Luis Carlos Rodríguez Fernández
Expediente 810/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 810/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/05/2019
Partes del expediente
- Luis Carlos Rodríguez Fernández
Actuaciones
- Principal
Agréguese el escrito de ***, mediante el que solicita le sea devuelta la copia certificada del instrumento notarial número tres mil doscientos cincuenta y uno, libro cincuenta y dos, de fecha veinticinco de octubre del año dos mil, adjunta a su demanda de amparo; al respecto, se ordena la devolución de la copia certificada a las personas que expresamente señaló para tal efecto, previa razón de recibo que se deje en autos. Notifíquese.
- Principal
Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que las partes quejosa y tercera interesada no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de doce de abril de dos mil diecinueve, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia de catorce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 51 a 65), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos plasmados en el párrafo 41 de la misma, que a la letra dice: "VII. DECISIÓN 41. A fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que en estricto acatamiento al artículo 17 constitucional, 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a partir de que sea requerida para que cumpla la presente sentencia concesoria, la autoridad responsable realice lo siguiente: ? Gire inmediatamente oficio a la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, a fin de que nombre perito tercero en discordia en materia de grafoscopía, grafometría y documentoscopía en el juicio laboral D-6/598/2013. (.)" Mediante proveído de cuatro de abril de dos mil diecinueve, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la misma y remitiera las constancias relativas para acreditarlo (fojas 68 y 69). En auto de doce de abril de dos mil diecinueve (foja 76), se recepcionó el oficio 4493/19, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual remitió copia certificada del acuse de recibo del oficio dirigido al Instituto de Ciencias Forenses Dependiente de la Fiscalía General, para que designara perito tercero en discordia en materia de grafoscopía, grafometría y documentoscopía, en el juicio laboral D-6/598/2013 de su índice; por lo que se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada con el cumplimiento dado por la junta responsable a la ejecutoria de amparo. De lo anterior, se aprecia que la responsable dio cabal cumplimiento al fallo protector, puesto que la junta responsable ordenó enviar oficio 1029/19 al Instituto de Ciencias Forenses Dependiente de la Fiscalía General, a fin de que designara perito tercero en discordia en materia de grafoscopía, grafometría y documentoscopía, en el juicio laboral D-6/598/2013 de su índice. En consecuencia se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la junta responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y por lista a la parte tercera interesada.
- Principal
Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinte de marzo de dos mil diecinueve en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó la protección constitucional; por tanto, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por lo tanto, con fundamento en el punto décimo primero, primer párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena remitir el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que, por una parte, se negó la protección constitucional en el juicio de amparo en que se actúa. En esas circunstancias, transcurridos los términos establecidos en los puntos vigésimo y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, se ordena dar cumplimiento al acuerdo aludido y a los demás lineamientos que establezca el citado acuerdo general. Por otra parte, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En el entendido de que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada -tanto la provisional como la definitiva-, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración por lo tanto, deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Finalmente, devuélvase al Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, las copias certificadas del juicio oral sumarísimo 830/2018/2c de su índice, que obran en dos tomos de pruebas. Notifíquese.
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