Luis Emilio Ulloa Martínez

Expediente 785/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
785/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • Luis Emilio Ulloa Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento del juicio de amparo en que se actúa con motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional en proveído de treinta de septiembre del año en curso, por lo que determinó no insistir en declinar la competencia a favor de este juzgado en el juicio de amparo 18/2022 de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora, tomando en consideración de que no existen diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el citado expediente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En términos del artículo vigésimo primero, inciso j), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta se obtiene que del rastreo de la guía de Estafeta en la que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, remitió el oficio 26119/2022 que contiene el proveído de diez de agosto del año en curso, dictado dentro del juicio de amparo 18/2022 fue depositado hasta el veintiséis de septiembre del año en curso por dicho Juzgado. En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, al cual adjunta el expediente original 18/2022 de su estadística, promovido por José Tomás Rodríguez Baltazar, a favor del quejoso Luis Emilio Ulloa Martínez, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, con motivo de la determinación emitida el diez de agosto de dos mil veintidós, en la cual el citado órgano jurisdiccional determinó carecer de competencia legal por razón de territorio, toda vez que a su consideración el cuaderno de ejecución 2/2022 de origen, se radicó en el Juzgado de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, con motivo de la competencia declinada por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado, con sede en Mexicali. En consecuencia, regístrese la demanda de amparo en el libro de juzgado, bajo número 785/2022-A. No se acepta competencia. Ahora, quien suscribe disiente respetuosamente de las consideraciones en las que la autoridad oficiante se apoyó para declarar su incompetencia legal en favor de este Juzgado y por tanto, no se acepta la competencia planteada por los motivos que a continuación se precisan. En el caso, la autoridad oficiante señala que se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que señala que será competente el Juez de Distrito del lugar en el que actualmente se encuentra recluido el aquí quejoso, dado que la parte quejosa señaló como acto reclamado la "omisión de tramitar la solicitud de libertad condicionada hecha del conocimiento de la Juez de Control Especializada en Ejecución del Partido Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali"; sin embargo, al imponerse de las constancias que integraban el expediente relativo al juicio de amparo 18/2022 de su índice, se advertía que el directo quejoso "ya se encontraba" en el Centro Penitenciario El Hongo, con residencia en Tecate, Baja California, por lo que consideró que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo relativa, debiendo conocer de ella el Juez de Distrito en esta ciudad, por ser quien ejerce jurisdicción en el lugar donde "actualmente" se encuentra interno el directo quejoso (toda vez que el acto reclamado llevaría implícitamente una ejecución, ya sea porque se le otorgare el beneficio solicitado o bien porque éste le fuera negado por la autoridad que concede del mismo, y que ahora lo era el Juez de Ejecución, con residencia en Tecate, Baja California). Ahora bien, en el caso concreto, este órgano jurisdiccional estima que, el Juzgado declinante planteó la aludida incompetencia teniendo en cuenta únicamente el acto reclamado consistente en: la "omisión de tramitar la solicitud de libertad condicionada hecha del conocimiento de la Juez de Control Especializada en Ejecución del Partido Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali". Sin embargo, de las constancias que integran el juicio de amparo de su índice, se advierte que contrario a ello, la parte quejosa también señaló como acto reclamado "la resolución y/o determinación de designación del lugar de compurgación al Centro de Reinserción Social "El Hongo" con residencia en Tecate, Baja California, el seis de enero de dos mil veintidós." Así como que por auto dictado el siete de enero del año en curso, dicho Juzgado de Distrito desechó de plano la demanda de amparo por lo que hace al acto reclamado consistente en la orden de traslado y admitió la misma por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en la omisión de tramitar la solicitud de libertad condicionada. Posteriormente, en proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido la ejecutoria dictada en el recurso de queja 80/2022 del índice del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito con residencia en Mexicali, que declaró fundado dicho recurso motivo por el cual se admitió a trámite la demanda de amparo en relación con el acto reclamado consistente en la orden de traslado reclamada por la parte quejosa. Por tanto, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y atendiendo a que el estudio de la demanda debe considerarse como un todo, en relación con el acto reclamado consistente en la orden de traslado reclamado por el quejoso desde su escrito inicial y en vía de consecuencia su ejecución, no se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, sino la diversa prevista en el segundo párrafo, por las consideraciones siguientes. Al efecto, es pertinente citar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal transcrito prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1. Cuando el acto reclamado tenga ejecución material, será competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Cuando el acto reclamado tenga ejecución material y ésta pueda darse en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez ante quien se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado carezca de ejecución, será competente el Juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se desprende que para las dos primeras reglas competenciales, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera que no la requiere. Aunado a lo anterior, es pertinente destacar que lo que distingue a las dos primeras reglas competenciales, que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, pues la primera regla se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción. En cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 3a. XLIX/93 emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trece, tomo XII, septiembre de mil novecientos noventa y tres, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 206707, que señala: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión "a prevención" que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto. Competencia civil 84/93. Suscitada entre las jueces Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal y Tercero de Distrito en el Estado de México. 28 de junio de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot." Ahora, es oportuno destacar que si bien es cierto, en el segundo párrafo únicamente se prevé que será competente el Juez ante quien se presente la demanda, lo cierto es que dicha disposición no puede ser interpretada literalmente, sino de manera armónica con el contenido integral del numeral respectivo. Así, del artículo 37 invocado, como se anticipó, se desprende que las dos primeras reglas competenciales se refieren a actos que requieren de ejecución material, en ese sentido, tratándose de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar de ejecución como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Entonces, se concluye que cuando el acto reclamado se esté ejecutado, haya sido ejecutado o pueda ser ejecutable en dos o más distritos judiciales, será competente para conocer del amparo biinstancial el Juez de cualquiera de esas demarcaciones, a prevención. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.13 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página mil novecientos cuarenta y uno, tomo III, libro seis, mayo de dos mil catorce, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006496, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN ACTO EJECUTADO O EJECUTABLE EN DOS O MÁS DISTRITOS JUDICIALES. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE CUALQUIERA DE ESAS DEMARCACIONES, A PREVENCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece: "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.". Sin embargo, ese enunciado normativo no debe entenderse literal y aisladamente en el sentido de que podrá conocer del asunto cualquier Juez de Distrito del país. Antes bien, es necesario interpretarlo en armonía con el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que la demanda de amparo indirecto deberá presentarse "ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". De esta disposición se infiere que, tratándose de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar de ejecución como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Así, mediante la interpretación de la norma secundaria conforme al precepto constitucional, se concluye que cuando el acto reclamado haya sido ejecutado o pueda ser ejecutable en dos o más distritos judiciales, será competente para conocer del amparo biinstancial el Juez de cualquiera de esas demarcaciones, a prevención. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Conflicto competencial 1/2013. Suscitado entre el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún y el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 8 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: Samuel René Cruz Torres." Luego, tomando en consideración que, en el caso concreto, los actos reclamados por la parte quejosa los hizo consistir en la i) omisión de tramitar la solicitud de libertad condicionada hecha del conocimiento de la Juez de Control Especializada en Ejecución del Partido Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali y la ii) orden de traslado al Centro de Reinserción Social El Hongo, con residencia en Tecate, Baja California, con motivo de la resolución emitida el seis de enero de dos mil veintidós por la Juez de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, dentro del expediente 460/2019; es decir, por lo que hace a éste último acto lo constituye una orden de traslado de un centro penitenciario a otro y su ejecución; por tanto, se trata de un acto de autoridad por medio del cual se autoriza el cambio de ubicación física del reo de un establecimiento de reclusión a uno diverso, por lo que es claro que se trata de un acto que tiene ejecución material y, que para que se lleve a cabo lo ordenado por la autoridad, se dispone de tres momentos que comprende dicha orden, que son los siguientes: a) El primero que consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido; b) El segundo que consiste propiamente en el traslado material del reo, a un lugar distinto; y, c) El tercero es aquél por el cual se ingresa al reo al nuevo centro de reclusión, etapa ésta en la que culmina la ejecución de la orden. De lo anterior se sigue que la orden de traslado y su ejecución debe ser considerado como un acto de tracto sucesivo, ya que desde la emisión de dicha orden, hasta su conclusión, se suscitan una serie de hechos continuos tendentes al traslado de la persona, es decir, atendiendo a la naturaleza jurídica de la orden, tenemos que sus efectos no se agotan con la sola emisión, sino que, con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo, y en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en otro centro penitenciario. Con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que cuando el acto reclamado consiste en la orden de traslado se surte la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues el acto tiene ejecución material y ésta pueda darse en más de un distrito, por lo que es competente para conocer de la demanda relativa el Juez de Distrito de cualquiera de esas demarcaciones, a prevención. Lo anterior es así toda vez que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia -para dicha sala- esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia." Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la Jurisprudencia 1a./J. 63/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 933, tomo I, libro 71, octubre de dos mil diecinueve, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2020829, de texto y rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, para esta Primera Sala esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia." De ahí que, como se anticipó, el hecho de que la orden de traslado se haya materializado por completo, no tiene el alcance de modificar la naturaleza del acto reclamado, por lo que continúa siendo de tracto sucesivo y, por tanto, se sigue surtiendo la hipótesis de competencia prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Similar criterio fue sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, al resolver los conflictos competenciales 8/2018-I y 20/2018-I de su índice. Precisado lo anterior, es dable destacar que, en el caso concreto, de la información que obra en autos se obtiene que el acto reclamado comenzó a ejecutarse en la ciudad de Mexicali, Baja California, por ser el lugar donde se encontraba recluido el de nombre Luis Emilio Ulloa Martínez en el momento que inició la ejecución de la orden de traslado que combate, y se siguió ejecutando en la ciudad de Tecate, Baja California, lugar en que se encuentra el Centro de Reinserción Social El Hongo en el que finalmente fue internado el quejoso. Por tanto, si la demanda se presentó el diez de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Mexicali, Baja California y fue turnada en esa misma fecha al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esa ciudad, es claro que es dicho Juzgado quien resulta competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Luis Emilio Ulloa Martínez, por conducto de Jose Tomás Rodríguez Baltazar, por ser quien previno en el conocimiento. En ese contexto, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada para conocer del juicio de amparo 18/2022, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por las razones expuestas en este proveído. En consecuencia, con copia de la demanda de amparo y demás constancias; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. Devuélvase el expediente original del juicio de amparo 18/2022 y anexos que acompaña al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; solicítese acuse de recibo, y de no tener inconveniente legal alguno haga del conocimiento de este Juzgado la determinación que asuma sobre el particular. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el Secretario Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, quien autoriza y da fe. Doy fe.Vista la certificación secretarial de cuenta se obtiene que del rastreo de la guía de Estafeta en la que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, remitió el oficio 26119/2022 que contiene el proveído de diez de agosto del año en curso, dictado dentro del juicio de amparo 18/2022 fue depositado hasta el veintiséis de septiembre del año en curso por dicho Juzgado. En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, al cual adjunta el expediente original 18/2022 de su estadística, promovido por José Tomás Rodríguez Baltazar, a favor del quejoso Luis Emilio Ulloa Martínez, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, con motivo de la determinación emitida el diez de agosto de dos mil veintidós, en la cual el citado órgano jurisdiccional determinó carecer de competencia legal por razón de territorio, toda vez que a su consideración el cuaderno de ejecución 2/2022 de origen, se radicó en el Juzgado de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, con motivo de la competencia declinada por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado, con sede en Mexicali. En consecuencia, regístrese la demanda de amparo en el libro de juzgado, bajo número 785/2022-A. No se acepta competencia. Ahora, quien suscribe disiente respetuosamente de las consideraciones en las que la autoridad oficiante se apoyó para declarar su incompetencia legal en favor de este Juzgado y por tanto, no se acepta la competencia planteada por los motivos que a continuación se precisan. En el caso, la autoridad oficiante señala que se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que señala que será competente el Juez de Distrito del lugar en el que actualmente se encuentra recluido el aquí quejoso, dado que la parte quejosa señaló como acto reclamado la "omisión de tramitar la solicitud de libertad condicionada hecha del conocimiento de la Juez de Control Especializada en Ejecución del Partido Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali"; sin embargo, al imponerse de las constancias que integraban el expediente relativo al juicio de amparo 18/2022 de su índice, se advertía que el directo quejoso "ya se encontraba" en el Centro Penitenciario El Hongo, con residencia en Tecate, Baja California, por lo que consideró que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo relativa, debiendo conocer de ella el Juez de Distrito en esta ciudad, por ser quien ejerce jurisdicción en el lugar donde "actualmente" se encuentra interno el directo quejoso (toda vez que el acto reclamado llevaría implícitamente una ejecución, ya sea porque se le otorgare el beneficio solicitado o bien porque éste le fuera negado por la autoridad que concede del mismo, y que ahora lo era el Juez de Ejecución, con residencia en Tecate, Baja California). Ahora bien, en el caso concreto, este órgano jurisdiccional estima que, el Juzgado declinante planteó la aludida incompetencia teniendo en cuenta únicamente el acto reclamado consistente en: la "omisión de tramitar la solicitud de libertad condicionada hecha del conocimiento de la Juez de Control Especializada en Ejecución del Partido Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali". Sin embargo, de las constancias que integran el juicio de amparo de su índice, se advierte que contrario a ello, la parte quejosa también señaló como acto reclamado "la resolución y/o determinación de designación del lugar de compurgación al Centro de Reinserción Social "El Hongo" con residencia en Tecate, Baja California, el seis de enero de dos mil veintidós." Así como que por auto dictado el siete de enero del año en curso, dicho Juzgado de Distrito desechó de plano la demanda de amparo por lo que hace al acto reclamado consistente en la orden de traslado y admitió la misma por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en la omisión de tramitar la solicitud de libertad condicionada. Posteriormente, en proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido la ejecutoria dictada en el recurso de queja 80/2022 del índice del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito con residencia en Mexicali, que declaró fundado dicho recurso motivo por el cual se admitió a trámite la demanda de amparo en relación con el acto reclamado consistente en la orden de traslado reclamada por la parte quejosa. Por tanto, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y atendiendo a que el estudio de la demanda debe considerarse como un todo, en relación con el acto reclamado consistente en la orden de traslado reclamado por el quejoso desde su escrito inicial y en vía de consecuencia su ejecución, no se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, sino la diversa prevista en el segundo párrafo, por las consideraciones siguientes. Al efecto, es pertinente citar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal transcrito prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1. Cuando el acto reclamado tenga ejecución material, será competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Cuando el acto reclamado tenga ejecución material y ésta pueda darse en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez ante quien se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado carezca de ejecución, será competente el Juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se desprende que para las dos primeras reglas competenciales, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera que no la requiere. Aunado a lo anterior, es pertinente destacar que lo que distingue a las dos primeras reglas competenciales, que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, pues la primera regla se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción. En cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 3a. XLIX/93 emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trece, tomo XII, septiembre de mil novecientos noventa y tres, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 206707, que señala: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión "a prevención" que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto. Competencia civil 84/93. Suscitada entre las jueces Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal y Tercero de Distrito en el Estado de México. 28 de junio de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot." Ahora, es oportuno destacar que si bien es cierto, en el segundo párrafo únicamente se prevé que será competente el Juez ante quien se presente la demanda, lo cierto es que dicha disposición no puede ser interpretada literalmente, sino de manera armónica con el contenido integral del numeral respectivo. Así, del artículo 37 invocado, como se anticipó, se desprende que las dos primeras reglas competenciales se refieren a actos que requieren de ejecución material, en ese sentido, tratándose de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar de ejecución como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Entonces, se concluye que cuando el acto reclamado se esté ejecutado, haya sido ejecutado o pueda ser ejecutable en dos o más distritos judiciales, será competente para conocer del amparo biinstancial el Juez de cualquiera de esas demarcaciones, a prevención. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.13 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página mil novecientos cuarenta y uno, tomo III, libro seis, mayo de dos mil catorce, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006496, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN ACTO EJECUTADO O EJECUTABLE EN DOS O MÁS DISTRITOS JUDICIALES. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE CUALQUIERA DE ESAS DEMARCACIONES, A PREVENCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece: "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.". Sin embargo, ese enunciado normativo no debe entenderse literal y aisladamente en el sentido de que podrá conocer del asunto cualquier Juez de Distrito del país. Antes bien, es necesario interpretarlo en armonía con el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que la demanda de amparo indirecto deberá presentarse "ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". De esta disposición se infiere que, tratándose de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar de ejecución como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Así, mediante la interpretación de la norma secundaria conforme al precepto constitucional, se concluye que cuando el acto reclamado haya sido ejecutado o pueda ser ejecutable en dos o más distritos judiciales, será competente para conocer del amparo biinstancial el Juez de cualquiera de esas demarcaciones, a prevención. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Conflicto competencial 1/2013. Suscitado entre el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún y el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 8 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: Samuel René Cruz Torres." Luego, tomando en consideración que, en el caso concreto, los actos reclamados por la parte quejosa los hizo consistir en la i) omisión de tramitar la solicitud de libertad condicionada hecha del conocimiento de la Juez de Control Especializada en Ejecución del Partido Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali y la ii) orden de traslado al Centro de Reinserción Social El Hongo, con residencia en Tecate, Baja California, con motivo de la resolución emitida el seis de enero de dos mil veintidós por la Juez de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, dentro del expediente 460/2019; es decir, por lo que hace a éste último acto lo constituye una orden de traslado de un centro penitenciario a otro y su ejecución; por tanto, se trata de un acto de autoridad por medio del cual se autoriza el cambio de ubicación física del reo de un establecimiento de reclusión a uno diverso, por lo que es claro que se trata de un acto que tiene ejecución material y, que para que se lleve a cabo lo ordenado por la autoridad, se dispone de tres momentos que comprende dicha orden, que son los siguientes: a) El primero que consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido; b) El segundo que consiste propiamente en el traslado material del reo, a un lugar distinto; y, c) El tercero es aquél por el cual se ingresa al reo al nuevo centro de reclusión, etapa ésta en la que culmina la ejecución de la orden. De lo anterior se sigue que la orden de traslado y su ejecución debe ser considerado como un acto de tracto sucesivo, ya que desde la emisión de dicha orden, hasta su conclusión, se suscitan una serie de hechos continuos tendentes al traslado de la persona, es decir, atendiendo a la naturaleza jurídica de la orden, tenemos que sus efectos no se agotan con la sola emisión, sino que, con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo, y en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en otro centro penitenciario. Con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que cuando el acto reclamado consiste en la orden de traslado se surte la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues el acto tiene ejecución material y ésta pueda darse en más de un distrito, por lo que es competente para conocer de la demanda relativa el Juez de Distrito de cualquiera de esas demarcaciones, a prevención. Lo anterior es así toda vez que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia -para dicha sala- esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia." Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la Jurisprudencia 1a./J. 63/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 933, tomo I, libro 71, octubre de dos mil diecinueve, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2020829, de texto y rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, para esta Primera Sala esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia." De ahí que, como se anticipó, el hecho de que la orden de traslado se haya materializado por completo, no tiene el alcance de modificar la naturaleza del acto reclamado, por lo que continúa siendo de tracto sucesivo y, por tanto, se sigue surtiendo la hipótesis de competencia prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Similar criterio fue sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, al resolver los conflictos competenciales 8/2018-I y 20/2018-I de su índice. Precisado lo anterior, es dable destacar que, en el caso concreto, de la información que obra en autos se obtiene que el acto reclamado comenzó a ejecutarse en la ciudad de Mexicali, Baja California, por ser el lugar donde se encontraba recluido el de nombre Luis Emilio Ulloa Martínez en el momento que inició la ejecución de la orden de traslado que combate, y se siguió ejecutando en la ciudad de Tecate, Baja California, lugar en que se encuentra el Centro de Reinserción Social El Hongo en el que finalmente fue internado el quejoso. Por tanto, si la demanda se presentó el diez de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Mexicali, Baja California y fue turnada en esa misma fecha al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esa ciudad, es claro que es dicho Juzgado quien resulta competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Luis Emilio Ulloa Martínez, por conducto de Jose Tomás Rodríguez Baltazar, por ser quien previno en el conocimiento. En ese contexto, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada para conocer del juicio de amparo 18/2022, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por las razones expuestas en este proveído. En consecuencia, con copia de la demanda de amparo y demás constancias; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. Devuélvase el expediente original del juicio de amparo 18/2022 y anexos que acompaña al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; solicítese acuse de recibo, y de no tener inconveniente legal alguno haga del conocimiento de este Juzgado la determinación que asuma sobre el particular. Notifíquese.

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