Luis Eduardo Hernández Hernández

Expediente 117/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
117/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
28/04/2021

Partes del expediente

  • Luis Eduardo Hernández Hernández
  • Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    "...Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de quince de abril de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido..."

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, quince de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Luis Eduardo Hernández Hernández, mediante el cual desahoga la prevención formulada por este juzgado en auto de doce de marzo de dos mil veintiuno; atento a ello, se acuerda: DESECHAMIENTO Antes de proveer lo pertinente, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al juez federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada; de esa manera, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia 748, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 504, tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1995, de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, además, que este motivo sea: Manifiesto; e Indudable. Lo manifiesto es aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; precepto que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." En primer término, es pertinente dejar asentado, que dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen este medio de control constitucional, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III, inciso a) y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante mencionar que el principio de definitividad se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. El principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos humanos contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda a la parte afectada ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII, del artículo 107 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, del precepto legal transcrito, para que se actualice tal causa de improcedencia, se advierten las siguientes hipótesis: a) Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. b) Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. c) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando el juicio de amparo sea promovido por persona extraña al juicio del que derivan los actos reclamados. d) Igualmente, no existe obligación de agotar dichos recursos, si el acto reclamado importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En el caso particular, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, la omisión de continuar con el procedimiento y dictar sentencia que en derecho corresponda en los autos del proceso penal 1/2017, de su índice. Expuesto lo anterior, debe decirse que, por la naturaleza del acto reclamado, procede un recurso ordinario, en concreto, el de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que se encuentra relacionado con el diverso 134 fracción I, que establecen: "Artículo 134. Deberes comunes de los jueces En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes: I. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional; ." "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido. De lo transcrito se advierte que el recurso de queja procede en contra del Juzgador de Primera Instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por el Código Nacional de Procedimientos Penales y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional; por lo que sí, en el caso concreto, el acto reclamado consiste en la omisión del Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, para dar continuidad con el procedimiento y así emitir la sentencia que en derecho corresponda en los autos del proceso penal 1/2017 de su índice, esta abstención procesal es impugnable a través del recurso previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relacionado con el diverso 134, fracción I, del mismo ordenamiento. En ese sentido, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación se puede obtener, subsanar la omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida, del acto que se reclama a través del presente juicio de amparo, el cual estaba obligado a agotar al no ser extraño al proceso natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de Amparo, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Es aplicable la tesis XIX.2º.13K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página trescientos cuarenta del tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En ese sentido, se advierte que el inconforme no satisfacen el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a efecto de que los justiciables estén en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las determinaciones que causen un agravio en sus intereses o derechos, como en la especie hacen ver el promovente del amparo. En consecuencia, al no haber cumplido el quejoso con el principio de definitividad, con fundamento en lo previsto en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. En otro orden, a fin de limitar la propagación de la pandemia generada por el Coronavirus (COVID-19), y evitar el eventual contagio de los servidores públicos que laboran esta institución, así como de los justiciables y ciudadanos en general, a más de proteger el derecho humano a la salud; toda vez, conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, subsisten las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, así como la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones y el trabajo a distancia; por lo que, el presente proveído será firmado electrónicamente, en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo, que establece que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Finalmente, se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna. Notifíquese como corresponda, en virtud que el artículo 21 del Acuerdo General autoriza para hacer por lista electrónica las notificaciones y el artículo 23 de la Ley de Amparo establece que si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán presentarse, dentro de los plazos legales, en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, en la más cercana en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica.

  3. Principal

    "... Agréguese a los autos el escrito del quejoso ********************, mediante el cual aduce desahogar la prevención formulada por este juzgado en auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, atento a ello, se acuerda: Ahora, bien mediante auto de veinticinco de la mensualidad pasada, se tuvieron por desahogados diversos puntos; sin embargo, no cumplió en su totalidad con lo solicitado por este juzgado, a saber: Precisara cuál es el acto que reclama en esta instancia constitucional a cada una de las autoridades que señala como responsables, dado que, los actos que refiere como reclamados, sólo corresponden al Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad. Asimismo, señalara las gestiones o solicitudes que ha realizado ante dicho juzgador a efecto de que se logre la integración del proceso penal ********************. Ahora bien, la parte promovente para tratar de cumplir con lo solicitado, refiere lo siguiente: ".Del juez de control, señalado como autoridad responsable le señalo ser omiso en su deber, al retrasar la impartición de justicia, al no habérseme SENTENCIADO DESPUÉS DE HABER SIDO DETENIDO EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y PASADO CUATRO AÑOS Y TRES MESES. MEREZCO UNA RESPUESTA Y POR ELLO MI AMPARO EN ESTA INSTANCIA. Consecuentemente de las demás autoridades señaladas como responsables puedo decir que se lo dejo a su amplio criterio.". Por lo que, es evidente, que no cumple con lo solicitado por este juzgado, habida cuenta que nuevamente no precisa cuál es el acto que reclama en esta instancia constitucional a cada una de las autoridades que señala como responsables, dado que, los actos que refiere como reclamados, sólo corresponden al Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; asimismo, no menciona las gestiones o solicitudes que ha realizado ante dicho juzgador a efecto de que se logre la integración del proceso penal ********************; esto, dado que no puede quedar a criterio del suscrito determinar cuáles autoridades responsables se van a tener como tal y cuáles no, así como, determinar qué acto se le reclama a cada una, lo cual corresponde propiamente al quejoso. En consecuencia, subsiste el plazo y apercibimiento decretado en el auto antes mencionado, en la inteligencia que al desahogarse la prevención el primer día de los dos otorgados, le restan dos días al promovente para satisfacer el requerimiento formulado, en el entendido que el término se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído..."

  4. Principal

    "... Agréguese a los autos el escrito del quejoso -*-*-*-*-*- mediante el cual aduce desahogar la prevención formulada por este juzgado en auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, atento a ello, se acuerda: A efecto de proveer si se tiene por cumplido el referido requerimiento, es importante señalar que tuvo como finalidad que la promovente, por escrito y con cinco copias de su escrito de aclaración, realizaran lo siguiente: Precisara de manera clara y específica, aunado a la resolución de cuatro de julio de dos mil veinte, cuál es el acto que reclama en esta instancia constitucional a cada una de las autoridades que señala como responsables, dado que, refiere la omisión genérica de integrar el proceso de origen. En caso de que insistiera en señalar como acto reclamado la omisión de integrar el proceso penal, indicara en qué consiste dicha omisión, dado que no mencionaba las gestiones o solicitudes que ha realizado a efecto de que se logre la integración del proceso penal 1/2017. Indicara la fecha exacta en que fue notificado o tuvo conocimiento de cada uno de los actos que señalara, incluso la fecha en que tuvo conocimiento de la referida resolución de cuatro de julio de dos mil veinte. Narrara, bajo protesta de decir verdad, en forma clara y concreta los antecedentes que tengan relación con los actos como reclamados. Ahora bien, la parte promovente para tratar de cumplir con lo solicitado en auto de prevención, refiere lo siguiente: Insistió en señalar como acto reclamado la omisión de integrar el proceso penal y dictar la sentencia respectiva. Indicó que fue notificado de la resolución de cuatro de julio de dos mil veinte, en esa misma fecha. Narró los antecedentes del acto reclamado. Por lo que, es evidente, que no cumple con lo solicitado por este juzgado, habida cuenta que no desahoga en su totalidad el punto número uno, esto es, precise cuál es el acto que reclama en esta instancia constitucional a cada una de las autoridades que señala como responsables, dado que, los actos que refiere como reclamados, sólo corresponden al Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; asimismo, no menciona las gestiones o solicitudes que ha realizado ante dicho juzgador a efecto de que se logre la integración del proceso penal 1/2017. En consecuencia, subsiste el plazo y apercibimiento decretado en el auto antes mencionado, en la inteligencia que al desahogarse la prevención al cuarto día del plazo concedido le restan dos días más al promovente para satisfacer el requerimiento formulado, en el entendido que el término se reanudará a partir de que surta efectos la notificación de este proveído..."

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