Luis Enrique Ángeles Hurtado
Expediente 194/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 194/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Ciudad Valles
- Luis Enrique Ángeles Hurtado
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Recepción oficio. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, téngase recibido el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, a través del cual hace del conocimiento que en el acuerdo dictado el veinticuatro de mayo del año en curso, en el juicio de amparo directo laboral ...... de su índice, ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este juzgado, y se avocó al conocimiento del asunto, mismo que radicó bajo el número de amparo de referencia. Archivo. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe pendiente trámite alguno, archívese el mismo como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico respectivo. Valoración documental. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez transcurrido el plazo de tres años a que refiere dicho punto, destrúyase este expediente, dado que no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. Anotación de valoración documental y fecha de archivo en carátula de expediente. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos, y en atención al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la peticionaria del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo. Por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. En ese sentido, toda vez que en proveído de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del diverso acto reclamado señalado como el laudo emitido el doce de julio de dos mil veintidós, en autos del expediente laboral ********************; por tanto, como está ordenado en el referido auto de cuatro del mes y año en curso, escíndase la demanda de amparo que dio origen al presente juicio y remítase el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, previo cuaderno de antecedentes que se forme con las copias certificadas de las constancias que integran este sumario; ello, para que resuelva lo que estime procedente, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Vinculación de expediente electrónico. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, que se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) a través del apartado denominado "vinculación", en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en el presente sumario, para lo cual se instruye a la Oficial Judicial "A" a cargo del referido sistema para tal efecto. Asimismo, instrúyase a la Actuaria -en relación con las constancias de notificación-, como a la Secretaria -en cuanto a las diversas actuaciones-, ambos adscritos a este Juzgado de Distrito, a efecto de que certifiquen que el expediente electrónico de encuentra debidamente integrado. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Oficio. Téngase recibido el oficio de cuenta signado por la Jueza Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí y anexo que acompaña consistente en el juicio de amparo ******************** de su índice, promovido por ********************, por propio derecho y además por conducto de su apoderado jurídico ********************, contra actos de la extinta Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Ello, en razón de que mediante proveído de veintiocho de abril del año en curso, dicha juzgadora federal declaró carecer de competencia legal para conocer de la aludida demanda de amparo, esencialmente, por ser ajeno a su jurisdicción, el lugar en el que habrá de tener ejecución el laudo emitido dentro del procedimiento laboral de origen, esto es, en el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Ahora bien, de las constancias que se reciben se advierte que ********************, por propio derecho y además por conducto de su apoderado jurídico ********************, presentaron su demanda de amparo en la vía directa. Posteriormente, a través de la resolución pronunciada el veinte de abril de dos mil veintitrés, en el amparo directo laboral 1169/2022, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de mérito, al considerar, esencialmente, que de las actuaciones remitidas por la autoridad responsable, consistentes en el expediente laboral ********************, se destaca la dictada el ocho de julio de dos mil veintidós, de la que se desprende que por escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós, la parte demandada en el juicio de origen, solicitó se tuviera por terminada la relación de trabajo con los actores, por lo que la junta responsable atendiendo a lo solicitado, acordó dar por terminada la relación de trabajo a partir de la fecha en que la enjuiciada se negó a reinstalar a los citados actores, condenándola al pago de tres meses de salario, indemnización, salarios vencidos, intereses y prima de antigüedad; acuerdo que si bien es cierto los quejosos no señalaron expresamente como acto reclamado, de los conceptos de violación se desprende que van dirigidos a combatir las cuestiones que en éste se resolvieron. Así, declaró carecer de competencia legal para conocer del acto reclamado antes precisado, y señaló que sostenía lo anterior "a pesar de que en la demanda de amparo se reclame también un laudo, puesto que no puede dejar de considerarse en primer lugar, que en el caso en beneficio de los quejosos ya existe un laudo firme, que la negativa de reinstalación fue en ejecución de ese laudo y que la nueva resolución que se dictó debe ser apreciada para determinar si afecta o no a los intereses de los quejosos, en los términos en que se dictó con respecto a dichas personas." Aceptación de competencia. Atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Plenario 3/2013 del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la referida demanda de amparo; hágase la anotación en el Libro de Gobierno correspondiente y acúsese recibo vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se precisa forma de integración del expediente físico y electrónico. Se destaca que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente - electrónico y en su caso físico- se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Identificación de promoventes y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho y además por conducto de su apoderado jurídico ********************, personalidad que se le tiene por reconocida en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, contra actos de la extinta Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 194/2023-II-H. Improcedencia. Del contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte la facultad del juzgador para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia opere en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes; es decir, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda de derechos fundamentales en cuestión. Como se precisó, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, por resolución emitida el veinte de abril del año en curso, determinó que a pesar de que en la demanda de amparo también se reclama un laudo (dictado el doce de julio de dos mil veintidós) y que los quejosos no señalan expresamente como acto combatido el acuerdo de ocho de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral ********************, lo cierto es que de los conceptos de violación se desprende que van dirigidos a combatir las cuestiones que en éste se resolvieron. Ahora, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que existe el diverso juicio de amparo 602/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por ********************, por propio derecho y además por conducto de su apoderado legal ********************, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en el que reclamaron la resolución pronunciada el ocho de julio de dos mil veintidós, por la responsable dentro de los autos del expediente número ********************/LJE1-1. Asimismo, se destaca que en el citado juicio de amparo, el trece de febrero del año en curso, se emitió la sentencia correspondiente, la cual fue impugnada por la parte quejosa a través del recurso de revisión, mismo que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Noveno Circuito bajo el número de expediente 38/2023, el cual a la fecha se encuentra pendiente de resolver. Todo ello se invoca como hecho notorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tal virtud, si de lo narrado se deduce que la demanda de amparo que nos ocupa fue promovida por ********************, por propio derecho y además por conducto de su apoderado legal ********************, contra la misma autoridad -Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad- y, entre otro, por el propio acto reclamado que en el diverso juicio de amparo 602/2022 del índice de este Juzgado Federal, -determinación dictada el ocho de julio de dos mil veintidós-; por tanto, la demanda que ahora se promueve resulta notoriamente improcedente, únicamente por lo que respecta a dicho acto combatido, por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, es decir, se promueve contra actos que son materia de diverso juicio constitucional, en el caso, el registrado ya detallado, respecto del cual la sentencia que se dictó aún no se encuentra firme. Por las razones que la informan, apoya lo expuesto, la tesis XI.2o.8 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 817, tomo III, junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE GARANTIAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCION III, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIENDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." Por tanto, como se adelantó, por lo que respecta al acto reclamado en el presente juicio de amparo, consistente en la determinación dictada el ocho de julio de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral ********************/JE1-1, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el precitado artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo de que se trata por lo que hace a tal acto combatido, con apoyo en el invocado numeral 113, de la ley de la materia en cita. Incompetencia y escisión de la demanda. En otro aspecto, toda vez que como bien lo destacó el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, en la resolución de veinte de abril de dos mil veintitrés, dentro de juicio de amparo directo 1169/2022, de la lectura íntegra de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa señala como diverso acto reclamado destacado el laudo emitido el doce de julio de dos mil veintidós, en autos del expediente laboral ********************/JE1-1; y siendo que en el caso particular, este juzgado federal desechó la demanda por lo que hace a la aludida determinación de ocho de julio de dos mil veintidós, pronunciada dentro del citado procedimiento laboral. En consecuencia, toda vez que el laudo reclamado, es una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal jurisdiccional, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por ende, este juzgado se declara legalmente incompetente para resolver sobre dicho laudo reclamado y al estar en presencia de una jurisdicción escalonada, el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza del desechamiento antes decretado, por lo que, una vez que cause estado la determinación aquí adoptada, deberá escindirse la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito para que, de así estimarlo, asuma su competencia y resuelva lo pertinente, sin que ello prejuzgue sobre la procedencia del amparo respecto del laudo reclamado, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues ello corresponderá determinarlo a tal órgano colegiado. Se cita como sustento a lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia P./J. 70/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Agosto de 2010, Novena Época, con registro digital 164073, cuyo contenido es el siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto." Domicilio y autorizados. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a ****************************************, por así haber sido solicitado. Acceso a expediente electrónico. Como lo solicita la parte quejosa, autorícese el acceso para consulta del expediente electrónico del juicio que nos ocupa al usuario "********************", de conformidad con los artículos 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, instrúyase a la Secretaria de Acuerdos para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que el peticionario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el carácter de persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. Exhortación a tramitar asuntos "en línea", y consulta de expedientes. Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el expediente en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, oficial judicial "A" y oficiales judiciales "c" que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Marcela Guadalupe Castro Núñez, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistida de la Secretaria Itzel Aguilar Hernández, que autoriza y da fe.
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