Luis Daniel Mendoza González

Expediente 1220/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1220/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Luis Daniel Mendoza González

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Así, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se desechó la demanda. Finalmente, toda vez que obra por cuerda separada en un anexo de pruebas consistente en el original del juicio laboral J.9/955/2011, devuélvase a la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio que remite el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con el que remite en versión electrónica, diligenciada la comunicación oficial 388/2021, del índice de este órgano federal, librada a efecto de notificar al quejoso Luis Daniel Mendoza González, el proveido de veinticuatro de noviembre del presente año. Sin que sea necesario remitir el acuse de recibo en la vía tradicional dado que la constancia que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento a expedientes (SISE) al devolver la comunicación oficial, hace las veces del acuse respectivo. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por medio del cual remite el juicio de amparo directo 783/2021 de su índice promovida por..., por propio derecho, así mismo remite el expediente laboral J.9/955/2011. Así, una vez impuesto de las constancias recibidas, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto. Acúsese recibo al Tribunal oficiante. ANOTACIONES Atento a lo anterior, fórmese y regístrese el expediente con el número 1220/2021-l, y realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el libro de gobierno de este juzgado. DESECHAMIENTO En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. El precepto transcrito faculta al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, toda vez que en el caso se considera que se actualiza la prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El dispositivo antes transcrito contempla el principio de definitividad del juicio de amparo, el cual es necesario agotarse antes de ocurrir a la presente instancia constitucional, y toda vez que la parte promovente reclama: El auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral J.9/955/2011, del índice de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, Estado de México, por el cual decretó la prescripción del asunto por inactividad procesal y ordenó su archivo. En ese contexto, este órgano jurisdiccional concluye que el presente juicio resulta improcedente en términos del citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; ya que de conformidad con el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, la ejecución de los laudos corresponde a los presidentes de las juntas, por su parte, el diverso numeral 849 de la referida legislación, establece que contra los actos de los presidentes y actuarios en ejecución de los laudos procede el recurso de revisión. Para mayor claridad, el numeral aludido en segundo lugar dispone: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." Lo anterior permite afirmar que previamente al amparo, la parte impetrante debió agotar el recurso establecido en el dispositivo 849 de la Ley Federal del Trabajo, pues si se atiende a que el juicio de amparo, como juicio extraordinario, únicamente procede respecto de aquellos actos contra los que no exista recurso alguno o medio de defensa, cuya substanciación pueda dar lugar a la modificación, revocación o anulación; y en el caso, era procedente ante la junta del conocimiento, el recurso de revisión de los actos de ejecución en términos del numeral en cita, y del diverso 850, fracción I, de la aludida ley, el cual no fue interpuesto. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de dos mil dos, página 374, del texto siguiente: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. .." De igual forma, en la parte conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. ..La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. Bajo esa premisa, la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declarando su cumplimiento y, en consecuencia, ordenando el archivo del asunto; sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución, pues esa sola circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, tan forma parte de ella que la finaliza. En consecuencia, contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." (Jurisprudencia 2a./J. 52/2018 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1681). Resulta, aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dispone lo siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." (Jurisprudencia I.6o.C. J/37, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, página 902). No pasa desapercibido para este juzgador, que el auto reclamado en su parte final establezca que así lo acordaron y firmaron los integrantes de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, pues de su contenido se advierte que únicamente fue suscrito por el Presidente y la secretaria de acuerdos que dio fe, lo que hacía procedente el recurso de revisión contra actos del ejecutor de referencia. Como se advierte de la siguiente imagen: Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el principio de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte impetrante promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Los razonamientos expuestos, ponen de relieve lo manifiesto e indudable de la improcedencia del juicio constitucional. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en consideración que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: ..., en consecuencia, con fundamento en los artículos 24, 26, 27, fracción II y III de la Ley de Amparo, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atenta comunicación oficial vía electrónica al Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en turno, para que en auxilio y por comisión de las labores de este órgano jurisdiccional, notifique a la parte quejosa por conducto de quien tenga injerencia en el presente asunto en el domicilio antes mencionado y le corra traslado con copia simple del presente proveído. Así mismo la requiera para que en el momento de la diligencia o dentro del término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano de control constitucional (Naucalpan de Juárez), con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así se tendrá como tal las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, enviada vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la devolución de las constancias respectivas, deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Asimismo, se faculta al juez que reciba la presente comunicación oficial para que ordene y desahogue todas las diligencias necesarias a fin de llevar a cabo la antes señalada. Asimismo, se autorizan a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. De igual forma, hágasele saber que deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días legalmente computados, sin posterior acuerdo se tendrán las listas que se fijan en los estrados de este juzgado de distrito, aun para las notificaciones de tipo personal, de conformidad con los artículos 26 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Se autoriza el usuario "E.PELAEZ" para la consulta del expediente electrónico, el cual se encuentra disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como medio alternativo para realizarle notificaciones el correo electrónico que proporciona en su oficio de cuenta y como herramientas para las comunicaciones no procesales, el número telefónico. Notifíquese; por exhorto a la parte quejosa y por oficio a al Tribunal Colegiado declinante y por correo electrónico a la representación social.

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