Luis Enrique Abaunza Salazar
Expediente 1039/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1039/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Luis Enrique Abaunza Salazar
Actuaciones
- Principal
agréguese el telegrama que envía la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza; mediante el cual acusa recibo...
- Principal
Visto; se tiene por recibido el oficio vía electrónica que signa el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, con residencia en la ciudad de Torreón Coahuila, mediante el cual en atención al oficio 25734/2018, del índice de este juzgado federal, por el que se le remitió el expediente principal del cual deriva este cuaderno de antecedentes, informa que formó expediente impreso y electrónico, lo registró con el número 1629/2018, y aceptó seguir conociendo de la demanda de que se trata. Consecuentemente, al no haber más diligencias por cumplimentar, archívese el cuaderno en que se actúa, como definitivamente concluido. Finalmente, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de recibir promoción alguna relacionada con el presente asunto, previa copia que se deje en el expediente, remítase la misma al juzgado oficiante. En tal sentido hágase del conocimiento al Director del Centro Federal de Reinserción Social número 14 "CPS Durango", con sede en Gómez Palacio, Durango, que en caso de que a la fecha no haya rendido el informe que le fue requerido en auto de siete de diciembre de dos mil dieciocho, lo remita directamente al Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, que es quien ahora conoce del juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; siete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Gadiel Abaunza Durón en favor de Luis Enrique Abaunza Salazar, contra actos del Director del Centro Federal de Reinserción Social Número 14 "CPS DURANGO". Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 1039/2018, y fórmese expediente. Se decreta suspensión de plano. Tomando en cuenta que en la demanda de amparo se señalan como actos reclamados, la incomunicación o aislamiento; con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDEN DE PLANO dichos actos, los cuales se trata de actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Lo anterior siempre y cuando su incomunicación o aislamiento, no obedezca a alguna medida disciplinaria impuesta en su contra, lo que deberá justificar la autoridad responsable. Sin que haya lugar a ordenar la medida en los términos pretendidos por el ocursante, relativos a que el directo quejoso se comunique vía telefónica al número que refiere, toda vez que el derecho humano de los internos de los Centros Federales de Readaptación Social, de tener comunicación con el exterior, no es absoluto, sino limitado, porque está sujeto a las condiciones establecidas en la ley o en el reglamento aplicables, y en ese tenor, es la autoridad penitenciaria quien puede restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados e incluso imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos, tan es así, que es factible tener como infracción el realizar llamadas telefónicas que no estén autorizadas bajo las medidas adoptadas al respecto, por ende, no ha lugar a conceder de plano la suspensión a su respecto, máxime que el precitado artículo 126 de la ley de la materia, establece que dicha medida sólo procede de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, caso en el cual no se encuentra la pretensión del promovente; en la inteligencia de que ya fue concedida por cuanto a la incomunicación o aislamiento de que aduce está siendo objeto su defendido. Requerimiento de informe de la suspensión de plano. Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que se le notifique el presente acuerdo, se sirva informar a este juzgado de Distrito, el trato dado a la suspensión de oficio otorgada en favor de Luis Enrique Abauza Salazar, con el apercibimiento que en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, el servidor público que con el carácter de autoridad responsable no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, se le impondrá pena de tres a nueve años de prisión, y multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al momento de realizarse la conducta, destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos; con independencia de cualquier otro delito en que incurra, lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3°, párrafo tercero, última parte, de la Ley de amparo, se autoriza a la autoridad responsable, rinda su informe vía fax, al teléfono 017444660411, o en su defecto, al correo electrónico 6jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por correo ordinario. En el entendido que de no cumplir con lo anterior en el término señalado, se le impondrá multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el 5° de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Lo antes determinado es sin perjuicio de que el quejoso quede en el lugar en que se encuentre, a disposición de la autoridad judicial correspondiente, para el único y exclusivo efecto de la continuación del procedimiento que en su caso se le esté instruyendo, toda vez que dicho procedimiento es de orden público; asimismo, el impetrante del amparo queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad responsable, por lo que se refiere a su salud e integridad física. Solicitud de notificación a la autoridad responsable. Con independencia de lo ordenado sobre la forma de realizar las notificaciones a la responsable, atento a lo que se determinará sobre la competencia de este órgano jurisdiccional, dada la naturaleza del asunto, se solicita atentamente al juzgado de Distrito que le corresponda conocer de la demanda, que notifique el oficio respectivo, al Director del Centro Federal de Reinserción Social número 14 "CPS-DURANGO, con sede en Gómez Palacio, para los efectos legales a que haya lugar. Incompetencia por razón del territorio. Del estudio integral de la demanda se advierte que el acto reclamado es la incomunicación o aislamiento del directo quejoso Luis Enrique Abaunza Salazar, que se está ejerciendo en el Centro de Reinserción Social número 14 CPS-DURANGO, con sede en Gómez Palacio, Durango, de la cual se estima que este juzgado de Distrito no es legalmente competente para conocerla, por las siguientes razones. En principio, el artículo 37 de la Ley de Amparo estatuye: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del normativo transcrito se aprecian los supuestos que indican la competencia de los Jueces de Distrito en los diversos asuntos que les corresponde conocer, y precisamente se obtiene que existen tres reglas para fijar esa competencia, siendo las siguientes: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo expuesto se advierte que, conforme al precepto anotado, para definir la competencia de un Juez de Distrito, debe atenderse al ámbito de ejecución material del acto reclamado y, en el caso concreto, lo constituye la incomunicación que a decir de quien promueve se está ejecutando en el Centro de Readaptación Social número 14 "CPS-DURANGO", con sede en Gómez Palacio, Durango. Tales circunstancias conllevan a concluir que en el caso, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda que se atiende, lo es el que ejerce jurisdicción en ese Municipio, pues de existir los actos reclamados evidentemente se están ejecutando en dicha localidad, por lo que la competencia por razón de territorio para conocer y resolver el asunto recae en el juez de Distrito con residencia en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila. Aunado a lo anterior, el promovente del amparo, no señaló ninguna autoridad responsable con residencia en la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Sirve de apoyo la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 73, Volumen 217-228, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado". Corolario de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se estima que corresponde conocer de la presente demanda al Juez de Distrito en La Laguna en Turno, con sede en Torreón, Coahuila, que se encuentre de guardia. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas, para debida constancia legal. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del promovente el que señala en su demanda, sin perjuicio de que el directo quejoso haga lo propio. De las notificaciones de las partes. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó Carlos Alberto Larumbe Ramírez, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de la licencia académica de la titular de este órgano jurisdiccional; autorizada mediante oficio SECJ/STB/1217/2018, de dos de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; asistido de Alondra Robles Girón, secretaria quien da fe.
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