Luis David Osorio Martinez

Expediente 818/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
818/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
02/12/2020

Partes del expediente

  • Luis David Osorio Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que atento al oficio SECNO/STCCNO/513/2020, de cuatro de noviembre de dos mil veinte, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó la determinación adoptada por la Comisión Especial, en la que resolvió suspender actividades respecto a este Juzgado Federal, por un periodo de catorce días comprendido del cinco al dieciocho de noviembre de dos mil veinte, lapso durante el cual se suspendieron plazos y términos en el presente asunto; ante ello, se ordena la reanudación del procedimiento. Por otra parte, en cuanto a la diversa certificación de cuenta y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya hecho valer contra el proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por Esteban de Jesús González Sánchez, por lo que con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que trascurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.

  2. Principal

    M-III. Visto el escrito de cuenta signado por ***, quien dice ser autorizado del directo quejoso ****, a través del cual desahoga la prevención realizada en diecinueve de octubre de dos mil veinte; ante ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a las presentes actuaciones y provéase lo que en derecho corresponda. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto debe desecharse de plano la demanda. En ese tenor, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: «ARTICULO 113. "El Órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano». Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: «IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías». Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: «IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde». Bajo ese contexto, este juzgador estima que surte la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo; ello, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 107, fracción I, de la Constitución General; 1°, fracción I, 5°, 6º, 11, 14 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en lo conducente disponen: DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS «Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)» DE LA LEY DE AMPARO «Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte [.]» «Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamado violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual de su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de Tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]» «Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.» «Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. [.]» «Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribunal que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. [.]» «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]» (sic). De los artículos constitucionales y legales transcritos se aprecia que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, cuando le produzca el acto o la ley que se reclame alguna afectación real y actual de su esfera jurídica; es decir, por aquel a quien la norma, acto u omisión reclamado le ocasione una afectación de manera personal y directa. El principio de existencia del agravio personal y directo se desprende de los artículos 107, fracción I, constitucional y 5° de la Ley de Amparo, transcritos, que respectivamente estatuyen que el juicio se seguirá siempre a instancia de "parte agraviada", y que únicamente puede promoverse por la parte "a quien perjudique el acto reclamado o la ley que se reclama." Asimismo, por agravio debe entenderse todo menoscabo, u ofensa a la persona, física o moral, menoscabo que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca la parte quejosa debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo o presuntivo, y ese agravio debe repercutir en una persona determinada, concretarse en esta, no ser abstracto, genérico; y ser de realización pasada, presente o inminente; es decir, haber producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio, hipotético (en esto estriba lo "directo" del agravio). Este principio no tiene excepciones. La promoción respectiva puede hacerse por sí o a través de representante o, en los casos establecidos en la Ley de Amparo. De los propios preceptos se desprende claramente que el juicio de amparo es el medio jurisdiccional establecido para que los individuos puedan protegerse contra acciones u omisiones que violen sus derechos previstos en la constitución general o en leyes reglamentarias. Lo anterior es así, ya que quien comparece reclama como acto, el siguiente: «EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN CONTRA DEL SUSCRITO QUEJOSO DICTADO EN AUDIENCIA INICIAL CELEBRADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LA CARPETA ADMINISTRATIVA 1058/2020, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE NEZAHUALCÓYOTL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL DELITO DE ABUSO SEXUAL». (sic) Como se obtiene, de la lectura integra de la demanda de amparo, quien comparece lo hace con el carácter de autorizado del directo quejoso Luis David Osorio Martínez, sin que se advierta de la demanda que se ejecute en su contra alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En ese tenor, es dable precisar que la legitimación en la causa representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, en atención a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional y así, el peticionario de garantías debe acreditar en forma fehaciente, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos. Lo anterior, ya que la legitimación debe estar acreditada en forma plena y no inferirse con base en presunciones. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el ordinal 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo se debe seguir siempre a instancia de parte agraviada. El artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional sólo se puede promover por la parte a quien afecte de manera personal y directa la norma, acto u omisión que se reclame. Por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que lo impugnado cause una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. En ese sentido, para acreditar en el presente asunto, la legitimación para acudir al juicio del cual emanan los actos reclamados, se deben cubrir varios presupuestos, los que se estima son: 1. La existencia de un derecho reconocido por el orden jurídico, como la vida, libertad, propiedad, posesión, etcétera. 2. Un acto de autoridad que se oriente hacia ese derecho. 3. Que el acto de autoridad afecte ese derecho, esto es, lo reduzca, suprima, cancele o cercene. 4. Que el quejoso demuestre la titularidad de ese derecho afectado por el acto de autoridad reclamado. Por tanto, la legitimación existe cuando una norma jurídica específica (constitucional, legal o contractual), confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa misma norma, tiene la protección, frente a cualquier persona o autoridad, del derecho conferido. En esas condiciones, para acreditar la legitimación para promover el amparo en nombre o representación del quejoso en un procedimiento penal, será suficiente que quien promueve manifieste bajo protesta de decir verdad, tener reconocida la calidad de defensor ante la autoridad responsable, o bien, por conducto de cualquier persona en los casos previsto en la ley de la materia, esto es, cuando los actos importen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, y el agraviado esté imposibilitado para promover el amparo; circunstancia que en la especie no acontece. Lo anterior es así, toda vez que el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad, en los hechos que constituyen los antecedentes del acto que por esta vía se reclama, lo siguiente: «Actualmente se encuentra en libertad al haberse dictado auto de vinculación a proceso el veintidós de septiembre del año en curso e impuesto al quejoso medidas cautelar (sic) consistente en garantía económica, presentación periódica a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y abstención de acercarme a la víctima». (sic) De lo anterior se desprende que la demanda que se provee no se encuentra en algún caso de excepción previsto por la ley de la materia, en razón a que Luis David Osorio Martínez se encuentra gozando de su libertad; por tanto, resulta evidente que quien ahora promueve (Esteban de Jesús González Sánchez) carece de legitimación para solicitar la protección constitucional en representación de quien únicamente lo designó como autorizado para recibir copia simple del acta mínima de la audiencia inicial de veintidós de septiembre del año en curso, y copia del audio y video de la misma, pues su carácter se encuentra limitado por las atribuciones que se le confirieron. Tiene aplicación al caso, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro: «AMPARO EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL INDICIADO. AL CARECER DE LEGITIMACIÓN PARA HACERLO». (S.J.F. y su G., 9° Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, pag. 2323). De igual manera, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXIII, visible a página 2076, que dice: «AMPARO PROMOVIDO A NOMBRE DE OTRO. El artículo 17 de la ley reglamentaria del juicio de amparo, previene que cuando se trata de actos que importen ataques a la libertad individual, fuera de procedimiento judicial, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona a su nombre, pero si se reclama un auto de formal prisión, esto hace presumir que existe un procedimiento judicial abierto en contra del quejoso, por lo que no se está en el caso del precepto citado, y si el que promueve el amparo no alega tener el carácter de defensor, debe desecharse la demanda que promueva». De igual manera, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXIII, visible a página 2076, que dice: «AMPARO PROMOVIDO A NOMBRE DE OTRO. El artículo 17 de la ley reglamentaria del juicio de amparo, previene que cuando se trata de actos que importen ataques a la libertad individual, fuera de procedimiento judicial, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona a su nombre, pero si se reclama un auto de formal prisión, esto hace presumir que existe un procedimiento judicial abierto en contra del quejoso, por lo que no se está en el caso del precepto citado, y si el que promueve el amparo no alega tener el carácter de defensor, debe desecharse la demanda que promueva». Circunstancia que se corrobora con el escrito que anexa el promovente, recibido ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en el que el directo quejoso autorizó al promovente Esteban de Jesús González Sánchez, únicamente para recibir copia simple del acta mínima de la audiencia inicial de veintidós de septiembre del año en curso, y copia del audio y video de la misma, sin que tenga el carácter de defensor particular. En ese tenor, y no obstante que el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establezca que en la demanda el «quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo»; ello no implica que dicho requisito se satisface con su mera mención, pues, para que tal extremo se estime colmado, es necesario que se acredite fehacientemente desde el inicio del juicio el derecho subjetivo afectado, por ello, para que el quejoso acredite la legitimación para comparecer debió acreditar la calidad de defensor de Luis David Osorio Martínez en el proceso penal de origen o bien, que se encontraba en alguno de los supuestos de excepción precisados por la Ley de Amparo, para promover la demanda constitucional. De lo expuesto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5°, fracción I, 6º, 11, 14 y 113, del mismo ordenamiento, así como con el 107, fracción I, constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sentido contrario, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Esteban de Jesús González Sánchez, quien se ostenta como autorizado de Luis David Osorio Martínez. No es inadvertido para este juzgador, que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, consultable a página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: «DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes». Así como la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, Tomo XXIV, Junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, que indica: «DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico».

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ****, quien dice ser autorizado del directo quejoso ****, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl del Poder Judicial del Estado de México, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparos bajo el número 818/2020-III, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. A efecto de acordar lo conducente respecto a la demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, 18, 108, 110 y 114 fracciones I y II, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído: Subsane la irregularidad contenida en su escrito de demanda; esto es: 1. De la demanda que se acuerda, se desprende que ésta se encuentra firmada por Esteban de Jesús González Sánchez, quien dice ser «autorizado» del directo quejoso Luis David Osorio Martínez. Así las cosas, requiérase al promovente para que bajo protesta de decir verdad, manifieste si promueve en su carácter de defensor del directo quejoso o si lo hace en la forma que refiere en la demanda, es decir de autorizado. Lo anterior, para estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda. Es aplicable a lo antepuesto, en la parte relativa, la tesis I.4o.C. 26 K, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 63, Tomo IX, Febrero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: «DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO». Su aclaración debe presentarla en original y copias simples suficientes en términos del artículo 110 de la ley de la materia vigente, con el apercibimiento para el caso de no cumplir con los puntos de la prevención decretada, se tendrá por no presentada, en términos del artículo 114 de la ley en comento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P. VII/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 235, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE». En virtud de que la parte quejosa señala en su demanda como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, con apoyo en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase ésta y las subsecuentes notificaciones, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Por autorizadas para los mismos efectos a las personas que indica, las cuales una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, gozarán de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. En razón que la parte quejosa, solicita la consulta electrónica de las actuaciones de este sumario, se ordena notificar electrónicamente las determinaciones emitidas en el presente asunto, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes conforme al nombre de usuario que se proporciona en el escrito que se provee, ello de conformidad con los artículos 96 y 97, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; por lo que se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este órgano jurisdiccional, para que proceda a registrar dicha solicitud y se permita el acceso a la consulta respectiva, a Esteban de Jesús González Sánchez, quien cuenta con el usuario de usuario estebanglezs_1719. En la inteligencia que se deberá ingresar al sistema electrónico para obtener la constancia de la consulta realizada en un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir de que este juzgado de Distrito la hubiere enviado; hecho que sea, digitalícese la constancia generada para el expediente electrónico y agréguese una copia al expediente impreso como constancia de notificación; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación respectiva; lo anterior de conformidad con los artículos 30, fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto al correo electrónico que se indica, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, toda vez que únicamente se utilizará para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación.

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