Luis Edgar Azuara Cruz

Expediente 326/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
326/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
03/07/2018

Partes del expediente

  • Luis Edgar Azuara Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 111 A.-Del estado de autos así como del cómputo secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de junio de dos mil dieciocho que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 del citado ordenamiento legal, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado...En ese tenor, con fundamento en el artículo 214 de la legislación aplicable, se ordena archivar el presente asunto como concluido...

  2. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "...En Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el escrito de demanda de amparo presentada por Luis Édgar Azuara Cruz, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, por violación a los artículos 1º, 14, 16 y 17 constitucionales. RADICACIÓN Se ordena formar expediente y anotar su ingreso en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional bajo el número 326/2018-III-A; se acuerda: DESECHAMIENTO Conviene traer a contexto el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual impone al juez de distrito a examinar si se actualiza una causal de improcedencia. De conformidad con la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa que torne improcedente el juicio constitucional, bien porque se advierta de oficio o la haga valer parte legítima; numeral que dispone: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Sobre esa consideración, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Conviene precisar que para que se actualice la improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del aludido precepto 61, es menester efectuar el complemento relativo con otras disposiciones, debiéndose acudir para ello únicamente a la propia Ley de Amparo o la Constitución Federal, de ahí que en la especie se haya apelado al contenido del normativo 107 fracción IV en comento; proceder que encuentra apoyo en la tesis aislada 2a. LXXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, publicada en la página trescientos setenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De ahí, el segundo de los normativos transcritos es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución de sentencia, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la última resolución dictada en el mismo, pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese período hubieran dejado sin defensa al quejoso. En el caso, el disconforme hizo consistir el acto reclamado en: "[.] De la ordenadora. El ilegal requerimiento de desocupación y entrega del bien inmueble de mi propiedad ubicado en calle Francita, número 33, colonia Petromex de esta ciudad. El inminente desalojo con el auxilio de la fuerza pública, del bien inmueble de mi propiedad ubicado en calle Francita número 33, colonia Petromex de esta ciudad. De las ejecutoras: El inminente desalojo con el auxilio de la fuerza pública, del bien inmueble de mi propiedad ubicado en calle Francita número 33, colonia Petromex de esta ciudad [.]" Para una mejor exposición de por qué se actualiza la causa de improcedencia invocada, es necesario atender los antecedentes del acto reclamado que el promovente hizo consistir, de los cuales se desprende lo siguiente: El aquí quejoso Luis Édgar Azuara Cruz, promovió juicio ordinario civil contra Regina Cobos Santos, el cual correspondió conocer al Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad, y fue radicado bajo el número 1029/2017 de su índice, del cual emana el acto reclamado en este jucio. Seguido el juicio en su cauce legal, el treinta de mayo de dos mil diecisiete se dictó sentencia, contra la cual el aquí quejoso interpuso recurso de apelación. Como resultado de lo anterior, el tribunal de alzada ordenó reponer el procedimiento del juicio y, habiéndose éste reanudado y desahogado en todas sus etapas, se dictó sentencia el tres de mayo de dos mil dieciocho. Dicha resolución, según refiere el amparista, le fue notificada por medio de lista de acuerdos. Como consecuencia, el siete de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso Luis Édgar Azuara Cruz promovió incidente de nulidad de notificaciones contra la notificación de la referida sentencia definitiva. No obstante, mediante proveído de treinta de mayo del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia definitiva y se ordenó la desocupación y entrega del inmueble materia del juicio de origen 1029/2017 al quejoso Luis Édgar Azuara Cruz a favor de su contra parte, lo cual habría de acatar que dentro del término de cinco días. Determinación esta última que constituye el acto reclamado. Como se observa, la etapa procesal en que fue emitido el acto reclamado es la de ejecución, la cual es relevante para definir en términos del artículo 107 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo, debido a las diversas hipótesis que establece. Por su parte el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió al Contradicción de tesis 215/2009 en la que interpretó las hipótesis contempladas en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido corresponde al del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, en cuanto limita la procedencia del juicio constitucional, de manera exclusiva a combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que se ejecuten fuera de juicio o después de concluido. Entre otros pronunciamientos, de manera específica, con relación a la procedencia del juicio constitucional contra actos emitidos después de concluido el juicio, estableció la regla siguiente: "De conformidad con la fracción III y partiendo de la base de que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales, administrativos o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido, de los tribunales, se precisa que, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, el amparo procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta, en principio, la que declare cumplida la sentencia o la que decrete la imposibilidad de que se cumpla y, específicamente, tratándose de remates, la que apruebe o desapruebe el remate, según el criterio sostenido reiteradamente por este Alto Tribunal." Como resultado de todo lo anterior, por "última resolución" debe entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, que será entonces, impugnable en amparo y no las que la precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia, ya que su cumplimiento no debe obstaculizarse por ser de interés público. En efecto, como ya se dijo, en tratándose de actos en ejecución de sentencia, sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el respectivo procedimiento, en el que podrán hacerse valer las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso, en términos del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo XVII, junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Por ende, la determinación tachada de inconstitucional no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni tampoco declara su imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pues dicho acto únicamente es una realización que conlleva a la ejecución definitiva del fallo, pero no es la "última resolución" del procedimiento de ejecución. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/253 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, que establece: ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." De igual forma por sus consideraciones la tesis II.2o.C.389 C, de la Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XVII, Enero de 2003, materia civil visible en la página 1721 de rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." Sirve de apoyo al caso la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, Tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." También se cita por aplicable la tesis 2a. VII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 230, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Asimismo se invoca la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 75, Tomo XX, julio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." De igual forma se invoca la jurisprudencia 1a./J. 19/2001 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, julio de dos mil uno, visible en la página 34, cuyo contenido es el siguiente: ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." En ese contexto, tomando en consideración todo lo anterior, en el caso el acto reclamado en esta instancia consiste en requerimiento realizado al quejoso, consistente en la desocupación y entrega del bien inmueble materia de la Litis, emitido el treinta de mayo del año en curso en el juicio de origen; resulta incuestionable la improcedencia del presente juicio de amparo, habida cuenta que el auto recurrido no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo. Máxime que tampoco se está en el caso de remates como acto reclamado en la sección de ejecución de sentencia cuya procedencia del juicio de amparo indirecto conforme al numeral 107, fracción IV de la Ley de la materia, permite que se trate como reclamado que se refieran a la aprobación o desaprobación del remate, pues esto no es lo reclamado, atendiendo no sólo al capítulo destacado de la demanda, sino a la naturaleza del juicio natural, que no se refiere su etapa de ejecución de sentencia a remates. Tampoco se está en algún caso de excepción de la procedencia del juicio de amparo contra actos dictados en ejecución de sentencia, habida cuenta que ello sólo ocurre cuando éstos tienen autonomía propia al no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio de primera instancia; y en el caso, el amparo se promovió contra la orden de lanzamiento del inmueble que refiere el amparista; por lo que en esas condiciones, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues la orden de lanzamiento, de acuerdo a la naturaleza del juicio de origen, no puede ser ajena a la cosa juzgada sino consecuencia directa de la sentencia que ahí se haya dictado en su caso. De igual modo, cabe destacarse que el quejoso no se ostenta como tercero extraño a juicio, lo que haría excepcional la procedencia del juicio, tan es así que como lo precisó en los antecedentes del acto reclamado él mismo instauró el juicio de origen, por lo que lógicamente intervino en él y defendió sus intereses. Sirve de sustente, contrario sensu, la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." (Énfasis añadido) No se pasa por alto que el quejoso refiera haber promovido en el juicio de origen, incidente de nulidad de notificación de la sentencia, y dado que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, específicamente en su artículo 55, no paraliza el asunto, en este caso la ejecución, es que promovió el presente juicio, pues con motivo de ello es que surgió el acto reclamado, es decir, la orden de requerimiento de entrega y desocupación de inmueble; pues no obstante, en razón de lo expuesto, es que debe combatir la última resolución en el proceso de ejecución de la sentencia. En esas condiciones, se estima que en el caso que nos ocupa se surte la citada causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por tanto, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la misma ley. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio del promovente para recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda y, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Emilio Olvera Andrade y Yajaira Rodríguez Gallardo, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que los actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175, en relación con los diversos 180, 181 y 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, se ordena a la Secretaria encargada de la Mesa III, supervise que la analista jurídica encargada de la captura y actualización de datos de los distintos asuntos del conocimiento de este Juzgado de Distrito, capture su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como los datos que aseguren la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE, en relación al presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio, a fin de que concuerden en su totalidad con el expediente impreso. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, las que podrán obtener y recoger en cualquier día hábil, en un horario de diez horas a doce horas con treinta minutos, previa razón de recibo para constancia que se deje en autos. Finalmente, se autoriza a los secretarios de este del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar los oficios que con motivo del trámite del presente juicio resulten necesarios. Notifíquese personalmente..."

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