Luis David González Jiménez

Expediente 585/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
585/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • Luis David González Jiménez
  • Pedro Ángel Quintero Cisneros
  • RAUL JUNIOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y Otros.
  • Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", Con Sede En el Salto, Jalisco

Actuaciones

  1. Principal

    En veintinueve de julio de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al juez, con el estado que guardan los autos, dentro del juicio de amparo indirecto número 585/2021. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Del estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de seis de enero de dos mil veintidós, se ordenó el archivo definitivo el juicio amparo en que se actúa; asimismo, respecto de la valoración de este cuaderno, se determinó que es susceptible de destrucción. Sin embargo, toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, se precisa que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, lo anterior, con apoyo en el capítulo 7, apartado 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, y en términos de lo señalado en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. Cúmplase.

  2. Principal

    En seis de enero de dos mil veintidós, el Secretario certifica: que el plazo de diez días de que disponían las partes, para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio, transcurrió para los quejosos del diecisiete al treinta de diciembre de dos mil veintiuno y del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno al cuatro de enero de dos mil veintidós, sin contar los días inhábiles, al haber sido notificados personalmente y por medio de lista el quince y veinte de diciembre de dos mil veintidós, respectivamente, sin contar los días inhábiles. Lo que se asienta para los efectos legales procedentes. Con lo anterior y con el estado procesal, se da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, dentro del juicio de amparo indirecto número 585/2021. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de enero de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA EJECUTORIA SENTENCIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva que decretó el sobreseimiento en el juicio, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. En esa tesitura, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2 De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.

  3. Principal

    En diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, el Secretario da cuenta al juez, con las actas de notificación, realizadas por la actuaria de adscripción, registradas bajo los número de folio 16463 y 16462, dentro del juicio de amparo indirecto número 585/2021. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: De las actas de notificación, realizadas por la actuaria de adscripción, ambas de fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno, se advierte la imposibilidad que el actuario judicial tuvo para notificar la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, a los siguientes quejosos: Luis Daniel González Jiménez y Pedro Ángel Quintero Cisneros. En tales condiciones, en términos de lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a los citados quejosos, la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, por medio de lista, así como los acuerdos que en lo subsecuente se originen en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, quien da fe.

  4. Principal

    SENTENCIA CONSTITUCIONAL. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto, para resolver el juicio de amparo 585/2021, promovido por Raúl Junior Hernández González, Luis Miguel Quintero Cisneros, Pedro Ángel Quintero Cisneros y Luis Daniel González Jiménez, contra actos atribuibles al Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco; y, RESULTANDO: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido el nueve de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Estado de Tamaulipas, turnada en esa misma data al Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Mixta en la ciudad Victoria, Tamaulipas, Raúl Junior Hernández González, Luis Miguel Quintero Cisneros, Pedro Ángel Quintero Cisneros y Luis Daniel González Jiménez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la autoridad siguiente: AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: "ÁREA MÉDICA DEL PRECITADO CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO" La parte quejosa expuso que el acto reclamado vulnera los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, la Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Mixta en la ciudad Victoria, Tamaulipas, registró la demanda con el número 1089/2021; concedió la suspensión de plano y solicitó el respectivo informe previo de las autoridades responsables; empero, estimo carecer de competencia legal, al considerar que el acto reclamado tiene ejecución material en el lugar donde los quejosos guardan reclusión, declinando su conocimiento al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, con residencia en Zapopan, Jalisco. Por razón de turno, correspondió al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, el conocimiento de la declinatoria planteada y, por auto de trece de octubre de dos mil veinte, radicó el juicio de amparo 611/2020, asimismo, determinó no aceptar dicha competencia legal, en atención al acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, por el que se informa la desincorporación del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", ordenando el traslado de las personas que se encontraban privadas de la libertad en dicho centro carcelario, por lo que, consideró que no se actualizaba la hipótesis planteada por la Juez declinante. En razón de lo anterior, mediante auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, la Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Mixta en la ciudad Victoria, Tamaulipas, aceptó la competencia y admitió a trámite la demanda registrada con el número 1089/2021; solicitó el informe justificado de las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A las trece horas con nueve minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes; en dicha audiencia, la Juez de Distrito tuvo por rendidos los informes de las autoridades responsables; abrió la etapa probatoria, en la que se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de las partes, se abrió la de alegatos, en la que hizo constar que ninguna de las partes los formularon, con lo que cerró dicho período; y en sentencia, se declaró legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer de ese juicio de amparo. CUARTO. ADMISIÓN A TRAMITE EN EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. En auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional, aceptó la competencia declinada; tuvo por recibida la demanda de amparo, registrándola con el número 585/2021; sin que fuera necesario solicitar a las autoridades responsables su informe de ley; dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y ordenó se dictara la sentencia correspondiente atendiendo a que ya se encuentra celebrada la audiencia constitucional al tenor del acta que obra en el expediente de amparo. CONSIDERACIONES: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Órgano de Control Constitucional es legamente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado surte sus efectos dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Es preciso señalar que en la demanda de amparo los quejosos aludieron como responsable al Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", con sede el Salto Jalisco, de quien reclamaron la falta de atención médica. No obstante, con motivo del cierre de dicho Centro Penitenciario, los aquí quejosos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán. En virtud de ello, se desprende que la obligación de suministrar atención médica, recae a dicho Centro, por ende, es evidente que procesalmente la primera de las autoridades fue sustituida por esta última. Lo anterior es así, toda vez que dicho acto es de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre su salud, pues lo que pretenden es recibir ese cuidado profesional. En este sentido, si los quejosos privados de su libertad fueron trasladados a diverso centro de reclusión para seguir compurgando la pena de prisión impuesta, lo cierto es que ya no se encuentran bajo el resguardo de las autoridades penitenciarias señaladas como responsables, por lo que resulta materialmente imposible que éstas adopten las medidas para proporcionarle atención médica. Pues la observancia de tal prerrogativa no depende de que el impetrante se encuentre en uno u otro centro de reclusión, por lo que mientras no se modifique su estado jurídico como interno en un centro de reclusión (por ejemplo, que quede en libertad), cualquier autoridad penitenciaria debe proceder en consecuencia, para realizar los actos necesarios encaminados a que se le proporcione la atención médica, incluso, aunque no haya sido señalada como responsables. Tiene aplicación, la Jurisprudencia XIII.P.A. J/4 (10a.), del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, del rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD CONTRA LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA. EL HECHO DE QUE ÉSTE HAYA SIDO TRASLADADO A DIVERSO CENTRO DE RECLUSIÓN, NO IMPLICA QUE EXISTA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA ACATAR DICHO FALLO PROTECTOR. Conforme al artículo 201, fracción II, de la Ley de Amparo, existen dos supuestos de imposibilidad para cumplir una resolución judicial, a saber: jurídica y/o material. En este sentido, si el quejoso privado de su libertad es trasladado a diverso centro de reclusión para seguir compurgando la pena de prisión impuesta, lo cierto es que ya no se encuentra bajo el resguardo de las autoridades penitenciarias señaladas como responsables, por lo que resulta materialmente imposible que éstas adopten las medidas indicadas en la sentencia para proporcionarle atención médica y, en su caso, suministrarle los medicamentos atinentes; sin embargo, la circunstancia anterior no conduce a concluir que existe imposibilidad jurídica para acatar el fallo protector, pues el deber impuesto a las autoridades responsables de restituir en el pleno goce de sus derechos fundamentales al quejoso privado de su libertad no se extingue por el hecho de que éste haya sido trasladado a un centro de reclusión diverso, pues la observancia de tal prerrogativa no depende de que el impetrante se encuentre en uno u otro centro de reclusión, por lo que mientras no se modifique su estado jurídico como interno en un centro de reclusión (por ejemplo, que quede en libertad), cualquier autoridad penitenciaria debe proceder en consecuencia, para realizar los actos necesarios encaminados a que se dé cabal cumplimiento a la sentencia amparadora, incluso, aunque no haya sido señalada como responsable, como lo prevé el artículo 197 de la propia ley, que faculta al Juez Federal para requerir a todas las autoridades que tengan o deban tener intervención, por encontrarse vinculadas al cumplimiento de la sentencia." Por lo anterior expuesto, se tiene como responsable sustituta a: Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, a quien se reclama la falta de atención médica. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Por razón de técnica, debe pronunciarse respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados, toda vez que es un aspecto indispensable para estudiar, en su caso, las causales de improcedencia que se aleguen o que este juzgador advierta de oficio y para analizar el fondo de la cuestión planteada. En tal sentido, la existencia de los actos reclamados debe ponderarse en función de lo alegado por la autoridad responsable en su informe justificado. Por tanto, si la autoridad fue omisa en rendir dicho informe, se actualizará la presunción de certeza de los actos reclamados contenida en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Por el contrario, en caso de que sí haya rendido el informe justificado será preciso distinguir si reconoció o negó la existencia del acto reclamado, debido a que en el primer caso el acto deberá tenerse por cierto en virtud de dicha manifestación; en cambio, si la responsable negó su existencia, el juzgador deberá ponderar la naturaleza del acto reclamado y conjugarla con las reglas que rigen en materia probatoria. En consecuencia, si los actos reclamados son de naturaleza positiva y la autoridad responsable negó su existencia, la carga de probar tales actos se trasladará a la parte quejosa, la cual, con las pruebas que obren en autos o las que aporte hasta el acto de la audiencia, deberá estar en aptitud de desvirtuar esa negativa. Por otro lado, si los actos reclamados son de naturaleza omisiva y la autoridad responsable niega su existencia, el juzgador deberá analizar si la responsable se encontraba o no en condiciones legales de llevar a cabo la actuación, toda vez que si se comprueba la existencia de la atribución legal de actuar, la omisión reclamada deberá tenerse por cierta, de lo contrario, deberá sobreseerse por la inexistencia de la omisión reclamada. En el caso, en la audiencia constitucional de catorce de mayo de dos mil veintiuno, la Juez Decimoprimero de Distrito del Estado de Tamaulipas, tuvo al Encargado del Proceso de Cierre del Recién Desincorporado Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", con sede El Salto Jalisco, rindiendo el respectivo informe justificado, no obstante, de dicho informe la responsable fue omisa en pronunciarse en relación al acto reclamado por los aquí quejosos. Máxime que el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se tuvo al Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", con sede El Salto Jalisco, rindiendo el respectivo informe a la suspensión de plano, del que no se advierte que la responsable se pronunciará en relación al acto reclamado. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados de dicha autoridad. Sirve de apoyo, la tesis II.1o.P.35 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 1363, del tomo XV, marzo de 2002, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187512, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Resulta aplicable, la jurisprudencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página quinientos cincuenta y tres del tomo VI Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de texto y rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De este modo, por razones previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia de los tribunales federales, la improcedencia en amparo presupone la imposibilidad de que el quejoso obtenga la pretensión que pretende, por existir un impedimento; es decir, la actualización de alguna circunstancia de hecho o derecho para que el Juzgador analice y resuelva la cuestión planteada, y tiene como consecuencia, evidentemente, que se deseche la demanda de amparo o se decrete el sobreseimiento en el juicio sin resolver el problema jurídico planteado. En el cao, conviene analizar si se actualiza dichas causales de improcedencia. En tal sentido, se desprende que los quejosos reclaman medularmente la falta de Atención Médica, acto que atribuyen al Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", con sede el Salto Jalisco; sustituida actualmente por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán. En tal sentido, resulta importante precisar, que del cuerpo de principios fundamentales que rigen nuestro medio de control constitucional, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III inciso a) y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de definitividad del juicio de amparo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, por lo que la legislación secundaria, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para nuestra noble institución controladora encarnada en el juicio de amparo. El principio de definitividad del juicio de amparo, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley rige al acto reclamado para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, siendo que debe agotarse antes de promover el presente juicio de garantías, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que sea interpuesto por la parte quejosa, el juicio de amparo es improcedente. Dicho principio, se fundamenta en la naturaleza misma del juicio de amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría el segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el juicio de amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales. Es lógico concluir, que antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII del artículo 107 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En tal sentido, este Órgano de Control Constitucional, advierte la actualización de la casual de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De la interpretación jurídica del precepto en mención, se desprende que los elementos con los que se integra la citada causal de improcedencia, son: Que el acto reclamado provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la citada ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Así, la sola concurrencia de tales elementos configura la causal de improcedencia en comento. Sentado lo anterior, el juicio de amparo indirecto deviene improcedente en virtud que se pone de manifiesto que los promoventes de la acción constitucional no agotaron los medios ordinarios previstos en la ley. Esto es así, pues del contenido integral de la demanda de amparo, los quejosos Raúl Junior Hernández González, Luis Miguel Quintero Cisneros, Pedro Ángel Quintero Cisneros y Luis Daniel González Jiménez, hicieron valer como acto reclamado, en esencia, la falta de Atención Medica por parte del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", con sede el Salto Jalisco; actualmente sustituida por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Así, los promoventes de amparo, evidentemente forma parte de la litis que nos ocupa; en tal virtud, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, previamente debieron agotar el medio de defensa ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, recurso mediante el cual, las situaciones de hecho reclamadas a las autoridades penitenciarias descritas en párrafos precedentes, pudieron resolverse, modificarse o anularse, se insiste, sin que en el caso se actualice alguna de las causas de excepción previstas en la citada fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es así, pues existe jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cobra aplicación al caso concreto. En ese sentido, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, la Primera Sala precisó lo siguiente: Conforme al artículo primero transitorio del decreto publicado el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, y sus artículos 1 y 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los actos suscitados en relación con cuestiones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sean procesadas o sentenciadas, se rigen por las disposiciones de la aludida ley a partir de su entrada en vigor (día siguiente de su publicación). Una condición de internamiento es cualquier medio o acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, instrumentos de trabajo, artículos para el deporte y la recreación, lo cual se desprende de los artículos 3, 9, 10 y 30 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece en el título cuarto denominado "Del procedimiento de ejecución", en la parte correspondiente a su capítulo III, relativo al "Procedimiento Administrativo", un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar, entre otras, omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento; esto es, cualquier omisión que impida que la persona interna tenga una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Ese mecanismo debe regirse por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social. El mismo faculta a la persona privada de su libertad a formular peticiones denominadas administrativas ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, por lo que el mismo inicia con la presentación de una petición ante la autoridad correspondiente. Las peticiones administrativas pueden ser presentadas por el interno, sus familiares o defensores, entre otros. Ésta tiene por objeto que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no, una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o bien, si existió afectación a los derechos de terceras personas y, en caso de existir, lograr la subsanación de dicha afectación. Asimismo, tal mecanismo de control establece dos modalidades, a saber, las peticiones no urgentes y las urgentes, cuyo trámite dependerá del carácter apremiante de la petición realizada. No obstante, el mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición por caso urgente, así como la posibilidad de que el acto sea suspendido, mediante acciones positivas necesarias, a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. Cuando las peticiones recaigan sobre casos urgentes, siendo éstas, entre otras, omisiones relativas a condiciones de internamiento que por su carácter deban ser atendidas de inmediato, la petición se hará directamente ante el Juez para plantearle su petición, quien tratándose de actos de carácter positivo, suspenderá el hecho o acto, así como sus efectos; tratándose de actos omisivos, determinará las acciones a realizar por parte de la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición, el Juez reparará la afectación. Si el juez determina que la petición no es de carácter urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción para su tramitación. Con motivo de ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó, que cuando una persona privada de su libertad reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, sí debe agotar el mecanismo de control previsto en el procedimiento de ejecución que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual inicia con una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Lo anterior, porque éste constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, a través de las cuales los internos, pueden ofrecer pruebas y la autoridad recabarlas de oficio; que el acto de ser urgente sea suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que el mismo cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, establece la posibilidad de que la respuesta a la petición sea impugnada a través de los recursos correspondientes, en caso de que considere que vulnera sus derechos; de ahí que se estime que el mismo debe ser agotado previamente a acudir al juicio de amparo indirecto. En tales supuestos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que se trata de actos reclamados a autoridades distintas a los tribunales judiciales, y el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, la persona privada de su libertad puede reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que estima vulneran sus derechos -sean actos de carácter positivo u omisivos-, el cual, además, prevé la posibilidad real de que el acto sea suspendido con la finalidad de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir, con todo lo cual se cumple con lo exigido por la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Concluyó señalando lo siguiente: "144. Con el presente criterio, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación busca darle funcionalidad y coherencia a las reformas constitucionales de los artículos 18, 21, y 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, que en su conjunto, como ya se examinó, implementaron un modelo penitenciario de reinserción social, la judicialización del régimen de penas, control judicial de las cuestiones inherentes a las condiciones de internamiento, así como la creación de un juez cuya función primordial sería, entre otras, la de proteger y velar por los derechos humanos de quienes en su condición de interno acuden ante su potestad. 145. Asimismo, con la presente resolución cobra sentido uno de los objetivos por los cuales fue expedida la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos y procedimientos eficientes, rápidos y sencillos que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad a través de los Jueces penales correspondientes." Finalmente, el criterio que prevaleció es: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad.". La citada jurisprudencia, de observancia obligatoria, cobra exacta aplicación al caso concreto, ya que los actos reclamados por la parte quejosa constituyen condiciones de internamiento, entendidas según se estableció en la ejecutoria en comento, como cualquier medio o acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, en contra de las cuales procede el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, bien sea a través de una petición de carácter no urgente ante la autoridad penitenciaria, o de naturaleza urgente ante la autoridad judicial, con la posibilidad, en este último supuesto, de suspender los actos reclamados con los efectos ya descritos. Esto, porque como se estableció previamente, los actos reclamados por los quejosos, lo constituyen: "La falta de Atención Médica" Los cuales se identifican plenamente con las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, de conformidad con los artículos 2, 9, 30, 31 y 37 de la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, que dicen: "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales. Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el Centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta Ley y a las demás disposiciones aplicables; VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal; VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios; VIII. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta Ley; IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario; XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones legales aplicables. Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad. Artículo 30. Condiciones de internamiento Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas." Artículo 37. Medidas de vigilancia especial Las personas privadas de la libertad por delincuencia organizada y aquellos que requieran medidas especiales de seguridad compurgarán sus penas en espacios especiales, de conformidad con el artículo 18 Constitucional. Las medidas de vigilancia especial consistirán en: I. Cambio de dormitorio, módulo, nivel, sección, estancia y cama; II. Vigilancia permanente de todas las instalaciones del Centro Penitenciario, incluyendo módulos y locutorios; III. El traslado a otro Centro Penitenciario o a módulos especiales para su observación; IV. Restricción del tránsito en el interior del Centro Penitenciario; V. Visitas médicas periódicas; VI. Las visitas familiares e íntimas, así como las comunicaciones con el exterior podrán restringirse, con excepción de las comunicaciones con su defensor, y VII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. El plan de actividades se deberá ajustar a las medidas de vigilancia y estará orientado a lograr la reinserción de las personas privadas de la libertad, con estricto apego a las disposiciones legales aplicables. Sin menoscabo de lo anterior, la Autoridad Penitenciaria podrá decretar en cualquier momento estado de alerta o, en su caso, alerta máxima cuando exista riesgo o amenaza inminente que ponga en peligro la seguridad del Centro Penitenciario, de la población penitenciaria, de su personal o de las visitas. En caso de declaratoria de alerta, el Director del Centro Penitenciario deberá solicitar el apoyo a las fuerzas de seguridad pública, así como dar vista al Ministerio Público y al organismo público de protección de derechos humanos competentes.". Ello, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis de la que derivó la jurisprudencia que aquí se aplica, analizó la procedencia del mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, considerando que debe agotarse en contra de las "omisiones inherentes a las condiciones de internamiento", que abarca actos de carácter positivo y omisivo de suspensión inmediata, en la que encuadran los actos aquí reclamados. Además, la citada Sala, al resolver la diversa contradicción de tesis 304/2018, en sesión de trece de febrero de dos mil diecinueve, entre los criterios sostenidos por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, la declaró sin materia, porque el punto de contradicción fue resuelto con la jurisprudencia 1ª./J. 79/2018 (10ª), previamente transcrita, y precisó que de conformidad con ésta, cuando una persona privada de su libertad reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, sí debe agotar el mecanismo de control previsto en el procedimiento de ejecución que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, se estima que en el caso, los actos que reclaman los quejosos, no afectan o comprometen gravemente su dignidad e integridad personal; de ahí que, no se actualice algún supuesto de excepción al principio de definitividad, como lo sería que, el acto reclamado sea susceptible de equiparse a un tormento, pues la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la diversa contradicción de tesis 42/2018,estableció que por este se entienden aquellos actos u omisiones que afecten gravemente la dignidad e integridad personal, empero, que éstos no son absolutos, pues el tormento se refiere a actos graves que no pueden equipararse a cualquier molestia derivada del estado de reclusión. Consecuentemente, los promoventes debieron agotar el medio de defensa ordinario idóneo contra el acto reclamado; antes de acudir a la instancia constitucional, porque no se actualizan para la procedencia del juicio de amparo indirecto intentado y ninguno de los supuestos de excepción. En consecuencia, es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Con motivo del sobreseimiento decretado, se hace innecesario el estudio de los conceptos de violación expresados por el impetrante del amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76 y 78 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Raúl Junior Hernández González, Luis Miguel Quintero Cisneros, Pedro Ángel Quintero Cisneros y Luis Daniel González Jiménez, contra actos atribuibles al Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco; actualmente sustituida por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, por las razones y efectos precisados en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el quinto considerando de este fallo. Notifíquese personalmente; y a los quejosos en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán; publíquese también en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, ante el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe. Doy fe. El licenciado Ernesto Adame Ruíz, secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, HACE CONSTAR: Que la presente foja corresponde a la última parte de la resolución constitucional de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio de amparo 585/2021, promovido por Raúl Junior Hernández González, Luis Miguel Quintero Cisneros, Pedro Ángel Quintero Cisneros y Luis Daniel González Jiménez, contra actos atribuibles al Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco; actualmente sustituida por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, en el que se sobreseyó en el juicio. Conste. El secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA: que el contenido de la presente sentencia coincide íntegramente con el documento firmado electrónicamente en el expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Conste. Secretario, Ernesto Adame Ruíz. Razón.- En esta fecha se giraron los oficios 19431, a las autoridades correspondientes; notificándoles el auto que antecede. Conste.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · 3,119 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano