Luis Casillas Pérez
Expediente 453/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 453/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Casillas Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En nueve de septiembre de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio recibido físicamente en la oficialía de partes, registrado bajo el folio 12010. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: Acusa recibo. Téngase al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tanhuato, Michoacán de Ocampo, acusando recibo del oficio 15076/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, así como del duplicado del proceso penal 129/2006, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
En veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, la Secretaria certifica: que el termino de que disponía la parte quejosa para recurrir el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, transcurrió del diez al veintitrés de agosto del dos mil veintidós, toda vez que fue notificada el ocho de agosto pasado. Con lo anterior y con el estado que guardan los autos, se da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con un escrito, registrado bajo el folio. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. Ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1 Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los cuadernos incidentales toda vez que no se aperturaron. 4. Devolución de constancias. Finalmente, dado que a la fecha resulta innecesaria la permanencia en autos del cuaderno de prueba consistente en la copia certificada del proceso penal número 129/2006 que remitió como justificante de su informe el Juez Mixto de Primera Instancia de Tanhuato, Michoacán de Ocampo, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándose a la autoridad acuse recibo. Notifíquese.
- Principal
En ocho de agosto de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: Improcedencia del juicio de amparo. Del estado que guardan los autos se advierte que, en el presente juicio de amparo la parte quejosa reclama: ". IV.- Reclamo de la Autoridad Responsable la orden de captura ordenada en mi contra, misma que considero ha prescrito por las razones expuestas." Ahora, en su informe con justificación el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tanhuato, Michoacán de Ocampo, admitió la existencia del acto reclamado, pues afirmó que el siete de noviembre de dos mil siete, dictó orden de aprehensión en contra del quejoso Luis Casillas Pérez, dentro del proceso penal 129/2006, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 312/2007, del índice de este órgano jurisdiccional. Asimismo, informó que, el quejoso de nueva cuenta promovió juicio de amparo, contra la orden de aprehensión dictada el siete de noviembre de dos mil siete, del que conoció el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, y que registró con número 197/2010; quien el cinco de julio de dos mil diez, dictó sentencia en la que por una parte, sobreseyó, y por otra, negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. En esas condiciones, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados dentro de la presente instancia constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, que textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;.". De lo antes transcrito se colige que, para la actualización de la causal de improcedencia prevista en la referida fracción, se requiere acreditar: a) Que la ley o acto que se reclamen, hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; y b) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Esto es, el juicio de amparo resulta improcedente cuando en una sentencia ejecutoriada se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, o cuando, precisada la existencia de éste se ha determinado su inatacabilidad a través del juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya efectuado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado. Es importante mencionar, que la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista por el numeral 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, aplica cuando se ha producido la cosa juzgada por la ejecutoria dictada en el anterior juicio, respecto del cual existe la identidad en los sujetos y en el objeto, aunque las violaciones constitucionales hayan sido diversas. Dicha figura procesal "cosa juzgada" tiene sustento constitucional en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica, pues lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia. En ese sentido, la autoridad de cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. Luego, la finalidad de la institución es dar certeza y definitividad a las situaciones jurídicas sancionadas por la sentencia, lo cual es necesario para mantener la paz social, de otro modo, los litigios podrían replantearse, indefinidamente. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, ya que de lo contrario conllevaría abandonar el criterio previamente dictado y avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. De modo que la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del invocado artículo 61, puede aplicarse para sobreseer en el juicio, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso. Cobra puntual aplicación, la jurisprudencia 435, sustentada por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales." Y, la tesis sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE INTERPONE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN JUICIO DIVERSO DE LA MISMA NATURALEZA. Es indiscutible que si el quejoso, promovió juicio de garantías contra actos que fueron materia de una ejecutoria en diverso juicio de la misma naturaleza, esto es, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III de la Ley de Amparo." Criterio éstos que cobran aplicación por identidad jurídica entre el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 61, fracción XI, de la Ley de Amparo Vigente. Con la finalidad de aclarar el problema jurídico planteado, es pertinente traer a colación los antecedentes de los actos reclamados, los cuales se desprenden de las copias certificadas del proceso penal 129/2006-I, que se sigue contra Luis Casillas Pérez, por el delito de homicidio calificado en agravio de Abel Gallegos García; a saber: El dieciséis de marzo de dos mil siete el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tanhuato, Michoacán de Ocampo, en cumplimiento al juicio de amparo 657/2006 del índice de este órgano jurisdiccional, dejó insubsistente la orden de aprehensión dictada contra el quejoso y el dos de mayo de dos mil siete, emitió una nueva orden de captura. Contra la referida nueva orden, Luis Casillas Pérez, promovió el juicio de amparo 312/2007, en el que señaló como acto reclamado la orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución; asunto en el que se dictó sentencia el dos de octubre de dos mil siete, concediéndole el amparo y protección de la Justicia Federal; y en cumplimiento a esa ejecutoria se dictó la orden de aprehensión fecha siete de noviembre de dos mil siete. El veintitrés de marzo de dos mil diez, el quejoso promovió diverso juicio de amparo, en contra de la orden citada en el párrafo anterior; mismo que resolvió el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo bajo el número 197/2010, en el que en audiencia concluida el treinta de julio de dos mil diez, determinó por una parte, sobreseer y, por otra, negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Luis Casillas Pérez. Por auto de diecinueve de agosto de dos mil diez, el referido Juez de Distrito, declaró ejecutoria la sentencia. De la exegesis anterior, como se anticipó, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, dado que se advierte de forma indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. En efecto, como se precisó, en la presente instancia constitucional, el quejoso Luis Casillas Pérez, reclama: "III. Señalo como autoridad responsable al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tanhuato, Michoacán. IV.- Reclamo de la Autoridad Responsable la orden de captura ordenada en mi contra, misma que consideró a prescrito por las razones expuestas." Empero, dichos actos específicamente reclamados, fueron materia del diverso juicio de amparo 197/2010 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo. Es así, ya que en dicho juicio, compareció en cuanto quejoso Luis Casillas Pérez, a reclamar los actos de las siguientes autoridades: "AUTORIDADES RESPONSABLES AUTORIDAD ORDENADORA.- C. Juez Mixto de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Tanhuato, Michoacán. AUTORIDAD EJECUTORA.- El C. SUB PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MICHAOCÁN REGIÓN ZAMORA. EL C. COMANDANTE DE LA POLICÍA MINISTRIA DE LA REGIÓN ZAMORA. EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TANHUATO, MICHOACÁN. EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TANHUATO, MICHOACÁN. EL C. JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL DISTRITO DE TANHUATO, MICHOACÁN. 4. ACTOS RECLAMADOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, reclamó la orden de aprehensión dictada en mi contra de una manera fuera de todo fundamento y legalidad de las demás autoridades reclamo la ejecución de dicha orden de aprehensión." Ahora, de las constancias que integran el referido juicio de amparo 197/2010 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, se advierte que mediante sentencia dictada el cinco de julio de dos mil diez (fojas 173 a 180 del tomo I de pruebas), ese órgano de control constitucional determinó por una parte, sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos reclamado al Agente del Ministerio Público Investigador con residencia en Tanhuato, Michoacán de Ocampo, por inexistencia de los actos reclamados a dicha autoridad; y por otra parte, negó el amparo y protección solicitada respecto a las diversas autoridades señaladas como responsables, al estimar que eran infundados los conceptos de violación expuestos, y que el dictado de la orden de aprehensión combatida no violaba los derechos consagrados en el artículo 16 constitucional, debido a que la autoridad responsable cumplió con todas las garantías de seguridad contempladas en la ley fundamental. De lo antes precisado se advierte que el juicio de amparo número 197/2010 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, se siguió por el quejoso Luis Casillas Pérez, contra las autoridades responsables: 1. Juez Mixto de Primera Instancia; 2. Agente del Ministerio Público Investigador; 3. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia; 4. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial; Tanhuato, Michoacán 5. Subprocurador General de Justicia del Estado; y 6. Comandante de la Policía Ministerial. Zamora, Michoacán; por los actos reclamados, consistentes en: la orden de aprehensión dictada el siete de noviembre de dos mil siete, dictada dentro de la causa penal 129/2006, por el delito de homicidio calificado, así como su ejecución. Mientras que la presente instancia constitucional, fue promovido también por Luis Casillas Pérez, contra el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tanhuato, Michoacán, a quien le reclamó la orden de aprehensión o captura dictada el siete de noviembre de dos mil siete, dentro de la causa penal 129/2006, por el delito de homicidio calificado, en agravio de Abel Gallegos García, previsto y sancionado por los artículos 260, 267 y 279, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo. Por ello, si el actual juicio de amparo fue promovido por la misma parte quejosa, contra la misma autoridad ordenadora Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tanhuato, Michoacán; y, por el mismo acto reclamado (orden de aprehensión dictada el siete de noviembre de dos mil siete, dentro de la causa penal 129/2006), se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo vigente. Sin que sea obstáculo para que se actualice la causal de improcedencia invocada, el hecho que en el presente juicio de amparo no se haya señalado a las siguientes autoridades: 1. Agente del Ministerio Público Investigador; 2. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia; 3. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial; Tanhuato, Michoacán 4. Subprocurador General de Justicia del Estado; y 5. Comandante de la Policía Ministerial. Zamora, Michoacán; toda vez que fueron señaladas en el diverso juicio en su carácter de ejecutoras y su acto no se reclamó por vicios propios, sino como consecuencia de la orden de aprehensión reclamada a la ordenadora. Es puntualmente aplicable, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente tenor: "AMPARO IMPROCEDENTE. SE SURTE LA CAUSAL DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, AUNQUE EN UN SEGUNDO JUICIO SE SEÑALE UNA AUTORIDAD EJECUTORA QUE NO SE SEÑALO EN EL PRIMERO. No es óbice para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, que en el juicio de garantías en el que se invoca se señale una autoridad más que en el primer juicio constitucional, cuando ésta únicamente tiene el carácter de ejecutora y sus actos no se reclaman por vicios propios, sino como consecuencia de los actos de la ordenadora, respecto de los cuales le fue negado al quejoso el amparo y la protección que solicitó en dicho primer juicio." Tampoco, es óbice para que se actualice la causal de improcedencia de mérito, el hecho que en la presente instancia constitucional, el quejoso reclame la prescripción de la acción penal. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 67/2007, estimó que, cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal; al considerar que, si se estima que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea. De dichos argumentos surgió la jurisprudencia 1ª.J.40/2008, de rubro y texto: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Acorde con el artículo 73 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y de orden público. Por otra parte, para que opere la causal a que se refiere la fracción IV del citado precepto legal, el amparo debe interponerse por el propio quejoso contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diferentes. En congruencia con lo expuesto, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 183 de la Ley citada, pues conforme a su correcta interpretación, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. De ahí que sea incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea." En esas condiciones, al surtirse los elementos de la cosa juzgada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 del ordenamiento legal invocado. Sobre el particular, ante la identidad jurídica sustancial entre el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretado, y el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo vigente, cabe citar la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, que textualmente señala: "IMPROCEDENCIA, CONDICIONES PARA LA OPERANCIA DE LA CAUSAL DE, POR EXISTIR EJECUTORIA PRONUNCIADA EN DIVERSO JUICIO DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción IV de la Ley de Amparo, opera la causal de improcedencia contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Ahora bien, resulta pertinente establecer que, para que se actualice esa hipótesis, es necesario que tanto el juicio ya resuelto como el relacionado, hubiesen sido promovidos por el mismo quejoso, contra idéntica autoridad responsable y por iguales actos reclamados, aun cuando sean diversas las violaciones constitucionales argüidas, según se deriva de los dispuestos en la fracción III del numeral en comento; sin que lo impida el hecho de que el quejoso, en el nuevo juicio, únicamente hubiere señalado a uno de los miembros del tribunal resolutor como autoridad responsable, si de las propias constancias se advierte que, quien dictó la resolución en forma colegiada lo fue la citada sala". El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que que pase inadvertido que aún no obra emplazamiento a la parte tercera interesada; sin embargo, se emite privilegiando la solución del presente juicio, de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero, del artículo 17 Constitucional, pues ante el sobreseimiento del amparo, no se considera que con ello se lesione el derecho de esa parte. Sirve de sustento, la jurisprudencia 531, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." En consecuencia, se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
En veintiuno de julio de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez con el estado que guardan los autos y un oficio recibido físicamente en la oficialía de partes, registrado bajo el folio 9971 y. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Del estado que guardan los autos se advierte que no obra pronunciamiento respecto al domicilio, autorizados y datos de contacto proporcionados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; por tanto, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el procedimiento en el presente juicio, para el efecto de proveer, lo siguiente: 1.1. Domicilio, autorizados y correo electrónico. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y autorizando para tal efecto a José Alfredo Hernández Baeza, Roberto Carlos Hernández Baeza y Luis Miguel Hernández Baeza. Asimismo se le tiene proporcionando el correo electrónico que señala; por tanto, manténgase bajo resguardo a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto, de tal forma que solo deba acudirse físicamente a este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas 2. Boleta de turno. Téngase por recibido el oficio signado el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común B, de Juzgados de Distrito, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo, mediante el cual remite la boleta de turno solicitada en proveído de veinte de julio pasado; asimismo informa la compensación de cargas que será generada de forma automática por el sistema de cómputo, dándose de alta en la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, de lo que se toma nota, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Abel Jonapa García, quien da fe.
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