Luis Byron Tocte Llumitasig
Expediente 1279/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1279/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Byron Tocte Llumitasig
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el escrito del quejoso * * * * * * * por el que desiste de la demanda de amparo promovida a su favor, en razón de que por auto de veintiocho de octubre pasado, se desechó la demanda constitucional, el cual se declaró firme el once de noviembre siguiente. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintidós. Se agrega a los autos, el oficio firmado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca; mediante el cual, remite las promociones con folio 17822, 17928 y 18124, de su índice. Por lo que hace al escrito con folio 17822, por el cual el quejoso se desiste de la demanda de amparo promovida a su favor, únicamente para que obre como corresponda, ya que por auto de veintiocho de octubre pasado, se desechó la demanda constitucional. Respecto a los oficios -con folios 17928 y 18124-, se tiene al Director General de Procedimiento Constitucionales, en representación del Secretario de Gobernación y al Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, rindiendo el informe que les fue requerido respecto a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado determinación. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del acuerdo dictado el veintiocho de octubre de esta anualidad; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Publicación de datos personales. Por otro lado, como las partes en este juicio d amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo. Ahora, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, por tanto, con fundamento en los artículos 18, 20 y 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino Toda vez que en este expediente se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a su depuración, conforme el artículo 18 del referido acuerdo; y, en su oportunidad, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En atención a lo anterior, se dejan sin efecto las providencias decretadas en auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Sexto de Distrito en el Estado. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. Notifíquese por lista.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 21488/2022, firmado por el juez y secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, sede en Salina Cruz; al que acompaña copia diversas constancias del juicio de amparo 841/2022, de su índice, promovido * * * * * * , en favor de * * * * * * . Se acepta competencia. Ahora, por las razones que expone, se acepta la competencia planteada y se avoca el conocimiento del presente asunto; en consecuencia, acusar el recibo correspondiente, vía interconexión. Convalidación de actuaciones y vinculación electrónica. Hágase saber a las partes, que se convalidan todas las actuaciones realizadas en el mencionado juicio de amparo * * * * * * por ello, solicítese al juzgado declinante, de no existir inconveniente, vincule de manera permanente el expediente electrónico respectivo, con este juicio de amparo * * * * * * Compensación. En otra tesitura, envíese atento oficio a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio, para que, este asunto sea registrado y realice la compensación correspondiente, por el sistema computarizado de tal oficina; lo anterior, a fin de compensar la carga de trabajo de cada órgano jurisdiccional; por ello, solicítese la boleta correspondiente. Análisis de la demanda y desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De los citados artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, con registro digital 221353, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". En el presente caso, se estima que se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuyo texto dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado Del precepto transcrito se puede advertir que el juicio de amparo resulta improcedente, cuando los efectos del acto reclamado han cesado; respecto de lo anterior, es preciso señalar que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Así, se puede concluir que para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere que: 1) Exista un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. 2) Con posterioridad, se dicte un diverso acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. 3) Exista una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, la parte quejosa señaló como autoridades y actos reclamados los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. 2. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. 3. C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 4. C. Secretario de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos. Todos los anteriores con domicilios bien conocidos en la Ciudad de México. 5. La Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, con domicilio en Av. Independencia 709 Palacio Federal Col. Centro, C.P. 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 6. El Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en La Ventosa Juchitán, Oaxaca, con domicilio conocido en Estancia Migratoria del Instituto Nacional de Migración con sede en La Ventosa Juchitán, Oaxaca. 7. Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con domicilio conocido en la Ciudad de México. 8. El Titular de la Oficina Representativa en Veracruz de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados con sede en Acayucan, Veracruz, autoridad que tiene su domicilio en Carretera Costera del Golfo N 180 , Km . 221 , C . P . 96000, Acayucan, Veracruz. IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: a. El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas, en la Estancia Migratoria del Instituto Nacional de Migración con sede en La Ventosa Juchitán, Oaxaca. Actos que se les atribuye en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas de los números 5 a la 7. b. La omisión de emitir en perjuicio de la libertad del quejoso, la correspondiente orden de salida de la estación migratoria, a pesar de haber transcurrido con exceso el plazo de 36 horas contado a partir de su presentación, por ser una detención administrativa. Actos que se les atribuye en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas de los números 5 a la 7. c. La omisión de otorgar a favor del quejoso las tarjetas de visitante por razones humanitarias en términos del artículo 52, fracción V, inciso C) de la Ley de Migración. Actos que se les atribuye en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a la autoridad señalada en el numeral 5. d. La omisión de dar trámite a la solicitud del quejoso de iniciar su trámite de reconocimiento de la condición de refugiado. Acto que se les atribuye en su calidad de ordenadora y ejecutora a las autoridades señaladas en el numeral 8. e. La omisión de notificar al quejoso si ya fue admitida su solicitud de trámite de reconocimiento de la condición de refugiado. Acto que se le atribuye en su calidad de ordenadora y ejecutora a las autoridades señaladas en el numeral 8. f. La omisión de informar al Instituto Nacional de Migración sobre el trámite que se le dio a su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de los quejosos. Acto que se le atribuye en su calidad de ordenadora y ejecutora a las autoridades señaladas en el numeral 8. g. La omisión de no establecer un plan inmediato para asegurar las alternativas en libertad del quejoso, al encontrarse en el trámite de reconocimiento de la condición de refugiado, máxime que refirió que padece trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad y episodios psicóticos breves que afectan su comportamiento. Omisiones que se les atribuye en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas en los números 5, 6 y 8. h. La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011, específicamente en su artículo 111. Actos que se les atribuye en su calidad de ordenadoras a las autoridades señaladas en los números 1 y 2. i. La promulgación de la Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011, específicamente en su artículo 111. Acto que se le atribuye en su calidad de ordenadoras a la autoridad señalada en el número 3. J El refrendo que otorgó a la Ley que es inconstitucional en la parte de que me duelo. Acto que se le atribuye en su calidad de ordenadoras a la autoridad señalada en el número 4. k. La aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. Acto que se les atribuye en su calidad de ejecutoras a las autoridades señaladas de los números 5 a la 7. l El regreso asistido o deportación del quejoso que son actos de imposible reparación mismos que se encuentran establecidos en el artículo 22 de la Constitución Federal, así como su traslado a otra estancia o estación migratoria del Estado o del país. Actos que se les atribuye en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas de los números 5 a la 7. De lo anterior se advierte que en la especie los actos que reclama el promovente de amparo, entre otras, es el aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas, en la Estancia Migratoria del Instituto Nacional de Migración, regreso asistido o deportación y la incomunicación realizada al directo quejoso * * * * * * de nacionalidad Ecuatoriana. Ahora, del informe sobre la suspensión de plano, por parte de la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, se advierte lo siguiente: 1.- Que el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, le fue puesto a disposición la persona extranjera que dijo llamarse * * * * * * * de nacionalidad Ecuatoriana. 2.- En esa misma fecha, la autoridad migratoria dio inicio al Procedimiento Administrativo Migratorio número * * * * * * 3.- Luego, ese mismo día, la persona extranjera, en ejercicio de su derecho de audiencia, realizó su comparecencia administrativa. 4.- En acuerdo de la misma fecha, la autoridad migratoria decretó el acuerdo de presentación a la persona extranjera de referencia, quedando alojada provisionalmente en la sección de hombres en la estancia migratoria, hasta en tanto se resolviera el Procedimiento Administrativo Migratorio, en territorio mexicano. 5.- Con fecha veinte de octubre de esta anualidad, la persona extranjera de nombre * * * * * * * de nacionalidad Ecuatoriana, solicitó el retorno asistido a su país de origen. 6.- Seguido el trámite, el veinte de octubre de dos mil veintidós, dictó resolución en el citado procedimiento administrativo migratorio, en el sentido de: PRIMERO: Sujétese a la persona extranjera * * * * * * de nacionalidad Ecuatoriana, al retorno asistido a su país de origen, en términos del artículo 118, concédasele el beneficio de la repatriación voluntaria, por así haberlo solicitado de manera voluntaria, para tal efecto trasládese vía aérea a la persona extranjera de referencia para que sea puesta a disposición de la autoridad migratoria de su país de origen. Las documentales cuentan con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, al ser documentos públicos suscritos por funcionarios públicos en ejercicio de sus facultades. En ese contexto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados, ya que a través del acta de comparecencia emitida el veinte de octubre de dos mil veintidós, se advierte que el quejoso manifestó su deseo de regresar a su país; así, la autoridad responsable concluyó su procedimiento administrativo migratorio, concediéndole el beneficio de la repatriación voluntaria; y, ordenó la ejecución de la misma. Lo anterior, encuentra sustento en lo establecido por la jurisprudencia 2 a . / J . 59 / 99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, se tiene que los actos reclamados en este juicio, cesaron en la producción de sus efectos jurídicos, precisamente porque la autoridad responsable determinó conceder el beneficio de la repatriación voluntaria a * * * * * * * * a su país de origen Ecuador, por así haberlo solicitado voluntariamente; lo cual permite concluir que se han destruido en forma total las afectaciones que se podrían generar a la amparista, de ahí que se afirme que han cesado los efectos del acto reclamado. En esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda origen de este juicio, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Notifíquese de manera electrónica a la parte quejosa.
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