Luis Daniel Romero Juárez
Expediente 1285/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1285/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Luis Daniel Romero Juárez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso revisión contra el auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha quedado firme. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 20, fracción II de esa normatividad. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable 2. Presidenta de la 1. Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, los autos originales del expediente SAT508/2022 de su índice que remitió como complemento a su informe justificado (promoción 16264). Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el informe justificado rendido por la 2. Presidenta de la 1. Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas los autos originales del expediente ******************** de su índice, con las mismas fórmese el anexo I; dado el volumen de dichas documentales, no es factible digitalizar las constancias para ser agregadas a la plataforma del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, dado que el número de fojas supera los 20 MB que aquél permite. Ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que establece: "Artículo 22. Al integrar los expedientes electrónicos, los órganos jurisdiccionales los registrarán dentro de la misma numeración consecutiva que la empleada para los expedientes derivados de promociones que se presenten de manera impresa, y en ambos casos se dará el trámite correspondiente. Las constancias firmadas electrónicamente tienen validez legal suficiente y no deberán agregarse al expediente físico, el cual contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. Las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. En casos excepcionales que se requieran certificaciones de documentos electrónicos impresos, aplicará el proceso de certificación para documentos físicos, es decir, se deberá incorporar el texto de certificación y firma autógrafa correspondiente. Las y los servidores públicos autorizados para tal efecto, podrán emitir acuerdos mediante el uso de su FIREL para generar copias certificadas de lo que obra en un expediente y agregarlas en otro. Por su parte, las promociones recibidas físicamente deberán integrarse a un expediente electrónico mediante la utilización de la FIREL, atendiendo a lo dispuesto en el siguiente artículo. Todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Se trata de los siguientes: . III. Copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Los cuadernos auxiliares podrán consultarse físicamente por las partes en los órganos jurisdiccionales con las salvaguardas respectivas tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, la digitalización de pruebas, poderes, valores y garantías diversas quedará al arbitrio de la juzgadora o juzgador, pudiéndose, en su caso, incluir una certificación en el expediente electrónico que dé cuenta de éstas e incluya una fotografía o imagen del objeto en cuestión. Los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar los anexos. Las OCC, conforme lo permita su carga de trabajo, podrán auxiliar en la digitalización de anexos previo a su turno. En casos excepcionales, el personal de la mesa de trabajo a la que se haya turnado el asunto podrá solicitar el auxilio de la administración de cada edificio para contar con el apoyo de las jornadas de digitalización. Artículo 23. En caso de que exista imposibilidad material para la digitalización de determinadas constancias aportadas por las partes, las y los titulares de los órganos jurisdiccionales acordarán lo conducente y valorarán si hacen del conocimiento de las partes tal situación mediante proveído y si las constancias se integran únicamente al expediente físico, o bien, ordenarán la integración de cuadernos auxiliares previstos en el artículo 22, último párrafo de este Acuerdo." Ahora bien, se destaca que la responsable ya emitió una determinación -treinta de octubre del año en curso-, respecto a la omisión que aquí reclamó la parte quejosa en torno a la reserva decretada en audiencia de conciliación, depuración, ofrecimiento y admisión de pruebas, de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dentro del expediente ********************, en relación a las pruebas ofrecidas por las partes. Por lo tanto, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo; pues cabe precisar que ninguna afectación le causa a la parte quejosa la circunstancia de que en este caso se decrete el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, debido a que su actualización es indudable; y, de la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretarlo cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional". Además, la presente determinación, abona a la impartición de justicia pronta, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Así, del proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, se advierte que la autoridad responsable levantó la reserva decretada en la audiencia de conciliación, depuración, ofrecimiento y admisión de pruebas de veintidós de junio de este año, en torno a las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente ******************** de su índice. Ahora bien, de acuerdo a las constancias remitidas por la autoridad responsable, dicho acto dejó de existir, tomando en cuenta que la responsable mediante auto de treinta de octubre del año en curso, levantó la reserva decretada en audiencia de veintidós de junio de dos mil veintitrés en el expediente ********************, en relación a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes -actora y demandada en el juicio natural-. En ese sentido, se advierte que cesaron los efectos de dicho acto reclamado; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 63, de ese mismo ordenamiento legal, numerales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:. V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Al respecto, cabe mencionar que para que se actualice la citada causal de improcedencia, es necesario que quede sin efectos el acto reclamado a la autoridad responsable, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, porque la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, como si los actos reclamados no hubieran trastocado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedaran destruidos como si nunca hubiesen existido. Desde esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que los emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que se debe entender que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éstos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia de dichos actos, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización de los actos de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de unos actos que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirán, y que no dejaron huella en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando los actos reclamados sean de carácter positivo, y cuando sean de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando no pueda alcanzarse su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado. Luego entonces, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso de que a la parte quejosa se le concediera la protección constitucional solicitada respecto del referido acto, sus efectos serían para que la autoridad 2. Presidenta de la 1. Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, levante la reserva decretada en la citada audiencia de veintidós de junio de dos mil veintitrés y, se pronuncie respecto a las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen; de ahí que, se debe estimar que tal acto cesó y, por tanto, ya no agravia a la parte quejosa, pues la violación que en determinado momento se pudo cometer contra sus derechos fundamentales (levantar reserva decretada y proveer respecto a la admisión o desechamiento de pruebas) ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo solicitado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2A./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, (febrero de 1998), registro 196820, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la ley de amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de amparo." Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI (noviembre de 1997), visible en la página 71, registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De ahí que se esté en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el amparo, por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada y se restituyó al gobernado en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla. No es óbice a lo anterior, que no se cuente con la notificación del citado proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, pues tal circunstancia no fue señalada como acto reclamado destacado y, tampoco se advierte que en los conceptos de violación hubiera sido cuestionado a través del presente juicio de amparo; no obstante lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente resolución, a efecto de que tenga certeza de la actuación emitida por la responsable, a través de la cual cesó la emisión reclamada en la demanda de amparo. No se soslaya que la autoridad en el citado auto de treinta de octubre de este año, ordenó girar oficio al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios -prueba marcada con el numeral 5- y que, por cuanto hace a la inspección ocular ofertada por la aquí quejosa -prueba marcada con el numeral 6- señaló para su desahogo el nueve de los actuales; sin embargo, se estima que lo atinente al desahogo de las probanzas no constituyen los actos aquí reclamados, pues resolver en sentido contrario, implicaría asumir que el motivo del análisis constitucional en este sumario se ocupe de actos hipotéticos y/o futuros, ya que dicho desahogo se encuentra sujeto a diversos acontecimientos inciertos que pudieran permitir o dilatar su verificativo, lo que se estima, desnaturalizaría el juicio de amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. De modo que continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión del promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar que es innecesario dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por las responsables a efecto de que realice sus manifestaciones respectivas, en tanto que dicha actuación se encuentra regulada por los artículos 14 y 17 Constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; de ahí que, no se pueda reclamar de forma autónoma como una violación al derecho de petición conforme al artículo 8° de la Carta Magna y, por ende, este órgano jurisdiccional no se encuentra obligado a otorgar la posibilidad de que desahogue dicha vista respecto de la determinación asumida por la autoridad responsable al derivar ya de un procedimiento seguido en forma de juicio. Afirma lo relatado, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), registro 2008884, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480, que señala: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." En consecuencia, atendiendo a los motivos expuestos con anterioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se encontraba prevista para celebrarse a las diez horas con treinta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese, personalmente a la Agente del Ministerio Público Federal Adscrita; vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito con evidencia criptográfica de Juan Gabriel Vázquez González, apoderado del directo quejoso Luis Daniel Romero Juárez, personalidad que se le reconoce en términos de la carta poder de dos de octubre de dos mil veintitrés (que adjuntó a la demanda) por medio del cual desahoga el requerimiento al tenor de la prevención formulada en el acuerdo cuatro de octubre de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO PARCIAL POR AUTORIDAD RESPONSABLE Previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda de mérito, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano respecto a la autoridad Secretario de Acuerdos de Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Habida cuenta, que dicho funcionario no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo, ya que su labor se limita sólo a dar fe de lo actuado por el titular de la Sala responsable y en su caso a vigilar la tramitación de los procedimientos, en términos de lo previsto en la legislación laboral para el Estado de México o de la Ley Federal del Trabajo. Ilustra a lo anterior por su contenido, la jurisprudencia (Común), de la Novena Época, publicada en la página 2292, del Tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de los Tribunales Colegiados de Circuito, que indica: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional." Así como por analogía a lo anterior, la tesis VI.1o. J/62, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Octubre de 1991, visible en la página 112, de rubro y texto siguiente: "SECRETARIO. NO TIENE EL CARACTER DE AUTORIDAD CUANDO SE LE SEÑALA UNICAMENTE COMO FEDATARIO. Cuando el secretario únicamente interviene como fedatario de las actuaciones del titular del órgano respectivo, su conducta no afecta en manera alguna la esfera privada de las partes puesto que su función carece de los requisitos a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Amparo y en consecuencia al no ser autoridad para los efectos del amparo, el juicio que se entable contra sus actos es improcedente." Por ende, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se desecha parcialmente la demanda de amparo por notoriamente improcedente respecto a la autoridad antes indicada. ADMISIÓN Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Juan Gabriel Vázquez González, apoderado del directo quejoso Luis Daniel Romero Juárez. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No ha lugar a tramitar incidente de suspensión por no haberlo solicitado. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dése intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para lo cual en la actuaría se deja copia simple de la demanda, escrito aclaratorio y anexos. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con treinta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes su derecho a comparecer a la audiencia constitucional a través de videoconferencia, para lo cual es necesario que manifiesten su voluntad de manera previa, por lo menos con tres días de anticipación, a la fecha señalada para tal efecto. REQUERIMIENTO A AUTORIDADES Con apoyo en los artículos 61, 64, 115 y 117 de la ley de la materia, se requiere a las autoridades responsables lo siguiente: 1) Rindan su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio por el que se les solicita, debiendo acompañar copia certificada, legible, completa y ordenada en forma cronológica de las constancias necesarias para apoyarlo. 2) Expresen si se ha promovido algún juicio de amparo contra los mismo actos reclamados que son materia de este asunto o contra cualquier otro que haya derivado del mismo expediente o procedimiento, para lo cual, en caso de ser afirmativa su respuesta, deberán proporcionar el número de expediente, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se instauró; lo anterior, de conformidad con el precepto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 3) En caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán informarlo de inmediato y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento que de ser omisas, se les impondrá una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 260, fracción II y 251, del ordenamiento invocado. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificarán por lista, ya que la facultad de ordenar que se hagan personalmente no comprende a las autoridades responsables. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las consistentes en: -Copia simple del acta de audiencia de conciliación, depuración, ofrecimiento y admisión de pruebas de veintidós de junio de dos mil veintitrés, por el que la autoridad responsable Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, reservó el acuerdo admisorio de pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral SAT508/2022; -La instrumental de actuaciones; y, -La presuncional en su doble aspecto legal y humana. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.
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