Luis de Luna
Expediente 205/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 205/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 21/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Luis de Luna
- Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral. Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
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1. Estado procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de treinta de agosto del año en curso, se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio. 1.2 Devolución. En atención a lo anterior, hágase devolución a la Jueza de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, del disco compacto DVD que contiene audio y video que exhibió como prueba en este asunto, toda vez que ya no es necesaria la permanencia en este juzgado.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de treinta de agosto del año en curso, se ordenó la devolución del disco compacto denominado CD-DVD, exhibido por el autorizado del amparista el veintitrés de abril de dos mil diecinueve (fojas 29 y 30). En consecuencia, se previene a la parte quejosa para que comparezca ante este Juzgado de Distrito, a recoger dicha documental, dentro del plazo de noventa días naturales, apercibida que en caso de no hacerlo así, será destruido junto con el expediente; lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo del capítulo quinto del Acuerdo General 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
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estado procesal de los autos. Vista la certificación que antecede, se aprecia que ha transcurrido el término que se concedió al quejoso y a la parte tercera interesada, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. La ejecución de las sentencias es una cuestión de orden público porque la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean acatadas; lo que hace procedente pronunciarse si el fallo protector ha quedado cumplido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Antecedentes. El ocho de julio del año en curso (fojas 84 a 86), causó ejecutoria la sentencia constitucional dictada en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por lo que, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Oral y Acusatorio del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad; en el entendido de que los efectos de la concesión del amparo, fueron los siguientes: "(.) SEXTO. Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, ante lo fundado del concepto de violación, procede conceder la protección constitucional solicitada por Luis de Luna, para efecto de que la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza: I. Deje insubsistente la resolución pronunciada en la audiencia de trece de marzo de dos mil diecinueve dentro de la carpeta administrativa 570/2018; y II. Con libertad de jurisdicción dicte una nueva, que podrá ser en el mismo o diverso sentido, pero debidamente fundada y motivada. (.)" Luego, mediante oficio de diecisiete de julio de la presente anualidad (foja 94), se tuvo a la responsable comunicando la resolución dictada dentro del referido toca penal en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dictada en la misma fecha por la Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de esta ciudad, dentro de la causa penal 570/2018. A lo anterior recayó el proveído de dieciocho de julio de dos mil diecinueve (foja 95), en el que se dio vista a la parte quejosa y parte tercera interesada para que dentro del término de tres días expresaran lo que a su interés legal conviniera; acuerdo que se les notificó el diecinueve y veinticuatro de julio de dos mil diecinueve (fojas 99 a 102), respectivamente; sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto. Se estima cumplida la ejecutoria de amparo. Precisado lo anterior, se estima que los efectos para los cuales fue concedido el amparo en el presente asunto, se encuentran cumplidos, ya que la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de esta ciudad, dejó sin efectos la resolución de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 570/2018; además, pronunció nueva sentencia en la que atendió los lineamientos del fallo protector. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos uno, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con registro 165807, la cual establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Expuesto lo anterior, se estima cumplida la ejecutoria de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia; archívese este expediente y háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno. Valoración del expediente. Toda vez que se concedió el amparo solicitado en el presente juicio, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Devolución de Pruebas. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la permanencia en este juzgado, de los tres discos compactos (CD-DVD), que fueron anexados como pruebas de la autoridad responsable, devuélvanse al Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de esta ciudad. Asimismo, devuélvase el disco compacto denominado (CD-DVD), rendido por el autorizado de la parte quejosa el veintitrés de abril del año en curso (fojas 29 y 30). Notifíquese personalmente a las partes.Así lo proveyó y firma Marco Antonio Sáenz Cárdenas, Secretario encargado del despacho del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido de Luis García Arreguín, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio 973/2019-S, suscrito por la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, consistente en un disco compacto DENOMINADO "DVD", que contiene la audiencia celebrada en fecha diecisiete de los corrientes, en la cual se pronunció en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, dése vista a las partes quejosa y tercera interesada con el comunicado de cuenta, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés legal convenga, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Con relación al disco compacto denominado "DVD" exhibido, a fin de evitar daño alguno, guárdese en la caja de valores de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Además, se pone a disposición de las partes la videograbación de que se trata, a fin de que si lo estiman necesario puedan consultar la información contenida en formato digital. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setecientos tres, del Tomo I, Agosto de dos mil trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2004362, cuyo rubro y texto, son: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga".
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