Luis David Osorio Martinez

Expediente 819/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
819/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Luis David Osorio Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, al que adjunta los autos originales del presente juicio y el testimonio de la ejecutoria dictada en el Recurso de Queja Q.P.200/2020, la que en su único punto resolutivo dice: «ÚNICO. Es infundado el recurso de queja.» En tal virtud, glósese a los autos únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes, formado con motivo del recurso interpuesto; acúsese el recibo correspondiente; hágase del conocimiento lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes; realícense las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena que una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previo a generar por duplicado de los documentos a que se refiere el artículo 22 del citado acuerdo.

  2. Principal

    Vista, la circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre del año en curso, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", que se determinó que durante el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, se suspenderán plazos y términos con las salvedades que se precisan en la misma. Asimismo, se estableció que, derivado de ello se regresaría al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Con base en lo anterior, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; cuyo artículo 1º fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, este juzgador considera que este asunto está dentro de esos supuestos y se continúa con su trámite. Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, por medio del cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso, contra del proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, quedando registrado con el número Q.P. 200/2020, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, como lo solicita en Tribunal oficiante, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, del acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se ordena al oficial encargado del SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) en este juzgado, vincule electrónicamente el presente juicio de amparo con el expediente del queja en cita, a efecto de que el Tribunal Colegiado pueda tener acceso a las constancias electrónicas.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Luis David Osorio Martínez; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a, 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo vigente, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte; ante ello, con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 101, párrafo segundo, de la ley en la materia, se rinde informe en los siguientes términos: Es cierto que el veintiocho de octubre de dos mil veinte, en el juicio de amparo 819/2020-IV, se dictó el proveído a que hace referencia; por lo que, a fin de dar la debida celeridad a su tramitación, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios, así como el cuaderno principal del presente juicio al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para la substanciación del recurso de queja interpuesto; de conformidad con el aludido artículo 101, de la ley en la materia. Fórmese cuaderno de antecedentes, únicamente con copia de la demanda y este auto, pues en este Juzgado se cuenta con el expediente electrónico, que permite conocer el historial procesal completo del juicio constitucional.

  4. Principal

    Visto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito de cuenta signado por el promovente Esteban de Jesús González Sánchez, por medio del cual desahoga la prevención formulada en proveído de diecinueve de octubre pasado. Atento a lo anterior, este juzgado de Distrito estima que la demanda que se analiza, resulta notoriamente improcedente, por las siguientes razones y fundamentos legales: El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: Artículo 113: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, de conformidad con el artículo antes mencionado, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el entendido que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda de amparo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que en su caso se hayan anexado a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ello es así, toda vez que el promovente por Esteban de Jesús González Sánchez, quien se ostenta como autorizado de Luis David Osorio Martínez, en la demanda que se analiza, reclama lo siguiente: «La calificación de la legalidad de la detención en contra del suscrito quejoso dictado en audiencia inicial celebrada el veintidós de septiembre del año en curso dentro de la carpeta administrativa 1058/2020, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl del Poder Judicial del Estado de México, por el delito de abuso sexual.» Acto reclamado que en esencia se hace consistir en la calificación de legal detención realizada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, en audiencia de veintidós de septiembre pasado, dentro de los autos de la carpeta administrativa 1058/2020, seguida en contra de Luis David Osorio Martínez. Bajo ese contexto, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º y 6º, de la Ley de Amparo; ello, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 107, fracción I, de la Constitución General; 1°, fracción I, 5°, 6º, 11, 14 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo disponen, en la parte que interesa, lo siguiente: DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS «Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)» DE LA LEY DE AMPARO «Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte [.]» «Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamado violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual de su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de Tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]» «Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.» «Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. [.]» «Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribunal que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. [.]» «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]» (sic). De los artículos constitucionales y legales transcritos se aprecia que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, cuando le produzca el acto o la ley que se reclame alguna afectación real y actual de su esfera jurídica; es decir, por aquel a quien la norma, acto u omisión reclamado le ocasione una afectación de manera personal y directa. El principio de existencia del agravio personal y directo se desprende de los artículos 107, fracción I, constitucional y 5° de la Ley de Amparo, transcritos, que respectivamente estatuyen que el juicio se seguirá siempre a instancia de "parte agraviada", y que únicamente puede promoverse por la parte "a quien perjudique el acto reclamado o la ley que se reclama." Asimismo, por agravio debe entenderse todo menoscabo, u ofensa a la persona, física o moral, menoscabo que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca la parte quejosa debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo o presuntivo, y ese agravio debe repercutir en una persona determinada, concretarse en esta, no ser abstracto, genérico; y ser de realización pasada, presente o inminente; es decir, haber producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio, hipotético (en esto estriba lo "directo" del agravio). Este principio no tiene excepciones. La promoción respectiva puede hacerse por sí o a través de representante o, en los casos establecidos en la Ley de Amparo. De los propios preceptos se desprende claramente que el juicio de amparo es el medio jurisdiccional establecido para que los individuos puedan protegerse contra acciones u omisiones que violen sus derechos previstos en la constitución general o en leyes reglamentarias. Ahora bien, en el presente caso, según se aprecia de la demanda de amparo, el juicio de amparo fue promovido por Esteban de Jesús González Sánchez, quien se ostenta como autorizado de Luis David Osorio Martínez, en la carpeta administrativa 1058/2020, donde reclama la determinación de calificación de legal detención dictada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, en audiencia de veintidós de septiembre del año en curso, dentro de los autos de la carpeta administrativa 1058/2020, seguida en contra de Luis David Osorio Martínez, por el hecho delictuoso de abuso sexual. En ese tenor, es dable precisar que la legitimación en la causa representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, en atención a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional y así, el peticionario de garantías debe acreditar en forma fehaciente, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de manera que debe estar acreditada en forma plena y no inferirse con base en presunciones. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el ordinal 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo se debe seguir siempre a instancia de parte agraviada. El artículo 5º de la Ley de Amparo, por su lado, establece que el juicio constitucional sólo se puede promover por la parte a quien afecte de manera personal y directa la norma, acto u omisión que se reclame. Por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que lo impugnado cause una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. En ese sentido, para acreditar en el presente asunto, la legitimación para acudir al juicio del cual emanan los actos reclamados, se deben cubrir varios presupuestos, los que se estima son: 1. La existencia de un derecho reconocido por el orden jurídico, como la vida, libertad, propiedad, posesión, etcétera. 2. Un acto de autoridad que se oriente hacia ese derecho. 3. Que el acto de autoridad afecte ese derecho, esto es, lo reduzca, suprima, cancele o cercene. 4. Que el quejoso demuestre la titularidad de ese derecho afectado por el acto de autoridad reclamado. Por tanto, la legitimación existe cuando una norma jurídica específica (constitucional, legal o contractual), confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa misma norma, tiene la protección, frente a cualquier persona o autoridad, del derecho conferido. En esas condiciones, para acreditar la legitimación para promover el amparo en nombre o representación del quejoso en un procedimiento penal, será suficiente que quien promueve manifieste bajo protesta de decir verdad, tener reconocida la calidad de defensor ante la autoridad responsable, o bien, por conducto de cualquier persona en los casos previsto en la ley de la materia, esto es, cuando los actos importen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, y el agraviado esté imposibilitado para promover el amparo. En ese sentido, es menester precisar que el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad, en los hechos que constituyen los antecedentes del acto que por esta vía se reclama, lo siguiente: «Actualmente se encuentra en libertad al haberse dictado auto de vinculación a proceso el veintidós de septiembre del año en curso e impuesto al quejoso medidas cautelar consistentes en garantía económica, presentación periódica a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y abstención de acercarme a la víctima.» De lo anterior se desprende que la demanda que se provee no se encuentra en algún caso de excepción previsto por la ley de la materia, en razón a que Luis David Osorio Martínez se encuentra gozando de su libertad; por tanto, resulta evidente que quien ahora promueve (Esteban de Jesús González Sánchez) carece de legitimación para solicitar la protección constitucional en representación de quien únicamente lo designó como autorizado para recibir notificaciones en el proceso penal de origen, pues su carácter se encuentra limitado por las atribuciones que se le confirieron. Tiene aplicación al caso, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro: «AMPARO EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL INDICIADO, AL CARECER DE LEGITIMACIÓN PARA HACERLO.» (S.J.F. y su G., 9ª Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, pág. 2323) En ese tenor, y no obstante que el artículo 5º de la Ley de Amparo establezca que en la demanda el «quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo»; ello no implica que dicho requisito se satisface con su mera mención, pues, para que tal extremo se estime colmado, es necesario que se acredite fehacientemente la legitimación para comparecer, esto es, con la calidad de defensor de Luis David Osorio Martínez en el proceso penal de origen o bien, que se encontraba en alguno de los supuestos de excepción precisados por la Ley de Amparo para promover la demanda constitucional. De lo expuesto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5°, 6º, 11, 14 y 113, del mismo ordenamiento, así como con el 107, fracción I, constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sentido contrario, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Esteban de Jesús González Sánchez, quien se ostenta como autorizado de Luis David Osorio Martínez.

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