Luis Carlos Vásquez Hernández
Expediente 677/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 677/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Luis Carlos Vásquez Hernández
Actuaciones
- Principal
Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de dieciocho de julio de dos mil diecisiete: Vista la demanda de cuenta que promueve Luis Carlos Vázquez Hernández, contra actos del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 677/2017-III. Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada". A su vez, los numerales 6o., primer párrafo, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los anteriores preceptos se colige que el juicio de amparo se rige, entre otros, por el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, esto es, que el mismo resulta procedente siempre y cuando quien acuda o lo promueva sea la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, que sin lugar a dudas exterioriza su voluntad a través de la firma o huella dactilar estampada en la demanda de amparo, lo que constituye una formalidad indispensable para darle curso, así como para determinar la autenticidad de la propia demanda con sus consecuencias legales. Se afirma que en el caso se actualiza dicha causal, pues del análisis integral de la demanda de mérito, se advierte que la persona que firma electrónicamente el libelo constitucional es Abey Dalai Cortés Ortega, a quien la parte promovente pretende autorizar en términos amplios que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, y no así por el quejoso Luis Carlos Vázquez Hernández, quien debe demostrar su voluntad para instar el juicio de amparo y poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, circunstancia que se desprende del anexo denominado Evidencia Criptográfica y del anverso de cada una de las hojas de la demanda, que contiene la firma electrónica del autorizado. Cobra aplicación al caso la tesis aislada, con número de registro 235463, Séptima Época, consultable en la página 29, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata. De igual forma, la tesis aislada, consultable en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "FIRMA EN LOS ESCRITOS Y PROMOCIONES. DEBE SER AUTÓGRAFA. Si en el escrito en que se promueve en recurso se presenta en la última hoja copia fotostática, en la que al calce se encuentra la firma del escrito del que provino, debe considerarse como un simple papel en el que no se incorporó expresión de voluntad, por no aparecer la firma autógrafa del promovente, pues la firma es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por escrito se requiere". Por tanto, la falta de firma tiene como consecuencia que el escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que firmó electrónicamente la demanda, pues la firma constituye un signo de voluntad de quien pretende promover el juicio de amparo al estimar que un acto es lesivo a sus derechos humanos. Ahora bien, como se dijo, no puede tenerse al autorizado en términos amplios promoviendo la demanda de amparo de cuenta, y para confirmar tal aserto es menester señalar el contenido de los artículos 62, 64, 77 y 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que a la letra dice lo siguiente: "Artículo 62. El Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es un sitio web a través del cual las partes y sus representantes en los juicios de amparo podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en estos. El Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación cuenta con los módulos de presentación de Demandas, de Recursos, de Promociones, de Expediente Electrónico y de Notificaciones". "Artículo 64. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación será necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad en términos del artículo 59 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación los usuarios deberán indicar su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña", y vincular al registro su firma electrónica. El registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". "Artículo 77. Las partes o sus representantes en los juicios de amparo, previa solicitud expresa y acceso otorgado por el Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito en el que se tramite el asunto de su interés, podrán consultar los expedientes electrónicos, sin que implique permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. Artículo 78. El acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunal de Circuito, y atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario del impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. Artículo 79. Las partes o sus representantes en los juicios de amparo, previa solicitud expresa ante el Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito en el que se tramite el asunto de su interés, podrán solicitar se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para ello, es necesario que las partes lo soliciten expresamente a través de una promoción impresa o electrónica en el asunto de que se trate, al órgano jurisdiccional donde se tramita en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, tratándose de otras personas que deseen autorizar en términos de la legislación aplicable, para que se notifiquen electrónicamente, lo harán en los mismos términos". De los anteriores preceptos legales se desprende que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es un sitio web a través del cual las partes y sus representantes en los juicios de amparo pueden acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en estos. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación será necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad en términos del artículo 59 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. El registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y bajo ninguna circunstancia una persona podrá hacer uso de ella a nombre de otra. Las partes o sus representantes en los juicios de amparo, previa solicitud expresa y acceso otorgado por el Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito en el que se tramite el asunto de su interés, podrán consultar los expedientes electrónicos, sin que ello implique permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. El acceso a los expedientes electrónicos solo será otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunal de Circuito, y atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. Para dar autorización a las partes o sus representantes a efecto de que tengan acceso a la consulta del expediente electrónico es necesario que lo soliciten expresamente a través de una promoción impresa o electrónica en el asunto de que se trate, al órgano jurisdiccional donde se tramita y, tratándose de otras personas que deseen autorizar en términos de la legislación aplicable, para que se notifiquen electrónicamente, lo harán en los mismos términos. En el caso, Abey Dalai Cortés Ortega no es parte agraviada ni acredita su carácter de representante de la parte quejosa, sino únicamente se le pretende autorizar en términos amplios que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo; sin embargo, la firma autógrafa o electrónica de la demanda debe realizarse forzosamente por quien la promueve, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues son los titulares de la acción en quienes recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado. Lo anterior, debido a que la demanda de amparo, constituye un acto de carácter personalísimo que sólo pueden realizarla quienes la promovieron, aun siendo autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que tal situación traería como consecuencia, que dicho autorizado configurara la lítis constitucional, cuando dichas cuestiones deben provenir directamente de la voluntad del interesado; además, tal autorización no puede equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Ello es así, pues las demandas, recursos y promociones presentados por la vía electrónica, deben ceñirse a los requisitos que la normatividad exige para ellos, por tanto, es improcedente por falta de legitimación procesal activa de quien firma electrónicamente, por no contarse con la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar la contienda constitucional, interponer algún recurso o presentar alguna promoción, ya que estimar lo contrario implicaría admitir como válido que cualquier persona presente demandas, interponga recursos o presente promociones mediante la utilización de un certificado digital que no le pertenece, lo cual es ilegal, porque el trámite para obtenerlo es de carácter personalísimo. Consecuentemente, si la demanda de amparo fue presentado electrónicamente sin la firma correspondiente a que se refiere el artículo 3o. de la Ley de Amparo, es inconcuso que jurídicamente no existe manifestación de voluntad de ejercitar la acción constitucional de parte del quejoso, puesto que tanto la ley como los acuerdos citados son categóricos en señalar que la firma electrónica producirá los mismos efectos que la firma autógrafa; y, por ello, ante la ausencia de la firma electrónica este juzgador considera que no se colma el requisito de iniciativa o instancia de parte agraviada exigido para entablar el juicio de amparo, por lo que se hace patente y manifiesta la causa de improcedencia contenida en los numerales 107, fracción I, de la Constitución Federal, y 61, fracción XXIII, en relación con el 6o. de la Ley de Amparo, lo que con apoyo en el dispositivo 113 de la propia ley en cita, conduce a desechar de plano la demanda de amparo. Por las razones expuestas en el presente acuerdo y ante la falta de la voluntad de la parte quejosa, no se tiene por autorizado a la persona que señala; sin embargo, dada la relevancia que implica el presente proveído, se ordena notificar personalmente la presente determinación en el domicilio señalado en la demanda de amparo. En consecuencia, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción a efecto de que se constituya en el domicilio ubicado en Boulevard Revolución, número cincuenta y dos C, colonia San Buenaventura, Atempan, Tlaxcala, Tlaxcala y le notifique personalmente y por única ocasión, el presente proveído; asimismo le requiera para que señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir toda clase de notificaciones, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán mediante la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Asimismo, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto. Lo anterior, sin perjuicio que conforme al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, modificado el doce de diciembre de dos mil siete, aun cuando no ejerzan la oposición de que se trate, en la versión pública de la resolución que se dicte, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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