Luis Emilio Ullo Martínez

Expediente 217/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 17 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
217/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Luis Emilio Ullo Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    El seis de julio de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, seis de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra el auto dictado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir siete de julio de dos mil veinticinco. Respecto al original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso c), del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el siete de julio de dos mil veinticinco. Por lo que corresponde al duplicado del citado incidente, se establece que éste es susceptible de destrucción de conformidad con lo dispuesto en el numeral vigésimo, fracción II, inciso a), del acuerdo antes referido, por lo que se señala como fecha para tal efecto el siete de enero de dos mil veintitrés. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de sobreseimiento que establece la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.]" Ello, en virtud de que el acto reclamado en este juicio constitucional se hizo consistir en la omisión atribuida al Juez de Control Especializado en Ejecución del Partido Judicial del Poder Judicial del Estado con sede en Tecate, de tramitar la solicitud de libertad condicionada, dentro de la causa penal 460/2019, que solicitó la parte quejosa mediante escrito de trece de enero de dos mil veintidós, quien esto resuelve, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que para efecto de que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Tiene aplicación al efecto por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a página 210, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, como ya se precisó, el acto reclamado consiste en la omisión atribuida al Juez de Control Especializado en Ejecución del Partido Judicial del Poder Judicial del Estado con sede en Tecate, de tramitar la solicitud de libertad condicionada, dentro de la causa penal 460/2019, que solicitó la parte quejosa mediante escrito de trece de enero de dos mil veintidós. Sobre lo cual, precisa destacar que de las constancias que integran el cuaderno de ejecución 2/2022, del índice de la autoridad responsable Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate -en su denominación correcta-, que adjuntó en copia certificada a su informe justificado, se advierte que en proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós, dicha autoridad aceptó la competencia declinada por la Juez de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado, con sede en Mexicali, Baja California, dentro de la causa penal 460/2019, de su índice, y entre otras cuestiones, acordó sobre la petición del beneficio preliberacional de libertad condicionada, formulada en favor del aquí quejoso Luis Emilio Ulloa Martínez. Luego, se tiene que la citada responsable, por oficio agregado a los autos el once de mayo del año en curso, remitió en alcance a su informe con justificación, copia autentificada del registro de audiovisual del que se advierte que dentro del cuaderno de ejecución 2/2022, de su índice, en audiencia pública de cinco de mayo de dos mil veintidós, con la presencia del directo quejoso Luis Emilio Ulloa Martínez, asistido de su defensor, determinó negar el beneficio de libertad condicionada solicitado. Ante lo cual, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad -veintitrés de marzo de dos mil veintidós-, el acto reclamado subsistía, también lo es que con posterioridad, es decir, el cuatro de abril de dos mil veintidós, en el cuaderno de ejecución 2/2022, la autoridad responsable se pronunció respecto al escrito mediante el cual se solicitó en favor del aquí quejoso Luis Emilio Ulloa Martínez, el beneficio preliberacional de libertad condicionada; y, en audiencia celebrada el cinco de mayo de dos mil veintidós, la citada responsable determinó negar el aludido beneficio solicitado en favor del quejoso, por los motivos ahí expuestos; de ahí que -como se anticipó-, cesaron los efectos del acto que en esta instancia constitucional se reclama, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la justicia federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica de la particular, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: (No. Registro: 193,758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38) En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley; por esa razón, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, que dice: En consecuencia, quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite la autoridad responsable Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, mediante el cual remite copia autentificada del registro audiovisual que contiene la audiencia pública celebrada el cinco de mayo de dos mil veintidós, dentro del cuaderno de ejecución 2/2022, de su índice, con presencia del aquí quejoso Luis Emilio Ulloa Martínez, asistido de su defensor, en la que resolvió sobre la solicitud del beneficio preliberacional de libertad condicionada, en los términos que precisa en el oficio que se atiende. Ahora, en relación con el disco compacto, no es el caso celebrar una audiencia especial para su reproducción, dado que dicho medio de convicción tiene la naturaleza de una documental pública. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, decima época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Por tanto, con fundamento en los numerales 119 y 123, ambos de la ley de la materia, se tiene por anunciada la documental remitida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En consecuencia, resguárdese el disco compacto en la Secretaría de este Juzgado, a fin de evitar el daño de éste por manejo del expediente; en el supuesto de que, si es deseo de las partes consultar su contenido, se le entregará copia del mismo. No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento a las partes que si es de su interés acudir a este Juzgado para efectos de imponerse del disco compacto exhibido por la autoridad responsable, deberán informar a este juzgado con la debida anticipación, la fecha en que pueda acudir a las instalaciones para estar en condiciones de realizar los trámites necesarios de acceso al órgano jurisdiccional, y ordenar su desahogo, acorde con lo establecido en los artículos 6, fracción I, y 26 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, toda vez que dicha documental se considera complementaria al informe justificado rendido por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Finalmente, en virtud de que el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", en Tecate, Baja California; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARS-CoV- 2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso el presente auto mediante los medios electrónicos establecidos en el acuerdo general 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura íntegra del presente auto, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello; de igual manera, a efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar la diligencia encomendada, deberá cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales ya tiene conocimiento. Notifíquese; y personalmente al quejoso interno en su lugar de reclusión y a su defensor particular.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, once de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite la autoridad responsable Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, mediante el cual informa que en el cuaderno de ejecución 2/2022, de su índice, se celebró audiencia pública el cinco de mayo de dos mil veintidós, con presencia del aquí quejoso Luis Emilio Ulloa Martínez, asistido de su defensor, en la que se resolvió sobre la solicitud del beneficio preliberacional de libertad condicionada, en los términos que precisa en el oficio que se atiende; y, para acreditar su dicho, refiere que en su momento remitirá a este Juzgado de forma física copia autentificada del registro audiovisual correspondiente. Atento a ello, se toma conocimiento de lo informado por la autoridad responsable oficiante, para los efectos legales a que haya lugar; y, estese a la espera a que se reciba en este Juzgado la constancia a que hace referencia, a fin de acordar lo que en derecho corresponda. Ahora, toda vez que el oficio de cuenta se considera complementario al informe justificado rendido por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Finalmente, en virtud de que el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", en Tecate, Baja California; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso el presente auto mediante los medios electrónicos establecidos en el acuerdo general 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura íntegra del presente auto, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello; de igual manera, a efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar la diligencia encomendada, deberá cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales ya tiene conocimiento. Notifíquese; y personalmente al quejoso interno en su lugar de reclusión y a su defensor particular.

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