Luis Eduardo Fajardo Vázquez
Expediente 353/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 353/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Eduardo Fajardo Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Archívese este INCIDENTE como asunto totalmente concluido; original susceptible de DEPURACIÓN; duplicado susceptible destrucción.
- Principal
HA CAUSADO EJECUTORIA; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de depuración
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR **********, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, atento a los argumentos vertidos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LUIS EDUARDO FAJARDO VÁZQUEZ, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, atento a los argumentos vertidos en el considerando quinto de esta resolución. TERCERO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA QUE DICE: En Xalapa, Veracruz, a cuatro de noviembre de dos mil diecinueve; VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 353/2019, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado el dieciséis de abril del año en curso, y recibido por razón de turno en este Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado, en esa propia fecha, Luis Eduardo Fajardo Vázquez, demandó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra la autoridad que a continuación se indica: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad. 87 Cierto SEGUNDO. Una vez desahogada la prevención formulada al quejoso el veintidós de abril del presente año, mediante proveído de tres de mayo siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo radicada con el número de juicio de amparo 353/2019; se requirió el informe justificado respectivo y se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; asimismo, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar, en su oportunidad, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado, es competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito y Acuerdo 15/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz y su transformación en el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en la referida entidad federativa y sede, así como a su competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones; y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito de la residencia indicados. SEGUNDO. En primer término, a fin de analizar con propiedad el tema jurídico a estudio, es imperativo precisar lo que constituye el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. Así del contenido integral de la demanda y demás constancias que conforman el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en el expediente 1801/2017/VIII de su índice, a través de la cual se resolvieron los recursos de revocación interpuestos en contra de: 1. La audiencia prevista por el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles, de doce de noviembre de dos mil dieciocho, en la cual se desecharon diversas posiciones articuladas por el actor en el juicio de origen, aquí quejoso. 2. La audiencia prevista por el artículo 345 del Código de Procedimientos Civiles, de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se hizo efectivo el apercibimiento de multa de quince unidades de medida y actualización al aquí quejoso. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado. Es aplicable por identidad de razón la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, del Apéndice 1917, septiembre 2011, Tomo II, Primera Parte, SCJN Sexta Sección, Quinta Época, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Aunado a ello, la citada autoridad, remitió copia certificada del expediente 1801/2017/VIII de su índice, misma que constituye un documento público que adquiere pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral segundo. Sirve de apoyo la jurisprudencia por reiteración número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página ciento cincuenta y tres, publicada en el Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Este juzgado estima procedente SOBRESEER EN ESTA PARTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR LUIS EDUARDO FAJARDO VÁZQUEZ, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en el expediente 1801/2017/VIII de su índice, en la parte en que se confirmó el recurso de revocación interpuesto en contra de la audiencia prevista por el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles, de doce de noviembre de dos mil dieciocho, en la cual se desecharon diversas posiciones articuladas por el actor en el juicio de origen, aquí quejoso. Lo anterior, toda vez que dicho acto únicamente produce efectos intraprocesales y por ende no es de imposible reparación, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". El primero de los artículos indicados, refiere que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que procederá el juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, limitativamente cuando exista una afectación a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano. Así, una interpretación en sentido contrario del artículo indicado en segundo término, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Cabe destacar que esta última disposición establece que por actos de imposible reparación se entiende "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.", con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación. Ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas; por lo que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados dentro de juicio solamente opera cuando se afecten materialmente derechos sustantivos. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página mil quinientos treinta y nueve, libro seis, mayo de dos mil catorce, tomo III, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Así, en el caso, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que las resoluciones relativas a las pruebas dentro de un juicio, ha sido considerado jurisprudencialmente como un acto que no afecta derechos sustantivos de las partes, es decir, dicho acto únicamente produce efectos intraprocesales, por lo que no es susceptible de combatirse de manera inmediata en vía de amparo indirecto. Se dice lo anterior, pues la referida resolución no implica necesariamente que se vaya a dictar una sentencia condenatoria contra el impetrante de amparo inconforme, además de ser un acto susceptible de reparación, por lo que solo puede reclamarse con la sentencia definitiva que se combata en amparo directo en caso de que esta no le resulte favorable. Esto es así, ya que, como se dijo, solo afecta derechos de naturaleza procesal, debido a que se generó durante el proceso, y de causarle perjuicios sería hasta dictada la sentencia definitiva, pues no hay que perder de vista que aun cuando la autoridad resolvió el recurso de revocación que interpusiera la parte actora en el juicio de origen en contra de la audiencia prevista por el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles, de doce de noviembre de dos mil dieciocho, en la cual se desecharon diversas posiciones articuladas, únicamente será hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo en que se podrá apreciar si con motivo de dicha determinación se vulneraron sus defensas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia, lo que, se insiste, puede ser reclamado en la vía de amparo directo contra la sentencia definitiva que se dicte en el mencionado juicio. Así las cosas, si el acto reclamado no acarrea por sí y de inmediato algún perjuicio al promovente, sino que este podría ocasionarse eventualmente hasta que se dicte la resolución definitiva, será entonces que se podrá saber si la resolución dictada en dicho recurso de revocación que interpusiera la parte actora en el juicio de origen en contra de la audiencia en la que se desecharon diversas posiciones articuladas, le causa un perjuicio; por tanto, no es combatible por ahora en amparo indirecto. Así, conforme a lo anteriormente expuesto no puede estimarse que se esté en presencia de un acto de imposible reparación que dé lugar a la procedencia del juicio de amparo indirecto, dado que la determinación del juez responsable solo implica la infracción de derechos adjetivos que únicamente producen efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene una sentencia favorable. En relatadas condiciones, PROCEDE SOBRESEER EN ESTA PARTE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR LUIS EDUARDO FAJARDO VÁZQUEZ con fundamento en lo dispuesto por el 63, fracción V, de la Ley de la Materia. QUINTO. Respecto al diverso acto reclamado consistente en la resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en el expediente 1801/2017/VIII de su índice, en la parte en que se confirmó el recurso de revocación promovido por el aquí quejoso en contra de la audiencia prevista por el artículo 345 del Código de Procedimientos Civiles, de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se hizo efectivo el apercibimiento de multa de quince unidades de medida y actualización al aquí quejoso, este juzgado estima procedente NEGAR EN ESTA OTRA PARTE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SOLICITADO POR LUIS EDUARDO FAJARDO VÁZQUEZ, toda vez que la resolución reclamada está debidamente fundada y motivada, como se expone a continuación. La parte quejosa alega en esencia, que la resolución reclamada carece de fundamentación, toda vez que la autoridad no expresó en forma clara y determinante cual es el precepto legal en el que descansa el razonamiento realizado para imponerle la multa, ya que su inasistencia se debió a una justificada y no injustificada. Ahora bien, en la resolución que se reclama, la autoridad responsable confirmó el recurso de revocación promovido por el aquí quejoso en contra de la audiencia prevista por el artículo 345 del Código de Procedimientos Civiles, de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se hizo efectivo el apercibimiento de multa de quince unidades de medida y actualización al aquí quejoso. Al respecto, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone a las autoridades diversos requisitos en el dictado de los actos de autoridad, a saber que: i) consten por escrito; ii) se emitan por autoridad legalmente competente; y, iii) en el documento se funde y motive debidamente la causa legal del procedimiento. En ese sentido, el respeto al derecho fundamental previsto en el precepto constitucional citado constriñe a todas las autoridades, entre otras cuestiones, a fundar y motivar correctamente la competencia para actuar de la forma en que lo hicieron, esto es, expresar con precisión el precepto legal aplicable y señalar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Así, tratándose de multas, la competencia de quien debe ejecutarlas habrá de estar contenida en el documento mediante el cual pretende hacerlas efectivas y no en el auto en el que se impusieron, pues en aquél se ejerce la facultad recaudatoria del Estado. En ese sentido, en el escrito de agravios por medio del cual la parte actora, aquí quejosa, interpuso el citado recurso de revocación, precisó: ".precisamente por ser ambiguo y confuso el acuerdo combatido, al carecer de una adecuada motivación o explicación del porque se determina en la forma en que lo hizo y menos aun cuenta con el sustento legal necesario para que dicho acto de autoridad sea válido, ya que también se omite expresar por esta autoridad porque determina y estima que la sanción referida por Usted en el auto recurrido se estima suficiente y eficiente para el cumplimiento de su determinación, lo cual es menester se conozca por parte de mi representado, pues de lo contrario lo deja en estado de indefensión al no saber porque se le sanciona y cuales son los fundamentos legales aplicables al caso en concreto, así como tampoco se da una explicación del porque se le aplica esa sanción que aduce la juez se hace por auto de fecha quince de junio de este año." Así mismo, en la resolución reclamada, la autoridad responsable al dar contestación a los agravios expuestos por la parte actora, señaló: ".motivo de agravio que como ya se dijo deviene infundado y en consecuencia hace improcedente el presente recurso, toda vez que no le genera perjuicio que el auto que hoy combate remita a uno diverso en el cual se es especifico al referir que en caso de incumplir a lo ahí ordenado se haría acreedor a una multa consistente en "QUINCE UNIDADES DE MEDIDA (UMAS)", proveído del cual fue debidamente notificado a través de su abogado patrono mediante instructivo de notificación de fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, por lo cual estuvo impuesto de la entonces posible consecuencia ante la omisión a lo establecido en dicho proveído, con lo cual se considera de ningún modo se dejó en estado de indefensión al hoy promovente." De lo antes expuesto, se desprende que el concepto de violación precisado por la parte quejosa es infundado, toda vez la resolución reclamada sí está debidamente fundada y motivada. Lo anterior se dice así, ya que para tener por satisfechos los requisitos de fundamentación y motivación basta con que, en el auto en el cual se pretendió hacer efectiva la multa, se hayan invocado los preceptos que facultaron a la autoridad para emitir dicha multa, así como las razones para imponerla. De ahí que, resulte innecesario que la autoridad responsable reitere en el auto en el cual impone una multa, los preceptos legales y los motivos por los cuales la impuso. Por lo que, como bien lo precisó la autoridad responsable en la resolución reclamada, la diligencia en contra de la cual el ahora quejosa interpuso el recurso de revocación y en la cual se determinó imponerle una multa, deriva de un auto diverso en el que se señaló que en caso de incumplir a lo ahí ordenado se haría acreedor a una multa consistente en quince unidades de medida. Por tanto, al no haber sido impugnado la determinación en la cual se hizo el apercibimiento de multa al quejoso, el Juez de origen no estaba obligado a entrar al estudio de la fundamentación y motivación del auto recurrido en revocación. Máxime que, la autoridad responsable determinó que mediante instructivo de notificación de fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, la parte quejosa fue debidamente notificada a través de su abogado patrono, del proveído en el cual se le hizo el apercibimiento de multa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, visible en la página dos mil doscientos cincuenta y dos, de rubro: "MULTAS JURISDICCIONALES. LA COMPETENCIA DE QUIEN DEBE EJECUTARLAS HABRÁ DE ESTAR CONTENIDA EN EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL PRETENDE HACERLAS EFECTIVAS Y NO EN EL AUTO EN EL QUE SE IMPUSIERON." En ese sentido, al haberse cumplido con los requisitos de fundamentación y motivación, y al resultar infundados los concepto de violación expuestos por la parte quejosa, se NIEGA EN ESTA OTRA PARTE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL A LUIS EDUARDO FAJARDO VÁZQUEZ. SEXTO. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SÉPTIMO. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, deberá de entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, se resuelve lo siguiente: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR LUIS EDUARDO FAJARDO VÁZQUEZ, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, atento a los argumentos vertidos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LUIS EDUARDO FAJARDO VÁZQUEZ, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, atento a los argumentos vertidos en el considerando quinto de esta resolución. TERCERO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese como corresponda. Así lo resolvió y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado, ante Guadalupe Domínguez Lagunes, Secretaria que autoriza, hasta el día de hoy cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, fecha en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.
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