Luis Carlos Fernández Rodríguez
Expediente 2406/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2406/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/03/2021
Partes del expediente
- Luis Carlos Fernández Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Autoridad devuelve constancias. Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual devuelve las constancias relativas al juicio oral sumarísimo de desocupación por terminación de contrato de arrendamiento, pago de rentas y demás prestaciones 343/2010 del índice del Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, por las razones que en el mismo expone. En consecuencia, se ordena remitir las constancias en cita a su lugar de origen, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Parte quejosa solicita devolución de documentos. Agréguese a los autos el escrito de ***, autorizada en términos amplios de la parte quejosa ***; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, hágase la devolución del documento que refiere, previa certificación de desglose y toma de razón que se asienten en autos, en el entendido que deberá comparecer debidamente identificado con credencial oficial vigente, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de esta anualidad, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos requeridos. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de enero de dos mil veintiuno. Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. Consejo de la Judicatura Federal. El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general; procurado, en la medida de lo posible, que los órganos jurisdiccionales continúen prestando el servicio público de impartición de justicia en modalidades de trabajo a distancia, en línea, con guardias y con jornadas de trabajo restringidas en horario y personal. Acuerdo General 13/2020 del CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que solo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y solo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2; con efectos a partir del tres de agosto de dos mil veinte. Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del CJF. A través de los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en dos ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Circular CAP/3/2020. A través de la Circular CAP/3/2020, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó medidas especiales vigentes del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; en particular, el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; es decir, solo para atender los casos urgentes, en línea y físicos listos para fallar y se volvieron a suspender los plazos para el resto de casos. Circular SECNO/4/2021. Finalmente, a través de la Circular SECNO/4/2021, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó nuevas medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, considerando la incidencia de contagios por la emergencia sanitaria. En particular, se dispuso: a. Que las medidas estarían vigentes del diecinueve al veinticinco de enero de dos mil veintiuno; b. Que en la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Jalisco (Tercer Circuito), Nuevo León (Cuarto Circuito), Coahuila (Octavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Querétaro (Vigesimosegundo Circuito), Tlaxcala (Vigesimoctavo Circuito) e Hidalgo (Vigesimonoveno Circuito), continúa el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; y, Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, la Circular SECNO/4/2021, que establece las medidas vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. En el entendido que dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el procedimiento se reanuda en el punto en que quedó pausado. Se declara cumplida la sentencia de amparo Ahora, vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de nueve de diciembre de dos mil veinte, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia terminada de engrosar el cuatro de marzo de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "[.] Ante lo esencialmente fundado de los conceptos de violación expuestos, y suplidos en su deficiencia en favor de ambos quejosos, se colige que el auto del quince de marzo de dos mil diecinueve, en el que se desecharon los recursos de apelación que interpusieron en contra del auto de adjudicación, actualiza una violación que impone concederles la protección constitucional para el efecto de que el Juez responsable deje insubsistente el acuerdo del tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio oral sumarísimo 343/2010, así como el diverso auto del quince de marzo de la propia anualidad, y en su lugar, emita otro en el que, de no advertir algún diverso motivo de improcedencia de aquél recurso, ordene su tramitación. Por lo anterior, no pueden analizarse los restantes conceptos de violación vertidos contra el acuerdo del tres de diciembre de dos mil diecinueve, y las violaciones procesales, ya que su constitucionalidad depende de la violación que se declaró fundada; es decir, debido a que la concesión del amparo conduce a que, en su caso, se admitan los recursos de apelación interpuestos contra el auto de adjudicación, en los que a su vez se hicieron valer los vicios procesales, corresponderá al Tribunal de Alzada pronunciarse sobre aquellas en un primer momento, lo cual conduce a que no puedan analizarse en el presente juicio. Lo anterior encuentra sustento, en lo conducente, en la jurisprudencia 148/2009 de la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS AL FONDO EN EL AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBEN EXAMINARSE SI NO DEPENDEN DE LA VIOLACIÓN PROCESAL DECLARADA FUNDADA. De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 a 79, 158, 159, 161 y 190 de la Ley de Amparo y 351 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a esta ley reglamentaria, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito, al declarar fundada una violación procesal cometida dentro del juicio laboral, pueden omitir el estudio de los conceptos de violación relativos al fondo del asunto, siempre que aquella violación trascienda a todas las prestaciones laborales reclamadas o de ella dependa hacer un pronunciamiento integral en el nuevo laudo, ya que este proceder se justifica porque la Junta responsable tendrá que examinar otra vez la litis natural después de subsanada la deficiencia procesal, de modo que el estudio de las cuestiones de fondo es innecesario; pero si la violación procesal sólo trasciende sobre una prestación laboral que guarda independencia de las otras o la nueva valoración de los hechos no afecta a los restantes temas debatidos, es indispensable abordar el estudio de los conceptos de violación de fondo no vinculados con dicha violación procesal, para no retrasar la solución definitiva de estas prestaciones independientes y, sobre todo, para tutelar la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción prevista en el artículo 17 constitucional, al emitir una decisión coherente y exhaustiva en relación con los conceptos de violación que bien pueden analizarse desde el primer amparo, en el entendido de que debe constreñirse a la Junta a que en este supuesto dicte el nuevo laudo en un solo acto para asegurar su unidad y la continencia de la causa. En ese tenor, para determinar si es posible o no entrar al estudio de los argumentos de fondo, habiéndose encontrado fundada una violación procesal en el juicio laboral y ordenado reponer el procedimiento, el Tribunal Colegiado de Circuito debe ponderar si tales argumentos dependen o no de la citada violación procesal." Finalmente, debe destacarse que la presente determinación sólo tiene por efecto la insubsistencia de los actos precisados, por derivar del procedimiento de remate que se desahogó, por lo que no tiene el alcance de dejar insubsistentes diversas actuaciones practicadas con posterioridad. Inconforme con dicha determinación, en proveído de siete de agosto de dos mil veinte, se tuvo al tercero interesado Fernando García Ramírez, interponiendo recurso de revisión, del cual, por razón de turno, tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, quien lo radicó bajo el número de expediente R-152/2020. Seguidos los trámites, el citado Tribunal de Alzada, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En lo que fue materia de este recurso, se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. En los términos y para los efectos precisados en el fallo dictado por el Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el expediente 2406/2019, al que se acumuló el expediente 2407/2019 del mismo órgano jurisdiccional, la justicia de la unión ampara y protege a los quejosos ***, contra el acto que reclamaron el Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, consistente en el auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 343/2010, promovido por *** en contra de ***. (VIOLACIONES PROCESALES)." Por tanto, en cumplimiento a la ejecutoria de revisión y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, a fin de que informara el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente asunto y remitiera las constancias relativas para acreditarlo, para lo cual, se le corrió traslado con copia certificada de la ejecutoria de revisión, a fin de que advirtiera que el fallo protector se concedió confirmando la sentencia recurrida para los efectos siguientes: "[.] Ante lo esencialmente fundado de los conceptos de violación expuestos, y suplidos en su deficiencia en favor de ambos quejosos, se colige que el auto del quince de marzo de dos mil diecinueve, en el que se desecharon los recursos de apelación que interpusieron en contra del auto de adjudicación, actualiza una violación que impone concederles la protección constitucional para el efecto de que el Juez responsable deje insubsistente el acuerdo del tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio oral sumarísimo 343/2010, así como el diverso auto del quince de marzo de la propia anualidad, y en su lugar, emita otro en el que, de no advertir algún diverso motivo de improcedencia de aquél recurso, ordene su tramitación. Por lo anterior, no pueden analizarse los restantes conceptos de violación vertidos contra el acuerdo del tres de diciembre de dos mil diecinueve, y las violaciones procesales, ya que su constitucionalidad depende de la violación que se declaró fundada; es decir, debido a que la concesión del amparo conduce a que, en su caso, se admitan los recursos de apelación interpuestos contra el auto de adjudicación, en los que a su vez se hicieron valer los vicios procesales, corresponderá al Tribunal de Alzada pronunciarse sobre aquellas en un primer momento, lo cual conduce a que no puedan analizarse en el presente juicio. [.]" En ese sentido, mediante oficio 1400 recibido en este juzgado en proveído del nueve de diciembre de dos mil veinte, el Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla -autoridad responsable-, informó el cumplimiento dado a la sentencia de mérito y al efecto remitió copia certificada de las constancias correspondientes, emitidas en el juicio oral sumarísimo 343/2010 de su índice, en las cuales, en lo que interesa, se advierte lo siguiente: El cuatro de diciembre de dos mil veinte, se dejó sin efectos el auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio oral sumarísimo 343/2010, mediante el cual se declaró ejecutoriada la resolución de trece de febrero del año en cita y se ordenó remitir los autos a la Notaria Publica Cincuenta y Siete de la Ciudad de Puebla. En esa misma fecha, se dejó sin efectos el diverso proveído de quince de marzo de dos mil diecinueve, en el que se desecharon los recursos de apelación interpuestos por los abogados patronos de ***, contra el auto de trece de febrero de dos mil diecinueve. Finalmente, se ordenó a la Secretaria de los autos, realizar el desglose de los mencionados escritos -por los cuales se interpuso el citado medio de impugnación- y se admitieron las apelaciones correspondientes. En consecuencia, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable referida en párrafos precedentes, con las constancias antes precisadas, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada terminada de engrosar el cuatro de marzo de dos mil veinte -confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito-. En este tenor, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** Y TERCERA INTERESADA *** NO ACUDIERON A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SUS DOMICILIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de enero de dos mil veintiuno. Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. Consejo de la Judicatura Federal. El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general; procurado, en la medida de lo posible, que los órganos jurisdiccionales continúen prestando el servicio público de impartición de justicia en modalidades de trabajo a distancia, en línea, con guardias y con jornadas de trabajo restringidas en horario y personal. Acuerdo General 13/2020 del CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que solo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y solo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2; con efectos a partir del tres de agosto de dos mil veinte. Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del CJF. A través de los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en dos ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Circular CAP/3/2020. A través de la Circular CAP/3/2020, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó medidas especiales vigentes del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; en particular, el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; es decir, solo para atender los casos urgentes, en línea y físicos listos para fallar y se volvieron a suspender los plazos para el resto de casos. Circular SECNO/4/2021. Finalmente, a través de la Circular SECNO/4/2021, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó nuevas medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, considerando la incidencia de contagios por la emergencia sanitaria. En particular, se dispuso: a. Que las medidas estarían vigentes del diecinueve al veinticinco de enero de dos mil veintiuno; b. Que en la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Jalisco (Tercer Circuito), Nuevo León (Cuarto Circuito), Coahuila (Octavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Querétaro (Vigesimosegundo Circuito), Tlaxcala (Vigesimoctavo Circuito) e Hidalgo (Vigesimonoveno Circuito), continúa el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; y, Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, la Circular SECNO/4/2021, que establece las medidas vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. En el entendido que dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el procedimiento se reanuda en el punto en que quedó pausado. Se declara cumplida la sentencia de amparo Ahora, vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de nueve de diciembre de dos mil veinte, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia terminada de engrosar el cuatro de marzo de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "[.] Ante lo esencialmente fundado de los conceptos de violación expuestos, y suplidos en su deficiencia en favor de ambos quejosos, se colige que el auto del quince de marzo de dos mil diecinueve, en el que se desecharon los recursos de apelación que interpusieron en contra del auto de adjudicación, actualiza una violación que impone concederles la protección constitucional para el efecto de que el Juez responsable deje insubsistente el acuerdo del tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio oral sumarísimo 343/2010, así como el diverso auto del quince de marzo de la propia anualidad, y en su lugar, emita otro en el que, de no advertir algún diverso motivo de improcedencia de aquél recurso, ordene su tramitación. Por lo anterior, no pueden analizarse los restantes conceptos de violación vertidos contra el acuerdo del tres de diciembre de dos mil diecinueve, y las violaciones procesales, ya que su constitucionalidad depende de la violación que se declaró fundada; es decir, debido a que la concesión del amparo conduce a que, en su caso, se admitan los recursos de apelación interpuestos contra el auto de adjudicación, en los que a su vez se hicieron valer los vicios procesales, corresponderá al Tribunal de Alzada pronunciarse sobre aquellas en un primer momento, lo cual conduce a que no puedan analizarse en el presente juicio. Lo anterior encuentra sustento, en lo conducente, en la jurisprudencia 148/2009 de la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS AL FONDO EN EL AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBEN EXAMINARSE SI NO DEPENDEN DE LA VIOLACIÓN PROCESAL DECLARADA FUNDADA. De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 a 79, 158, 159, 161 y 190 de la Ley de Amparo y 351 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a esta ley reglamentaria, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito, al declarar fundada una violación procesal cometida dentro del juicio laboral, pueden omitir el estudio de los conceptos de violación relativos al fondo del asunto, siempre que aquella violación trascienda a todas las prestaciones laborales reclamadas o de ella dependa hacer un pronunciamiento integral en el nuevo laudo, ya que este proceder se justifica porque la Junta responsable tendrá que examinar otra vez la litis natural después de subsanada la deficiencia procesal, de modo que el estudio de las cuestiones de fondo es innecesario; pero si la violación procesal sólo trasciende sobre una prestación laboral que guarda independencia de las otras o la nueva valoración de los hechos no afecta a los restantes temas debatidos, es indispensable abordar el estudio de los conceptos de violación de fondo no vinculados con dicha violación procesal, para no retrasar la solución definitiva de estas prestaciones independientes y, sobre todo, para tutelar la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción prevista en el artículo 17 constitucional, al emitir una decisión coherente y exhaustiva en relación con los conceptos de violación que bien pueden analizarse desde el primer amparo, en el entendido de que debe constreñirse a la Junta a que en este supuesto dicte el nuevo laudo en un solo acto para asegurar su unidad y la continencia de la causa. En ese tenor, para determinar si es posible o no entrar al estudio de los argumentos de fondo, habiéndose encontrado fundada una violación procesal en el juicio laboral y ordenado reponer el procedimiento, el Tribunal Colegiado de Circuito debe ponderar si tales argumentos dependen o no de la citada violación procesal." Finalmente, debe destacarse que la presente determinación sólo tiene por efecto la insubsistencia de los actos precisados, por derivar del procedimiento de remate que se desahogó, por lo que no tiene el alcance de dejar insubsistentes diversas actuaciones practicadas con posterioridad. Inconforme con dicha determinación, en proveído de siete de agosto de dos mil veinte, se tuvo al tercero interesado Fernando García Ramírez, interponiendo recurso de revisión, del cual, por razón de turno, tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, quien lo radicó bajo el número de expediente R-152/2020. Seguidos los trámites, el citado Tribunal de Alzada, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En lo que fue materia de este recurso, se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. En los términos y para los efectos precisados en el fallo dictado por el Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el expediente 2406/2019, al que se acumuló el expediente 2407/2019 del mismo órgano jurisdiccional, la justicia de la unión ampara y protege a los quejosos ***, contra el acto que reclamaron el Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, consistente en el auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 343/2010, promovido por *** en contra de ***. (VIOLACIONES PROCESALES)." Por tanto, en cumplimiento a la ejecutoria de revisión y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, a fin de que informara el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente asunto y remitiera las constancias relativas para acreditarlo, para lo cual, se le corrió traslado con copia certificada de la ejecutoria de revisión, a fin de que advirtiera que el fallo protector se concedió confirmando la sentencia recurrida para los efectos siguientes: "[.] Ante lo esencialmente fundado de los conceptos de violación expuestos, y suplidos en su deficiencia en favor de ambos quejosos, se colige que el auto del quince de marzo de dos mil diecinueve, en el que se desecharon los recursos de apelación que interpusieron en contra del auto de adjudicación, actualiza una violación que impone concederles la protección constitucional para el efecto de que el Juez responsable deje insubsistente el acuerdo del tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio oral sumarísimo 343/2010, así como el diverso auto del quince de marzo de la propia anualidad, y en su lugar, emita otro en el que, de no advertir algún diverso motivo de improcedencia de aquél recurso, ordene su tramitación. Por lo anterior, no pueden analizarse los restantes conceptos de violación vertidos contra el acuerdo del tres de diciembre de dos mil diecinueve, y las violaciones procesales, ya que su constitucionalidad depende de la violación que se declaró fundada; es decir, debido a que la concesión del amparo conduce a que, en su caso, se admitan los recursos de apelación interpuestos contra el auto de adjudicación, en los que a su vez se hicieron valer los vicios procesales, corresponderá al Tribunal de Alzada pronunciarse sobre aquellas en un primer momento, lo cual conduce a que no puedan analizarse en el presente juicio. [.]" En ese sentido, mediante oficio 1400 recibido en este juzgado en proveído del nueve de diciembre de dos mil veinte, el Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla -autoridad responsable-, informó el cumplimiento dado a la sentencia de mérito y al efecto remitió copia certificada de las constancias correspondientes, emitidas en el juicio oral sumarísimo 343/2010 de su índice, en las cuales, en lo que interesa, se advierte lo siguiente: El cuatro de diciembre de dos mil veinte, se dejó sin efectos el auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio oral sumarísimo 343/2010, mediante el cual se declaró ejecutoriada la resolución de trece de febrero del año en cita y se ordenó remitir los autos a la Notaria Publica Cincuenta y Siete de la Ciudad de Puebla. En esa misma fecha, se dejó sin efectos el diverso proveído de quince de marzo de dos mil diecinueve, en el que se desecharon los recursos de apelación interpuestos por los abogados patronos de ***, contra el auto de trece de febrero de dos mil diecinueve. Finalmente, se ordenó a la Secretaria de los autos, realizar el desglose de los mencionados escritos -por los cuales se interpuso el citado medio de impugnación- y se admitieron las apelaciones correspondientes. En consecuencia, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable referida en párrafos precedentes, con las constancias antes precisadas, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada terminada de engrosar el cuatro de marzo de dos mil veinte -confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito-. En este tenor, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a las partes.
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