosas, es de advertirse que el quejoso acude al presente juicio de amparo con la finalidad de impugnar la resolución de quince de mayo de dos mil dieciocho, emitida en audiencia diversa de la causa penal JCC/671/2017, por el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual levanta el aseguramiento del bien inmueble ubicado en Andador Santos Degollado, unidad Habitacional Benito Juárez II, Edificio 11, departamento 501, cuarto piso, Delegación Iztapalapa, ciudad de México. Aquí, resulta conveniente destacar que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, dilucidó, entre otros aspectos, el tema relativo a que el Ministerio Público, carece de legitimación procesal activa para promoverlo por propio derecho contra las resoluciones dictadas durante la tramitación del proceso penal o contra la sentencia definitiva con el que culmina, pues dichos actos no causan un agravio personal ni directo a un derecho subjetivo de esa institución, salvo los casos establecidos en la ley de la materia, como aquellos que afecten su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares; y tampoco puede hacerlo como representante de las víctimas u ofendidos del delito, quienes tienen derecho a promoverlo directamente, ni de la sociedad en general, independientemente de la naturaleza y del bien jurídico tutelado por el delito materia de la sentencia o resolución que pretenda reclamar, porque la acción constitucional de amparo tiene por objeto salvaguardar los derechos humanos de los gobernados -personas físicas o morales- contra actos de autoridad y, excepcionalmente, de particulares, y cuando representa a la sociedad al ejercer la acción persecutoria con la que inicia el procedimiento penal, el Ministerio Público lo hace precisamente con el carácter de autoridad. Como se precisa de la siguiente jurisprudencia número 20116221, de la Décima Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 51, febrero 2018, Tomo III pagina 1318, cuyo texto y rubro es del tenor literal siguiente: MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA SALA RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO O LA SOCIEDAD EN GENERAL, SALVO LOS CASOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA". Tomando en cuenta que el interés jurídico se compone de una facultad de exigir y una obligación correlativa de cumplir dicha exigencia, queda evidenciado que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Morelos, quejoso en el presente asunto, no puede promover ese medio de control de la constitucionalidad contra el levantamiento del aseguramiento de que se trata. Así las cosas, si el juicio de amparo, para la procedencia, requiere la existencia de un derecho tutelado en una norma jurídica, queda en evidencia que este medio de control constitucional no es idóneo para satisfacer sus pretensiones, ya que no encuentran fundamento en una norma sustantiva, a mas que acorde a los hechos narrados en la demanda resulta evidente que no acude a instar a la justicia federal bajo el argumento de encontrarse en un plano de igualdad o en defensa de su patrimonio. Por las consideraciones expuestas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por los motivos expuestos en párrafos que anteceden. En las relatadas condiciones, ante la notoria e indudable improcedencia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Como solicita la parte quejosa se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Boulevard Cuauhnáhuac, número 103, colonia Ricardo Flores Magón, Cuernavaca, Morelos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario del Juzgado Marcos Zamora Álvarez, quien autoriza y da fe.

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