Luis Enrique Abaunza Salazar
Expediente 720/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 30 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 720/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 06/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Luis Enrique Abaunza Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
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JUICIO DE AMPARO 720/2019 ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA; SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 86, DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE LAS PARTES HUBIESEN RECURRIDO LA SENTENCIA DE QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, DICTADA EN ESTE JUICIO. EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 355 Y 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, POR REMISIÓN EXPRESA DE SU ARTÍCULO 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO HA CAUSADO EJECUTORIA, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), Y ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE
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Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de dos de septiembre del año en curso, se declaró que la sentencia dictada el quince de diciembre de dos mil veinte, había causado ejecutoria y se ordenó enviar el expediente al archivo. Ahora bien, con fecha once de agosto del año en curso se dictó resolución interlocutoria en el incidente de nulidad de notificaciones, promovido por el autorizado de la parte quejosa, contra la notificación realizada por lista de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, mismo que se declaró fundado, ordenándose la reposición del procedimiento para efecto de que el actuario judicial realizara la notificación de la sentencia de quince de diciembre de dos mil veinte, a la parte quejosa por conducto de su autorizado, por lo que en cumplimiento a la resolución interlocutoria, la notificación se realizó mediante lista publicada en los estrados de este juzgado, en virtud de que dicho autorizado, no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes a notificarse, no obstante de haberse dejado aviso en la puerta del inmueble señalado para oír y recibir notificaciones, en razón de que no se localizó a persona alguna en el domicilio, por lo que el diecisiete de agosto de este año, se tuvo por realizada la notificación a dicha parte, como ya se dijo, mediante lista. En ese sentido, debe decirse, que si bien la notificación NESTOR DAVID VAZQUEZ ALDAMA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.17.11 18/03/23 12:11:18 realizada por lista a la parte quejosa, ha surtido sus efectos, tan es así que ya causó ejecutoria la sentencia de quince de diciembre de dos mil veinte, al no haber sido recurrida por ninguna de las partes, no obstante de estar legalmente notificadas, esta juzgadora, atendiendo al principio de tutela judicial efectiva, estima que la misma es insuficiente para tener certeza que la parte quejosa tuvo conocimiento pleno y completo de la resolución emitida en el incidente de nulidad de notificaciones, el once de agosto del presente año. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, octubre de 2007, página 209, Novena Época, con número de registro digital 171257, de rubro y texto siguiente: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia NESTOR DAVID VAZQUEZ ALDAMA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.17.11 18/03/23 12:11:18 ??????????????? imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. En atención a lo expuesto, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, en términos de su numeral 2, se regulariza el procedimiento, y se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que notifique personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, que de acuerdo a lo manifestado por el encargado de la Dirección General del Centro de Readaptación Social No. 14 "CPS Durango", el aquí quejoso Luis Enrique Abaunza Salazar, fue traslado de dicho penitenciario al diverso Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco, en cumplimiento al oficio SSPC/PRS/08043/2022, firmado por el Coordinador General de Centros Federales, en suplencia por ausencia del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, por lo tanto notifíquese la resolución de once de agosto de dos mil de dos mil veintidós, así como la sentencia de quince de diciembre de dos mil veinte a Luis Enrique Abaunza Salazar, en dicho centro de reclusión con sede en esta ciudad. Consecuentemente, se deja sin efectos el acuerdo de dos de septiembre del presente año, dictado en el presente sumario.
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Vista la certificación de cuenta; se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo primero del artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido la sentencia de quince de diciembre de dos mil veinte, dictada en este juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes... Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente asunto como concluido... Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años por virtud de que en el mismo se SOBRESEYÓ respecto de los actos reclamados. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En relación al original del cuaderno incidental que deriva del presente, en términos del artículo 21, inciso C) del invocado cuerpo normativo, es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en la especie se NEGÓ la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años descrito en líneas precedentes, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente. Respecto del duplicado del incidente de suspensión, es DESTRUIBLE de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General precisado, se ordena que dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de seis meses, contado a partir del presente proveído, se proceda a su destrucción, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del cuaderno. Notifíquese electrónicamente.
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JUICIO DE AMPARO: 720/2019. RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DE INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES...R E S U E L V E: PRIMERO. ES FUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES PROMOVIDO POR EL QUEJOSO . POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN EL CONSIDERANDO TERCERO DE ESTE FALLO INTERLOCUTORIO. SEGUNDO. SE DECRETA LA NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, MEDIANTE LA CUAL SE NOTIFICÓ AL QUEJOSO LA SENTENCIA PRONUNCIADA EN EL PRESENTE SUMARIO. TERCERO. SE DECRETA LA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS CON POSTERIORIDAD A LA NOTIFICACIÓN DECLARADA NULA. CUARTO. SE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EFECTO DE QUE CUALQUIERA DE LOS ACTUARIOS JUDICIALES ADSCRITOS A ESTE ÓRGANO, NOTIFIQUE PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, UBICADO EN ANDADOR TLATINGA, MANZANA 13, SECTOR 1, LOTE 20, COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA PARA TALES EFECTOS, Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA
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