Luis Darío Andrade García
Expediente 821/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 821/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Luis Darío Andrade García
Actuaciones
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, uno de octubre de dos mil diecinueve. Causa estado auto de desechamiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 5 a 8), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Luis Darío Andrade García, a través de su Defensora Pública Federal adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Apizaco, Tlaxcala; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Devolución de documentos originales. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Luis Darío Andrade García, a través de su defensora Rebeca Orta del Villar, en su carácter de Defensora Pública Federal Adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Federal en el en el Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 821/2019-III. Se desecha demanda de amparo. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Se llega a lo anterior, toda vez que de acuerdo al escrito de demanda de cuenta recibido en línea y turnado a este Juzgado de Distrito por razón de turno, se advierte que la misma dice ser suscrita por Rebeca Orta del Villar, quien aduce acudir como defensora pública federal de Luis Darío Andrade García; sin embargo, el escrito carece de firma electrónica, pues no obstante que en la parte final del mismo aparece un recuadro que dice "firmado digitalmente por REBECA ORTA DEL VILLAR", pero el escrito no contiene en su parte final la evidencia criptográfica, que autentifica la firma electrónica (FIREL), de quien la suscribe, como lo establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en su numeral 76. Lo anterior, sin que dicha omisión, sea subsanable a través de una prevención en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, pues el Pleno del Máximo Tribunal, determinó que las demandas de amparo presentadas en línea que carezcan de firma electrónica, se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo, "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo; que no amerita prevención alguna. Resulta aplicable, la jurisprudencia Tesis: P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Época: Décima Época, Registro: 2019715, de texto y rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Ahora bien, no pasa inadvertido que dicho criterio de jurisprudencia, contiene una excepción para desechar las demandas presentadas en línea que carezcan de firma electrónica (FIREL), contenida en los supuestos que establece el artículo 109 de la ley de la materia; empero, en el presente asunto el acto reclamado "orden de reaprehensión"; así como a lo manifestado por la promovente bajo protesta de decir verdad, deriva de la carpeta de ejecución 142/2017, del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, manifestando que en veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en donde el quejoso fue encontrado culpable por el delito de robo; lo que pone en evidencia que el acto reclamado no es de los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, con fundamento en los artículos 3, 109 y 113 todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Rebeca Orta del Villar, defensora pública federal de Luis Darío Andrade García. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora, por lo que hace al medio electrónico que se señala para oír y recibir notificaciones, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad lo anterior, ello en virtud de que diversa solicitud carece de validez, pues de la demanda de amparo se advierte que la firma electrónica con la que se signó, pertenece a diversa persona a la promovente del amparo, en ese sentido al no acontecer la manifestación inequívoca de la voluntad de la parte quejosa de instar el juicio constitucional, tampoco las demás cuestiones peticionadas en la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente proveído y subsecuentes notificaciones -aún las de carácter personal-, por medio de lista de acuerdos. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Delia Sosa Hernández, por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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