Luis Daniel Virgen Castillón

Expediente 902/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
902/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
19/02/2016

Partes del expediente

  • Luis Daniel Virgen Castillón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el auto de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido del referido auto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente sumario, toda vez que es susceptible de destrucción, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias decretadas; así también, el duplicado del citado incidente, el cual de conformidad con el Acuerdo General Conjunto antes mencionado, se procederá a su desintegración material en el término de seis meses, a partir de la única o última resolución interlocutoria que se haya dictado.

  2. Principal

    El día de hoy queda notificada la parte quejosa, por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio de amparo 902/2015, por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.

  3. Principal

    Del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito presentado en la Oficialía de parte de este Juzgado de Distrito, el quince de diciembre de dos mil quince (fojas 1 y 2), Juan Porfirio Morales Gutiérrez, en representación de Luis Daniel Virgen Castillón, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables y por los actos siguientes: Delegado de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Región Norte I. Ciudad. Agente Investigador del Ministerio Público del Primer Turno. Ciudad. Agente Investigador del Ministerio Público del Segundo Turno. Ciudad. Primer Comandante de la Policía Investigadora del Estado, Región Norte I, Ciudad. ".la injusta orden de detención que han girado en contra de mi representado, quien ha sido privado de su libertad, no obstante que no ha cometido delito alguno, así mismo la incomunicación a que está sometido, los golpes azotes y tormentos que tengo temor fundado sea sometido y trasladado a cualquier parte de la Republica que no sea esta Ciudad en todo caso quedaría a su disposición así como la falta de consignación ante el Tribunal Judicial competente." En la citada fecha, se ordenó por conducto de la Actuaria de la adscripción, la búsqueda y en su caso la ratificación del escrito de demanda por parte del quejoso directo y se ordenó suspender de plano los actos reclamados a las responsables (fojas 3 a 5). En esa tesitura, de la razón actuarial de quince de diciembre de dos mil quince (foja 10), efectuada por la funcionaria adscrita se advierte que el quejoso directo Luis Daniel Virgen Castillón, ratificó la demanda de garantías instaurada en su nombre. De ese modo, mediante proveído de quince de diciembre de dos mil quince (fojas 11 a 18), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, del informe rendido por la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Público Investigador del Segundo Turno, con sede en esta ciudad (fojas 35 y 36), se desprende que el aquí quejoso, mediante parte informativo número 5643, de trece de diciembre de dos mil quince, de la propia fecha, fue puesto a disposición de la citada autoridad, por el delito de robo simple y resistencia de particulares, y el quince de diciembre de dos mil quince, fue puesto en libertad, tal como se advierte del oficio 2033/2015, que remitió como anexo a su informe con justificación (foja 38). Ahora bien, conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo en vigor, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual por ende acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. (. . .) En el caso, de las copias certificadas que adjuntó el Agente del Ministerio Público Investigador del Segundo Turno, con residencia en esta ciudad, se advierte que el quince de diciembre de dos mil quince, ordenó la libertad del aquí quejoso, en virtud de que el apoderado legal de la persona moral Súper Mercado Internacional HEB, compareció ante dicha autoridad, manifestado que se sometía al procedimiento de justicia, toda vez que ya había sido reparado el daño en perjuicio de su ponderante, por lo anterior, se dictó el acuerdo de libertad correspondiente En efecto, la parte quejosa primigeniamente reclamó la orden de detención, incomunicación, así como los golpes, tormentos, azotes y traslado, por parte de las autoridades responsables. Sin embargo, la suscrita Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a guisa de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de garantías contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo, la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera de motu propio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios a los quejosos, caso en el que cobra aplicación el supuesto jurídico en examen; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye a los quejosos en la esfera jurídica de sus garantías, como si se les hubiera concedido el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". (. . .) La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. (. . .) Ahora bien, no debe confundirse la cesación de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que ésta, implica la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVI, artículo 61, de dicha ley, cuya diferencia reside en que si bien, ambas son semejantes en cuanto a que durante la secuela del juicio de amparo desaparece el acto reclamado, el distintivo de la fracción XXI, que el tildado de inconstitucional, se agota o consuma por virtud de haber transcurrido su vigencia o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En el caso, de las constancias que obran en autos, destaca la siguiente (foja 38): "ASUNTO: EL QUE SE INDICA OFICIO NÚMERO: 2033/2015 C. ENCARGADO DE LA GUARDIA DE LA POLICÍA INVESTIGADORA DEL ESTADO. EDIFICIO. Por medio del presente me permito solicitar a usted, la inmediata LIBERTAD de LUIS DANIEL VIRGEN CASTILLO, quien ha resuelto su situación jurídica por lo que hace al delito de ROBO SIMPLE Y RESISTENCIA DE PARTICULARES. Sin más por el momento le reitero a usted las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. A T E N T A M E N T E "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA; A 15 DE DICIEMBRE DE 2015 EL C. AGENTE INVESTIGADOR DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL SEGUNDO TURNO. LIC. YENI YANET TORRES TORRES." Documental a la que por tener el carácter de pública se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor. (. . . ) En efecto, el quejoso reclamó la orden de detención, incomunicación, así como los golpes, tormentos, azotes y traslado, por parte de las autoridades responsables Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, dado que se encuentra probado en autos que el quejoso obtuvo su libertad desde el quince de diciembre de dos mil quince. Lo anterior implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, pues la autoridad de que se trata, es decir, el Agente del Ministerio Público Investigador del Segundo Turno, con residencia en esta ciudad, restituyó al promovente en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose así la causal que se invoca. (. . .) En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del veintidós de enero de dos mil dieciséis (fojas 11 a 18).

  4. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado en Materia de Amparos; del que se advierte que remitió a la Agente del Ministerio Publico de la Federación, Supervisor de la Unidad de Atención Inmediata de la Procuraduría General de la Republica, copia certificada de veintitrés fojas útiles derivadas del presente juicio de amparo, a efecto de que proceda conforme a sus facultades legales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 102 inciso "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción I y III, 113 y 116 del Código Federal de Procedimientos Penales; de lo que este Juzgado de Distrito queda enterado para los efectos legales conducentes.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · 8,673 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano