Luis Diaz Barragan

Expediente 542/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
542/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Luis Diaz Barragan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establece el Acuerdo General antes mencionado. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 29 de junio del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio del secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al que anexa el diverso comunicado del Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Asimismo, téngase por recibido el oficio del Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, mediante el cual cumplen con el requerimiento formulado en proveído de doce del mes y año en curso, y al efecto remite las constancias relacionadas con el acto reclamado. Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En el presente asunto, los actos reclamados consisten en lo siguiente: La omisión de pronunciarse respecto de la solicitud de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la que la parte quejosa solicitó la constancia de inscripción de derechos de los títulos sucesorios a nombre de ********************. Ahora bien, de la constancia que adjunta el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, se advierte que el Registrador Integral del Registro Agrario Nacional Delegación Michoacán, con sede en esta ciudad, el veinte de junio del año en curso, expidió la constancia de vigencia de derechos, correspondiente al número de solicitud ******************** de su índice, lo que trajo como consecuencia que el acto reclamado cesara en sus efectos, pues ello constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al presente juicio de amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Constancia que adjuntó en original al oficio de cuenta y a la que se le otorga valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de materia. De ahí que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter omisivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo rubro y texto expresan literalmente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En atención a lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, sin que pase desapercibido que no obra constancia de notificación personal de la respuesta a la solicitud realizada a la parte quejosa, lo anterior, toda vez que el Registro Agrario Nacional Delegación Michoacán, con residencia en esta ciudad, no cuenta con actuarios para realizarla; por tanto, se requiere a la parte quejosa para que comparezca ante las instalaciones de este juzgado debidamente identificado a efecto de hacerle entrega de la constancia de vigencia de derechos remitida por la autoridad en mención, previa copia certificada que de la misma se deje en autos. Notifíquese por lista, personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente y el estado de autos que guarda el presente asunto, se advierte que feneció el término de quince días otorgado al Titular de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, así como Registrador Responsable en la Delegación del Registro Agrario Nacional, ambas autoridades con sede en esta ciudad, mediante oficios 9237 y 9238 del índice de este juzgado, para que rindieran su informe justificado y remitieran copias certificadas legibles de las constancias relacionadas con el acto reclamado, pues dicho término transcurrió del diecisiete de mayo al seis del mes y del año en curso, tal y como se aprecia del acuse de recibo del referido oficio, sin que a la fecha las autoridades de referencia hayan dado cumplimiento con lo solicitado. Atento lo anterior, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las citadas autoridades para que dentro del improrrogable término de cinco días, contado a partir de su notificación, remitan las constancias relacionadas con los actos reclamados, apercibidas que de no cumplir con ello se harán efectivos los apercibimientos formulados en el auto admisorio de demanda de conformidad con el artículo 260, fracción II, del ordenamiento legal invocado. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las nueve horas con once minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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