Luis Eduardo Fajardo Vázquez

Expediente 708/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
708/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
14/08/2019

Partes del expediente

  • Luis Eduardo Fajardo Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "...Xalapa, Veracruz, treinta de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en esta Ciudad y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio ********** que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese aspecto, se estima que en la especie resulta procedente desechar la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.) En principio, es necesario precisar que de una interpretación lógica y armónica de los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, se deriva que el juicio de garantías, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose como tales, a aquéllos revestidos de imperio que tienen la fuerza legal de violar por sí mismos una garantía individual en perjuicio del gobernado, más no todos aquellos que un órgano del Estado u organismo público descentralizado realicen tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, esto es, que el acto puede imponerse contra y sobre la voluntad del ciudadano. A su vez, el artículo 5, fracción II, del citado ordenamiento, dispone que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En tanto que la fracción I, del artículo 1 de la legislación de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. De la lectura integral de la demanda de amparo, se pone de manifiesto que el acto del que se duele el solicitante del amparo, lo constituye la continuación de las convivencias de una menor de identidad reservada con su madre, decretadas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en esta ciudad, en el expediente ********** de su índice, en atención a los hechos suscitados el dos de mayo y once de julio de dos mil diecinueve. Ahora bien, de la lectura realizada a los conceptos de violación se advierte que estos no contienen un agravio en contra de las autoridades señaladas como responsables, si no que se limita a narrar los hechos acontecidos en las fechas dos de mayo y once de julio de dos mil diecinueve, circunstancias que como lo considera ponen en riesgo la inseguridad física y mental de la menor. No obstante lo anterior, para que el juicio de amparo resulte procedente debe forzosamente reclamarse una acción u omisión de autoridad, es decir, el juicio de amparo procede contra leyes o actos y/o omisiones de autoridad. Así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En el caso, el quejoso reclama la continuación de las convivencias decretadas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, como autoridad ordenadora, y como autoridad ejecutoria al Director del Centro de Convivencia Familiar, con sede en esta ciudad. Sin embargo, de los antecedentes narrados se obtiene que el impetrante de amparo, no ha comparecido ante la autoridad jurisdiccional que dictó la medida y encargado de vigilar su correcto cumplimiento, pues de considerar que existe alguna causa justificada que impida la convivencia por poner en peligro a la menor, debe hacerla del conocimiento del Juez de instancia, a efecto de que se analice si la convivencia debe suspenderse o no. Circunstancia en la que no puede sustituirse el Juez de Amparo, pues es únicamente facultad del juez civil instruir los procedimientos dentro del juicio, siendo el juicio de amparo un medio por el cual, a petición de parte legamente facultada, se revisa que los actos de las autoridades no transgredan derechos fundamentales de los gobernados. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad, y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.13o.A.29 K, sustentada en instancia de Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en página 1620, Tomo XXI, febrero de 2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. En razón de lo expuesto, agréguese sin mayor proveer el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, mediante el cual remite en alcance la prueba consistente en una memoria USB, la cual quedará en sobre cerrado, bajo resguardo en el área de secretaría..."

  3. Principal

    SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo.

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