Luis Enrique Alcaraz Pérez
Expediente 296/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 26 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 26/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Enrique Alcaraz Pérez
Actuaciones
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo I-296/2021-Y, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con el oficio registrado bajo el número 6344, así como con la totalidad de constancias que obran en el expediente, el cual se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán. Asimismo, con fundamento en los artículos 117, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que obran las documentales anexadas por la parte quejosa al escrito inicial de demanda y las allegadas por el Presidente de la Junta responsable. El juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las probanzas antes referidas y a las demás partes por perdido el derecho a ofrecerlas por lo que se cierra esta etapa. Abierto el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene por precluido el derecho para formularlos a las partes. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintiuno ante la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Luis Enrique Alcaraz Pérez por conducto de sus apoderados jurídicos Alejandra Camarena Guzmán y Omar Indalecio Wences Rivera, comparecieron a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 2. Actuario de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, ambos con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ''La omisión señalar fecha para el desahogo de las pruebas ofertadas por la parte actora: CONFESIONAL; CONFESIONALES PARA HECHOS PROPIOS; TESTIMONIAL SINGULAR; Y PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA Y DOCUMENTOSCOÍA en vías de objeciones. Asimismo las pruebas ofertadas por la demandada: CONFESIONAL; Y TESTIMONIAL, dentro del término legal y notificar a las partes, actos derivados del expediente ordinario número 3B-2074/2018." Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintidós de abril del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno con el número 296/2021, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a la autoridad responsable y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama un acto de una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, el acto reclamado consiste en: La omisión de señalar fecha para el desahogo de las pruebas ofertadas del expediente ordinario número 3B-2074/2018. Tercera. Existencia del acto reclamado. Del informe rendido por las autoridades responsables se advierte que es cierto el acto reclamado, toda vez que no obstante que refieren ya se emitió el auto por el que se señaló el desahogo de las pruebas ofrecidas, se advierte que ello tuvo lugar hasta el diecinueve de mayo actual, es decir, de manera posterior a la fecha de presentación de la demanda, por lo que el acto debe tenerse como cierto. Lo que se robustece con las copias certificadas del juicio laboral que allegó las responsables al informe rendido, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, del Apéndice 1917-septiembre 2011, registro 1002815, que a la letra dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Causas de improcedencia. Como en la especie las partes no hacen valer ninguna causa de improcedencia, este Juzgado de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, debe de oficio estudiar si alguna de ellas se actualiza en el presente asunto. Por tanto, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior revela que, al momento de promover la demanda de amparo -diecinueve de abril del año en curso-, existía el acto reclamado consistente en la omisión por parte de las autoridades responsables de señalar fecha para el desahogo de las pruebas ofertadas del expediente ordinario número 3B-2074/2018. Posteriormente, de las documentales remitidas por las autoridades responsables, se advierte que en proveído de diecinueve de mayo del año en curso, se pronunció respecto de las pruebas y se señalaron las siguientes horas y fechas para el desahogo de las pruebas ofrecidas dentro del juicio de origen: a) Las trece horas del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno para el verificativo de la prueba confesional ofrecida por la parte actora; b) Las doce horas del veinticinco del propio mes y año, para el desahogo de la prueba confesional para hechos propios a cargo de María Dolores Carmona Ramos; c) Las diez horas del veintinueve de junio siguiente, para llevar a cabo la prueba testimonial singular; d) Las diez horas con treinta minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno, para el desahogo de la prueba pericial en Grafoscopía y Documentoscopía; e) Las once horas del treinta de junio de dos mil veintiuno para el verificativo de la prueba confesional; y f) las diez horas del siete de julio del dos mil veintiuno, para llevar a cabo la prueba testimonial. Asimismo, en el propio auto comisionó al actuario judicial para que notifique, entere y aperciba a las partes. Lo anterior, permite sostener que al momento de presentar la demanda de amparo tenía vida jurídica el acto reclamado; sin embargo, el mismo dejó de tenerla en el momento en que las autoridades responsables se pronunciaron respecto de las pruebas ofertadas dentro del juicio laboral de origen, destruyendo en forma inmediata, total, incondicional y material sus efectos, restituyendo en el pleno goce de sus derechos al quejoso como si se le hubiera concedido la protección constitucional. Por tanto, de lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en el mes de febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expresadas en la consideración cuarta de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luis Enrique Alcaraz Pérez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables referidas en el primer resultando. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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