Luis Enrique Arzate Vazquez

Expediente 136/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
136/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
25/02/2021

Partes del expediente

  • Luis Enrique Arzate Vazquez
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. ARCHIVO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de trece de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente sumario constitucional, sin que se hiciera manifestación alguna; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 en relación con el diverso 196, párrafo cuarto, ambos de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado. VALORACIÓN DOCUMENTAL CUADERNO PRINCIPAL. De conformidad con los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte; una vez transcurrido el plazo de tres años este expediente debe ser depurado, toda vez que cuenta con valor jurídico al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; amén de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que deba conservarse en su integridad por su valor histórico o relevancia documental. REMISIÓN DE EXPEDIENTE A LOS DEPÓSITOS DOCUMENTALES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. Una vez terminado el proceso de depuración a que se refiere el artículo 18 del citado Acuerdo General, se ordena la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. CUADERNO INCIDENTAL ORIGINAL. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo, el original del cuaderno incidental es depurable, en virtud de que cuenta con valor jurídico al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, y dado que no existen documentos originales, remítase físicamente al archivo de este Juzgado junto con el expediente principal. Previo el plazo de espera y transcurridos los tres años que se establecen en el penúltimo párrafo del referido artículo 18, este órgano jurisdiccional procederá a la depuración del citado expediente, conservando las constancias relativas que sirvieron de base para conceder la medida cautelar. Hecho lo anterior, transfiérase el cuaderno de que se trata a los depósitos documentales de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa solicitud que realice este Juzgado Federal. CUADERNO INCIDENTAL DUPLICADO. Por lo que respecta al duplicado del cuaderno incidental procédase a su destrucción dentro del plazo de seis meses, en términos de lo previsto en los artículos 20, fracción II, inciso a) y 24 del indicado Acuerdo. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente y en el original del incidente de suspensión, que son depurables, y en el duplicado del incidente de suspensión, que es susceptible de destrucción, y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Toda vez que se encuentran los documentos que anexó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, se le previene para que los recoja dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificada, a fin de que se le haga entrega del mismo, apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, el citado documento correrá la misma suerte que este expediente. Agréguese copia autorizada del presente acuerdo al original y duplicado del incidente. Notifíquese y personalmente.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos de los que se advierte que, el veinte de diciembre de dos mil veinte, mediante circular número CAP/3/2020 signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso Especial, se informó que en sesión celebrada de manera extraordinaria en la indicada fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación a los contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en la cual se determinó tomar medidas especiales en ese periodo. En cumplimiento a ello, se tomó como medida regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, 3 y 4 del indicado Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdicciones por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, entre las que se estableció la forma y términos en los que se debía dar trato a los asuntos tramitados previamente a la entrada en vigor del indicado acuerdo; además, se ordenó la suspensión de plazos y términos, con las salvedades indicadas en el mismo. Asimismo, en la fracción II de la Circular SECNO/1/2021, de ocho de enero del año en curso, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En mérito de lo anterior, se levanta la suspensión de los plazos y términos y, por ende, se ordena la reanudación del procedimiento en el presente asunto; en la inteligencia que ello se efectúa en el punto en que quedó pausado. Por otra partes, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a las partes, mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la suscrita juzgadora procede a dictar de manera fundada y motivada, la resolución correspondiente a efecto de declarar si el fallo protector se encuentra cumplido, si las autoridades incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Mediante sentencia terminada de engrosar el veitnidós de octubre de dos mil veinte, en su resolutivo único se concedió la protección constitucional a *********, para que el Juez Auxiliar responsable: "Declare sin efecto la orden de desalojo decretada el cuatro de mayo de dos mil veinte, en contra del aquí quejoso, respecto del módulo habitacional *********, así como el acta de siete de mayo de dos mil veinte, levantada con motivo de la ejecución que se pretendió dar a ese mandamiento." Concesión de la protección constitucional que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ya que no se impugna por vicios propios En la parte conducente de ese fallo, se lee: "En ese sentido, estamos en presencia de un acto de tal naturaleza que no puede surtir efecto alguno al haber sido pronunciado por una autoridad que carece de competencia para conocer y pronunciarse sobre un conflicto que versa sobre la propiedad o tenencia de un inmueble." En proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de referencia, y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. La Juez Auxiliar del Ejido Ampliación La Hincada, mediante oficio con número de registro 7673, dejó sin efecto la orden de desalojo decretada el cuatro de mayo de dos mil veinte en contra del aquí quejoso, así como el acta de ejecución levantada el siete del mismo mes y año, asimismo acompañó la constancia de notificación realizada a la parte quejosa Por su parte, el Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en esta ciudad, presentó ante este juzgado un oficio con número de registro 7856, por el que informó, en lo que concierne, no ser competente para desalojar, desposeer y/o dar posesión a ninguna persona. MANIFESTACIONES DE LAS PARTES Ninguna de las partes desahogó la vista que se les dio con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La suscrita Juzgadora estima que el fallo protector se encuentra cumplido. Lo anterior, en virtud que la autoridad responsable Jueza Auxiliar del Ejido Ampliación La Hincada, municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparatoria, dejó insubsistente la orden de desalojo decretada el cuatro de mayo de dos mil veinte en contra del aquí quejoso, así como el acta de ejecución levantada el siete del mismo mes y año. La citada responsable remitió en original el oficio por el cual deja sin efecto la citada orden de desalojo y el acta de ejecución de la misma. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2o, por haber sido emitidos por la citada autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. Conforme a lo anterior, tanto la Jueza Auxiliar del Ejido Ampliación La Hincada, municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, como el Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en esta ciudad, cumplieron cabalmente con el fallo protector. EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Se considera que las autoridades responsables al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no incurrieron en exceso o defecto en su ejecución. CONCLUSIÓN. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considera que el titular del amparo fue restituido en el goce de los derechos constitucionales vulnerados y, por ende, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de diciembre de dos mil veinte. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en esta ciudad, por el cual, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de treinta de noviembre del año en curso, refiere que en los informes previo y justificado negó los actos de los que se adolece el quejoso, por lo que, no es autoridad competente para desalojar, desposeer y/o dar posesión a ninguna persona, así como para librar orden de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, presentación o iniciar carpeta de investigación. Ahora bien, del estado de autos se advierte que ya obran la totalidad de los informes rendidos por las autoridades Juez Auxiliar del Ejido Ampliación La Hincada y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ambos del municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, sobre el cumplimiento realizado de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido de los oficios con número de registro 7673 y 7856, dese vista a las partes por el término de tres días, computado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se encuentra localizada a foja 243, tomo XI, marzo de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de' vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso..el auto de ocho de diciembre del año en curso que dice:"Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de diciembre de dos mil veinte. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en esta ciudad, por el cual, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de treinta de noviembre del año en curso, refiere que en los informes previo y justificado negó los actos de los que se adolece el quejoso, por lo que, no es autoridad competente para desalojar, desposeer y/o dar posesión a ninguna persona, así como para librar orden de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, presentación o iniciar carpeta de investigación. Ahora bien, del estado de autos se advierte que ya obran la totalidad de los informes rendidos por las autoridades Juez Auxiliar del Ejido Ampliación La Hincada y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ambos del municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, sobre el cumplimiento realizado de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido de los oficios con número de registro 7673 y 7856, dese vista a las partes por el término de tres días, computado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se encuentra localizada a foja 243, tomo XI, marzo de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de' vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente."

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